Se abrió el melón y las consecuencias son imprevisibles. Apunten ustedes por ahí "concurso de ambulancias" porque hay algunas concomitancias con el de la hemodiálisis que requieren que alguien se tome la molestia de pedir el expediente y estudiarlo sin apasionamiento. La cifra es de las que quitan el hipo, más de 302 millones de euros, repartidos en diversos lotes y por islas, como quita el hipo la presencia confirmada del abogado Francisco Javier Artiles en la redacción de las bases del concurso y en la mesa de contratación que lo adjudicó. Y no sin polémica, porque una asociación de empresas y una de las que concursó para un lote en la isla de La Palma, llegaron incluso a interponer la primera, una denuncia en Anticorrupción, y la otra, una querella que fue instruida en Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Hubo un ramillete de personas imputadas en esa segunda causa que fueron defendidas por un conocido abogado de la ciudad, el muy mencionado Francisco Javier Artiles Camacho. Puede haber más coincidencias, pero no nos caben en este suelto.
martes, 23 de noviembre de 2010
Ahora las ambulancias
SANIDAD ADJUDICÓ EL TRANSPORTE SANITARIO A PRINCIPIOS DE 2009 POR 302 MILLONES
Dos fiscales pidiendo arhivo, dos
UNA DENUNCIA A PELO EN ANTICORRUPCIÓN Y UNA QUERELLA A LOS JUZGADOS DE LAS PALMAS
La denuncia de la asociación se basaba en extraños episodios anteriores a la apertura de sobres del concurso, y la de la empresa palmera, en que la mesa de contratación otorgó ventajas a unos competidores que no presentaron a tiempo sus certificaciones de avales. Ambos motivos (extraños fenómenos y una deficiencia subsanable) condujeron a que dos fiscales distintos, dos, propusieran el archivo de esas dos denuncias. La primera no pasó el trámite correspondiente para ser caso de corrupción, por lo que fue remitida a la fiscalía provincial, donde una fiscal, Beatriz Sánchez, propuso su archivo. Luego, ya en Instrucción dos, con imputados de la talla de Lourdes Quesada, la secretaria general técnica de Sanidad, fue el fiscal Antonio López, ex delegado del Gobierno en la etapa de Aznar, quien pidió el archivo a lo largo de unos muy elaborados y muy pulcros nueve folios. La causa quedó finalmente archivada el pasado octubre, mes de la adjudicación de Lifeblood, que aquí no se escapa nadie de las casualidades.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13363/
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13363/
La ONG de menores gana dos lotes
EN TOTAL, CASI 39 MILLONES DE EUROS
El concurso de ambulancias, ciertamente, no parece presentar episodios presuntamente delictivos, al menos a vuelapluma, pero sí algunos hitos verdaderamente llamativos. Porque ya nos dirán ustedes cómo es posible que tratándose de un importe así, 302 millones de euros, el concurso no lo convoque la consejería, con todas las garantías de la Administración, con sus letrados y sus interventores, sino una empresa pública, Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad Canaria, de la que era asesor externo en aquel momento el muy mentado Javier Artiles, de ahí su indisimulada y destelleante presencia en la mesa de contratación. Pero puestos a asombrarnos, nos asombra que una de las empresas adjudicatarias, en concreto de dos lotes que suman casi 39 millones de euros, sea la tal Iscan, en cuyo accionariado nos encontramos con la junta directiva de la ONG Mundo Nuevo, la adjudicataria del servicio de gestión de los centros de menores, muy vinculada toda ella a Coalición Canaria.
