lunes, 12 de julio de 2010

Informe de la mesa general de Empleados
Publicos remitido por SEPCA

Información reuniones Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y Comisión de la Función Pública.

Con fecha 9 julio de 2010 se ha celebrado una reunión de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos en la que trató el borrador de Ley de la Función Pública Canaria. En ella todos los sindicatos presentes (CCOO, IC, SEPCA y UGT) expresaron su rechazo a este nuevo borrador presentado por Función Pública. Por ello, el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad se comprometió la próxima semana a realizar una Comisión Técnica para acercar posturas y buscar el máximo consenso.
Sepca mantuvo su profundo rechazo a este borrador y seguirá planteando que haya negociación efectiva.

Para ver nuestras propuestas pinchar en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/fileview?id=0B0H5TvErOsWeYjlkODc0YTItN2EyYi00YTY2LWI4ZGQtYjk4NWFmMzVhNDk4&hl=es

También con la misma fecha se ha celebrado la Comisión de la Función Pública en la se trataron los
siguientes asuntos:

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de 3 de junio de 2010.

2º Proyecto de Decreto por el que se establecen las características de los puestos de trabajo docentes de carácter singular en el ámbito de los centros públicos de enseñanza de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regula su sistema de provisión.

3º Anteproyecto de Ley de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

4º Ruegos y preguntas.

Los puntos 2º y 3º fueron informados favorablemente por Sepca y las demás Organizaciones Sindicales por entender que no lesionan los intereses de los empleados públicos.

Canarias, 12 de julio de 2010
LO DEJAN SOLO EN EL HOMENAJE AL SILBO. Las instituciones gomeras plantan a Paulino Rivero

Los ayuntamientos consideraron que "ni el entorno, ni las formas eran las más adecuadas para una entrega oficial por parte de un presidente de Gobierno.


El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Hermigua, Nicolás Almenara, ha admitido este lunes que ningún alcalde de La Gomera ni representante del Cabildo asistió este domingo al acto convocado en su municipio y en el que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, asistía a la misa conmemorativa de la declaración del silbo gomero como Patrimonio de la Humanidad.

Almenara explicó que se había convocado a los alcaldes y Cabildo en dos ocasiones pero que éstos "no estimaron oportuno" acudir a la fiesta en Los Aceviños.
El acto estaba, según informó el diario digital Gomera noticias, convocado por la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente. Al parecer y según informa la web la invitación fue cuestionada "por todos los ediles durante los días previos a la celebración de este acto".
Los ayuntamientos consideraron que "ni el entorno, ni las formas eran las más adecuadas para una entrega oficial por parte de un presidente de Gobierno, teniendo que haber sido un marco más institucional acorde con el alto reconocimiento concedido por ese máximo organismo que es la Unesco a toda La Gomera", apunta el digital.

Fuentes consultadas por Gomera noticias, creen que "no se termina de entender como es el Ayuntamiento de Hermigua a través de su alcaldesa, quien convoca un acto en el que interviene el presidente del Gobierno para entregar a los seis ayuntamientos el mencionado documento" puede ser considerado como una "falta de tacto y de respeto al propio Silbo, que prioritariamente es Patrimonio Insular de todos los habitante de La Gomera".

Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/141843/
Los tres años más duros de un Gobierno

