UGT ve que el
Gobierno "se lava las manos" con su plan de servicios
básicos
El secretario
de la
Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista,
cree que el Gobierno regional "se lava las manos" de cualquier responsabilidad
sobre la calidad de los servicios básicos con su Programa Estratégico para
la
Modernización y Mejora de los Servicios Públicos. La
iniciativa, que sindicatos y Ejecutivo tienen previsto debatir a partir de esta
semana, "pone en tela de juicio" la profesionalidad de los empleados públicos y
funcionarios al plantear la necesidad de realizar evaluaciones "internas y
permanentes" de su gestión, ya que "los empleados públicos tendemos a pensar que
lo que hacemos es siempre correcto" -según el
texto-.
Para Bautista,
el documento "tira barro" a los empleados públicos, cuando por ley "son
responsables de lo que firman y lo saben a conciencia". El sindicalista inquiere
si el plan del Ejecutivo es evaluar a diario sus actuaciones para encontrar que
"un día lo hacen bien, y otro mal" y añade que es una forma de culpar de los
problemas a los empleados públicos y salvar la actuación de los responsables
políticos.
La actuación
contiene objetivos y proyectos para treinta meses y tiene previsto un desembolso
de más de 11,5 millones de euros a ejecutar entre este año, 2013 y
2014.
Este aspecto
también genera críticas por parte de Bautista, que se pregunta de dónde saldrá
el dinero tras el recorte de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 en
800 millones de euros. "El Ejecutivo recortó los sueldos de los empleados
públicos más de una vez y rebajó los fondos para sanidad y educación, pero ahora
piensa gastar este dinero", lamentó.
El programa
consta de siete líneas de actuación (Desarrollo e implantación de la
administración electrónica; Simplificación de procedimientos administrativos y
reducción de cargas administrativas; Mejora de la calidad en la prestación de
los servicios públicos; Evaluación de programas y políticas públicas; La
dirección por objetivos orientada a resultados; Gestión integral del
conocimiento corporativo, y otra de actuaciones transversales).
Solo la primera
supone un desembolso de 10,8 millones -de los 11,5 millones del total- y dentro
de esta, 7,7 millones corresponden a un proyecto de infraestructuras
tecnológicas y de telecomunicaciones.
Como Bautista,
desde CCOO se deja claro que esa organización -y los empleados públicos en
general- no han participado ni conocido el programa que elaboró el Gobierno, por
lo que desconocían el trabajo que desarrollaba la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional.
Bautista
lamenta que la insistencia del documento sobre la importancia y conveniencia de
consultar a los empleados públicos es solo "buenas palabras, pero de hechos,
nada de nada".
La propuesta
incluye la implantación de la dirección por objetivos orientada a resultados,
que vincula a la posibilidad de "incentivos". Bautista se pregunta por la clase
de incentivos que tiene en mente la Administración, dadas las
restricciones presupuestarias y, aunque apoya la dirección por objetivos,
reitera la suspicacia de su sindicato sobre la forma de llevarlo a cabo, pues
cree que puede prestarse a consideraciones subjetivas. "¿Quién y cómo
establecerá los objetivos?", inquirió antes de remarcar la necesidad de
dialogar.
