¿Oro en lingotes? ¿Cuentas en Madeira?

JOSEFINA NAVARRETE PONE AL ZORRO PLATEADO EN UNA SITUACIÓN LÍMITE

Josefina Navarrete.Lo mejor que tiene el caso Navarrete Plateado es lo malo que se está poniendo. Desconocemos aún a estas alturas del culebrón si alguna de las dos partes en litigio planificó meticulosamente lo que está ocurriendo, pero de lo que sí estamos seguros es de que lo que está ocurriendo puede tener unas consecuencias absolutamente imprevisibles. Las acusaciones lanzadas por ambas partes ante la prensa dejan bien a las claras dónde quieren solventar sus disputas matrimoniales y patrimoniales, además de en los juzgados. Porque parece que los dos están hablando, y que están hablando mucho. Después de hacerlo sobre el penoso incidente del 4 de enero, cuando fue detenido José Miguel Suárez Gil por encañonar a su esposa, Josefina Navarrete, con aviesas intenciones, el culebrón ha entrado ahora en la fase de la reclamación patrimonial, que va a terminar siendo el bollo del cogollo del meollo. Porque, queridísimos, después de poner pies en polvorosa y prácticamente declararse insolvente, ahora resulta que nos encontramos con cuentas corrientes en Madeira, lingotes de oro, dinero en metálico y unas monedas de oro cuyo valor lo tasa el empresario en 500 euros la unidad. Todo ello en unas cajas fuertes con trampilla instaladas en el barrio de Tafira Baja, más concretamente en la carretera de El Fondillo. Esto se anima.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13810/

A ver quién lo explica todo

SUÁREZ GIL QUISO BORRAR SU RASTRO CON LA AYUDA DE SU ESPOSA

Los dos periódicos impresos de Gran Canaria se han apropiado legítimamente de la portavocía de los dos personajes enfrentados. La Provincia maneja datos de primera mano de la abogada Josefina Navarrete, que a su vez también cuenta con el respaldo de otros periodistas de diversos medios. Canarias7, sin embargo, tiene acceso directo a los desvelos del empresario supuestamente agraviado, que no ha hecho otra cosa desde que salió de prisión sino acudir a la Policía, ora para denunciar que lo han desvalijado, ora para comunicar que lo desvalijado no era tanto. Así las cosas, la Policía y la Justicia se enfrentan, por un lado, a los delitos que puedan derivarse de aquellos rocambolescos episodios de la pistola, la postura de disparar y las últimas voluntades que salvaron la vida a la abogada; y, por otro lado, a un verdadero galimatías de sociedades que cambian de administradores, cuentas que se vacían para ser trasladadas a otros sitios más seguros y grandes sumas de dinero, lingotes y monedas de oro celosamente guardados de cuyo origen, titularidad y constancia fiscal van a dar cumplida información los miembros de este matrimonio. Bien conjuntamente o bien por separado.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13811/

Querellas por alzamiento de bienes

YA SABEMOS DE UN DESPACHO DE ABOGADOS QUE LAS PREPARA

La primera pregunta que tenemos derecho a hacernos los que formamos parte de este público expectante ante el caso Navarrete-Plateado está en relación con los motivos que llevaron a este matrimonio a cambiar la titularidad de las empresas y propiedades de Suárez Gil y borrar de las entidades bancarias con sede en Canarias cualquier rastro de dinero en depósitos. Es de suponer que se trataba de ocultar esos bienes a los ojos de los jueces que querían ejecutar las deudas contraídas en el pasado por el Zorro Plateado, ante reclamaciones de cantidades de personas, entidades y colectivos entre los que nos encontramos nosotros, a los que nos debe 15.000 euracos de una condena a costas judiciales que se ha negado a pagarnos porque él es así. De ahí que, como se podrán imaginar, ya haya un despacho de abogados preparando una querella por alzamiento de bienes que conduzca a aclarar en qué momento procesal empezó el empresario a ocultar sus bienes por los procedimientos que él mismo está describiendo. Porque ha sido él el que le ha dicho a la Policía todo lo que tiene y todo lo que le ha arrebatado su señora esposa. Por eso les decíamos que lo mejor que tiene esto es lo malo que se está poniendo.

