domingo, 11 de julio de 2010

Informe de la mesa General de Empleados Publicos remitido por Intersindical Canaria

INFORMA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS


Hoy día 9 de julio de 2010 se ha celebrado la reunión de la Mesa General de Empleados Públicos para tratar como único punto del orden del día el Proyecto de Ley de la Función Pública Canaria. Reunión en la que estuvo presente el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Sr. Ruano, quien realizó lo que Intersindical Canaria considera una amenaza de que se podrían empeorar las condiciones establecidas en el Proyecto de Ley de la Función Pública de no llegarse a algún acuerdo. Justificando este comentario señalando que el Proyecto de Ley se elaboró en un escenario económico más favorable que el actual y que con los recortes del Gobierno Central y el adelgazamiento que se está llevando a cabo en las distintas administraciones, resulta ser la Ley de Función Pública más favorable de las posibles para los Empleados Públicos.
Intersindical Canaria considera una auténtica tomadura de pelo a los Empleados Públicos el paripé de reunión celebrada hoy cuando se nos había prometido una auténtica negociación colectiva en relación con el Proyecto de Ley de la Función Pública y lo que se nos ha traído es un Proyecto innegociable y una amenaza velada de empeorarlo si no se aceptaba en su integridad. Consideramos lamentable que el Sr. Ruano no nos permita negociar los aspectos fundamentales del Proyecto de Ley y nuestros principales puntos de oposición al articulado cuando está en juego el futuro de miles de Empleados Públicos.
En la reunión y en líneas generales Intersindical Canaria expuso sus principales motivos de oposición en la primera intervención en la que se nos permitió señalar que el Proyecto de Ley es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente. Consideramos intolerable la falta de definición del sistema de Evaluación al desempeño y sus desmedidas consecuencias, a la vista de que se utilizará para castigar al funcionario que no sea totalmente sumiso, al extremo de poderse utilizar para cesar a los interinos, no valorar los servicios de los funcionarios de carrera a los efectos de la carrera administrativa, dejar de percibir retribuciones, etc. Se aprovecha la Ley para funcionarizar obligatoriamente los puestos del personal laboral que la Administración considere, no se resuelve definitivamente el problema de la precariedad con este modelo de consolidación, se instaura un régimen disciplinario con una sanción de multa totalmente abusiva, se prevé la extinción de los contratos de trabajo de los temporales o indefinidos que ocupen vacantes que se amorticen obligatoriamente al no ser ofertadas en la OEP, etc. En definitiva que lo que el Sr. Ruano considera el marco normativo más beneficioso para el Empleado Público resulta ser el más amenazante y abusivo de todos los posibles, vulnerador de derechos individuales y colectivos de estos Empleados Públicos y construido para llevar a cabo la privatización de los Servicios Públicos, haciendo desaparecer el empleo público de forma escalonada e introduciendo en la Administración Pública Canaria más altos cargos políticos con el nombramiento del Personal Directivo.
De nada sirven las asambleas celebradas hasta ahora, las concentraciones realizadas por los trabajadores y sus representantes, las protestas formalizadas por escrito, las manifestaciones, las jornadas informativas, de nada sirve que se solicitara la retirada del borrador en el preaviso de huelga presentado por Intersindical Canaria, de nada va a servir si no conseguimos parar ahora este atentado contra los derechos de todos los Empleados Públicos de Canarias quienes tienen que reaccionar antes de que sea aprobado este Proyecto o mucho nos tememos que esta Ley sólo servirá para ver como irán siendo cesados o despedidos compañeros, reducidas las retribuciones al no tener derecho a cobrarlas o haber sido sancionado con multas, empeoradas nuestras condiciones de trabajo, amenazados continuamente con no superar la famosa evaluación al desempeño, convertidos en trabajadores a tiempo parcial o fijos-discontinuos, o lo que es peor privatizados como paso previo al desempleo.
El resumen más fiel posible de las intervenciones que realiza Intersindical Canaria es el siguiente:       

