lunes, 19 de julio de 2010

TRINIDAD JIMÉNEZ DICE QUE HAY CONTROL SOBRE LOS MATERIALES PELIGROSOS. Roldós no comenta nada

Mercedes Roldós prefirió escudarse este lunes en el secreto del sumario y en la situación sub iudice de las investigaciones para eludir cualquier pronunciamiento sobre la seguridad que impera en los hospitales canarios en el almacenamiento y dispensación de materiales peligrosos. La cuestión se la formularon los periodistas en relación a la sospecha de que el presunto asesino de la enfermera Laura G. hubiera podido acceder y llevarse para casa metales como el talio custodiados por el hospital donde trabaja, el Insular. Sí se pronunció la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, quien aseguró que esos productos se almacenan con total seguridad y existen estrictos protocolos para su dispensación. Lo de la señora Jiménez lo vamos a dejar en el terreno de la suposición, porque el ministerio no tiene las competencias sobre la sanidad canaria y nada se sabe de que se estén aplicando aquí las normas generalmente establecidas en el mundo civilizado. No hemos quedado sin conocerlo porque la consejera Roldós hizo mutis sub iudice, que se llama, en lugar de ofrecer tranquilidad a la ciudadanía, como hizo cuando nos enseñó a estornudar con el vértice del codo cuando aquella gripe A.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/12473/

ILEGALIDAD REDUCCIÓN SUELDO FUNCIONARIOS

UGT NOS REMITE ESTAS DOS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE REDUCCIÓN DE SUELDOS

"Os adjunto la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29/05/1995, adoptada en el Recurso de Casación nº 1311/1995. Ver el Fundamento Jurídico 4º, que alude a otras dos Sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal, del año 1.989, -Jurisprudencia Consolidada-, y a la que se remitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la recentísima Sentencia de éste último de fecha 25/02/10 -Rec. 360/2007 -Ver Fundamento Jurídico 2º- de ésta última.
Sentencia


En suma, el Alto Tribunal dice en el F. J. 4º de la citada Sentencia, que los Poderes Públicos, -en nuestro caso el Gobierno mediante Real Decreto Ley, que deberá ser aprobado por el Congreso , recordemos que la norma debe tener rango de Ley-, pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor le parezca, pero debe mantener el montante consolidado de las citadas retribuciones, mediante la técnica de los complementos absorbibles por futuros aumentos. Es decir, que nos pueden congelar, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero no pueden disminuir el montante consolidado de las retribuciones, pues ahí si que opera el concepto de derechos adquiridos, como avala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo.

Sentencia

Conviene hacerlo circular, porque el citado R. D.-Ley 8/2010, en lo que afecta a la bajada de las retribuciones de los funcionarios, huele a inconstitucionalidad; de momento, está en contra de los pronunciamientos reseñados del Tribunal Supremo en esta materia, que constituyen Jurisprudencia consolidada.

Granadilla supera el viento aconsejado para maniobrar

Granadilla supera el viento aconsejado para maniobrar

El límite de viento aconsejable para hacer maniobras sin peligro potencial para buques y tripulaciones se supera en el litoral de Granadilla el 58% del año
 
Estos datos figuran en el informe pericial solicitado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y elaborado por el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, en concreto por el capitán Fernando Lucas Correa, en febrero de 2009, con los datos relativos a la velocidad del viento en el litoral de Granadilla de 1995 a 2005.

Según los datos extraídos del informe y que hoy difundieron miembros de la Plataforma en defensa del puerto de Santa Cruz, en Granadilla de Abona hay vientos de fuerza 5 el 19,50 por ciento de los días del año, de fuerza 6 el 30,93 y de fuerza 7 el 22, 36.

Los datos han sido recopilados de las estaciones dotadas de anemómetro de Puertos del Estado, el Instituto Nacional de Meteorología y el aeropuerto Tenerife Sur.

En el informe se indica que para maniobrar cualquier tipo de buque de gran obra muerta (la parte del casco comprendida desde la línea de flotación hasta la borda) es aconsejable hacerlo como máximo con vientos de fuerza 5, según los límites establecidos por Puertos del Estado.

Intentar maniobrar con fuerza 6 y superiores puede entrañar un peligro potencial de accidentes en los buques y en la tripulación, así como en los remolcadores y el personal de los muelles, y daños materiales en barcos, remolcadores, lanchas de prácticos y de amarradores, según los datos difundidos por la plataforma.