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Lifeblood conmociona a la Fiscalía de Las Palmas

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN MANDARÁ A UN PROPIO DESDE MADRID PARA EVITAR PRESIONES

Otro acontecimiento de primer orden tiene que ver con lo que también puede considerarse una escandalosa ocultación de bienes y de intereses. Nos referimos al caso Roldós, el del concurso para la adjudicación del servicio de hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín y Molina Orosa, y el del empeño absolutamente compulsivo del PP y de CC por ocultar lo que verdaderamente hay detrás. Si las informaciones de Canarias7 son ciertas, la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado la denuncia que les adelantábamos aquí que habían presentado la presidenta de la Asociación de Vecinos Avecalta y dos sindicalistas de USO y Cobas vinculados a Sanidad. Esa aceptación ha llevado aparejadas dos consideraciones más que también merecen ser destacadas: de un lado, la acumulación de la denuncia de estos representantes de colectivos sociales al caso Palop, que investiga en Instrucción 8 la juez Victoria Rosell; y de otro, el envío de un fiscal adscrito a Anticorrupción de Madrid para evitar cualquier tipo de presiones sobre los fiscales de aquí. Se trata, por lo tanto, de una decisión de Antonio Salinas, fiscal jefe de esa división, que ya está ocasionando una auténtica conmoción en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Y en el PP canario. Expliquemos por qué.
Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13813/

El día que García-Panasco debió abstenerse

EL FISCAL JEFE DE LAS PALMAS NO DIJO NADA CUANDO SU ESPOSA FUE INVESTIGADA

Guillermo García-Panasco.Aunque a primera vista pueda parecer que el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, ha desautorizado a su hombre en la provincia de Las Palmas, Luis del Río, lo que hay detrás de su decisión de mandar a un fiscal desde Madrid responde a otras causas y a evitar perversas consecuencias. Salinas no quiere poner a Luis del Río en una situación comprometida porque en la denuncia sobre el caso Roldós aparece citada la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco. Entre éste y Luis del Río existe una conocida rivalidad que data precisamente del momento en que la Fiscalía General del Estado eligió a este último para el puesto que ahora ocupa, lo que le ha valido cierto vacío y la total ausencia de apoyos desde la Fiscalía Provincial. Pero a la posibilidad de que Luis del Río se pudiera ver indirectamente condicionado ante la investigación del caso Roldós, se suma el hecho de que Guillermo García-Panasco ya acumula un comportamiento cuanto menos reprobable al no haber retirado a la Fiscalía Provincial, mediante la reglamentaria abstención, de las investigaciones que por presunta corrupción se iniciaron hace algo más de un año contra varios directivos del Servicio Canario de Salud, entre los que se encontraba su esposa. Ese comportamiento aparece citado en la denuncia que acaba de asumir la Fiscalía Anticorrupción.

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Todo lo que el PP no quería que ocurriera

LA NOTICIA ES PÉSIMA PARA LA DEFENSA DE LOS ALTOS CARGOS DE SANIDAD

La decisión del Fiscal Anticorrupción debe haber caído como una bomba en el Partido Popular de Canarias, y por las tres dimensiones que presenta. Porque que a la investigación de oficio iniciada por la juez Victoria Rosell ante los anuncios de soborno de la doctora Palop, jefa del Servicio de Nefrología que elegía la mejor oferta en el concurso de la hemodiálisis, se suma ahora la Fiscalía Anticorrupción, lo que significa que ese departamento ha apreciado indicios de que el concurso tiene ingredientes que son de su competencia. Es decir, que puede haber habido corrupción. Pero que encima envíen desde Madrid a un fiscal no contaminado por las cosas que tiene el pueblo pequeño en que vivimos, empeora las previsiones que los populares habían dibujado en su hoja de ruta. Porque lo que Soria y sus satélites jurídicos pretendían era forzar al archivo de la causa, primero arrebatando a la magistrada Rosell el sumario con insidias relacionadas con sus diferencias con el PP. Y luego con sesudos comentarios jurídicos elaborados por el submarino que la derecha tiene en el PSOE, Eligio Hernández, que ha dicho que no ve legal la apertura de investigaciones de oficio. Le faltó añadir: "cuando éstas puedan perjudicar a mis amigos del PP".

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EL GOBIERNO SE AHORRA COSTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Posible fraude en contratos a los enfermeros de ambulancias

El Ejecutivo obliga a 46 sanitarios de ambulancias a darse de alta como autónomos. Iscan, Tasisa y Aeromédica copian el ejemplo del Gobierno.