Paulino Rivero suele presumir de haber anticipado la crisis que José Luis Rodríguez Zapatero tanto tardó en aceptar y aún más en tratar de amortiguar sus efectos. Pero ha sido en este último año, el tercero de sus legislatura como presidente, cuando las consecuencias prácticas de la crisis se han sentido con mayor virulencia. Que viene el lobo, que viene el lobo¡ A Canarias le ha llegado la crisis económica anunciada con antelación suficiente por el propio presidente del Gobierno, Paulino Rivero. Pero ello no ha servido para atajar sus efectos de manera palpable pese a las medidas anticrisis que el jefe del Ejecutivo ha venido anunciando e intentando aplicar y que constituyen no mucho más de una gota de agua en un océano de parón económico y crecimiento del desempleo.
Ha sido durante este tercer año de la legislatura cuando la depresión económica ha mostrado toda su crudeza en las cuentas públicas.
recortes. El severo recorte del déficit público al que se ha comprometido España ante sus socios de la Unión Europea ha derivado en recortes paralelos exigidos por el Estado a las Comunidades Autónomas. Un primer recorte, el ordenado por el Plan de Reequilibrio Económico y Financiero, se llevó de la ley presupuestaria en torno a 126 millones de euros que afectaron al conjunto de los departamentos del Gobierno.
Un segundo recorte ya en proceso ha supuesto, en consonancia con la normativa estatal, la bajada del sueldo de los funcionarios y cargos públicos en un 5%, aunque presidente (15%), el vicepresidente (12%), los consejeros (10%) y los viceconsejeros, directores generales y asimilados tendrán una rebaja superior de sus sueldos.
Un tercer recorte todavía en fase de estudio afecta a la propia estructura administrativa, muy especialmente a las empresas públicas y sus altos dirigentes. Y el tercer y gran recorte se tendrá que producir en la elaboración de los próximos presupuestos, donde los ingresos procedentes del Estado van a bajar de forma drástica. Se calcula que el tijeretazo alcanzará los 1.100 millones de euros.
crisis institucional. Como fichas de dominó, todas las instituciones se han visto arrastradas a las penurias económicas. Cabildos y ayuntamientos no podían ser menos y sus demandas de ingresos procedentes del REF por un importe nunca inferior a lo que recibieron en 1993 ha originado una crisis institucional de trasfondo jurídico por importe de 79 millones de euros que ha llegado a los tribunales.
En este contexto, el Gobierno ha conseguido al menos parar algunas de las millonarias indemnizaciones que pendían como espada de Damocles sobre las arcas públicas. La más importante, por 103 millones de euros, era para el empresario Rafael Bittini y fue parada en el último minuto gracias a las incongruencias en el aval detectadas por los Servicios Jurídicos del Gobierno.
Es el mismo y difícil contexto en el que el Ejecutivo sustentado por el pacto CC-PP tiene que elaborar sus últimos presupuestos, que deben garantizar la prestación de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la asistencia social.
Publicado en http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=175424
Guardia Civil y Policía Nacional exigen que la Policía canaria
"se ciña a sus competencias"


Los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional han exigido que la Policía canaria "se ciña a sus competencias" y no invada las que corresponden a los cuerpos de seguridad estatales, según explicaron hoy la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en un comunicado conjunto.
En concreto, pidieron que se limiten al "cumplimiento de las disposiciones dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma y la vigilancia y protección de las personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma".
"No tiene ningún sentido que la nueva Policía Canaria renuncie a sus propias funciones y realice las que son propias de los Cuerpos Estatales", denunciaron.
AUGC y SUP pusieron énfasis en que "algún portavoz del Gobierno de Canarias ha insinuado la conveniencia de que la Policía Canaria preste protección en los Institutos de Enseñanza Secundaria para evitar el trapicheo de drogas", algo que son "funciones que corresponden en exclusiva a los cuerpos estatales, porque así lo contempla la Ley Orgánica 2/1986".
En este sentido, recordaron que "desde el año 2006 existe un Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en centros educativos y su entorno (Instrucción 25 de la Secretaría de Estado de Seguridad). Plan que está en plena ejecución y que cuenta con la colaboración y participación de toda la comunidad educativa y cuyos resultados han sido satisfactorios".

"Compartimos la opinión de la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, a este respecto y demandamos que el protocolo de coordinación que se elabore [este lunes se reúnen el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para constituir la Junta de Seguridad de Canarias] clarifique las competencias que corresponde a los distintos Cuerpos y que éstas se ajusten a lo establecido en la Ley Orgánica 2/86", explicaron.
Además, remarcaron que el nuevo cuerpo policial es "una necesidad que nadie demanda y un despilfarro de recursos de los que se carece".

Publicado en http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=175507
La modificación de la Ley de Presupuestos levanta ampollas