CONSEJERO: Consideraciones de carácter general:
Comienza señalando que a pesar de que el marco económico anterior era mejor que el actual se mantiene la idea del Proyecto, sustituyendo un marco normativo caduco adaptándolo al EBEP acorde a la realidad canaria. Defiende que el Proyecto es favorecedor para los Empleados Públicos porque en la actualidad la coyuntura económica en el Estado español hace que se estén adoptando medidas restrictivas sobre lo dimensionado de la Administraciones Públicas vinculados a la crisis.
Continúa considerando que el Proyecto Ley de la Función Pública canaria está dirigido al conjunto de las AAPP Canarias en un marco temporal perdurable. Siendo la perspectiva de los expertos que sea a partir del año 2014 cuando tengamos un crecimiento económico perdurable, de donde surgen las previsiones  aplazadas vinculadas a la situación actual (por ejemplo la puesta en marcha del sistema de evaluación al desempeño).
Advierte de que si no hay avances en la negociación se generaría un movimiento pendular por lo que se dejaría de aplicar de forma tan favorable a pesar de la crisis. De forma general define el Proyecto como un marco positivo por lo que considera la posibilidad de llegar a un acuerdo queriendo  mantenerse ajeno a las elecciones sindicales por lo que no quiere hablar de estrategias sindicales pero siendo conciente de que este aspecto puede contaminar la negociación. En este sentido, solicita responsabilidad a los sindicatos.
Considera que el trabajo en las mesas ha sido intenso y pormenorizado pero donde no se ha valorado la Ley como marco global. Si no se adopta este marco el futuro puede ser bastante peor. Los EEPP tienen que tener en cuenta que el peor escenario contaría con el respaldo social poniendo la reducción de las retribuciones como ejemplo. Condiciones que respetan la estabilidad como marco global, que propicia escenarios de resolución de la situación de precariedad (sentencias, bolsas, etc.) pero que si no se adopta en los términos de la filosofía adoptados se podrían variar.
Valora la posibilidad de añadir algunos días más para adición, supresión, etc. de aspectos de la Ley pero nada más. No valora el articulado del Proyecto en concreto sino alguna de las apreciaciones realizadas. Sentencia que el agua busca camino, o no habrá camino llegando como sea. Recuerda el escenario económico financiero malo que ha ocasionados medidas en países como Grecia (con reducción forzosa de salario), Irlanda (reducción pactada), o el Español (reducción por Decreto Ley).

CCOO.- Señala en primer lugar que lo que se ha realizado es una presentación pública del borrador y en las mesas técnicas, etc.
Texto que no quiere CCOO porque recorta la Ley Básica (EBEP). Rechazan el Proyecto con carácter general.

INTERSINDICAL CANARIA.- Compartimos los defectos de forma que plantea CCOO, señalando además que es un Proyecto de Ley abusivo, que recorta derechos, que plantea un modelo de OEP en la que se extinguen relaciones laborales, amenaza y castiga a los EE.PP. con una evaluación del desempleo con un modelo diseñado para cesar interinos, revocar méritos o que puede definir el cobro de las retribuciones complementarias, entre otras cosas. Por otro lado, lo que plantea la administración como un modelo libre y de apertura para nuestra Intersindical Canaria es de control y cambio de las relaciones laborales. Otros de los elementos que planteamos dentro de nuestro rechazo son que no resuelve por completo la consolidación y el mantenimiento del empleo y la situación en la que queda el personal laboral con el modelo de funcionarización obligatoria de los puestos que establece. Dejamos claro que no estamos en absoluto de acuerdo con este Anteproyecto y que exigimos negociación real del mismo.

SEPCA.- Exige la negociación prevista, dado que la actitud de la Dirección General de la Función Pública en las mesas ha sido sólo informativa. Sin que, en esas mesas, se haya negociado nada. Acerca del Proyecto se señala que se está de acuerdo con que se trata de una oportunidad histórica pero que se va a desaprovechar. Se dice que el EBEP es el marco normativo que cuenta con cosas buenas que no se utilizan correctamente. Dando una pinceladas sobre algunos aspectos generales: Evaluación al desempeño desmedida cuando, según el EBEP, se aplican sus efectos sólo en la carrera horizontal y la productividad, mientras que en el Proyecto se aplica a todo y sin control. Incidencia en todos los aspectos: promoción interna, etc. En la Consejería de Turismo se ha llevado a cabo un proyecto piloto con una valoración negativa por parte de todos los implicados. Personal indefinido, temporal, funcionarización, etc., problemas no resueltos por la Ley. Inaceptable: niega la negociación colectiva del personal laboral, regulación de la Inspección Médica, libertad sindical (no se acepta la propuesta de la creación de Juntas de Personal por Departamentos y no por provincias como señala el texto), regulación arbitraria del personal de alta dirección y coarta y cierra la libertad del propio Gobierno, como por ejemplo, el establecimiento de automatismos de la extinción de contratos por eliminación de plazas, la no previsión de Planes de Empleo, etc.

