lunes, 19 de noviembre de 2012

El Ministerio de Economía oferta trabajos en China para licenciados con “sueldos” de… ¡200 euros mensuales!

Se trata de 'chollos' que el ICO facilita para diferentes titulados de carreras económicas, ingenierías y derecho

El ministerio de Economía, a través de la Fundación ICO, ha enviado a un joven titulado universitario mallorquín una oferta para trabajar en China por un sueldo de 200€ al mes. No es el único que la ha recibido. También la habrán encontrado en sus correos electrónicos otros exbecarios de la Fundación mencionada.

La experiencia, la narra Lluís Amengual, redactor de medio ambiente de Diario de Mallorca, en su blog de trabajo. El periodista, que explica que él mismo vivió y trabajó en China gracias a un programa financiado en parte por el ICO, cuenta que desde entonces ha seguido formando parte de la base de datos del ICO por lo que le envían “ofertas de trabajo, cursos y otras informaciones (…) entre las que se encuentran empresas y exbecarios que buscan crear vínculos entre España y China.
Ofertas de trabajo indignas, de un euro a la hora
Amengual, que en su información se muestra agradecido al ICO por lo que le ayudó, advierte sin embargo que “siendo sinceros, las ofertas de trabajo que nos llegan de este organismo público nunca han sido una panacea. Bueno, la verdad es que no recuerdo ninguna oferta de trabajo que fuera digna de recibir este nombre. Se la puede llamar limosna, insulto, bofetada o vejación. Elijan ustedes”.
Pero el ICO, como dice Lluís Amengual en su blog, con la última oferta que le ha hecho llegar supera “cualquier límite”, y a continuación copia parte de esa oferta: “La persona seleccionada recibirá una remuneración de 2000 RMB al mes (nótese que el coste de vida en Dongguan es mucho más bajo que en otras ciudades como Pekín o Shanghai)”. Esos 2000 RMB según cuenta Amengual, se traducen en 200 euros.
Favorecer la creación de lazos entre España y China
En esta oferta que ahora le ha llegado, se incluye alojamiento y comida, pero como dice Amengual, que ha hecho los cálculos, esos 200 euros significan que quienes acepten el “chollo” que ofrece el ICO trabajarán por un euro a la hora. Pedazo de sueldo que lleva a Amengual a acabar su texto clamando porque “tanto éste como todos los organismos que pagamos todos de nuestro bolsillo deberían velar por unas condiciones dignas en las ofertas de trabajo que envía y de no insultar a la gente que recibe sus correos con despropósitos como el ejemplificado en líneas anteriores. Pero esto es lo que hay. Y lo peor de todo es que si se ofrece es porque alguno lo cogerá. Así va España”
La Fundación ICO explica que el programa ICO-Becas China “tiene como objeto favorecer la creación lazos entre España y China mediante la formación de profesionales capacitadoss para establecer vínculos econòmico-sociales”. Según el ICO, “el perfil académico para el cual están pensadas estas becas es el de titulados superiores en Administración y dirección de empresas, empresariales, ciencias económicas, comercio internacionales e ingenierías o derecho, preferentemente.

El SGT de Politicas Sociales Inicia la Privatización encubierta de Servicios

El secretario general técnico con el apoyo de la consejera de PolíticasSociales del ejecutivo de Rivero inicia la privatización encubierta de servicios

Inés Rojas tiene planeado entregar a empresas lo que puede generar grandes beneficios

Consejera y Sec.Gral Tecnico
No lo anuncian. No lo dicen. Intentan ocultarlo, pero las evidencias ponen el acento en la política destructora, enemiga de lo público que tiene la actual consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias, Inés Nieves Rojas de León, de la cuota lanzaroteño en el ejecutivo de Paulino Rivero, asesorada por su secretario general técnico, que viene de Educación, donde ejercía de cachorro feroz de la incompetente, terrible y dinamitera Milagros Luis Brito, y de una serie de asesores, la mayoría abogados traídos de las profundidades del Sur tinerfeño. Todos se han planteado como objetivo el acabar con los servicios públicos relacionados con el estado del bienestar y por lo tanto, en su mayoría, deficitarios y que se proyectan sobre los colectivos más débiles y frágiles y entregárselos a la iniciativa privada, que no atiende personas, sino balances y que deteriorarán aún más los ya caóticos e ineficaces servicios que ahora presta la consejería, no por sus profesionales, sino por sus gestores políticos.

En nada se diferencia Inés Rojas de sus contrincantes políticos del PP. Ambos apuestan por la privatización, por acabar con la hegemonía de lo público. Es por eso que lo camuflan, no lo quieren asumir y mientras Paulino y Barragán y otros tantos, en sus batallas con Madrid, dicen que defienden los servicios públicos básicos, están mintiendo como bellacos, ya que tanto Inés Rojas como Brígida Mendoza quieren privatizar lo máximo para complacer al político más terrible que mora en Canarias y que es el responsable máximo de todo lo que está pasando: Javier González Ortiz, que es el ejecutor de los mandatos secretos de Rivero, que va de policía bueno, mientras que su lado oscuro, encarnado en este político nefasto e incompetente es el que se encarga de destruir a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

Por eso resulta sangrante lo que está ocurriendo en los centros bases, donde se gestiona la valoración y la calificación del grado de discapacidad de las personas. Y esto se hace a través de un procedimiento mediante el cual se reconoce a las personas con discapacidad el grado que le corresponda a fin que pueda acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos. Está claro que se trata de un servicio clave, esencial, básico.

Pues la consejera y su equipo de técnicos, asesores, enchufados y pelotas brutales (a veces espías de sus compañeros), se han sacado la orden de 18 de octubre donde se regulan “las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad que se presenten por las personas físicas interesadas, que se hallaren residiendo habitualmente en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como aquellas que se soliciten para el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, a efectos de obtener la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva”.

Las paguitas, claro está, ese dinero que salva a muchos ciudadanos de la pobreza, de acabar en la calle. Una orden que aparentemente normaliza y cohesiona procedimientos, pero en la que surge una vía para la privatización, metida por este secretario técnico, de rondón y a escondidas (quizás ya tenga quien se lo haga) y lo hace pronto, en el artículo 2 de la citada orden, en el de las competencias funcionales y territoriales, que aunque sean públicas, no importa que se transformen en privadas: “para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la consejería competente en materia de Políticas Sociales suscribirá con los Cabildos los correspondientes convenios de encomienda donde se fijen los términos y condiciones en que hayan de realizarse tales informes, pruebas y exploraciones en orden a la valoración de la discapacidad. Igualmente podrá ser objeto de contratación dicho servicio de reconocimiento a profesionales cualificados y empresas externas especializadas, de acuerdo con el texto refundido de la ley de contratos del sector público”.

Pero la cosa no se queda ahí. En el artículo 4 que regula los dictámenes técnicos-facultativos se expone otra clave para la privatización: “para la baremación, la consejería competente en materia de Políticas Sociales pondrá a disposición de los profesionales el uso de un aplicativo informático específicamente diseñado para esta finalidad que será de utilización obligada para los técnicos y personal de los centros de valoración de la discapacidad y, en su caso, personal externo encargado expresamente autorizado por la secretaria general técnica, mediante el uso de la correspondiente firma electrónica y de los equipos ofimáticos que se suministren para ello”.

Ya está preparada la cobertura jurídica. Ahora toca esperar a que se produzca el hecho en sí. El comité de empresa, garante de lo público, está expectante y vigilante, del mismo modo que hizo cuando se privatizó el aplicativo informático, ahora campo de batalla y causante de miles de males. Ese es el paisaje futuro, con dolor para todos los afectados.