También serían inviable el 58 por ciento del año las maniobras con buques gaseros y portacontenedores, y las grúas no podrían operar a pleno rendimiento el 40 por ciento de los días, tendrían límites graves de rendimiento en la manipulación de contenedores e la bodega de un barco el 31 por ciento y estarían fuera de servicio el 29 por ciento de las jornadas.
Según la plataforma, el dictamen pericial sobre el régimen de vientos y su afección al transporte marítimo en el litoral de Granadilla explica de forma suficiente la imposibilidad de realizar, durante al menos el 50 por ciento del año, maniobras portuarias o de estiba en condiciones adecuadas.

"No procede una millonaria inversión en tiempos de aguda crisis económica en un puerto que no podrá operar de forma mínimamente aceptable, por mucho que diga lo contrario la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife", argumentó Juan Jesús Bermúdez.

A su juicio, en una isla no pueden coexistir dos puertos a menos de 60 kilómetros de distancia y menos construir una segunda infraestructura en una zona donde el régimen de vientos impide la operación durante la mitad de los días y el fondeo en la rada todo el año.

Puntualizó que el hecho de que la viabilidad operativa y comercial del puerto de Granadilla está descartada lo demuestra el que no hay "ni una sola empresa armadora que haya mostrado su interés por el proyecto".

Cándido Quintana, presidente de la plataforma, afirmó que detrás del puerto de Granadilla no hay un argumento veraz, sino "una pura especulación y el enriquecimiento fácil".

Al respecto, Justo Fernández, también miembro de la plataforma, apuntó que en este proyecto participan "unos desvergonzados políticos que han llevado al Parlamento unos intereses de unos cuantos con nombres y apellidos".

Odalys Padrón reclamó un debate público sobre el proyecto en el que participen todos los sectores porque, a su juicio, se está engañando al pueblo de Santa Cruz al afirmar que se defiende este recinto y no será perjudicado por el de Granadilla, cuando la realidad es que ha perdido tráfico de contenedores.

Publicado en http://www.laopinion.es/sociedad/2010/07/16/granadilla-supera-viento-aconsejado-maniobrar/294921.html
La batalla final entre Soria y Paulino Rivero

¿ Porque Soria va por Libre ?

1.713 Altos Cargos en la Administración Autonómica

Muy poco dinero para tanto cargo. El voluminoso aparato administrativo de Canarias posee 1.713 altos cargos, uno por cada 1.225 habitantes l Una de las losas más pesadas es la de los 76 organismos o empresas públicas

DANIEL MILLET
SANTA CRUZ DE TENERIFE El Partido Popular de Canarias ha defendido la necesidad de reducir el número de altos cargos, así como de organismos y empresas públicas, para atajar el asfixiante déficit público nacional. Los socialistas fueron más concretos: suprimir dos consejerías, reducir la mitad del personal de confianza (de 100 a 49) y acabar con 34 altos cargos del Gobierno autónomo. El debate, además, no se circunscribe sólo a Canarias, una vez comprobado que la reducción de los salarios de los trabajadores de las administraciones no es suficiente. En el resto de comunidades y hasta en la Administración estatal se discute de qué manera aligerar el voluminoso aparato administrativo. Pero, ¿cuántos altos cargos y asesores hay exactamente en Canarias? Sin esta respuesta es imposible comprender la dimensión de la corte pública.

Entre el Ejecutivo, el Parlamento, los cabildos y los ayuntamientos, hay actualmente en el Archipiélago 1.713 altos cargos, entre presidentes, consejeros, concejales, diputados, viceconsejeros o directores generales. Recientemente, el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, remiso a cortar cabezas, presumía de que la comunidad autónoma canaria es una de las que menos altos representantes posee en comparación con las resto del país. En concreto, es la quinta por la cola en términos absolutos, sólo contando con los puestos relacionados con el Ejecutivo, al contabilizar cerca de 130 (exactamente 121). Pero se trata de datos relativos, pues si se calcula la proporción con respecto a la población, Canarias estaría en una zona medio-alta.