UGT.- Les preocupa la Ley estando, al igual que el resto de los sindicatos, en oposición al Proyecto. Entiende que estando mal la situación económica el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Advierte que la reciente Reforma laboral se puede introducir en el trámite parlamentario. Considera que la bolsa de temporales se queda sin resolver y que resulta precipitado reformar la Ley. No le preocupan las elecciones sindicales. Son concientes de que la reforma de la Ley de Función Pública la tiene (en referencia a CC) en el programa electoral y por lo tanto la tienen que aprobar. A UGT le preocupa que la discrepancia, siendo mínima, no se acuerde, haciendo referencia a las bolsas de empleo. Manifiesta una discrepancia profunda pero que se puede llegar a acuerdos, estando en definitiva UGT por el acuerdo al igual que ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas. En relación con la Administración local señala que está sin una regulación clara en materia de seguridad y solicita una garantía de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los Ayuntamientos (aunque sea de forma transitoria). Modernización de la Administración local.

CONSEJERO.- La falta de voluntad de negociación la responde el Director General.

DIRECTOR GENERAL.- Considera que la OOSS asignan poco valor a la negociación, cuando se han dedicado muchas horas y debate, recogiéndose muchas de las cuestiones planteadas por los Sindicatos. Procedimientos novedosos y buenos: Evaluación al desempeño y consecuencias (núcleo central de la relación en el empleo público), siendo conciente de que la falta de definición reglamentaria puede ser la mayor preocupación para las OOSS, pero se realizará con criterios de objetividad, preceptivo y con las consecuencias que se establecen. Acerca de la experiencia en la Consejería de Turismo, señala que servirá para detectar las incorrecciones. Sobre la regulación de personal directivo, dice que se establece según lo dispuesto en el EBEP y añadiendo prácticamente todas las aportaciones sindicales. Define como problemas reales: 1º la ordenación, sobre la que se recoge la previsión de desarrollar planes de ordenación, respondiendo a la situación actual en las transitorias de acuerdo al marco básico (consolidación), estableciendo un nuevo marco después de la funcionarización y 2º el personal laboral indefinido: el EBEP recoge claramente los tres tipos de personal y su regulación, regulándose con la voluntad de consolidación de esos puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma y en las Administraciones locales. La Ley responde a las necesidades del Empleo Público Canario. Debemos citarnos para la negociación del desarrollo de la Ley de forma preceptiva.

CONSEJERO.- Rechazo generalizado al Proyecto por parte de las OOSS. Sentido del proyecto de ley que debió presentarse con anterioridad. Propósito de acuerdo y no de amenaza. El texto de partida es un buen texto. El proyecto de ley va a seguir adelante en su tramitación parlamentaria a ser posible dentro del marco del acuerdo. Respecto de las intervenciones de las OOSS, señala que determinados bloques le resultan interesantes. Revisará la coordinación con otras Administraciones, sobre todo en la regulación del acceso al empleo público. En relación con la Evaluación al desempeño y el marco del personal temporal, señala que se da el mejor marco posible. En este sentido, coincide con SEPCA en que la desmotivación del funcionario es un problema a resolver. Insiste en que en lugar de consecuencias favorables pueden ser negativos, siendo el ciudadano el titular de derechos y no un simple administrado, siendo un objetivo garantista de la Ley que establece mecanismos para generar estabilidad. Resuelve un problema histórico de la Administración como es la laboralización de los puestos como consecuencia del reclutamiento rápido. Propone una nueva mesa la semana que viene para tratar la evaluación, la estabilidad y la Inspección Médica de empresa (criterio médico científico con mecanismos de seguimiento de los sistemas de control). El texto que se presenta es el mejor texto para los sindicatos. Respetando el EBEP estudiaría propuestas de las OOSS que no sea, por ejemplo, la misma consideración del personal fijo e indefinido.