Willy, Taboada, Teresa
LOS CARGOS IMPUESTOS POR EL PP, PENDIENTES DE UN HILO
Se desmelenó del todo este lunes en el Parlamento el director general de la Televisión Canaria, Guillermo García, Willy, para los amigos (los que hacen producciones de calidad y los que son unos auténticos chafalmejas). Harto de que el mismo diputado del PP, Víctor Moreno, le ande afeando su brillante gestión, no tuvo mejor ocurrencia que la de atacar a ese partido y a su presidente por haberle recortado fondos en su etapa (otra gloriosa etapa) al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. No tiene razón Willy en criticar al PP a través de esos derroteros porque los recortes han afectado a todos los departamentos y no están la tele ni la radio públicas para erigirse en excepción. Tampoco tiene razón en reclamar que sea el partido de Soria quien pida sus dimisiones voluntarias a los dos altos cargos que enchufó en ese ente, a Carlos Taboada como director de cadena en la tele, y a Teresa Cruz como jefa de informativos en la radio. Porque el único que los puede destituir es el director general, un tal Guillermo García, Willy para todos sus amigos. Salvo que se quiera ahorrar el finiquito.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13356/
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Amigos que fueron
LOS SUELDOS DE TABOADA Y CRUZ SUMAN 200.000 EUROS AL AÑO
Parece mentira que dos socios tan avenidos, cuasi familia, anden ahora a la greña diciéndose las cosas más grandes que en el catálogo de reproches puedan encontrarse. Porque puede que ahora estos sujetos no recuerden los besos con tornillo que se han venido dando durante toda esta legislatura, conspirando permanentemente para que los dos medios públicos canarios blindaran a los suyos y marginaran descaradamente a los miembros de la oposición, para que se ocultaran todos los casos de corrupción de la familia y se amplificaran de manera perversa asuntos como el Soriagate, aquel del "GAL sin víctimas en Canarias". Que los canaritos parecemos soplagaitas pero tenemos memoria y sabemos cómo han operado estos que ahora aparentan ser los más forofos defensores de la calidad y la excelencia de los medios de comunicación que mantenemos entre todos. Por cierto, ya que hablamos de mantener, los salarios de Taboada y Teresa Cruz suman 200.000 euros al año, y dado el interés de Willy García por acopiar recursos para salvar a la industria audiovisual canaria, quizás esos dineros le puedan ir sirviendo. Pero tiene que ser él el que se atreva a destituirlos.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13357/
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Teresa busca reenganche
SE ACABÓ SANIDAD, LA AUTORIDAD PORTUARIA, EL TEATRO, LA RADIO PÚBLICA...
Se acabó lo que se daba. O, mejor dicho, se acabó lo que se regalaba. La trayectoria profesional de la periodista Teresa Cruz, jefa de informativos de la radio pública canaria, se avecina a un fin de etapa, la que ha tenido que ver con los enchufes que le ha venido proporcionando el Partido Popular de manera continuada. Llegada a Canarias de la mano de su esposo, el también defenestrado Larry Álvarez, pronto abandonó su puesto de trabajo en la COPE para ocupar la jefatura de prensa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, para lo cual hubo de ser despedido el profesional que realizaba esas funciones, Manolo Vidal, que regresó a su puesto una vez el PP le buscó un nuevo acomodo a la señora Cruz. Fue en el teatro Pérez Galdós, donde también fue necesario desplazar traumáticamente a la profesional designada para aquellas funciones de directora de comunicación, Luisa del Rosario. Tras un breve paso por la Consejería de Sanidad de Mercedes Roldós, el PP colocó a esta periodista en un puesto estratégico, la dirección de informativos de la radio autonómica, que ha ejercido del modo déspota que corresponde a quien tenía que primar con descaro las informaciones de su partido por encima de cualquier otra consideración. Desde hace semanas busca nuevo trabajo porque su excedencia en la COPE ya venció. Un nuevo empleo de cuarenta horas semanales, que en la autonómica no llegaba ni a veinte.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13358/
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Más comilonas de Miguelito Zerolo
CON EL DIRECTOR DE UN CENTRO HOSPITALARIO, 572,89 EUROS
Nueva y cariñosa entrega de CANARIAS AHORA acerca de las comilonas que se metió entre pecho y espalda el alcalde de Santa Cruz aquel año de 2008, cuando una vez rebasados los gastos presupuestados para estos menesteres, tuvo que recurrir al crédito extraordinario por la vía del reconocimiento extrajudicial de deuda. El 6 de febrero de aquel voraz 2008, Miguel Zerolo invitó a comer a alguien que en la factura aparece identificado como "Dtor. Centro Hospitalario", no sabemos si público o privado, pero sí sabemos que exquisito en sus gustos, como el señor alcalde. La comida costó 572,89 euros, a 71,6 euros por persona, porque fueron ocho los comensales, siempre según la factura que figura en el expediente. Los convidados se mandaron dos botellas de Remelluri reserva (67,50 euros), tres wiskies Etiqueta Negra (29,25), tres combinados (25,50), 25 gramos de camarón canario (24,63 euros), kilo y medio de lubina a la sal (71,78), dos rapes, dos merluzas, dos steak tartar, dos sopas de berros, dos ensaladas, seis cafés, dos botellas de agua, una ración de aperitivos y una de postres.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13359/