El Gobierno de Canarias se ahorra los costes en Seguridad Social de al menos 46 enfermeros de ambulancias a los que ha contratado mediante contrato mercantil y obligado a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sin que se cumplan los requisitos para ello, lo que constituiría un fraude a la Seguridad Social.

Esto es lo que fuentes de la propia Seguridad Social y de CC OO y UGT han afirmado a CANARIAS AHORA al analizar los contratos y las tareas que deben llevar a cabo esos enfermeros del Servicio de Urgencias Canario, subdivisión del GSC (Gestión del Servicio para la Salud y Seguridad en Canarias).

Los 46 enfermeros de ambulancias a los que GSC ha obligado a suscribir un contrato mercantil y darse de alta como autónomos dependientes no cumplen los requisitos para ello, “pese al contrato que sea y que se haya firmado de forma voluntaria”, afirman en UGT. Conforme al Estatuto del Trabajador Autónomo, su contrato debería ser laboral y las empresas deberían costear los gastos en Seguridad Social.

Fuentes de la Seguridad Social consultadas por ese periódico sostienen lo mismo. “Un autónomo dependiente, lo que se denomina TRADE, organiza su jornada laboral, dispone de sus medios de producción y cobra por un servicio prestado principalmente a una empresa, pero no está a las órdenes de esa empresa para organizar el trabajo, no lleva el uniforme que la empresa ordena, ni su tiempo laboral y de descanso lo organiza esa empresa. De otra forma, se está defraudando a las arcas públicas”.

No solo eso, sino que los contratos mercantiles supuestamente fraudulentos, además de desproteger a los enfermeros, supone la merma de puestos de trabajo, al no salir a concurso plazas para personal laboral. Al no contar con antigüedad, tienen menos al opositar a una plaza fija.

Por su parte, el director-gerente del GSC, Luis Molina, no ha querido hacer declaraciones acerca de la forma de contratación del personal de enfermería, remitiéndose a la Ley de Protección de Datos.

Falsos autónomos

El entramado del GSC es un puzzle en el que se mezclan las empresas privadas concesionarias de las ambulancias y el personal puesto en ellas por el GSC, entre cinco y ocho enfermeros por cada vehículo, a los que se suman médico (en urgencias) y conductor. Las empresas concesionarias son Iscan, Aeromédica y Tasisa en ambas provincias, y García Tacoronte en la isla de La Palma.

También es un puzzle en cuanto a la contratación de personal, ya que los veinte enfermeros contratados directamente por GSC (10 en Tenerife y 10 en Gran Canaria) sí gozan de las ventajas de los trabajadores por cuenta ajena, aunque su trabajo sea idéntico al que llevan a cabo los supuestos trabajadores autónomos, lo cual (mismo trabajo) convierte a los autónomos en falsos autónomos.

A ello hay que añadir las propias contrataciones de personal por Iscan, Aeromédica y Tasisa, que han copiado el modelo del GSC, es decir, ofrecer contratos mercantiles a personal sanitario que, de acuerdo con la ley, debería ser asalariado.

Grandes contratos, mínimas inversiones

El concurso público para la adjudicación de los servicios de transportes terrestres sanitarios urgentes y no urgentes se anunció el 31 de julio de 2008, con la popular Mercedes Roldós como consejera de Sanidad, y su fallo se dio a conocer el 5 diciembre de ese año. El presupuesto superaba los 302 millones de euros para tres años: 120,48 millones para el transporte no urgente; 111 millones para el urgente, y 70,60 millones para el transporte urgente y no urgente en las islas periféricas.

Aeromédica se hizo con el transporte urgente y colectivo de las zonas metropolitana y sur de Gran Canaria, además del transporte colectivo del norte de esa isla. También se le adjudicó el transporte colectivo del sur de Tenerife.

Tasisa obtuvo el servicio de transporte urgente de la zona metropolitana de Tenerife y todos los servicios de La Gomera, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, además de los transportes colectivos de norte y sur de Tenerife.

A Iscan se le adjudicó el transporte urgente de norte de Gran Canaria y sur de Tenerife.