CCOO.- De acuerdo con la negociación planteada que considera que era su objetivo.

10º INTERSINDICAL CANARIA: Estamos de acuerdo en la propuesta de seguir negociando –veníamos hoy a eso- y queremos hablar de todos los puntos donde discrepamos, que no son únicamente los que plantea el Consejero, es decir: 

  1. Cuestiones de carácter general: funcionarios a tiempo parcial, personal laboral, personal directivo.

  2. Carrera Profesional

  3. Promoción Interna

  4. Evaluación del desempeño

  5. Concurso y libre designación

  6. Retribuciones complementarias

  7. Régimen disciplinario

  8. Descuento en situación de ILT

  9. Funcionarización

  10. Consolidación del empleo temporal
Y esto porque queremos que se nos explique claramente porque se castiga de esta forma a los Empleados Públicos canarios e insistimos en que queremos que el Consejero sea conciente de que es abusivo cesar a los interinos que no superen la evaluación al desempeño, que se extingan relaciones laborales por amortizaciones de puestos de trabajo en las Ofertas de Empleo Público, que se nos multe, que se nos funcionaricen los puestos de trabajo de forma impuesta, que no se resuelva definitivamente la precariedad. 

11º SEPCA.- Se adhiere a la propuesta de ampliar la negociación al resto de aspectos fundamentales de la Ley. Señala que la incompatibilidad de todo el personal laboral prevista en la Ley le resulta del todo incomprensible y aclara, en relación con la equiparación del indefinido al fijo, que existen sentencias posteriores al EBEP que la contempla.

12º UGT.- Se alegra de que el Consejero quiera llegar a un acuerdo. Y defiende un trato distinto al indefinido respecto del temporal en algunos aspectos de la consolidación.

13º CONSEJERO.- Considera que hay posibilidades de alcanzar acuerdos y señala que nos concede plazo hasta el día 15 para presentar aportaciones y que se convocará una Mesa Técnica la semana que viene no, sino la siguiente y que si no se avanza en esta mesa se considerará que la negociación habrá terminado sin acuerdo.    
La crisis pone a los políticos en su sitio
La grave situación económica obliga a los representantes públicos a replantearse su relación con los ciudadanos

L. CÁMARA / D. NEGRÍN MORENO
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los ciudadanos españoles -y los canarios no son una excepción- se han acostumbrado a sobrevivir en una calamitosa situación económica que les lleva por la calle de la amargura. Por muy habituados que estén, no dejan de echarse las manos a la cabeza cada vez que salen nuevos datos sobre las ganancias y los supuestos privilegios de los políticos.

