miércoles, 24 de octubre de 2012

Canarias pierde 1.370 empleos del sector público en un año

Ortiz niega que el Fondo de Liquidez Autonómico  implique el despido de 10.000 empleados públicos pero reconoce que 2013 será "sangrante".

Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, ha asegurado en sede parlamentaria que de julio de 2011 a julio del año 2012 solo “hay un total de 1.370 personas menos en la Administración pública canaria”, aunque ello se hecho “sin despedir a la gente” sino “no renovando” plazas vacantes.
Por tanto, y lejos de las acusaciones de Nueva Canarias (NC) y el Grupo Popular, “los obligados ajustes y recortes” no han supuesto despidos masivos de funcionarios en la Comunidad Autónoma.
Es más, el consejero ha insistido en que la aplicación de las medidas de ajuste para cumplir los objetivos de déficit no se cebará en los empleados públicos, pues la intención del Ejecutivo es que no se vea afectada la calidad y eficiencia de los servicios esenciales.
“No se fíe de algunas informaciones de prensa, y desmentimos rotundamente la cifra de despido de 10.000 empleos públicos para el próximo año, es un dato falso”, aseguró González Ortiz.
Para el consejero, “a ninguno de nosotros nos gusta aplicar los recortes, porque nos llevan al desastre”, pero recordó que son de obligado cumplimiento porque si no se aplican “llevaremos al desastre a la Comunidad Autónoma”.
“Las consecuencias de no aplicar la Ley, visto lo visto, serían peores”, insistió González Ortiz.
Para llorar

Así se enfrentó el consejero al portavoz de NC en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, que acusó al Ejecutivo de “contar la mitad de la película” al no desvelar “cuantos muertos tiene esta guerra”, parafraseando al nacionalista la intervención de José Miguel Barragán sobre los Presupuestos.
“Los recortes no son eficiencia, serán obligados, pero no se puede aplaudir cuando se despide a un médico o un enseñante se va a la calle”, dijo Rodríguez.
Para Rodríguez, “menos efectivos humanos en Sanidad son más listas de espera y más colapso en Urgencias, mientras que menos profesores son más niños por aula y más fracaso escolar”.
“Esta política de recortes no es para aplaudir, es para llorar”, insistió el nacionalista de izquierdas, pues “reducir el gasto público no es bueno para la economía, para el futuro y para los servicios públicos”.
El conservador Miguel Jorge Blanco también arremetió contra el Ejecutivo regional, pues recordó que “el empleo público creció un 7 por ciento en Canarias y el privado cayó un 19 por ciento de 2007 a 2012”.
Por ello, afirmó que “antes de despedir, busquemos otras alternativas, que las hay, porque el Gobierno de Canarias se ha instalado en la inmovilización”.
“Hay altos cargos que están duplicados y que hacen lo mismo que los cabildos. El Gobierno debe dar ejemplo reduciendo altos cargos”, concluyó Blanco.
González Ortiz insistió en que los recortes que está llevando a cabo Canarias están derivados del maltrato presupuestario por parte del Estado y de las medidas que está adoptando el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que pidió coherencia al diputado conservador.
Según el consejero, la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales redujo unos 230 millones en el Capítulo I de gastos de personal, a lo que hay que sumar la disminución del 7 por ciento de los sueldos de los altos cargos y un ahorro de seis millones de euros en jubilaciones no cubiertas.
Sangrante 2013

En cuanto a 2013, año condicionado por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y las “duras condiciones” que según Rodríguez tendrán que incluirse
El consejero negó que el FLA tenga repercusiones en el despido de funcionarios, aunque sí reconoció que el año 2013 “será aún más sangrante” por las condiciones que la UE pondrá al previsible rescate de España.
Con todo, anunció que “intentaremos que esa afección sea lo menos posible”
“No se puede dulcificar la realidad, y un recorte de 3.800 millones de euros en tres años ha traído despidos en el sector público”, insistió Rodríguez.
Por su parte, el socialista Emilio Mayoral, consideró “muy agradable” escuchar que “vamos a cumplir los objetivos de déficit sin destruir empleo en Sanidad y Educación”.
“Si esto es así, vamos por buen camino”, dijo el portavoz socialista
Por el Grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), José Miguel Barragán, reconoció que “sin lugar a dudas tienen consecuencias las medidas obligadas”, como decía el portavoz de NC, pues “no podemos cubrir las interinidades como antes ni las bajas por jubilación”.
“La nómina representa el 43 por ciento de los Presupuestos y el 97 por ciento la prestación de servicios frente a otras comunidades que privatizan”, dijo Barragán.
Con todo, el nacionalista defendió que “estamos haciendo un esfuerzo por mantener el empleo público, aunque si se confirma el rescate de España las medidas serán todavía más severas para los empleados públicos”.

