Venden dos mil garajes para pagar el alquiler a los más pobres
La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, presentó ayer en el Parlamento regional los presupuestos de su departamento para 2011 -que descienden un 10,49% respecto al anterior ejercicio- y señaló que para subvencionar los alquileres a las familias más necesitadas, el Ejecutivo sacará ocho millones de euros de la venta de 2.000 plazas de garaje de viviendas sociales (Visocan), valoradas en 12 millones de euros, de los que cuatro se destinarán a la rehabilitación de estos garajes.
Rojas precisó que el presupuesto total de la Consejería de Bienestar Social supera los 310 millones de euros, con los que se atenderá a unas 400.000 personas, "una quinta parte de la población canaria", que precisan alguna asistencia social.
Detalló que ese dinero solucionará las necesidades de 35.000 personas en el capítulo de vivienda, más otras 30.000 en el apartado de la dependencia, así como a 300.000 a través del Plan de Prestaciones Básicas y a 16.000 víctimas de violencia de género, además de atender de forma directa a 8.000 menores en riesgo. Según Rojas, "el grueso del presupuesto se lo lleva la ayuda a la dependencia, con más de 108.000 euros.
La consejera manifestó su preocupación por la situación de crisis que ha obligado a la reducción de las cuentas. Sin embargo, se mostró satisfecha porque "la distribución del dinero da respuesta a la demanda social de los canarios".
Dijo que la merma en dos partidas (menores extranjeros no acompañados y en medidas judiciales) "ha hecho posible auxiliar a otros ámbitos de la infancia, así como la creación de tres recursos nuevos para la atención terapéutica de los menores, en La Antigua (Fuerteventura), Santa María de Guía y Santa Brígida (ambos en Gran Canaria).
Para las diputadas socialistas Olivia Cedrés y Eulalia Guerra, "estos presupuestos son la debacle de la Consejería de Bienestar Social". Cedrés pidió la dimisión de la consejera "por presentar en la Cámara un presupuesto para 2011 que supone el destrozo de la política social en las Islas".
En opinión de Cedrés, "los recortes económicos dejan un 60% menos de fondos para los cabildos y un 15% menos para los ayuntamientos. Justificó que el Ayuntamiento de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria hayan anunciado la devolución de las competencias de asuntos sociales al Gobierno.
Por su parte, Eulalia Guerra lamentó la falta de transparencia de la inversión en vivienda social en El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El Partido Popular y Coalición Canaria alabaron el presupuesto "porque prioriza a las personas".
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