Si el sueldo de algunos cargos públicos chirría por sus astronómicas cifras, las prebendas simplemente truenan. La Real Academia Española define esta palabra, en su cuarta acepción, como "oficio, empleo o ministerio lucrativo y poco trabajoso".
La pretensión del Gobierno canario de regular la figura de los ex presidentes mediante un proyecto de ley ha desatado la polémica. Aunque Francisco Hernández Spínola, portavoz del grupo Socialista en el Parlamento regional, cree que es lícito que se reconozca la condición de ex presidente y que éste disfrute de una posición preeminente en el protocolo de la Comunidad Autónoma, opina que es una medida inoportuna. "Nos parece que el Gobierno demuestra su insensibilidad y no se pone a la altura de la gente de Canarias", comenta en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.
Partidario de sustituir el coche oficial por un taxi, José Manuel Soria llama a replantear los sueldos de los directivos del Ejecutivo autonómico, y reducir los coeficientes que se aplican al personal de la Comunidad Autónoma que trabajan fuera de las islas. En Bruselas hay 12 personas, de las cuales dos son funcionarios, cuatro laborales temporales, dos laborales fijos, dos asistentes y dos secretarios.
Todos cobran el sueldo corregido por un coeficiente en función del lugar donde residen, que en la capital de la Unión Europea es del 1%.
Sin embargo, el 14 de junio se propuso disminuir ese coeficiente hasta el 0,5%. "Hay que llevar a cabo una racionalización del tamaño del sector público de empresas de la Comunidad Autónoma, lo que sin duda conllevará el próximo curso una disminución de sueldos y salarios de personal", argumenta el vicepresidente del Gobierno de Paulino Rivero (CC) y líder del PP canario. La idea del también consejero de Economía y Hacienda es bajar el número de personas que trabajan y el gasto público del sector público, con una disminución progresiva de el sueldo de los directivos en función a los salarios de cargos en el ámbito de la Comunidad. La racionalización del tamaño de ese sector público pasaría por la "reducción de las empresas públicas, a través de fusiones o incluso la desaparición de alguna de ellas".
El Gobierno de Canarias renovó casi al completo en el intervalo de pocos meses y en pleno receso económico -finales de 2008- su flota de vehículos de alta gama para los miembros del Ejecutivo. El coste global de esta operación fue de 600.000 euros.
Con una de las estructuras directivas más ajustadas entre las comunidades autónomas, el Gobierno canario dispone de coche oficial por partida doble: uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, además de en algunas islas menores. De viceconsejero para abajo, el uso de los vehículos oficiales no está regulado por la práctica, pero sí que hacen uso de ellos buena parte de los viceconsejeros y de los directores generales, sin contar los directivos de las empresas públicas autonómicas. En total, la Comunidad Autónoma es propietaria o mantiene en renting (alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos) una flota superior a los 60 vehículos, sólo para personal de dirección política.
A cuenta del presupuesto regional existen otros políticos motorizados, como el presidente del Parlamento y de todos los órganos dependientes de la Cámara autonómica.
De los 60 parlamentarios canarios, 44 tienen dedicación exclusiva. Los restantes 16, o bien pertenecen al Consejo de Gobierno o prefieren no renunciar a lo que cobran ejerciendo otra profesión. No reciben un salario fijo, pero sí dietas.
Desde la nómina de junio se les aplica un recorte del 15%. Si venían cobrando más de 58.000 euros brutos al año, ahora percibirán 50.700.
Las dietas varían en función de la isla de residencia del parlamentario. Por ejemplo, uno de Tenerife con dedicación exclusiva recibe 60 euros por sesión plenaria y 139 si no la tiene; uno de Gran Canaria, 83 y 185, respectivamente; y si viene del resto de islas, 113 y 225. Los billetes de avión los pagan los grupos parlamentarios.
En cuanto a los cargos del Gobierno de Canarias, se sabe que el presidente percibe más de 81.500 euros al año; el vicepresidente, sobre los 75.100; los consejeros, 52.600, y los directores generales, 42.475 euros.
A pesar de que la Administración canaria carece de competencias en Asuntos Exteriores, cuenta con una comisionada de Acción Exterior, con rango de consejera, además de otros cargos vinculados y nueve oficinas permanentes en varios países.
El esfuerzo de apretarse el cinturón tiene muchos agujeros.
Ex presidentes
La dotación que les corresponde a los ex presidentes del Gobierno de la nación es vitalicia. La cantidad que reciben también viene fijada por los presupuestos generales. Las cuentas de 2009 establecieron 270.470 euros para repartir entre los tres ex jefes del Ejecutivo vivos (Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar). Además, conservan el tratamiento de presidente y en sus desplazamientos fuera del país pueden gozar del apoyo de los servicios de representación diplomática española. Mantienen un coche oficial y un servicio de guardaespaldas. El trasporte les sale gratis. También tienen dos empleados a sueldo del Estado. Disponen de una dotación para gastos de oficina y alquiler de inmuebles.
Los sindicatos suspenden a Sanidad y critican su actitud

Los sindicatos CESM, UGT, CCOO e Intersindical Canaria (IC), así como el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, coinciden en suspender la Consejería de Sanidad en la evaluación final del curso.

Carlos Díaz, secretario general de la CESM, resume las calabazas en "incumplir los acuerdos", lo que conlleva que haya "un parón en el incremento de plantilla", que "no haya sustituciones" y que "Atención Primaria y Especializada estén colapsadas".