Nueve vecinos de María Jiménez
EL ALCALDE INVITÓ A LA JUNTA DIRECTIVA: 549,41 EUROS
No vayan a creer que el alcalde de Santa Cruz sólo compartió mesa y mantel con la flor y nata chicharrera, con periodistas, médicos y otras gentes de buen yantar y mejor libar. También tuvo sus raptos de populismo, uno de ellos el día 5 de noviembre de 2008, cuando invitó a cenar a la junta directiva del barrio de María Jiménez, un núcleo de pescadores en Anaga bastante dejado de la mano de Dios y abandonado por el Ayuntamiento. A aquella cena acudieron nueve personas, según la factura, que se elevó a 549,41 euros, y sirvió para que los presentes degustaran el tren de vida que llevaba su alcalde. Se celebró el agasajo vecinal en El Coto de Antonio, uno de los más selectos restaurantes de la ciudad, cuyos camareros sirvieron a los invitados cuatro wiskies Etiqueta Negra, dos botellas de Cráter barrica, dos Contiempo, cinco licores y varias cañas. El resto hasta 549 euros fueron exquisitos manjares profusamente celebrados por los presentes.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13360/
Un vino de 75 euros con Canal 7
LA EMISORA DE PACO PADRÓN NI SIQUIERA EMITÍA
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| ¿ Que me gaste cuanto ? |
El amplio listado de cuchipandas del alcalde Zerolo está sirviendo también para descubrir lo amplias que son las plantillas de algunos medios informativos que ni siquiera emiten. Es el caso de la televisión Canal 7, del siempre polémico, polifacético y subvencionado Paco Padrón. El 17 de julio, o sea, el 17 del 7, Zerolo invitó a los de Canal 7 a una comida en El Coto de Antonio. En total, cinco comensales cuyo condumio costó al Ayuntamiento de la emergencia social la cantidad de 284,71 euros. La partida más cuantiosa fue a parar a la botella de vino que se metieron, un Alion de 75 euros, casi nada con el riberita del Duero este, un buen caldo para regar una ensalada de langosta y papas negras, una ensalada de papas negras con pimientos (mucha papa estamos notando), cuatro entrantes, una de carne, una de pescado y cuatro postres (alguien se cuidó un poquito).
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13361/
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Una recalificación del PGO favoreció a una edil del PP
La Plataforma contra el PGO de Santa Cruz denuncia la recalificación de unos terrenos pertenecientes a la familia materna de Sheila Trujillo.
El abogado y portavoz de la Plataforma contraria al PGO de Santa Cruz, Felipe Campos, analizó las novedades en torno a la planificación urbanística de la ciudad y adelanta que este lunes denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción un posible delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias ante una recalificación de unos terrenos en el Plan General, pertenecientes a la familia materna de la concejal del PP Sheila Trujillo, "quien dio su respaldo favorable al documento a sabiendas de que contenía esta ilegalidad advertida en 2008 por la Cotmac".
Según explica la Agencia de Noticias San Borondón, Felipe Campos explicó que este lunes acudirá a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar un hecho de extrema gravedad en torno a la figura de la concejal popular en Santa Cruz de Tenerife, Sheila Trujillo, una persona que dio su respaldo al "bodrio del documento que es absolutamene ilegal y que está plagado de irregularidades y de tratos de favor, puesto que adelanta que se ha producido una recalificación en donde aparecen como interesados la madre y el abuelo de la edil en lo que supone un auténtico escándalo".
"Desgraciadamente este caso es uno más de los casi 100 que contiene el PGO, sin perjuicio de los grandes pelotazos, puesto que se va constatando el reparto de la ciudad que la Plataforma ha venido denunciando desde hace muchos meses, algo que necesariamente tiene que acabar en la Justicia penal porque no pueden seguir quedando impunes estos escándalos en Santa Cruz de Tenerife", explica el abogado.
Desde el punto de punto de vista del letrado, "el caso de la familia de Sheila Trujillo es espectacular, ya que una parcela que está la zona del suroeste calificada como suelo no urbanizable, -un suelo de desarrollo muy futuro y en todo caso pendiente del cumplimiento urbanístico municipal en la versión de 2007-; se recalifica a urbano consolidado, se le quitan las obligaciones y se pasa a directamente un suelo rentable y lucrativo".