Pero luego están los asesores, los miembros de los gabinetes de prensa, los trabajadores elegidos a dedo y, sobre todo, los nada menos que 76 organismos y empresas públicas, una de las losas más pesadas y discutidas del entramado. Sólo en las diferentes áreas del gobierno figuran 19 miembros de gabinete, 27 asesores, 35 secretarios, dos miembros de protocolo, 4 asistentes, 13 integrantes de las oficinas de comunicación y 100 miembros del personal de confianza, aparte de los casi 11.000 funcionarios temporales o de carrera. Los 1.713 altos cargos totales de las administraciones suponen uno por cada 1.225 habitantes.
Hay mucho más: 88 alcaldes, la friolera de 1.272 concejales en el también discutido exceso de ayuntamientos, 7 presidentes de cabildos, 146 consejeros insulares y 80 altos cargos del Parlamento, entre los diputados electos, los responsables del principal órgano legislativo y los funcionarios y asesores de los organismos adscritos a la Cámara regional, como el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común.

"Es demasiado". Por lo menos eso considera el socialista Pedro Lasso, analista electoral, administrador financiero de la comunidad autónoma y que actualmente trabaja en la recopilación de todos estos datos estadísticos, que no se conocían hasta ahora con semejante precisión, para hacer un análisis valorativo y ofrecer soluciones. A Lasso le llama la atención también "todo el tinglado alrededor del área de Presidencia", que Turismo "sea una consejería ante la poca estructura que posee" o "la barbaridad" de empresas y organismos públicos, si bien precisa que Canarias es la única comunidad que incluye en su estatuto una limitación de consejerías del Gobierno, nunca superior a 10.

Hacer de todos modos un estudio sobre la voluminosidad administrativa en España es muy complicado, sobre todo por los vericuetos legales y la disparidad de criterios de cada comunidad. La trampa es sencilla, según un reportaje reciente del diario Público. Los expertos subrayan cómo, copiando la Ley de Funcionamiento de la Administración General (Lofage), las autonomías se han dotado de normas según las cuales alto cargo es sólo aquel que nombra el Consejo de Gobierno. Para dar apariencia de contención en altos cargos basta, así, con nombrar por orden de un consejero y no por decreto a los titulares de puestos eminentemente políticos. Los directivos de los 2.000 entes dependientes de autonomías figuran mayoritariamente en esa última categoría.
Pero lo que más indigna a Lasso es que casi todos los cargos de los órganos parlamentarios hayan permanecido la práctica totalidad de la presente legislatura en funciones, sin que el presidente, Antonio Castro, ni los tres partidos con representación en la Cámara hayan resuelto esta irregularidad. Pero el diputado del común, los consejeros de la Radiotelevisión Canaria y los miembros de la Audiencia de Cuentas, así como sus asesores, han ejercido su labor sin que los órganos fueran renovados.

Multas de 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

La Ley de la Función Pública establece personal de alta dirección para inspeccionar a los empleados l Los sindicatos acusan al Ejecutivo regional de someterlos a un férreo control

SALVADOR LACHICA/ACN PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos. Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, "se regula al margen de los funcionarios" y suponen una "especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como ´comisarios´, con el fin de someter al funcionario a la política". "El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y sólo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política", afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que "el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo". Además, la "designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección", lo que para los sindicatos supone "una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados".

Regimen
En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que "un funcionario debe estar sometido a un régimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada". El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa "por comisión de falta grave", que "no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros".

Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende "rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos" con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, "que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto". Intersindical Canaria cree que el anteproyecto "es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente."

Concretamente, al artículo 52 del texto del Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno "mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos". No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará "a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos".

Evaluación

"Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones", asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que "el Gobierno está yendo mucho más allá" del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, "no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector". Sepca asegura que otro motivo por el que rechazarán el borrador del Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción "significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad".

Publicado en http://www.laopinion.es/canarias/2010/07/19/multas-1500-euros-funcionarios-indisciplinados/295196.html

Por favor Estado no les den mas COMPETENCIAS

Nuevas competencias y derechos para Canarias

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, pidió este domingo al Estado una actualización de derechos y nuevas competencias para el Archipiélago para el siglo XXI.

Rivero hace en su blog una reflexión sobre la polémica a cerca del Estatuto catalán, e "invita a pensar que el asunto de fondo no es tanto el encaje catalán como la creciente oportunidad de poner al día la Constitución para que la cambiante realidad autonómica se vea mejor reflejada en la Carta Magna".

"Una segunda reflexión anima a mirar hacia otros territorios, poniéndose de relieve en lo que podemos denominar el caso canario que la relación leal de Canarias con el Estado debe ayudar a que se encuentre cuanto antes una salida dialogada a sus demandas", agrega el presidente del Ejecutivo regional.