Iscan, Tasisa y Aeromédica aportaban nuevos vehículos con personal de enfermería, lo que les proporcionó 30 puntos extra en la puja por la adjudicación del concurso. Sin embargo, en realidad, lo que hicieron fue sustituir a los técnicos de transporte sanitario que tenían bajo contrato laboral por enfermeros con contrato mercantil. “De esta forma, esas empresas hacen una inversión mínima, ya que sólo deben pagar a los enfermeros las guardias realizadas y se ahorran vacaciones, Seguridad Social, posibles bajas por enfermedad o maternidad”, afirma Juan, uno de los afectados entrevistados.

“Los enfermeros estamos siendo usados como llave para la adjudicación de concursos millonarios y sin embargo nos están ofreciendo condiciones laborales fraudulentas y precarias”, añade.

Miedo

Pese a la situación, son contados los profesionales de este sector que protestan. El presidente del Comité de Empresa en Tenerife, Santiago Izquierdo, afirmó a este periódico no estar autorizado a hablar con la prensa. El hecho de que los contratos se firmen de forma voluntaria sirve de argumento tanto al GSC como a las empresas privadas del transporte sanitario para respaldar su legalidad.

“Es lo que hay”, comenta Pedro, enfermero de ambulancias en Tenerife. “Nos han reducido un 5% el sueldo, igual que al personal laboral, sin serlo. Cobro 248 euros netos al mes por guardia. Hay meses que hago cinco guardias, otras que hago ocho, pero si denuncio a Trabajo me quedo sin nada y, lo que es peor, dado que se trata de un cuasi monopolio, también me quedo sin posibilidad de que nadie más me contrate”
Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/166602/

La administración suspende los planes de pensiones y limita los seguros privados

El Gobierno reduce en más de un 80% los gastos médicos y sociales para cargos públicos y funcionarios
El Parlamento o el Ayuntamiento de La Laguna conservan aún sus privilegios

Los seguros médicos privados y los suculentos planes de pensiones pagados con dinero público que mantienen todavía los diputados del Parlamento de Canarias o los concejales del Ayuntamiento de La Laguna son un botón de muestra de las prebendas que conservan algunas instituciones públicas en plena época de drásticos recortes sociales. Sin embargo, el Gobierno canario se ha visto obligado a dejar bajo mínimos los fondos destinados a las prestaciones médicas que tienen los funcionarios y suspender sus aportaciones al plan de pensiones por el ajuste brutal de su presupuesto ya que hace sólo dos años, ya iniciada la crisis, el Ejecutivo gastaba más de 30 millones de euros en seguros, prestaciones, acción social y planes de pensiones para los altos cargos, personal eventual y funcionarios.

Las aportaciones de las administraciones públicas a los planes de pensiones de sus empleados o la suscripción de seguros médicos privados forman parte de los acuerdos y convenios que firman con sus trabajadores en el marco de la negociación colectiva. Los empleados públicos tienen sus propias mutualidades que suscriben seguros médicos con empresas privadas y unos planes de pensiones propios que negocian la instituciones con las entidades financieras. La fuerte caída de ingresos está conduciendo a una situación inédita y ha sido la decisión unilateral de la Comunidad Autónoma de suspender los convenios y las prestaciones sociales de sus trabajadores.

Acción social

La partida de gastos de acción social y otras prestaciones contaba en 2007 con 9,7 millones de euros. En 2008 esta partida aumentó un 82% y pasó a ser de 17,8 millones de euros y en 2009 siguió aumentando hasta los 20,4 millones a pesar de la crisis. Este y otros capítulos presupuestarios son los gastos de las pólizas para cubrir las prestaciones médicas y sociales que reciben funcionarios y cargos públicos, es decir, ayudas para gafas, ortodoncia, discapacidad, estudios, becas, viajes, etcétera. En el presupuesto de 2010 esta consignación cayó un 73% hasta los 5,3 millones, mientras que en las cuentas de 2011 se fija en 4,6 millones y sólo cubre los riesgos de fallecimiento o invalidez permanente, suspendiéndose todas las demás.

En el caso de las aportaciones al plan de pensiones, el Gobierno canario pasó de 3,6 millones en 2007 a 10,2 millones en 2009. En las cuentas de 2010 la aportación cayó más de un 99% y en este ejercicio se suspende cualquier tipo de aportación.

En el caso de las empresas públicas, ha sido este año cuando realmente el Ejecutivo ha metido la tijera en las escandalosas prebendas del sector público, no sólo por sus sueldos y complementos sino por los sustanciosos planes de pensiones y seguros médicos de los que disfrutaban muchas de las empresas mantenidas con los fondos públicos.