Explica que en 2008 la ponencia técnica de la Cotmac dijo que eso no podía ser así porque no estaba consolidado, y que tenía que quedar pendiente de su desarrollo y del cumplimiento urbanístico; en ese sentido el documento que sale a información pública en 2009 pasa esa parcela a suelo urbano no consolidado.
"Sorprendentemente la última versión del documento del PGO de diciembre este suelo aparece como urbano consolidado y además se aumenta lo que puede edificar, lo que hay que conectarlo con el hecho de que la concejala del PP respaldó con su voto favorable el PGO de la ciudad", sostiene.
Recalificación ''imposible''
Felipe Campos afirma que el escándalo no queda ahí, puesto que en la zona en donde se recalifica el terreno a la madre de la concejal del PP a vecinos que están exactamente igual de los que constan sus alegaciones quedan fuera.
Los redactores, explica Campos, les dicen a estos vecinos que ese suelo no cumple con las características para ser urbano consolidado, que es justo lo que la Cotmac había dicho en 2008, pero que sin embargo para la familia de Sheila Trujillo no supone un inconveniente.
Por otro lado, explica que el último informe de la Cotmac recuerda que es imposible esa recalificación, "por lo que podríamos estar hablando de un presunto tráfico de influencias, una presunta prevaricación, por lo que la Plataforma denuncia en la Fiscalía, al tiempo que recuerda que hay más de 98 regalos de este tipo en el documento que el ayuntamientos de Santa Cruz aprobó en enero de este año y que ha sido devuelto por la Cotmac", concluyen
Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/159188/
Por otro lado, explica que el último informe de la Cotmac recuerda que es imposible esa recalificación, "por lo que podríamos estar hablando de un presunto tráfico de influencias, una presunta prevaricación, por lo que la Plataforma denuncia en la Fiscalía, al tiempo que recuerda que hay más de 98 regalos de este tipo en el documento que el ayuntamientos de Santa Cruz aprobó en enero de este año y que ha sido devuelto por la Cotmac", concluyen
Las centrales sindicales se quejan de la actitud contra los funcionarios
Sindicatos acusan al Ejecutivo de incumplir los pactos
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El presidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero, reunido con su consejo asesor. / acfi press |
Los dindicatos aprovecharon ayer la presentación de los presupuestos de 2011 para quejarse que el Gobierno canario "no está cumpliendo" el Pacto Social por la Economía y el Empleo al romper acuerdos sobre Función Pública y la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Por su parte, los empresarios manifestaron su malestar por el recorte en inversiones para el próximo año e insistieron en su rechazo de aumentar la presión fiscal en clara contraposición con las centrales que apuestan por recuperar algunos impuestos para garantizar la prestación de los servicios sanitarios, educativos y sociales.
Después de más de dos horas de la reunión del Consejo Asesor del Presidente, presidido por Paulino Rivero en la capital grancanaria, sindicatos y patronales agradecieron el "gesto" de la comparecencia por primera vez de todos los consejeros regionales para informar de los próximos presupuestos autonómicos, que sufren el mayor recorte de su historia con 900 millones menos.
El secretario de Política Institucional de CC OO, Pedro Costeras, en nombre de su formación y UGT, denunció que en las cuentas regionales el Ejecutivo regional "cancela de forma unilateral una serie de acuerdos sindicales que tienen que ver con derechos de los trabajadores de la Función Pública". Asimismo, señaló que la PCI no se prestará a todos los parados que no tengan ninguna ayuda.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, manifestó que éste "nos es el momento " de aumentar más impuestos, más allá del previsto con el tabaco, al considera que "no tendría efectos recaudatorios".
Solicitar un abogado de oficio supone una lista de espera de más de un mes
Una persona que ayer pidió cita previa para requerir asistencia jurídica gratuita -según pudo comprobar este periódico- tendrá que esperar hasta el 10 de enero para tramitar su solicitud. Según los abogados, el problema está en que los juzgados decanos incumplen su obligación y desvían a sus usuarios al Colegio.
El sistema de cita previa del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para la solicitud de asistencia jurídica gratuita provoca retrasos que superan el mes para requerir este servicio, pese a que en el Colegio de Abogados se atiende a una media diaria de cincuenta personas con cita.
