Hay una estrategia del miedo, para desactivar la movilización social contra el desmantelamiento del Estado social
Apenas tomada posesión del cargo de Consejero de Interior del Gobierno
catalán, Felip Puig mostró sus intenciones en una entrevista,
prometiendo ir “hasta donde la ley permite, y un poco más”.
A estas alturas de su mandato, pocas dudas caben sobre su fidelidad a
esta premisa. El más reciente ejemplo puede hallarse en la decisión de
crear un sitio web para fomentar la delación ciudadana, anunciada al
calor de los disturbios que en Barcelona empañaron el transcurso de una
huelga general seguida, por lo demás, de forma masiva y pacífica.
Son muchas las voces que cuestionan el fondo y la forma de la última
decisión de Puig, ya desde el ámbito estrictamente jurídico, como desde
otros muchos. No es de extrañar, pues la web que Interior ha pergeñado
es de dudosa legalidad, e incluso de dudosa constitucionalidad, ya que
puede entenderse que atenta contra los derechos a la intimidad y a la
presunción de inocencia. Estas dudas han sido expresadas por portavoces
del Colegio de Abogados de Barcelona, de Jueces para la Democracia, así
como por numerosos académicos del ámbito del Derecho Penal, preocupados
por las implicaciones y consecuencias que tenga, tanto por la escasa o
nula utilidad para combatir el delito, como por la vulneración de
derechos individuales que supone, como por la agresión que representa
para nuestro sistema de derechos y garantías.
Cualquier restricción de estos derechos debe estar legalmente
amparada, motivada, y debe ser proporcional al fin perseguido, lo que
no parece suceder en este caso. No es admisible la comparación con los
carteles habituales en aeropuertos y edificios oficiales, puesto que en
éstos se reproducen fotografías de personas sobre las que penden órdenes
de búsqueda y captura, o bien de criminales fugados.
Cabe recordar que en esta web se exhiben fotografías de personas que
ni tan siquiera están imputadas, e incluso de algún menor de edad. No
queda acreditado en qué condiciones fueron obtenidas las imágenes, ni
por quién, difícilmente se pueden contextualizar, y en algunos casos las
conductas observadas son de escasa o nula entidad.
Sin embargo, la propia inclusión de las imágenes en el sitio web, al que por cierto se accede pinchando en un banner
un tanto sugestivo y alarmista, las sitúa ya en la picota e induce a
pensar aquello de “algo habrán hecho”. Por ello, el método tiene algo de
inquisitorial, sembrando en primer lugar la sospecha, e imponiendo de
entrada una pena de banquillo anticipada, en forma de exposición de su imagen en los medios de comunicación y en la red.
No es casualidad que, incluso para el caso de quienes hayan sido
hallados culpables de la comisión de un delito, que no es el caso,
nuestra jurisprudencia sea totalmente refractaria a permitir la
publicación de listas de delincuentes. ¿Merecen menor protección quienes
quizá no hayan cometido delito alguno?
Llegados a este punto, me siento obligado a señalar que la delación
es un potente corrosivo social, dado a la utilización desviada por razón
de rencillas personales, y muy peligroso para nuestras libertades
civiles. Sí ha sido, en cambio, un instrumento muy útil para la
dominación social o la eliminación del disidente, en manos de poderes no
democráticos –desde el intenso uso que le dio el franquismo o el
estalinismo, hasta a la caza de brujas del senador McCarthy, por no
buscar más ejemplos–.
Tiene la particular cruzada de Puig contra los que no duda en calificar como guerrilla urbana o antisistema algo de esperpento y mucho de estrategia política.
En primer lugar, no se nos escapa que el Consejero de Interior se ha
pasado los diecisiete meses que lleva en el cargo abonando la especie de
que en Barcelona había anidado un grupo de unos pocos centenares de
profesionales de la violencia que se organizan para actuar en cualquier
acto masivo, desde manifestaciones a celebraciones deportivas. La
policía los tiene perfectamente identificados, según ha presumido Puig
reiteradamente, advirtiendo a renglón seguido que no habría espacio para
la impunidad. No me atrevo a preguntar por qué, estando perfectamente
identificados estos violentos, no se han podido evitar sus desmanes
mediante adecuados dispositivos policiales, que deben garantizar también
–aunque a veces el Sr. Puig lo olvide–, el libre ejercicio de los
derechos de huelga y manifestación que nos asisten. Pero sí me pregunto
para qué se requiere entonces un sitio web como el que ha puesto en
marcha.
Sin embargo, quisiera que este árbol no nos impidiera ver el bosque.
Es conocido, desde tiempos inmemoriales, que el miedo es el gran aliado
del poder. Se sirve de él para conseguir lo que de otro modo sería
francamente difícil de obtener. Lo estamos experimentando en cada
amenazante disyuntiva que se nos plantea: austeridad o caos,
precarización o paro y, en última instancia, como saben bien los
estudiantes de Valencia –el enemigo ¿recuerdan?–, conformidad o
represión.
Existe, en este sentido, una estrategia del miedo, para desactivar la
movilización social contra el desmantelamiento del Estado social,
consistente en criminalizar y deslegitimar a quien disiente. Así debemos
leer los anuncios de reforma del Código Penal que realiza el Ministro
del Interior, Fernández Díaz, que pretende tipificar como atentado a la
autoridad hasta la resistencia pasiva. En esta clave debe entenderse el
deseo de CiU de regular el derecho de huelga, o las insinuaciones
respecto a nuevas regulaciones del derecho de reunión o de
manifestación.
De Fernández Díaz hemos oído que “ha habido que forzar el
ordenamiento jurídico” para poder acordar prisión provisional para
alguno de los detenidos en la última huelga, y de Puig que “ya no vale
decir yo pasaba por allí”, y que hay que conseguir “que haya más gente que tenga más miedo al sistema”.
¿A qué viene tanto interés en aparentar mano dura? A lo rentable
electoralmente que resulta el populismo punitivo, dirán algunos con
razón. También les sirve para tratar de esconder su ineficacia a la hora
de proteger unos derechos sin lesionar gravemente los de todos, dirán
otros, también con razón. Pero por encima de todo, lo que se quiere con
tanto aspaviento es ocultar a toda costa el profundo conflicto social
que surge del sufrimiento que se causa a los más, tan sólo para aplacar
la obscena codicia de los menos.
Ferran Pedret i Santos es el Secretario de Movimientos Sociales del PSCPublicado en http://www.elplural.com/2012/04/27/%C2%BFvendran-por-ti-por-mi-por-todos/