González cobrará hasta 30 euros por revisar los grados de dependencia y discapacidad

El presidente de la Comunidad de Madrid impone tasas a trámites sociales como la expedición del título de familia numerosa o la renovación de la tarjeta sanitaria

La Comunidad de Madrid ha impuesto tasas "en materia de asuntos sociales" que afectarán, especialmente, a personas dependientes y discapacitadas. Así, según la Ley de Tasas y Precios Públicos, dichos ciudadanos pagarán entre 20 y 30 euros por revisar y certificar el grado de dependencia o discapacidad que les corresponde. 
Esta medida imita a la hecha pública ayer en Castilla-La Mancha. El Gobierno de María Dolores de Cospedal admitió ayer a trámite, por el procedimiento de urgencia, el Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos, que impone entre 30 y 40 euros a la revisión del grado de discapacidad y dependencia, respectivamente. 
En ambas comunidades dichos trámites eran gratuitos hasta la fecha. No obstante, la evaluación para solicitar el grado de dependencia o discapacidad seguirá siendo gratuita, como hasta ahora. 
En Madrid, la revisión del grado de dependencia reconocido costará 30 euros, mientras a las personas con discapacidad pagarán 20 euros por la revisión y 10 por la "solicitud de certificación de grado de discapacidad", según estipula el artículo 480 de la citada ley.  
Asimismo, la normativa, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, también obliga a pagar una tasa de 6 euros por la expedición del título de familia numerosa, 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria en caso de pérdida, rotura o robo de la misma; y 30 euros por el "informe de arraigo para la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales". 
Según la orden, esta norma legal persigue "que quienes ya tienen un grado de dependencia reconocido contribuyan a sufragar, al menos parcialmente y en una cuantía moderada, el coste de una actuación administrativa que se genera a su instancia  y de la que serán sus beneficiarios directos", informa Europa Press. De hecho, quedarán exentos del pago de la tasa aquellos "cuya capacidad económica personal sea igual o inferior a dos veces la cuantía del indicador público de renta de efectos múltiples".

2013: año "terrorífico"

El pleno de ayer sirvió al Gobierno regional para ir preparando a los suyos, a la oposición y a los ciudadanos para la que va a caer en 2013. Entre otras cosas, augura que "muchos" no podrán seguir trabajando en la Administración.  