"Lo más importante" no es tanto una materia como una actitud en clase. "Todo se ha hecho por imposición. La no negociación es lo peor de la Consejería", apunta.

Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, también incide en que "la comunicación con los organismos colegiales es casi inexistente". Entre los suspensos destaca la elaboración de una ley de Sanidad "vacía de contenidos"; que la Consejería no haya realizado "ninguna reforma organizativa", y que las obras del Hospital del Norte y del Sur "estén activadas sólo sobre el papel".

Fran Bautista, secretario insular de Salud de UGT, se suma a los suspensos por la "paralización del Hospital del Norte y del Sur" y por "la mala gestión de la lista de espera". "Desvían a los pacientes a la sanidad privada y si alguno dice que se quiere operar en la pública tiene volver a empezar el proceso", añade.

José Tapia, secretario regional de Sanidad de CCOO, también aporta puntos negativos en "la gestión de las listas de espera" y en la dotación de personal. "En los cuatro grandes hospitales públicos hay servicios completos cerrados", afirma. "En el plano político, la gestión de la sanidad pública ha ido horrorosamente mal", opina.

Jaime Bethencourt, de la Federación de Salud de IC, comenzó considerando que las asignaturas pendiente de Sanidad "son la mismas que lleva arrastrando todo el año". Bethencourt se refirió a la problemática de las listas de espera, "los recortes presupuestarios", el descenso de las contrataciones "en todas las categorías" y la "reducción salarial".

La Consejería de Sanidad, sin embargo, asegura que "no se paraliza nunca" y que "no deja asignaturas para septiembre".

Sanidad dice que desde el inicio de la legislatura su objetivo prioritario ha sido "continuar incrementando la calidad de la asistencia sanitaria". Para ello seguirá, "entre otras cosas, modernizando sus infraestructuras, mejorando las condiciones laborales de los profesionales y apostando por la implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema sanitario".
Por Felix Diaz Hernandez
Así está el panorama


A lo mejor no parecen tantos pero ya son muchos años de ejercicio profesional del periodismo en esta tierra; años siendo testigo del estilo de nuestros políticos a la hora de representarnos; años de percibir cómo los habitantes de Canarias nos instalamos en un preocupante pasotismo y dejamos nuestras cosas en manos de otros; y aunque suene poco corporativista, algún tiempo descubriendo cada mañana que a muchos periodistas parece que se nos ha olvidado cual es nuestra obligación en esta sociedad.

Sin más pretensiones que compartir mis opiniones sobre la actualidad de estas islas nacen estas Crónicas de Bananarias, un título simbólico para esta ventana que me ofrece eldigitaldecanarias.com en la que, una vez más, volveré a enfrentarme a un documento de texto en blanco. Aunque esta apelación al competidor banano pueda no gustar demasiado a la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) el término se justifica porque considero que en nuestro archipiélago estamos aún instalados en una sociedad a la que determinados poderes fácticos no permiten alcanzar su mayoría de edad.

Más allá de aquel viejo y reiterado símil de las repúblicas bananeras, que acuñaron los anglosajones a principios del siglo XX a diversos gobiernos de Centroamérica y el Caribe, nuestra tierra sufre una anomia sociológica, una desgana por las cuestiones públicas que debería preocuparnos. Hay temas musicales, por ejemplo del grupo palmero Taburiente, que a finales de los setenta ya invocaban al necesario despertar de los canarios. Quizás mostraban esta realidad bajo un tinte de carácter nacionalista, pero que puede servirnos para entender que este pasotismo ya habita entre nosotros hace tiempo; razones históricas y sociológicas podrían explicar mejor este fenómeno pero, de momento, no son el objeto de este artículo.

Lo que si es preocupante es que tras casi 34 años de democracia y casi 28 desde que entró en funcionamiento la Canarias autonómica, los niveles de participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas sean tan blandengues y poco estimulantes. Bastante responsabilidad de ello tenemos los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, si no aceptamos la premisa de que “la culpa también es nuestra”, difícilmente podremos voltear este panorama. Por supuesto que hay más cómplices en este asesinato de la voluntad popular que ha acabado reducida a la decisión de acudir o no, cada cuatro años, a depositar una papeleta en una urna de plástico en la que figura una lista de nombres designados por las dictaduras internas de los distintos partidos políticos.