Tal y como comprobó este periódico llamando al citado servicio para pedir asistencia, si una persona hubiese solicitado cita para pedir un abogado ayer, 22 de noviembre, hubiera recibido fecha para el 10 de enero de 2011.
Cabe señalar que aquellos usuarios que requieran de este servicio de forma urgente no tienen que pedir cita previa.
Según señalan desde el Colegio de Abogados, la demanda había aumentado tanto en los últimos meses que en octubre el plazo de espera llegó a situarse en 10 días, pero éste se ha disparado hasta tal punto que ya se prolonga hasta más de un mes, aunque el organismo desconocía esta situación.
Este desconocimiento ha provocado que desde el Colegio de Abogados no se haya podido dar una justificación oficial, aunque explicaron que el aumento de litigios y de la falta de capacidad económica para permitirse un letrado privado son las causas más probables de esta situación.
Otro motivo que ha propiciado esta larga espera ha sido la desviación que hacen los juzgados decanos de los usuarios de este servicio hacia el Colegio de Abogados. "Los juzgados decanos de los diferentes partidos judiciales tienen la obligación de tramitar las peticiones de asistencia jurídica gratuita, pero desde que comenzó a funcionar el sistema de cita previa desvían a todos a los usuarios del servicio al teléfono del Colegio. Tienen en sus dependencias el cartel con el número, y nos los remiten a nosotros", explicaron.
Este incumplimiento por parte de los organismos judiciales está provocando "una saturación importante en el Colegio, además de desplazamientos innecesarios para muchos usuarios".
Por estas razones, el Colegio de Abogados, según indicaron, ya ha presentado una queja a la Consejería de Justicia para que ponga fin a esta situación.
Este sistema de cita previa, implantado hace pocos meses, surgió con el objetivo de evitar las largas colas que se formaban en la sede del Colegio de Abogados. Así, el interesado tan sólo tiene que llamar a un número de teléfono y acudir el día y hora a la que se indique para tramitar la solicitud.
Para agilizar esta burocracia, el organismo ha puesto en funcionamiento el Expediente de Tramitación Electrónica, que ha conseguido que esta tramitación se realice en el plazo de 20 o 25 días, cuando antes se tardaba hasta 3 meses.
Tras esto, el caso será valorado por la Comisión de Justicia Gratuita, que se reúne cada quince días, y en la actualidad llega a analizar cerca de 500 peticiones en cada sesión
Ningún inspector vigila las consultas médicas privadas, salvo denuncia previa
Canarias, sin ‘policía sanitaria’ |
La Comunidad Autónoma de Canarias, por medio del Servicio Canario de la Salud, no dispone de un inspector funcionario que se encargue de la tarea de controlar que los que se dicen médicos y trabajan en la sanidad privada de verdad lo sean y lo puedan acreditar.
La carencia de este servicio público de control, que el propio SCS asegura que no existe, sino que se actúa previa denuncia, está en el origen, de alguna manera, del conocido como caso del falso ginécologo, proceso judicial que estos días prosigue su curso en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Tanto el SCS como el Colegio de Médicos de la provincia tinerfeña han confirmado que Canarias no dispone de inspección para evitar estos casos. Por ello, sólo es posible que se intervenga tras la formulación de solicitud o denuncia cursada por pacientes, los propios médicos, personal sanitario o incluso representantes institucionales.
Este asunto, de gran importancia para la calidad de la asistencia médica en el ámbito privado, ha salido a la luz pública tras el denominado caso del falso ginecólo, cuyo juicio continuará en el día de mañana.
Al acusado Ernesto R. R. T., la Policía le incautó cerca de 1.070 filmaciones de supuestos abusos a sus pacientes, aunque finalmente sólo decidieron denunciar cuatro mujeres: las pocas que pudieron reconocerse ya que no se apreciaban sus caras. Los agentes que tuvieron que analizar una a una todas estas filmaciones para tratar de indentificar a las víctimas declararon en el juicio que terminaron "asqueados", a pesar de que el acusado aseguró que "todas las relaciones sexuales con sus pacientes fueron consentidas".
Junto a lo condenable de esta actitud -de demostrarse su veracidad-, este caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo se ejerce la medicina en Canarias y si los centros privados y públicos controlan que todos sus facultativos tengan los papeles en regla para poder ejercer en la región, especialmente aquellos que vienen del extranjero.
