CVC Capital Partners. Ese es el nombre que se esconde tras uno
de los principales protagonistas de eso que ahora se conoce como ‘los mercados’.
Cuando uno está entre los cinco mayores fondos de inversión del mundo, tiene la
oficina central en Londres y la sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, sus
oficinas en Madrid no pueden por menos que situarse en la calle Serrano, entre
Hermosilla y Colón.
Presidido por Michael Smith (que para fundarlo dejó a principios de los 90 la
dirección de los fondos de inversión del gigante estadounidense Citicorp en
Europa), en la actualidad sus fondos mantienen una inversión total comprometida
de 34.290 millones de euros para sus clientes, habituales de la revista
Forbes.
CVC copó titulares en todo el mundo en abril con sus planes de vender en
bolsa el 20% de las acciones de la Fórmula 1, de la que se rumorea que posee el
60%. Según Bloomberg, el valor del paquete en venta sería de 2.000 millones de
dólares, equivalentes a los ingresos previstos por la F1 para este año, de los
que espera un rendimiento del 10%. Un claro ejemplo de ‘típica’ operación de
‘los mercados’.
Aquí, CVC también acapara páginas de periódicos últimamente por otra
operación en marcha, mucho más discreta pero no menos típica. Pretende sacar
partido a su liquidez en uno de sus sectores favoritos, gracias al impulso a la
privatización de la sanidad española escondido tras la política de recortes del
Gobierno de Rajoy: la compra de la atención primaria y hospitalaria de un millón
de valencianos, el 20% de la población.
Para llevarlo a cabo, su vehículo será su portaviones en el sector sanitario
español, la compañía
Capio Sanidad, que la propia CVC define como el “operador
sanitario líder en España”, con “más de 20 hospitales y centros de salud, más de
1.500 camas en cuatro autonomías, y 6.500 empleados”. Con una facturación de 570
millones de euros en 2011 y un ebitda en 2010 de 112 millones, el 25% de sus
ingresos procede de la sanidad privada a través de las grandes aseguradoras del
sector como Adeslas, Mapfre y Sanitas. Pero el 75% lo obtiene de la sanidad
pública, “gestionada por gobiernos regionales con los que Capio tiene contratos
a largo plazo de entre 10 y 30 años”, según ella misma explica.
Un porcentaje que ampliaría significativamente con su oferta de compra de
Ribera Salud a cambio de 110 millones de euros. Propietaria de
cinco hospitales en Valencia (entre ellos el de Alcira, considerado el paradigma
del modelo del PP de privatización sanitaria a través de concesiones) y del
servicio regional de resonancia magnética, es una sociedad creada bajo los
auspicios del entonces presidente Camps para privatizar (bajo la etiqueta de
externalizar) la gestión de un quinta parte de la atención sanitaria valenciana.
También tiene tentáculos en Madrid, donde cuenta con el hospital de Torrejón y
con el servicio de laboratorio de seis hospitales públicos.
Tras los vaivenes que la fortuna está lanzando contra los dos accionistas de
Ribera Salud (Bankia y la CAM), los gestores que CVC mantiene en Capio les han
avisado de la ventana de oportunidad que se abre en un mercado sanitario español
en plena travesía hacia la privatización. Bien lo sabe su presidente ejecutivo,
Víctor Madera, que no sólo conoce a fondo el mercado tras crear la mayor empresa
del sector, que incluye pesos pesados como la Fundación Jiménez Díaz de Madrid o
el barcelonés Hospital General de Cataluña, sino que, dicen, cuenta con las
relaciones políticas de sus consejeros y directivos, entre los que destacan los
no menos pesados Rodrigo Rato (ahora quizá demasiado pesado), Manuel Lamela, ex
consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid, o familiares
de María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla La Mancha.
A principios de mayo, Marina Albiol, diputada por Castellón en las Cortes
valencianas por Esquerra Unida, interpeló al consejero de Sanidad de la
Generalitat valenciana, Luis Eduardo Rosado, por la compra de Ribera Salud: “¿Va
a ser Capio, una empresa en la que Rodrigo Rato tiene acciones y familiares de
Cospedal son directivos? Y en su réplica, el consejero en ningún momento me dijo
que yo estuviera diciendo mentiras. Por lo tanto, yo supongo que es así, pero no
tengo ningún papel que lo demuestre”.
Efectivamente, comprobarlo es prácticamente imposible. CVC presume en su web
de haber abrazado los diez principios de buen gobierno empresarial expresados en
el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pero en realidad tiene
su sede en el
tercer paraíso fiscal más opaco del mundo. Así que no es
extraño que en su sede de Madrid afirmen no tener a nadie que pueda atender a
preguntas de la prensa y te remitan vía correo electrónico a su departamento de
comunicación en Londres, que ni siquiera se digna a responder.
Lo mismo ocurre en la propia empresa Capio Sanidad, donde sí hay un
departamento de comunicación que se limita a contestar que los nombres de su
consejo de administración y de su estructura organizativa constituyen “una
información que, de momento, no estamos haciendo pública”. Eso sí, añaden que
“las relaciones que se están vinculando con Capio no son ciertas”. Tampoco
ofrece mucha ayuda acudir al Registro Mercantil. Los nombres que figuran como
miembros del consejo de administración son los de otras empresas, que a su vez
representan a empresas, etcétera, etcétera.
Eso en cuanto a la sociedad compradora. Lo mismo ocurre con la empresa en
venta. Ribera Salud es propiedad al 50% de la CAM y de Bankia, cuyos nombres
figuran en el Registro Mercantil como titulares del consejo de administración.
En su departamento de comunicación se escudan en no tener la autorización de sus
accionistas para dar la información, y en el de Bankia afirman que “todos los
miembros de su consejo son técnicos”, y que, por lo tanto, “no tiene interés
alguno dar sus nombres”. Como en Capio, en Bankia también piden que creamos que
“ninguno de esos nombres (Rato, Cospedal, Lamela…) tiene cargo alguno en la
sociedad”.
Así pues, la posible desinversión de Bankia en el sector sanitario y la
privatización del sistema público de salud español que planean el Gobierno de
Rajoy y el Partido Popular se están llevando a cabo con un oscurantismo total,
burlando los más básicos principios de transparencia y buen gobierno, esos
conceptos con los que gobernantes y políticos, ejecutivos y grandes empresarios,
se llenan la boca.
El último dirigente del PP en apostar por la privatización ha sido el que fue
mano derecha del ministro de Sanidad con Aznar, Romay Beccaría, como presidente
del Insalud y hoy presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo: “En lo que no sea
el núcleo duro del sistema, se puede experimentar con otros instrumentos
(gestión privada)”, afirmó hace apenas diez días. Pero la realidad es que ese
afán privatizador es una de las víctimas de la gestión de la crisis por el
Gobierno. Tanto Capio como Bankia reconocen que sus conversaciones sobre Ribera
Salud están ahora “totalmente paradas”.
En gran parte, seguro, por la situación de la propia Bankia. Pero también por
la desconfianza de los inversores en una situación en la que los laboratorios
empiezan a exigir efectivo para seguir proveyendo a los sistemas de salud
españoles. No es que, ante las necesidades de capital de Bankia, CVC piense que
si espera, la compra de Ribera Salud le puede salir mucho más barata. Ante la
situación financiera española, al final podría ser ella la que tuviese que
reconocer minusvalías en sus balances. El ogro de todo inversor capitalista.