Al final este diagnóstico inicial apuntaría que realmente vivimos en una oligarquía financiera y política disfrazada de democracia en la que unos pocos, casi siempre los mismos a pesar de las distintas etiquetas políticas, siguen diciendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, sobre lo que debemos hablar y cuáles son nuestras señas de identidad. Haría falta un renacimiento social como pueblo, pacífico pero firme, para rescatar el poder de la ciudadanía, un poder que esta degeneración de la vieja aristocracia nos ha hurtado casi desde siempre.
Sin embargo, analizando los datos sobre el fracaso escolar o nivel de formación que sufren nuestros jóvenes; unidos a la obediencia total de muchos medios de comunicación a sus cuentas de resultados, alimentadas en demasiadas ocasiones con el dinero de todos, se acaba arrinconando al derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Así no se puede ser muy optimista.

"El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones". Winston Churchill. Político británico.
Félix Díaz Hernández, periodista

ANTE NUESTROS COMENTARIOS SOBRE LA COBERTURA SANITARIA A LOS PARADOS SIN PRESTACIONES Rectificación de la Consejería de Sanidad

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ante la información publicada los días 7 y 8 de julio de 2010 en el digital CANARIAS AHORA, en su Sección Top Secret, así como las manifestaciones vertidas en el programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, y acogiéndose a su derecho a rectificación con base en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, desea rectificar y solicitar se publique que:  
Es rotunda y absolutamente falso que el Servicio Canario de la Salud pretenda dejar sin cobertura sanitaria a las personas en paro que han dejado de percibir la prestación por desempleo.  
El derecho a la asistencia sanitaria, según establece la Ley General de la Seguridad Social, es reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración) en los supuestos legalmente establecidos. Su efectividad se produce, por lo general, a partir del día de la presentación del alta en alguno de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Se trata, pues, de una normativa vigente en todo el Estado español.  
Ante el desconocimiento de esta circunstancia por la mayoría de los usuarios sanitarios, el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud y con la colaboración de las Consejerías de Empleo, Industria y Comercio y de Presidencia y Justicia, puso en marcha el pasado año una campaña informativa sobre el procedimiento establecido para la recuperación de la gratuidad en la asistencia sanitaria en los supuestos en que tal gratuidad se pierda por agotar las prestaciones por desempleo.  
Hay que dejar claro que la pérdida del derecho a la gratuidad de la asistencia sanitaria es una consecuencia administrativa establecida por la legislación básica del Estado en las situaciones en las que se extingan las prestaciones por desempleo, consecuencia que no puede ser modificada por ninguna de las administraciones autonómicas.  
En cualquier caso, y con independencia de tal circunstancia administrativa, es preciso señalar que todos los usuarios sanitarios de Canarias tienen asegurada la atención sanitaria en cualquier punto de la red del Servicio Canario de la Salud.   En este sentido, hay que recordar también que la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad recoge como uno de sus principios la universalización de la asistencia sanitaria y el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1990, de 20 de junio, contempla, dentro de las prestaciones que garantiza, la asistencia sanitaria, pero siempre ligada a la situación de alta en alguno de sus regímenes, lo que ha supuesto que determinados grupos de personas no estén protegidos en la actualidad por el sistema público sanitario.  
Si se deja de percibir la prestación por desempleo se dispone de 90 días para tramitar el derecho como beneficiario de un titular con quien convivan y se encuentren a su cargo, o para tramitar el reconocimiento del derecho por carecer de recursos económicos suficientes.  
La tramitación del reconocimiento como beneficiarios de un titular deberá llevarse a cabo mediante la presentación de la solicitud y documentación correspondiente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tiene delegaciones en todas las Islas, mientras que la segunda opción, la referida a carecer de recursos económicos suficientes, se gestiona en los centros de salud del Servicio Canario de la Salud, con la presentación del formulario F6 acompañado de la siguiente documentación:  
-Españoles: DNI y fotocopia del mismo.
-Extranjeros: Pasaporte o permiso de residencia y fotocopia del mismo.
-Certificado de empadronamiento en el municipio.
-Documento de la Tesorería con el número de la Seguridad Social (sin alta).
-Copia de la declaración de Hacienda o certificado de no haberla realizado (para residentes de más de un año).
-Declaración jurada (firmada) de carecer de recursos económicos suficientes (se hará en el centro de salud).  
El formulario F6 está a disposición de los usuarios que lo necesiten en las unidades administrativas de los centros de salud, en las que se deberá presentar firmado y acompañado de la documentación mencionada para su remisión al INSS. Asimismo, es en el mismo centro de salud donde el usuario será informado de la resolución de este organismo al respecto de la propuesta cursada.  