Ernesto R. R. T. es licenciado en Medicina por la Universidad de La Plata (Argentina). Según declaró en el juicio un médico amigo del procesado, éste estudió la especialidad de Ginecología en un hospital argentino; sin embargo, Ernesto no aparece como médico especialista en Ginecología, sino como médico especialista en Medina General y colegiado en Madrid (número 282852451). Según fuentes del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, un médico se tiene que colegiar en el lugar donde tiene su domicilio fiscal y, sobre todo, donde va a ejercer. La versión del acusado al respecto es que aún está a la espera de que le den la homologación del título, solicitada en 2001.
Para poder ejercer la medicina en España es imprescindible estar colegiado, salvo en Canarias, Andalucía y La Rioja, donde existe la libre colegiación [en virtud de la Disposición Sexta 2/2002 incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2002] para aquellos facultativos que trabajen para la Administración Pública, haciéndose, en este caso, responsable la propia Comunidad Autónoma.
No obstante, en Canarias, el 95% de los médicos que trabaja para el Servicio Canario de Salud (SCS) está colegiado. En el caso de que vengan del extranjero, por ejemplo de Argentina, como es el caso, "además de tener el título homologado por los cauces legales", aseguran desde el SCS, "tienen que realizar de nuevo la especialización bajo supervisión en un hospital del Archipiélago durante, al menos, cuatro años". Circunstancia que, según el Colegio de Médicos, "no se cumple del todo", con lo que puede darse el caso de que un usuario sea atendido por un médico que aún no tenga homologado su título en España. La excusa, según fuentes del Colegio de Médicos, "es que no hay médicos en Canarias", lo cual niegan rotundamente.
Esto para ejercer en la Administración pública. En el caso de la privada, para abrir una consulta, un médico tiene inscribirse, llevando todos los títulos -los homologados en el caso de que sea extranjero- al Colegio de Médicos donde vaya a a ejercer y tenga su domicilio fiscal. "Nadie puede abrir una consulta sin estar colegiado", dice el Colegio de Médicos.
Actividad privada
El problema con la actividad privada, como ocurrió en el caso del falso ginecólogo, es que no hay ni un sólo inspector sanitario que compruebe si el personal que trabaja en dichas consultas tiene sus titulaciones en regla o si estas clínicas están incluidas dentro de los centros acreditados por el SCS. Así, lo reconoce el propio Servicio Canario de Salud, que dice que "no hay una policía sanitaria" recorriendo estos centros, salvo en caso de que haya una denuncia previa por parte de algún usuario. Es decir, se depende de la "buena fe" del facultativo, que es el que tiene que hacer todos los trámites para inscribir su clínica en el registro de centros acreditados.
Por ello, desde el SCS se recomienda a todos los usuarios que antes de acudir a una consulta o centro privado comprueben si éste se encuentra en el listado (se puede acceder a través de la página web del Gobierno de Canarias). Desde el Colegio de Médicos consideran "fundamental" la labor de un inspector que vigile estos centros para evitar que ocurra lo que sucedió con este médico y estiman que no corresponde a la institución esta labor. "No debemos ser nosotros los que fiscalicemos a otros médicos; ésta es una tarea de la Administración pública", aseguran.
Al final, ni uno ni otro llevan una vigilancia rigurosa de estas consultas, con lo cual puede ocurrir lo que sucedió con este médico argentino, que, a pesar de tener una condena previa en 1996 por intrusismo profesional de un año de prisión, ejercía como ginecólogo sin tener el título homologado en España en consultas donde los sellos, recetarios y titulaciones estaban a nombre de otro médico argentino, Hugo M. De hecho, muchas de las pacientes creían que estaban siendo atendidas por este último.
Ciertamente, según el Colegio de Médicos, éste es un tratamiento que se suele recomendar a las pacientes, "pero es evidente que no se hace ni en las consultas ni por el médico, dada su privacidad". Por este motivo, desde el Colegio se recomienda que se compruebe la colegiación del facultativo y se afirma que, precisamente, la falta de supervisión y la libre colegiación "favorecen" el intrusismo. "La obligación de incorporarse a un Colegio para el ejercicio de la profesión se justifica como garantía de los destinatarios", aseguran
Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/37284/
La carencia de este servicio público de control, que el propio SCS asegura que no existe, sino que se actúa previa denuncia, está en el origen, de alguna manera, del conocido como caso del falso ginécologo, proceso judicial que estos días prosigue su curso en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Tanto el SCS como el Colegio de Médicos de la provincia tinerfeña han confirmado que Canarias no dispone de inspección para evitar estos casos. Por ello, sólo es posible que se intervenga tras la formulación de solicitud o denuncia cursada por pacientes, los propios médicos, personal sanitario o incluso representantes institucionales.