Entre esas demanda, Rivero cita la gestión de sus puertos y aeropuertos, las competencias del comercio exterior para liderar desde las Islas las relaciones con los países del África Occidental, y dotar a Canarias de un Régimen Económico y Fiscal (REF) capaz de atender a la nueva realidad económica.

CCOO, UGT e INSUCAN, exigen al Gobierno que se respete lo acordado en mesa de negociación sobre las listas de empleo

CCOO, UGT e INSUCAN, exigen al Gobierno que se respete lo acordado en mesa de negociación sobre las listas de empleo

Ante la reciente publicación en el BOC del Decreto 74/2010, de 1 de julio, que establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente no universitario de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del servicio canario de la salud, exigimos el cumplimiento de lo acordado en la Mesa General de Negociación de Funcionarios Públicos del 17 de mayo de 2010, CCOO, UGT e INSUCAN, exigen al Gobierno que se respete lo acordado en mesa de negociación sobre las listas de empleo.

El Gobierno de Canarias generó un problema grave a partir del mes de julio de 2009 en los ámbitos de la enseñanza y sanitario por la intención de modificar las actuales listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos mediante un único criterio, las calificaciones obtenidas en los procedimientos selectivos de acceso al empleo público en dichos sectores.

Después de múltiples movilizaciones y de un fuerte proceso de negociación en el que se implicó a nivel institucional los secretarios generales de CC.OO. y UGT., se llegó a un acuerdo en el que se apostaba por tener en cuenta otros criterios, como el de los servicios prestados para la Administración, en la Mesa General de Negociación de Funcionarios Públicos que se celebró el pasado 17 de mayo. Con ello alejábamos el fantasma del llamado “Decretazo” y se generaba un sistema de conformación de listas de empleo, que sin ser el deseado por estas tres centrales sindicales ni por el colectivo de interino y sustitutos, generaba una expectativa más favorable que lo pretendido por el Gobierno.

No obstante, nos hemos visto sorprendido por la reciente publicación en el BOC. del Decreto 74/2010, de 1 de julio, que establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente no universitario de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de personal estatutario temporal en los órganos de prestación de servicios sanitarios del servicio canario de la salud, y que establece importantes modificaciones, tomadas unilateralmente por el Gobierno, que desvirtúa completamente el objeto de lo pactado en la Mesa General de Funcionarios.

La primera modificación de gran calado se presenta en el artículo 4, en el que se modifican los criterios en caso de empate, pues mientras se acordó que el segundo criterio fuese la antigüedad y, en caso de persistir el empate, se utilizaran criterios que acrediten el mérito y capacidad de los aspirantes, en el Decreto publicado se invierten estos criterios y se establece como segundo criterio para el desempate el de la calificación obtenida en la oposición y, de mantenerse el empate, se resolverá en función de la experiencia en la Administración Pública.
Posteriormente, en la disposición adicional primera, a los retirados de los procedimientos selectivos se les consideraría con una puntuación de cero “0”, mientras que en el actual Decreto se les excluye de las listas. Hay que tener en consideración que en el momento de apertura del proceso de oposiciones actual el Decreto aún no había sido publicado, por lo que nos surge la duda de qué pasará con quienes no se hayan presentado o quienes no hayan finalizado el procedimiento.

Finalmente, de las tres disposiciones transitorias específicas acordadas en el ámbito educativo, se suprimen dos de ellas. La más importante es la referida al supuesto desfase que se produciría entre la publicación del Decreto y la apertura del proceso actual de oposiciones, que establecía que para la primera conformación de las nuevas listas de empleo no se verían afectados los actuales integrantes de las listas de empleo con servicios prestados.
Esto supone que se desvirtúa completamente el objeto del acuerdo, por decisiones unilatelares, sin ningún tipo de acuerdo, saltándose los principios de la negociación colectiva que implican que para la modificación de cualquier pacto anterior, por los motivos que se consideren, se ha de convocar o comunicar a la otra parte.

CC.OO., UGT e INSUCAN, solicitan la restitución del Decreto en los mismos términos pactados, en la Mesa Sectorial citada con las organizaciones sindicales, con el fin de devolver la normalidad al ámbito de la negociación colectiva que supone el respeto mutuo entre las partes.

Publicado http://www.sanborondon.info/content/view/26030/1/

El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados y crear personal de alta dirección que los controle

El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados y crear personal de alta dirección que los controle

El ejecutivo de CC-PP pretende someter la función pública a un férreo control político

El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos.

Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) consultados coinciden en que la creación de esta figura directiva, “se regula al margen de los funcionarios” y suponen una “especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como ‘comisarios’, con el fin de someter al funcionario a la política”.

“El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y solo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política”, afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del ejecutivo afirma que “el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo”.

Además, la “designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección”, lo que para los sindicatos supone “una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados”.
En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que “un funcionario debe estar sometido a un régimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada”.

El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa “por comisión de falta grave”, que “no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros”.

Para los sindicatos está claro que el ejecutivo pretende “rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos” con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, “que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto”.

Desde Intersindical Canaria se asegura que el anteproyecto “es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la administración exclusivamente.”

Concretamente, al artículo 52 del texto elaborado por el ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno “mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos”.

No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará “a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos”.

“Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones”, asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que “el Gobierno de Canarias está yendo mucho más allá” del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, “no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector”.

En este sentido, el Sepca afirma que otro motivo por el que rechazarán la próxima semana el borrador elaborado por el Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción “significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad”.

Intersindical Canaria considera una “auténtica tomadura de pelo el paripé de reunión celebrada” el pasado 9 de julio, pues Ruano “llevó un proyecto innegociable y una amenaza velada de empeorarlo si no se aceptaba en su integridad”.

Este clima hostil para negociar el proyecto de ley de Función Pública se complica aún más tras conocerse que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria a resultas de la demanda interpuesta por el sindicato STEC-IC por “tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.

Esta demanda fue presentada a raíz de las declaraciones realizadas en noviembre por Soria en las que afirmó que “se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan en el día en la playa”, que fueron el germen de lo que, según los sindicatos, ha sido una constante y reiterada campaña desprestigio para minar la imagen del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

El dictamen pericial del TSJC asegura que Granadilla es inoperativo 212 días al año

El dictamen pericial del TSJC asegura que Granadilla es inoperativo 212 días al año

El puerto de Granadilla es inoperativo 212 días, el 58 por ciento del año, para casi todos los buques por causa del fuerte viento que azota la zona

Así lo asegura el dictamen pericial encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el marco del proceso judicial que se sigue impulsado por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) contra la Declaración de Impacto Ambiental que avaló esta infraestructura promovida por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El dictamen destaca que el 58 por ciento de los días del año cuatro de los cinco tipos de buques que se han estudiado no podrían operar porque la fuerza del viente supera el quinto nivel en la escala Beaufort. El otro tipo de buques, los portacontenedores de una eslora máxima de 198 metros, ‘sólo’ estarían inhabilitados para la operación el 29 por ciento de los días del año, es decir 106.

La Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz ha difundido este viernes los datos sobre la inoperatividad de la infraestructura que se pretende construir por parte de la Autoridad Portuaria. El presidente de los defensores del puerto capitalino, Cándido Quintana, criticó el puerto de Granadilla como “un disparate” a la vista de estos datos.
Según Quintana, el puerto de Granadilla, si finalmente se llegara a construirse, “no serviría para nada”. Los opositores a esta infraestructura recordaron que el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, tampoco ha tenido apenas uso y que pesa sobre él la amenaza de baja en el catálogo nacional de puertos y de devolución de los fondos europeos otorgados para su construcción.

Cándido Quintana planteó que el dictamen pericial, realizado por el capitán de la marina mercante Fernando Lucas Correa, recuerda diversos accidentes que tuvieron como consecuencia el exceso de viento. En esa línea, retó al presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, a que responda con su patrimonio cuando se produzcan accidentes en la nueva infraestructura.

PUESTOS DE TRABAJO
Los defensores del puerto de Santa Cruz alegaron que la creación de puestos de trabajo, tan socorrida por los defensores de esta infraestructura, “es una falacia”. Así, el miembro de la plataforma Juan Martín planteó que para la operación de este puerto “trasladarán a gente desde el de Santa Cruz, que perderá cuota de mercado y no crearán trabajo en la zona”.
El puerto de Granadilla, según criticó Justo Fernánez, otro de los opositores, sólo servirá para enriquecer a unos pocos. “Fíjense quienes son los propietarios de los terrenos”, alegó Fernández, que no quiso entrar a dar nombres, aunque sí recordó que los terrenos que ocupa ahora el centro de distribución de Mercadona en el Polígono Industrial de Granadilla, “pertenecían a Maher”, empresa del ex dirigente de CC Manuel Hermoso.

