los asesores en la Administración
De profesión, asesor político. La Comunidad Autónoma emplea cada año más de 4 millones de euros en pagar los salarios de su personal de confianza
D. E. TORRES Bajo el epígrafe etéreo de 'asesor' no son pocos los políticos que, no habiendo logrado un cargo en la administración a través de las urnas, ocupan una plaza en ella. Se encargan de las relaciones con la prensa, con los ciudadanos o empresarios o simplemente acompañan al responsable del área al que están adscritos. La lista es larga.
Más 4,1 millones de euros es lo que gasta cada año la Comunidad Autónoma de Canarias en salarios del personal eventual del Gobierno. Un etéreo epígrafe en el que caben técnicos especializados pero también asesores de complicado encaje profesional. Entre ellos, políticos que no lograron cargo en el reparto pos- electoral, que quedaron descolgados al no cumplirse sus expectativas tras los comicios, no alcanzaron la dedicación exclusiva o que ocupan un hueco en función de las cuotas insulares.
Entre ésos aparecen nombres como los de Isabel Cejas (ex consejera del Cabildo de El Hierro), adscrita al departamento de Asistencia Política y Social del presidente Paulino Rivero; Gonzalo Angulo, ex consejero del Cabildo de Gran Canaria y ex viceconsejero de Pesca en la pasada legislatura; Rosario Chesa, ex concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ex consejera insular, y ahora asistenta en la Oficina de Análisis y Estudios; Sergio de Armas, miembro del comité de CC en Santa Cruz de Tenerife; Zaida Alberto, miembro de CC en Candelaria; Jesús David Ramos, miembro del PP en Tenerife con cargo de asesor económico en la Consejería de Economía y Hacienda, igual que el popular Alejandro Pé-rez; Victoria Ponce, consejera del PP sin dedicación exclusiva en el Cabildo grancanario; Francisco Martín, miembro del gabinete del ex presidente Manuel Hermoso y en la actuali-dad en la Consejería de Justicia o el ex viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno la pasada legislatura y ahora asesor de Obras Públicas, Gregorio Guadalupe.
La nómina de los cargos de confianza, entre asesores (según la Real Academia de la Lengua aquel que da consejo o dictamen), asistentes, ayudantes y personal de secretaría de Paulino Rivero y del vicepresidente José Manuel Soria se eleva a 46 personas, 35 en el caso del primero y 11 en el del segundo.
En toda la estructura del Ejecutivo son 94 y aumenta, de forma evidente, si se le suman los de los 13 organismos autónomos, las 2 entidades públicas, las 19 sociedades mercantiles, las 2 entidades públicas empresariales y las 12 fundaciones públicas que existen.
Lo que desembolsa la Comunidad por ellos oscila entre los 28.244 € anuales de una secretaria de apoyo y los 61.300 de un jefe de gabinete o de un asesor, aun cuando en algún caso su labor sea igual de indefinida que la etiqueta profesional bajo la que recibe su salario mensual.
Pero no es la única administración con una estructura en la que los asesores se hacen notar. Sucede lo mismo en el Cabildo de Gran Canaria (PSOE-NC), donde el número de trabajadores eventuales supera el medio centenar con sueldos que oscilan entre los 24.000 euros anuales de una secretaria y los 90.000 del director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
Entre los asesores insulares figuran: Francisco Ramos Camejo, asesor de Cultura y ex viceconsejero de Cultura del Gobierno; José Antonio Godoy, ex concejal de Agaete y actual asesor del Patronato de Turismo; Francis Candil, ex director general de Juventud y actual coordinador del Área Metropolitana, o el ex senador en la anterior legislatura José Mendoza, ahora asesor del vicepresidente del Cabildo, Román Rodríguez.
En el Cabildo de Tenerife la tónica es similar. En su relación de recursos humanos el personal eventual y de funcionarios accidentales suma 96, sin contar ahí los que hay en sus 5 organismos autónomos o en las 17 empresas en las que participa.
Mayoritariamente las funciones de los asesores comprenden cuestiones de protocolo, de atención a la prensa, a los ciudadanos o a organizaciones sociales y empresariales, pero no faltan ejemplos de quienes simultanean el trabajo en el partido político que lo sustenta con el de la administración.
Es el caso de María Carmen Hernández Bento, vicesecretaria de Organización del PP, que al finalizar 2009 solicitó su cese como viceconsejera de Turismo para dedicar más tiempo a planificar los comicios de 2011 e inmediatamente pasó a ocupar la dirección del gabinete de estudios socioeconómicos del vicepresidente, al que acompaña desde entonces en prácticamente todos los actos públicos. O el jefe de prensa de éste, Juan Santana Hernández, que también lo es del PP.
En el Cabildo grancanario un ejemplo de éste último es el del candidato por Nueva Canarias a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil.
