Al menos 1.662 personas están a la espera de recibir la ayuda básica |
| La Consejería de Bienestar Social ha aumentado en 1,1 millones de euros el presupuesto inicial y su comité de empresa asegura que "esto no da para nada" |
JESSICA MORENO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Al menos 1.662 personas en todo el Archipiélago están a la espera de percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), después de que los fondos presupuestados para este año por dicho concepto se acabaran el pasado mes de mayo. Así, fuentes del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias señalaron a DIARIO DE AVISOS que a la cifra de más de 1.600 demandantes de esta subvención -a fecha de 31 de agosto, cuya petición ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, "hay que sumar las tramitadas en los propios ayuntamientos que aún no han llegado a la Consejería, y que nos han comentado que en los primeros días de septiembre han sido bastante elevadas". Además, estas mismas fuentes apuntaron que hasta finales de agosto 1.489 personas se estaban beneficiando de esta ayuda básica.
La PCI está destinada a las personas que tengan graves problemas de inserción social y que no cuentan con ningún ingreso económico. De esta manera, la ayuda oscila entre los 400 y los 600 euros mensuales, dependiendo de cada caso. El comité de empresa de Bienestar Social ya había denunciado que el presupuesto para este fin, que rondaba los 17 millones de euros, ya estaba comprometidos con las solicitudes registradas hasta el mes de abril. Por tanto, los demandantes de la PCI a los que le fue concedida antes del citado mes podrían recibir la ayuda hasta finales de año. No así los nuevos solicitantes, dado que los fondos ya estaban comprometidos.
Ante esta esta situación la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, se comprometió a buscar fondos dentro de su propio departamento, o incluso en otras consejerías, para hacer frente a todas las peticiones hasta finales de año. De hecho, fuentes de Bienestar Social confirmaron a este periódico que ya se había destinado a este fin una partida de 1,1 millones de euros de distintas áreas dentro del propio departamento que dirige Rojas. Además, añadieron que a medida que se necesiten más fondos se irán buscando. Así, la propia titular de Bienestar Social anunció en su día que había trasladado a la Consejería canaria de Economía y Hacienda esta situación para, incluso, plantear la posibilidad de destinar presupuesto de otros departamentos del Gobierno regional. Asimismo, uno de los representantes de las trabajadores indicó que este millón de euros "no da para nada, ya que nuestros técnicos han calculado que hacen falta unos siete millones para hacer frente a las solicitudes hasta finales de año, puesto que a las nuevas peticiones habría que sumar las renovaciones". Los trabajadores recomendaron durante la elaboración de los presupuestos para este año que la partida económica debía de alcanzar, al menos, los 23 millones de euros, en vista de las cifras de concesiones de 2009 y las previsiones para 2010. Según denunció el comité de empresa, esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que la PCI, según recoge la ley, no limita el número de beneficiarios e incluso se puede conceder por silencio administrativo positivo. Esto significa que cualquier persona que solicite la ayuda, y que cumpla las criterios, tendrá derecho a percibir esta cuantía en caso de que la administración no se pronuncie.
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Al menos 1.662 personas en todo el Archipiélago están a la espera de percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), después de que los fondos presupuestados para este año por dicho concepto se acabaran el pasado mes de mayo. Así, fuentes del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias señalaron a DIARIO DE AVISOS que a la cifra de más de 1.600 demandantes de esta subvención -a fecha de 31 de agosto, cuya petición ya cuenta con el visto bueno del Ejecutivo, "hay que sumar las tramitadas en los propios ayuntamientos que aún no han llegado a la Consejería, y que nos han comentado que en los primeros días de septiembre han sido bastante elevadas". Además, estas mismas fuentes apuntaron que hasta finales de agosto 1.489 personas se estaban beneficiando de esta ayuda básica.
La PCI está destinada a las personas que tengan graves problemas de inserción social y que no cuentan con ningún ingreso económico. De esta manera, la ayuda oscila entre los 400 y los 600 euros mensuales, dependiendo de cada caso. El comité de empresa de Bienestar Social ya había denunciado que el presupuesto para este fin, que rondaba los 17 millones de euros, ya estaba comprometidos con las solicitudes registradas hasta el mes de abril. Por tanto, los demandantes de la PCI a los que le fue concedida antes del citado mes podrían recibir la ayuda hasta finales de año. No así los nuevos solicitantes, dado que los fondos ya estaban comprometidos.
Ante esta esta situación la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, se comprometió a buscar fondos dentro de su propio departamento, o incluso en otras consejerías, para hacer frente a todas las peticiones hasta finales de año. De hecho, fuentes de Bienestar Social confirmaron a este periódico que ya se había destinado a este fin una partida de 1,1 millones de euros de distintas áreas dentro del propio departamento que dirige Rojas. Además, añadieron que a medida que se necesiten más fondos se irán buscando. Así, la propia titular de Bienestar Social anunció en su día que había trasladado a la Consejería canaria de Economía y Hacienda esta situación para, incluso, plantear la posibilidad de destinar presupuesto de otros departamentos del Gobierno regional. Asimismo, uno de los representantes de las trabajadores indicó que este millón de euros "no da para nada, ya que nuestros técnicos han calculado que hacen falta unos siete millones para hacer frente a las solicitudes hasta finales de año, puesto que a las nuevas peticiones habría que sumar las renovaciones". Los trabajadores recomendaron durante la elaboración de los presupuestos para este año que la partida económica debía de alcanzar, al menos, los 23 millones de euros, en vista de las cifras de concesiones de 2009 y las previsiones para 2010. Según denunció el comité de empresa, esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que la PCI, según recoge la ley, no limita el número de beneficiarios e incluso se puede conceder por silencio administrativo positivo. Esto significa que cualquier persona que solicite la ayuda, y que cumpla las criterios, tendrá derecho a percibir esta cuantía en caso de que la administración no se pronuncie.