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, aseguró este miércoles en el pleno del Parlamento regional que Canarias, en la reducción de salarios para disminuir el gasto público, va mucho más allá de lo que ha pedido el Gobierno español.
José Manuel Soria hizo esta afirmación durante el debate del proyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2010 para reducir el gasto público y así cumplir un mandato de la Unión Europea y del Ejecutivo central.
El proyecto de ley fue aprobado con los votos a favor de los grupos Popular y Coalición Canaria y la abstención del Socialista.
El consejero insistió en que la reducción es precisa por la deriva de la política económica del Gobierno central que, añadió, acarreaba evidentes daños.
José Manuel Soria también señaló que la reducción que sufrirán las retribuciones de los altos cargos será muy superior al 5%.
El portavoz del grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, dijo que la propuesta del Gobierno canario llega con retraso, y elogió el comportamiento "ejemplar" de los empleados públicos al aceptar la reducción "en términos generales".
Francisco Hernández Spínola preguntó los motivos por lo que la reducción no es del 15% para todos los miembros del Gobierno canario, ya que es de ese porcentaje para el presidente, del 12% para el vicepresidente y del 10% para los consejeros.
El diputado socialista también manifestó que durante los gobiernos del PP en el Ejecutivo español los empleados públicos perdieron poder adquisitivo y, en cuanto a medidas incluidas en la reducción aprobada este miércoles indicó que algunas fueron rechazadas cuando el grupo Socialista las presentó en el debate de la ley presupuestaria para este año.
Criticó el "caos" de las empresas públicas de Canarias porque, entre otras cuestiones, se pagan pluses que no están recogidos en los convenios, hay 578 trabajadores que cobran más que sus equivalentes en la Comunidad Autónoma y la Radiotelevisión Canaria no facilita datos.
Francisco Hernández Spínola pidió que se depuren responsabilidad por no dar los datos, y comentó que el grupo Socialista ya presentó una enmienda a la ley aprobada este miércoles, y es su plan de austeridad, que, agregó, el Gobierno regional "no ha tenido más remedio que aceptar" al incluirlas en la reforma.
Pero opinó que el Gobierno regional tenía que haber aprovechado para hacer un auténtico plan de austeridad en lugar de presentar simulaciones cada día.
El diputado del grupo Popular, Víctor Moreno, se mostró de acuerdo con reducir el déficit público pero criticó la actuación del Gobierno español porque dudó de la crisis y mantuvo un elevado gasto público, a la vez que consideró insuficiente la reducción y no servirá para la mejora económica.
Víctor Moreno reclamó que en el sector público español se supriman duplicidades y se produzca un adelgazamiento y opinó que no tiene sentido que algunos dirigentes de empresas públicas canarias cobren más que el presidente del Gobierno regional.
Además, el diputado popular, insistió en que la reducción no es suficiente y sin reformas no se tendrán ingresos, y sin estas habrá mejoras sociales.
De acuerdo con la iniciativa, las retribuciones básicas del personal funcionario y estatutario descenderán el 5% mientras que las complementarias sufrirán una disminución de un 3,4% respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010, salvo los complementos personales y transitorios y la indemnización por residencia.
La paga extraordinaria y la paga adicional correspondientes a junio no sufrirán disminución alguna respecto a las cuantías que la integran, que serán las vigentes a 31 de mayo de 2010.
Las cuantías a abonar con la paga extraordinaria correspondiente a diciembre derivadas del complemento de destino, o concepto o cuantía equivalente, así como la paga adicional, sufrirán una disminución del 3,4% respecto a las cuantías vigentes a 31 de mayo de 2010.
El personal eventual percibirá las retribuciones que le corresponda en las cuantías vigentes a 31 de mayo de 2010, minorando cada concepto retributivo en el mismo porcentaje que se aplique al personal funcionario al que se equipare.
Al personal funcionario del Cuerpo General de la Policía Canaria le será de aplicación las mismas disminuciones que las aplicadas para los funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El personal laboral experimentará una disminución de un 5% en cada uno de sus conceptos retributivos, respecto a las cuantías vigentes a 31 de mayo de 2010, sin que sea aplicable tal disminución a las cuantías que integran la paga extraordinaria ni a la paga adicional del mes de junio de 2010, ni a los complementos personales y transitorios y la indemnización por residencia.
Sin perjuicio de la aplicación directa e individual de la disminución a que se refiere el párrafo anterior, la distribución definitiva de la misma podrá alterarse en la Mesa General de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias mediante la negociación colectiva en los términos previstos en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.
Las retribuciones del presidente del Gobierno experimentarán una minoración del 15%, mientras que las del vicepresidente tendrán una minoración del 12%.
Las retribuciones de los consejeros del Gobierno experimentarán una minoración del 10%, y las del director general de Radiotelevisión Canaria tendrán una minoración del 9% y las de los viceconsejeros, secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados experimentarán una minoración del 8%.
Las de los directores de área de salud del Servicio Canario de la Salud se reducirán en el 7%, mientras que las retribuciones del personal directivo y del personal laboral no sujetas a convenio colectivo de los entes del sector público con presupuesto estimativo experimentarán una reducción de acuerdo a la siguiente escala:
- Retribuciones brutas anuales superiores a  83.285,09 euros: 15%.
- Retribuciones brutas anuales superiores a 76.824,95 euros: 12%.
- Retribuciones brutas anuales superiores a 68.622,90 euros: 9%.
- Retribuciones brutas anuales superiores a 63.569,45 euros: 8%.
- Retribuciones brutas anuales superiores a 49.356,38 euros: 7%.
- Retribuciones brutas anuales inferiores a  49.356,38 euros: 5%.

Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=211140
Una Policía Autonómica innecesaria y un despilfarro

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigieron este lunes por medio de un comunicado que la Policía Autonómica cumpla con lo establecido en la ley, e insisten en que su creación era innecesaria y supone un despilfarro de recursos.

Una vez creado este nuevo cuerpo con 100 agentes que empezaron a ser operativos el 30 de junio, AUGC y SUP demandan a la Junta de Seguridad que en los protocolos de coordinación la Policía Autonómica se ciña a las competencias establecidas en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el artículo 19 de la Ley Canaria.

Ahí se establece como funciones propias de la Policía Autonómica las de velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma y la vigilancia y protección de las personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma.

Para AUGC y SUP no tiene ningún sentido que la Policía Canaria renuncie a sus funciones y realice las que son propias de los cuerpos de ámbito estatal.

Señalan que algún portavoz del Gobierno de Canarias ha insinuado la conveniencia de que la Policía Canaria preste protección en los Institutos de Enseñanza Secundaria para evitar el trapicheo de drogas, funciones éstas que, agregan, corresponden en exclusiva a los cuerpos estatales, porque así se indica en la Ley Orgánica 2/1986.

Además, explican AIGC y SUP, desde 2006 hay un plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en centros educativos y su entorno (Instrucción 25 de la Secretaría de Estado de Seguridad).

Además, instan a los representantes políticos estatales para que se modifique la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y terminar con la "duplicidad de personal, material y medios que tantos gastos innecesarios genera, unificando a la Policía Nacional con la Guardia Civil".
Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=212197
Los trabajadores del HUC no se dan por vencidos en la lucha contra la rebaja de sus salarios

SB-Noticias.- Según IC, los cerca de tres mil trabajadores del Hospital Universitario de Canarias, han comenzado a presentar ante la gerencia del centro sanitario reclamaciones personales como una medida más de oposición al descuento salarial decretado por el Gobierno del PSOE. Como base argumental, el escrito considera ilegal la aplicación de la medida al quedar circunscrita en el centro sanitario cualquier modificación salarial al ámbito de Convenio Colectivo y al acuerdo previo entre las partes.
La tramitación de las reclamaciones individualizadas, irá acompañada en los próximos días de la presentación por Intersindical Canaria de una demanda con extensión a todo el ámbito laboral de la sanidad pública del Archipiélago con la intención que el decreto de rebaja salarial quede sin efecto al romper el principio constitucional de negociación y acuerdo que es el que, por imperativo legal, establece las condiciones laborales en el ámbito empresarial o sectorial.

El gobierno canario empeora el decreto de rebaja salarial del gobierno español
Se da la circunstancia que en la aplicación del descuento en las retribuciones del los empleados públicos del Hospital Universitario de Canarias, el Gobierno canario va más allá de las orientaciones del Gobierno español, agravando aún más los efectos perniciosos del mismo, estableciendo criterios inexplicables y doblemente discriminativos entre el personal al aplicar el 5% de rebaja de forma caprichosa entre los trabajadores integrantes de un mismo grupo profesional con idéntico salario. Esta anárquica aplicación del decreto ha producido estupefacción en las propias gerencias y equipos directivos de la sanidad pública, sin que estos hayan podido acertar a explicar los criterios utilizados, justificándose en las instrucciones de ejecución recibidas el pasado 14 de junio desde el Gobierno de Canarias, quien a la vez guarda silencio.

Frente al decreto de rebaja salarial a los trabajadores, Intersindical Canaria, al igual que en otras áreas de la Administración pública, ha elaborado para el HUC un informe de saneamiento de la gestión económica del centro sanitario en el que se incluye medidas tales como la reducción de puestos funcionales y eliminación de duplicidad de cargos, el control de abonos mensuales de extras ilegales e incontroladas para pago de lealtades, además del control del presupuesto que actualmente se desvía hacia la sanidad privada para actividades quirúrgicas que puede realizar el centro sanitario, En caso de que estas medidas se llevasen a efecto el ahorro resultante, ridiculizaría en su cuantía la salvaje medida de ahorro que pretenden con la rebaja de la nómina del personal sanitario.