De profesión, asesor político. La Comunidad Autónoma emplea cada año más de 4 millones de euros en pagar los salarios de su personal de confianza
D. E. TORRES Bajo el epígrafe etéreo de 'asesor' no son pocos los políticos que, no habiendo logrado un cargo en la administración a través de las urnas, ocupan una plaza en ella. Se encargan de las relaciones con la prensa, con los ciudadanos o empresarios o simplemente acompañan al responsable del área al que están adscritos. La lista es larga.Más 4,1 millones de euros es lo que gasta cada año la Comunidad Autónoma de Canarias en salarios del personal eventual del Gobierno. Un etéreo epígrafe en el que caben técnicos especializados pero también asesores de complicado encaje profesional. Entre ellos, políticos que no lograron cargo en el reparto pos- electoral, que quedaron descolgados al no cumplirse sus expectativas tras los comicios, no alcanzaron la dedicación exclusiva o que ocupan un hueco en función de las cuotas insulares.
Entre ésos aparecen nombres como los de Isabel Cejas (ex consejera del Cabildo de El Hierro), adscrita al departamento de Asistencia Política y Social del presidente Paulino Rivero; Gonzalo Angulo, ex consejero del Cabildo de Gran Canaria y ex viceconsejero de Pesca en la pasada legislatura; Rosario Chesa, ex concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ex consejera insular, y ahora asistenta en la Oficina de Análisis y Estudios; Sergio de Armas, miembro del comité de CC en Santa Cruz de Tenerife; Zaida Alberto, miembro de CC en Candelaria; Jesús David Ramos, miembro del PP en Tenerife con cargo de asesor económico en la Consejería de Economía y Hacienda, igual que el popular Alejandro Pé-rez; Victoria Ponce, consejera del PP sin dedicación exclusiva en el Cabildo grancanario; Francisco Martín, miembro del gabinete del ex presidente Manuel Hermoso y en la actuali-dad en la Consejería de Justicia o el ex viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno la pasada legislatura y ahora asesor de Obras Públicas, Gregorio Guadalupe.
La nómina de los cargos de confianza, entre asesores (según la Real Academia de la Lengua aquel que da consejo o dictamen), asistentes, ayudantes y personal de secretaría de Paulino Rivero y del vicepresidente José Manuel Soria se eleva a 46 personas, 35 en el caso del primero y 11 en el del segundo.
En toda la estructura del Ejecutivo son 94 y aumenta, de forma evidente, si se le suman los de los 13 organismos autónomos, las 2 entidades públicas, las 19 sociedades mercantiles, las 2 entidades públicas empresariales y las 12 fundaciones públicas que existen.
Lo que desembolsa la Comunidad por ellos oscila entre los 28.244 € anuales de una secretaria de apoyo y los 61.300 de un jefe de gabinete o de un asesor, aun cuando en algún caso su labor sea igual de indefinida que la etiqueta profesional bajo la que recibe su salario mensual.
Pero no es la única administración con una estructura en la que los asesores se hacen notar. Sucede lo mismo en el Cabildo de Gran Canaria (PSOE-NC), donde el número de trabajadores eventuales supera el medio centenar con sueldos que oscilan entre los 24.000 euros anuales de una secretaria y los 90.000 del director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
Entre los asesores insulares figuran: Francisco Ramos Camejo, asesor de Cultura y ex viceconsejero de Cultura del Gobierno; José Antonio Godoy, ex concejal de Agaete y actual asesor del Patronato de Turismo; Francis Candil, ex director general de Juventud y actual coordinador del Área Metropolitana, o el ex senador en la anterior legislatura José Mendoza, ahora asesor del vicepresidente del Cabildo, Román Rodríguez.
En el Cabildo de Tenerife la tónica es similar. En su relación de recursos humanos el personal eventual y de funcionarios accidentales suma 96, sin contar ahí los que hay en sus 5 organismos autónomos o en las 17 empresas en las que participa.
Mayoritariamente las funciones de los asesores comprenden cuestiones de protocolo, de atención a la prensa, a los ciudadanos o a organizaciones sociales y empresariales, pero no faltan ejemplos de quienes simultanean el trabajo en el partido político que lo sustenta con el de la administración.
Es el caso de María Carmen Hernández Bento, vicesecretaria de Organización del PP, que al finalizar 2009 solicitó su cese como viceconsejera de Turismo para dedicar más tiempo a planificar los comicios de 2011 e inmediatamente pasó a ocupar la dirección del gabinete de estudios socioeconómicos del vicepresidente, al que acompaña desde entonces en prácticamente todos los actos públicos. O el jefe de prensa de éste, Juan Santana Hernández, que también lo es del PP.
En el Cabildo grancanario un ejemplo de éste último es el del candidato por Nueva Canarias a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil.