El cónyuge y los mayores de edad integrantes de la unidad familiar deberán formular solicitudes independientes.  
La Ley General de Seguridad Social regula que “la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social comprenderá ... la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo”, estableciéndose que tienen reconocido este derecho:  

- Los trabajadores del Sistema de la Seguridad Social, afiliados y en alta o en situación asimilada a la de alta. A efectos de esta prestación, se consideran en alta de pleno derecho, aunque el empresario incumpliera sus obligaciones.  

- Los pensionistas y perceptores de prestaciones periódicas, incluidos los perceptores de la prestación o subsidio de desempleo gestionados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM-Servicio Público de Empleo Estatal).  

- Los familiares o asimilados a cargo de los anteriores entre los que figuran los cónyuges, hijos y personas con las que convivan.  

- Las personas a las que se reconozca carecer de recursos económicos suficientes.   - Los extranjeros empadronados en el municipio en el que residan habitualmente, los extranjeros menores de 18 años y las mujeres extranjeras embarazadas durante el embarazo, parto y posparto.   Tanto es así que universalizar de manera plena la asistencia sanitaria gratuita era el primer punto del Pacto por la Sanidad abordado en el Consejo Interterritorial del pasado mes de marzo. En el documento entregado por el Ministerio de Sanidad y Política Social como resumen del Pleno (y que en el día de ayer hicimos llegar a su medio de comunicación), en su página 15 recoge que (citamos textualmente): “El Consejo Interterritorial acuerda que a corto plazo se adopten las siguientes medidas: Aprobación de una norma para la plena universalidad en el acceso a los servicios sanitarios del sistema nacional de salud”. Norma que la propia Ministra de Sanidad y Política Social ha anunciado que pretende aprobar antes de final de año.  

En este mismo sentido se ha pronunciado también el Secretario General del Ministerio de Sanidad y Política Social, José Martínez Olmos, en un artículo publicado por el diario El País el pasado 28 de junio, en el que afirmaba que el Gobierno prepara “un reglamento que extienda la cobertura sanitaria a todos los españoles que residan en territorio nacional  –sin distinguirlos por grupos- que no tuvieran reconocido este servicio por otras normas”. Martínez Olmos apuntaba, además, que “el derecho a la sanidad pública en España ahora mismo está ligado al empleo”.  

Por su parte, Fernando Lamata, Consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla La Mancha y Secretario General del Ministerio en 2004 y 2005, señalaba en este mismo artículo que unas 300.000 personas son las que ahora están sin cobertura pública sanitaria en España. “Esta asistencia ya se ha pagado a través de los impuestos y debería universalizarse de manera real”, afirmaba.  

Igualmente, la Proposición de Ley de Asistencia Sanitaria Universal y Gratuita para Personas con Nacionalidad Española y para Personas Extranjeras Residentes presentada el pasado 14 de mayo en el Senado por IU, ERC e Iniciativa Per Catalunya Verds, dice en la exposición de motivos textualmente que "el derecho constitucional a la protección de la salud, así como la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios sanitarios con carácter universal, en los términos expuestos por el artículo 43 de la Constitución Española, no se ve garantizado en la actualidad para todas las personas con nacionalidad española. La vinculación de la asistencia sanitaria pública gratuita a la normativa reguladora de la Seguridad Social lleva a la existencia de personas con nacionalidad española que carecen del derecho a dicha asistencia gratuita".
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12411/