''La multa a funcionarios no se aplica en ningún lado''

INTESINDICAL CRITICA LA NUEVA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA. ''La multa a funcionarios no se aplica en ningún lado''

"Una ley así que tiene que negociarse durante más tiempo, no en el marco de una legislatura", asegura el portavoz de IC, Rafael Rodríguez.

Rafael Rodríguez, portavoz de Intersindical Canaria (IC), ha planteado este lunes que la Ley de Función Pública que está preparando el Gobierno de Canarias "va a estar vigente mucho tiempo", por lo que consideró que "una ley así que tiene que negociarse durante más tiempo, no en el marco de una legislatura exclusivamente".

A su juicio, las sanciones en forma de multa que se recogen para trabajadores del sector público indisciplinados son un "exceso" puesto que ya existe la suspensión de empleo y sueldo. "La multa no se aplica en ningún lado, no viene a cuento", opinó Rodríguez en declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, para insistir en que "ya hay bastantes sistemas sancionadores como para entrar en las económicas directas".

Del mismo modo, desde IC se señala que los cambios en los contratos de directivos suponen politizar la Administración y que si el objetivo es realmente penalizar los casos de indisciplina "no hace falta una ley nueva, sanciones ya hay".

"Es un mito que no se pueda echar al funcionario que no trabaja", concluyó Rafael Rodríguez.

El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

PRETENDE CREAR PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN QUE LOS CONTROLE. El Gobierno quiere multar con hasta 1.500 euros a los funcionarios indisciplinados

Los sindicatos acusan al Ejecutivo de pretender someter a la función pública a un férreo control político.

El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos.

Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.
Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, “se regula al margen de los funcionarios” y supone una “especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como comisarios, con el fin de someter al funcionario a la política”.

“El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y solo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política”, afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que “el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo”.

Además, la “designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección”, lo que para los sindicatos supone “una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados”.

Multa dineraria

En cuanto al otro de los puntos más conflictivos, el de la multa dineraria, se asegura que “un funcionario debe estar sometido a un regimen disciplinario, por supuesto, que conlleve una restricción de empleo y sueldo si ha tenido una infracción grave, ¿pero dónde se ha visto que se le multe, que se le obligue a pagar dinero, si llega tarde a su puesto de trabajo?, eso no pasa ni en la empresa privada”.

El artículo 99, en su apartado g), instaura la multa “por comisión de falta grave”, que “no podrá superar los 500 euros y por falta muy grave será de entre 500 y 1.500 euros”.

Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende “rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos” con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, “que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto”.

Desde Intersindical Canaria se asegura que el anteproyecto “es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente.”

Concretamente, al artículo 52 del texto elaborado por el Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno “mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos”.

No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará “a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos”.

“Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa y dejar de percibir retribuciones”, asegura el sindicato nacionalista.

Desde el Sepca se afirma que “el Gobierno de Canarias está yendo mucho más allá” del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, “no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector”.

En este sentido, el Sepca afirma que otro motivo por el que rechazarán la próxima semana el borrador elaborado por el Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción “significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad”.

Intersindical Canaria considera una “auténtica tomadura de pelo el paripé de reunión celebrada” el pasado 9 de julio, pues Ruano “llevó un proyecto innegociable y una amenaza velada de empeorarlo si no se aceptaba en su integridad”.

Este clima hostil para negociar el proyecto de ley de Función Pública se complica aún más tras conocerse que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria a resultas de la demanda interpuesta por el sindicato STEC-IC por "tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.

Esta demanda fue presentada a raíz de las declaraciones realizadas en noviembre por Soria en las que afirmó que "se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan en el día en la playa", que fueron el germen de lo que, según los sindicatos, ha sido una constante y reiterada campaña desprestigio para minar la imagen del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

El plan canario de ajuste, para mediados de septiembre

HASTA ENTONCES NO SE DARÁ A CONOCER. El plan canario de ajuste, para mediados de septiembre.

Paulino Rivero ha anunciado que las medidas para recortar el gasto de la Comunidad Autónoma irán antes al Consejo de Gobierno antes de que termine junio.


El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este lunes que el plan de ajuste de gasto de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio no se conocerá ni este mes ni durante agosto.

Habrá que esperar hasta "mediados o finales de septiembre", coincidiendo con la presentación de los Presupuestos de 2011.

Rivero reiteró que ese plan, que el consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, tiene previsto llevar al Consejo de Gobierno antes de que finalice julio, "se sabrá cuando se presenten los Presupuestos".