En las corporaciones locales no hay un criterio único y cada ayuntamiento y cabildo tienen sus acuerdos para pagar planes de pensiones y seguros privados. Cabildos como el de Fuerteventura, Tenerife o Gran Canaria han disminuido o suspendido sus aportaciones a los planes de pensiones al igual que muchos ayuntamientos. Sin embargo, hay corporaciones municipales como La Laguna o Telde que, a pesar de su situación financiera, mantienen este tipo de prebendas

Publicado en http://www.laopinion.es/canarias/2011/01/23/administracion-suspende-planes-pensiones-limita-seguros-privados/326320.html

STEC-IC, en defensa de 100 trabajadores sociales

STEC-IC denuncia el despido de un centenar de trabajadores sociales en centros educativos

El sindicato STEC-IC ha denunciado el despido por parte de la Consejería de Educación del Gobierno canario de casi un centenar de trabajadores sociales que hasta el pasado curso ejercían en los colegios e institutos públicos de Canarias considerados como Centros de Atención Preferente (PROCAP). Según el sindicato, estos profesionales, que trabajaban en centros ubicados en entornos sociales con desigualdades sociales y económicas, fueron despedidos a principios de este curso para ser sustituidos por programas de refuerzo y apoyo cofinanciados con el Ministerio de Educación.

Para los representantes sindicales, estos nuevos programas "no ofrecen" las mismas prestaciones de los trabajadores sociales y han pedido a la Consejería la incorporación de este colectivo a los centros escolares, además de instarle a que se replantee la "necesidad real" de que estos profesionales actúen directamente en los centros escolares "para la mejora de nuestra calidad educativa, de nuestra sociedad en general y para la atención integral y global del alumnado, de las familias y de la comunidad educativa".

Desde el sindicato entendien que estos despidos se enmarcan dentro de la "política de privatización y desmantelamiento de la educación pública canaria que nuestro Gobierno autonómico lleva protagonizando desde hace años. Una vez más se pone de manifiesto la notable contradicción existente entre el discurso público del Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación, aparentemente preocupados por impulsar el servicio educativo en Canarias, y la realidad incontestable de brutales recortes en todos los ámbitos educativos, poniendo en grave riesgo el derecho a la educación de nuestra ciudadanía y el propio futuro de nuestro Archipiélago".

Publicado en http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=198012

Anticorrupción asume el caso Hemodiálisis y se personará en el procedimiento abierto por Rosell

El fiscal Anticorrupción de Canarias, Luis del Río, de forma reglamentaria elevó a la Fiscalía de Madrid consulta sobre esta denuncia Canarias7.- La Fiscalía Anticorrupción de Madrid asumirá directamente la competencia para investigar la adjudicación del contrato de 121 millones de euros a la empresa Lifeblood S.L. de los servicios externos de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín de Gran Canaria y el José Molina Orosa de Lanzarote. Será un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción nacional que dirige Antonio Salinas el que intervendrá e investigará en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria la polémica adjudicación de la ex consejera del PP, Mercedes Roldós, hecha pública el 19 de octubre, el mismo día que se rompió el pacto de gobierno entre el PP y CC, a una empresa sin solvencia alguna y que hasta mayo de 2010 se dedicaba al negocio inmobiliario. Según fuentes de la Fiscalía en Madrid, con esta decisión, Salinas quiere evitar todo tipo de presiones y distorsiones en los distintos órganos de la Fiscalía en Canaria y a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, ante la que una asociación de vecinos de la capital grancanaria presentó el pasado mes una denuncia por estos hechos. El fiscal Anticorrupción de Canarias, Luis del Río, de forma reglamentaria elevó a la Fiscalía de Madrid consulta sobre esta denuncia. Caso abierto El fiscal Anticorrupción Antonio Salinas también se da por enterado extraoficialmente de la existencia de otro procedimiento abierto de oficio por la magistrada Victoria Rosell, titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y pide que se oficialice ante la Fiscalía. Salinas quiere tener constancia por escrito de la existencia de la investigación abierta de oficio por la magistrada de Jueces para la Democracia a raíz de las declaraciones de la ex jefa del servicio de Nefrología, Leocadia Palop, a Televisión Española en Canarias. Palop insinuaba que había recibido ofertas económicas en alguno de los concursos que había informado. Sobre este asunto la magistrada Victoria Rosell ha decretado el secreto de las actuaciones, ha tomado declaración a la doctora Palop y ha ordenado la práctica de varias diligencias. En este procedimiento participa como parte de el fiscal de la fiscalía de provincial Javier Rodenas, al que con toda probabilidad la Fiscalía pedirá la causa para ser dirigida directamente por un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid que nombrará Antonio Salinas. Una vez oficializa la existencia del procedimiento, el fiscal Anticorrupción pide también que se una a las actuaciones la denuncia presentada por la asociación de vecinos Mari Ángeles Sánchez, presidenta de la asociación vecinal Avecalta de Las Palmas de Gran Canaria. La asociación vecinal justificó su denuncia en las conexiones entre este caso y el del Canódromo. Como se recordará Javier Jorcano es gerente y apoderado de Inprocansa, la empresa que vendió los solares del Canódromo y es administrador único de Libeflood, la empresa adjudicataria de uno de los concursos más sustanciosos convocados en la comunidad autónoma canaria. Una vez recibida en Las Palmas la instrucción de Salinas y oficializado el procedimiento dirigido por la magistrada Victoria Rosell, será un fiscal externo a Canarias, ajeno a las múltiples polémicas que rodean el caso, el que dirija la acusación pública en el procedimiento. Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/31252/1/