Este asunto, de gran importancia para la calidad de la asistencia médica en el ámbito privado, ha salido a la luz pública tras el denominado caso del falso ginecólo, cuyo juicio continuará en el día de mañana.
Al acusado Ernesto R. R. T., la Policía le incautó cerca de 1.070 filmaciones de supuestos abusos a sus pacientes, aunque finalmente sólo decidieron denunciar cuatro mujeres: las pocas que pudieron reconocerse ya que no se apreciaban sus caras. Los agentes que tuvieron que analizar una a una todas estas filmaciones para tratar de indentificar a las víctimas declararon en el juicio que terminaron "asqueados", a pesar de que el acusado aseguró que "todas las relaciones sexuales con sus pacientes fueron consentidas".
Junto a lo condenable de esta actitud -de demostrarse su veracidad-, este caso ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo se ejerce la medicina en Canarias y si los centros privados y públicos controlan que todos sus facultativos tengan los papeles en regla para poder ejercer en la región, especialmente aquellos que vienen del extranjero.
Ernesto R. R. T. es licenciado en Medicina por la Universidad de La Plata (Argentina). Según declaró en el juicio un médico amigo del procesado, éste estudió la especialidad de Ginecología en un hospital argentino; sin embargo, Ernesto no aparece como médico especialista en Ginecología, sino como médico especialista en Medina General y colegiado en Madrid (número 282852451). Según fuentes del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, un médico se tiene que colegiar en el lugar donde tiene su domicilio fiscal y, sobre todo, donde va a ejercer. La versión del acusado al respecto es que aún está a la espera de que le den la homologación del título, solicitada en 2001.
Para poder ejercer la medicina en España es imprescindible estar colegiado, salvo en Canarias, Andalucía y La Rioja, donde existe la libre colegiación [en virtud de la Disposición Sexta 2/2002 incluida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2002] para aquellos facultativos que trabajen para la Administración Pública, haciéndose, en este caso, responsable la propia Comunidad Autónoma.
No obstante, en Canarias, el 95% de los médicos que trabaja para el Servicio Canario de Salud (SCS) está colegiado. En el caso de que vengan del extranjero, por ejemplo de Argentina, como es el caso, "además de tener el título homologado por los cauces legales", aseguran desde el SCS, "tienen que realizar de nuevo la especialización bajo supervisión en un hospital del Archipiélago durante, al menos, cuatro años". Circunstancia que, según el Colegio de Médicos, "no se cumple del todo", con lo que puede darse el caso de que un usuario sea atendido por un médico que aún no tenga homologado su título en España. La excusa, según fuentes del Colegio de Médicos, "es que no hay médicos en Canarias", lo cual niegan rotundamente.
Esto para ejercer en la Administración pública. En el caso de la privada, para abrir una consulta, un médico tiene inscribirse, llevando todos los títulos -los homologados en el caso de que sea extranjero- al Colegio de Médicos donde vaya a a ejercer y tenga su domicilio fiscal. "Nadie puede abrir una consulta sin estar colegiado", dice el Colegio de Médicos.
Actividad privada
El problema con la actividad privada, como ocurrió en el caso del falso ginecólogo, es que no hay ni un sólo inspector sanitario que compruebe si el personal que trabaja en dichas consultas tiene sus titulaciones en regla o si estas clínicas están incluidas dentro de los centros acreditados por el SCS. Así, lo reconoce el propio Servicio Canario de Salud, que dice que "no hay una policía sanitaria" recorriendo estos centros, salvo en caso de que haya una denuncia previa por parte de algún usuario. Es decir, se depende de la "buena fe" del facultativo, que es el que tiene que hacer todos los trámites para inscribir su clínica en el registro de centros acreditados.
Por ello, desde el SCS se recomienda a todos los usuarios que antes de acudir a una consulta o centro privado comprueben si éste se encuentra en el listado (se puede acceder a través de la página web del Gobierno de Canarias). Desde el Colegio de Médicos consideran "fundamental" la labor de un inspector que vigile estos centros para evitar que ocurra lo que sucedió con este médico y estiman que no corresponde a la institución esta labor. "No debemos ser nosotros los que fiscalicemos a otros médicos; ésta es una tarea de la Administración pública", aseguran.
