La Dirección General de Protección del Menor y la Familia de Canarias y
los ayuntamientos isleños de La Oliva y Teguise figuran entre la
veintena de administraciones públicas más criticadas por el Defensor del
Pueblo por no colaborar como deberían con sus investigaciones en su
informe anual de 2012.
En ese informe del Defensor del Pueblo se menciona a las corporaciones
de La Oliva, en Fuerteventura, y Teguise, en Lanzarote, entre las
administraciones que "no han contestado a una solicitud de información
después de habérselas requerido hasta en tres ocasiones", entre las que
se cita también a la Dirección General de Protección del Menor y la
Familia del Gobierno canario.
Esa dirección general es uno de los únicos dos departamentos
autonómicos que, junto a la Consejería madrileña de Transportes, figuran
en la lista de las administraciones criticadas en el informe por ese
grado de reiteradas faltas de respuesta, en la que no figura ningún área
del Gobierno estatal y sí otros dieciséis ayuntamientos, además del
lanzaroteño y el majorero referidos.
Dichos ayuntamientos son los de Alboraya y Xeraco (Valencia), Barruelo
de Santullán (Palencia), Cabrerizos (Salamanca), Castalla y Pilar de la
Horadada (Alicante), Covaleda (Soria), Esplegares (Guadalajara),
Lucillos, Sonseca y Pelahustán (Toledo), Manzanares el Real y Robledo de
Chavela (Madrid), Pollensa (Baleares), Salas (Asturias), y Villarrubia
de los Ojos (Ciudad Real).
Además, la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de Abogados de
Toledo y los ayuntamientos de Torredembarra (Tarragona), Langreo
(Asturias) y Leganés (Madrid) son consideradas por el Defensor del
Pueblo como "administraciones entorpecedoras" de su labor por
obstaculizar sus investigaciones.
Así consta en el citado informe anual, que recuerda que las
administraciones están obligadas a contestar sobre la "información que
precisa para sus investigaciones" y lamenta que en ocasiones "esta
respuesta no es siempre inmediata y en algunos casos, aunque no sea lo
más frecuente, no llega a producirse".
Las administraciones consideradas entorpecedoras son aquellas que han
"dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo de manera
sistemática", recoge el informe de 2012.
En el mes de diciembre del año pasado, la Defensora del Pueblo, Soledad
Bacerril, puso en conocimiento del fiscal general del Estado la
relación de administraciones que no le habían respondido, que a finales
de año eran ocho, de las que tres sí contestaron finalmente: el
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), el de Arona (Santa
Cruz de Tenerife) y la Conselleria valenciana de Infraestructuras y
Transportes.
De las cinco administraciones que "a pesar de los esfuerzos no han
remitido las obligadas contestaciones", la Defensora destaca la
"actitud" del Colegio de Abogados de Toledo -al que en 2011 ya se citó
como "entorpecedor"- que respondió que no había contestado porque
consideraba que los requerimientos no tenían "sentido" ni "relevancia
alguna".
Otras entidades que se citan como no colaboradoras son la Secretaría de
Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento -que contesta
usualmente "con retraso"-, la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación de Madrid, y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela
(Madrid).
El informe también cita que tras la supresión del Defensor del Pueblo
de Castilla-la Mancha, sus quejas fueron transferidas a esta institución
y algunas administraciones se han retrasado en responder a los
requerimientos del Defensor del Pueblo, lo que ha motivado una demora en
la tramitación de dichas quejas.
Tras la solicitud del
Gobierno de Canarias de la unificacion en un Conflicto Colectivo de los juicios
por la reduccion de jornada.