 

Admitido el recurso de UGT contra la orden que recorta los derechos de los funcionarios

El sindicato considera que la decisión del Gobierno de Canarias modifica cuestiones consolidadas

Los representantes de la Federación estatal sectorial de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) en las negociaciones de la comisión técnica se muestran "pesimistas" en cuanto a la posibilidad de alcanzar acuerdos antes del 4 de febrero, fecha tope fijada. Por ello, continuarán con las acciones legales contra la orden del Gobierno de Canarias del 2 de noviembre que, a su juicio, "vulnera leyes fundamentales al haber modificado, sin negociación colectiva, aspectos consolidados que así lo requieren, como condiciones de trabajo, retribuciones, prestaciones sociales y derechos sindicales de los empleados públicos".

Anuncian que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ha admitido a trámite el procedimiento especial de amparo judicial presentado el pasado mes de noviembre por UGT contra la resolución del Gobierno de Canarias que "recorta unilateralmente derechos fundamentales y consolidados de los trabajadores de la Comunidad Autónoma".

El sindicato anuncia en un comunicado que no renunciará a la vía judicial para intentar paralizar la norma con la que el Ejecutivo "suspende ilegítimamente varios artículos del III Convenio Colectivo del Personal Laboral", a pesar de las negociaciones que se desarrollarán hasta el próximo 4 de febrero para intentar cerrar acuerdos que atenúen los recortes, también incluidos en la Ley de Presupuestos de Canarias para 2011.

FETE-UGT confía en que será la Justicia quien "impida al Gobierno de Canarias imponer dichas medidas, pues se trata de una vulneración clara del artículo 37. 1. de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral, así como la fuerza vinculante de los convenios".

Dicho artículo se desarrolla para los empleados públicos a través de la Ley Orgánica del Estatuto Básico, que obliga a la negociación colectiva en el caso de modificaciones de lo establecido en los convenios colectivos sobre condiciones de trabajo, retribuciones de los funcionarios, calendario laboral, horarios, etc.

Sin embargo, afirman que la Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno sobre medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, "implanta, sin ningún tipo de negociación colectiva, modificaciones en todos esos ámbitos y en muchos más".

Concretamente y según recoge el propio texto, incluye la "suspensión de acuerdos y pactos de la negociación colectiva, en lo referente a las jornadas de trabajo, la formación del empleado público, la convocatoria de acción social, la aportación que se realiza al Plan de Pensiones, que forma parte integrante de la retribución anual, la cobertura del 100 por ciento de las retribuciones en caso de baja laboral y la dispensa de asistencia al trabajo para actividades sindicales", entre otros derechos consolidados en el Convenio vigente.

Aseguran que el Gobierno ha decidido "unilateralmente incumplir los artículos del convenio que establecen que la Comunidad Autónoma debe complementar la prestación económica de la Seguridad Social por incapacidad laboral temporal hasta el 100 por ciento de sus haberes por todos los conceptos".

FETE-UGT recuerda que el Tribunal Supremo ha solicitado informe al Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la reducción de los sueldos de los empleados públicos. A este respecto, la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público impide la "disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el momento de su entrada en vigor".

Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11285