Al final, ni uno ni otro llevan una vigilancia rigurosa de estas consultas, con lo cual puede ocurrir lo que sucedió con este médico argentino, que, a pesar de tener una condena previa en 1996 por intrusismo profesional de un año de prisión, ejercía como ginecólogo sin tener el título homologado en España en consultas donde los sellos, recetarios y titulaciones estaban a nombre de otro médico argentino, Hugo M. De hecho, muchas de las pacientes creían que estaban siendo atendidas por este último.
Ciertamente, según el Colegio de Médicos, éste es un tratamiento que se suele recomendar a las pacientes, "pero es evidente que no se hace ni en las consultas ni por el médico, dada su privacidad". Por este motivo, desde el Colegio se recomienda que se compruebe la colegiación del facultativo y se afirma que, precisamente, la falta de supervisión y la libre colegiación "favorecen" el intrusismo. "La obligación de incorporarse a un Colegio para el ejercicio de la profesión se justifica como garantía de los destinatarios", aseguran
Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2010/diariodeavisos/content/37284/
Grillos, baifos y chotas
Por Carmen Ruano
La proximidad de las elecciones ha transportado a la clase política a un mundo virtual desde donde nos envía mensajes prefabricados que persiguen convencernos para que, gracias a nuestro voto, ellos puedan mantenerse en el poder –sueldo, coche oficial y viajes en primera y en helicóptero- durante otros cuatro años. Todo ello partiendo de dos premisas: la primera, que una falsedad repetida con tozudez puede convertirse en una verdad y, la segunda, somos necios y constituimos una masa electoral fácilmente moldeable.
Les pongo un ejemplo. El presidente, Paulino Rivero, acaba de decir públicamente que si se reconocen las aguas interiores canarias, el Archipiélago aumentará su superficie de 7.500 a cerca de 50.000 kilómetros cuadrados y pasaríamos a ser la cuarta comunidad después de Castilla La Mancha, Castilla León y Andalucía. Se queda corto el señor Rivero en su estulticia. Si añadiéramos la altura del Teide –el pico más alto de España-, la plataforma volcánica sobre la que se sustentan las Islas, los kilómetros realizados por el ferry, la altitud que alcanzan los aviones de las líneas regionales y los tradicionales lazos de hermandad con Europa, África y América del Sur, podríamos estar hablando de casi un continente, lo que nos permitiría, incluso, reclamar la capitalidad del Reino.
Por supuesto, esta bobalicona multiplicación territorial no persigue únicamente adornar a Canarias de la ‘grandeur’ de la France, sino ser una excusa para que Rivero pueda ir a Madrid, tocar la puerta de La Moncloa y que Zapatero afloje tal cantidad de dinero y de competencias que, sólo de pensarlo, nos quedaríamos boquiabiertos como el mero Pancho, ya nacionalizado canario y autóctono.
Así como Juana enloqueció tras la muerte de Felipe el Hermoso, a Paulino Rivero se le ha grillado una parte nada desdeñable de su porcentaje neuronal aún hábil tras la espantada de José Manuel Soria. He de reconocer, no obstante, que el presidente canario ha tenido mucha capacidad de aguante. Soportar tantos viajes incómodos en helicópteros, jugándose la vida por nosotros, termina por minar la salud. Descubrir que el Plan Canarias tenía un sonoro agujero vacío acorde con su rimbombante denominación es para crispar los nervios. Echarse en brazos de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de casi nada, debe minar la autoestima. Y claro, lo de Soria… Lo de Soria ha sido el detonante y Rivero, sometido a tanta presión [sin incluir los helicópteros], ha terminado por enloquecer.
Lo de las aguas internacionales no se sustenta ni en el primer curso de Derecho de la Universidad de La Laguna. ¿Para qué quiere Rivero más competencias si no ha desarrollado la mitad de las que tiene y ha sido incapaz, en esta legislatura, de sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía? Ni la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Pero si no ha completado aún la reestructuración del Gobierno. Si ni siquiera subió a la tribuna parlamentaria para explicar la crisis de su Ejecutivo. Simple y llanamente, se ha tirado al monte a pastar hierba y a rumiar tonterías. Vamos, que está como un baifo.
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