El presidente regional, Paulino Rivero, ayer no se anduvo con rodeos. El próximo año será "terrorífico" para Canarias por los recortes que vendrán desde el Estado. Así lo anunció para que los suyos, la oposición y los ciudadanos tengan bien claro la que se viene encima.
En sus primeras intervenciones en el pleno parlamentario celebrado ayer Rivero lamentó que "muchas personas" no podrán seguir prestando sus servicios en la Administración el próximo año. Si había alguna duda sobre el mantenimiento del empleo público en 2013, las disipó. Eso sí, culpó de la situación a los recortes de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta disminución, sumada al déficit generado para las Islas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica -que cifró en 800 millones por año- lo llevaron a concluir que 2013 hará honor a la mala fama de ese número.
A este panorama se suma el recorte de las inversiones estatales en el Archipiélago -que bajan casi un 50% en dos años, desde algo menos de 1.300 millones de euros a cerca de 700-, lo que constituye un incumplimiento de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). "Esto hace mucho daño", lamentó el presidente canario.
El portavoz de los nacionalistas canarios, José Miguel Barragán, estuvo de acuerdo. Tras advertir de que será "muy difícil" ajustar los presupuestos del próximo ejercicio "sin que los ciudadanos se vean afectados" -dando a entender que en, realidad, será inevitable-, también dejó la puerta abierta a más tribulaciones para los ciudadanos canarios a cuenta de la caída de las inversiones, lo que repercutirá -previsiblemente- en una mayor tasa de paro.
En respuesta a una pregunta del presidente del grupo popular, Asier Antona, Rivero aseguró que la reforma de la Administración emprendida por su equipo se ha visto acelerada por el "sablazo" presupuestario del Gobierno que preside Mariano Rajoy, que obliga al Ejecutivo canario a "profundizar" la adaptación de su estructura a la "nueva realidad". Justo por eso es que "muchos" no podrán seguir prestando sus servicios a la Administración, explicó.
Las dificultades presupuestarias llevaron al mandatario canario a augurar también "muchas dificultades" para garantizar los servicios esenciales, incluso modulando su financiación.
En otra intervención para responder a Barragán por la afección de los recortes de los PGE a las cuentas canarias, Rivero lamentó que la "cantidad masiva de gente que vino durante los últimos 15 años, y que sigue llegando", causó problemas a los ciudadanos de las Islas al afectar el nivel de empleabilidad -sin contar con que Canarias tiene uno de los sueldos medios más bajos del Estado-.
Rivero defendió que, por este motivo, en Canarias -a diferencia de los territorios peninsulares, apuntó-, es importante defender los servicios básicos, pues para la mayoría de los canarios -que cobran esos bajos salarios- no es una opción acudir a la sanidad o la educación privadas.
desalación
Una "migaja de enmienda"
"A Canarias no se le engaña con una migaja de enmienda de cuatro millones", espetó ayer Rivero sobre la corrección prometida por el Gobierno central para la partida de desalación en Canarias, que en el borrador de los PGE no tiene asignación alguna.
Ante una pregunta de la presidenta del grupo socialista, Dolores Padrón, sobre el cruce de declaraciones entre el PP canario y el Ejecutivo estatal a cuenta de este tema, Rivero recordó que mientras los populares fueron socios regionales de gobierno -hasta 2010-, defendieron este tipo de inversiones.
En este sentido, la diputada nacionalista Nuria Herrera se mostró sorprendida por el cambio de postura de los conservadores, que defendieron cuando formaban parte del Ejecutivo canario una iniciativa para mejorar la dotación presupuestaria para la potabilización del agua, algo que entonces consideraban "vital".
"¿Qué pasó con este asunto para dejara de ser vital?", se preguntó Herrera. La consejera del área, Margarita Ramos, confirmó que al Gobierno no le consta que el Estado vaya a rectificar los PGE en esta materia.

JOSÉ MARÍA GAY, el economista indignado



"Éste es un pais de chorizos, lo digo con todo el respeto... y el pueblo tiene que decir ¡basta! El Gobierno está propiciando el fraude fiscal. Son unos ineptos. Ni la patronal ni los sindicatos son independientes, están todos comprados con subvenciones. La gente de más de 45 años que éste en el paro no volverá a trabajar nunca más. Nuestros universitarios se van de este pais, en los centros estamos preparándolos para que se vayan a trabajar a Alemania y Estados Unidos. Yo, seguramente, me iré, porque un pais que no tiene capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser... ¡Venga a desaparecer las empresas, venga a subir los impuestos, venga el IVA! Bueno, bueno, don Mariano, un momento..." Cinco minutos de la intervención del economista catalán José Maria Gay durante la mesa debate que tuvo lugar en Elche (Alicante), a finales de septiembre, como cierre de la celebración de las XIX Jornadas Tributarias de la Comunidad Valenciana. En el canal de youtube de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana se puede ver todo el debate, la participación de los ponentes, las intervenciones de Gay y Francisco Álvarez, del presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, del profesor de la UMH de Elche José María Gras, del profesor Luis Muñiz de la Universidad de Alicante, los representantes de la entidad convocante, asi como el resto del contenido de las jornadas.

Los despidos, inevitables

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, reconoce que «los despidos son inevitables». El consejero indicó que negocia con las distintas áreas para que «sean los menos posibles» pero aún no tiene cifras concretas. Insistió en que «aún hay mucho trabajo que hacer en el Capítulo I» de las cuentas de 2013.
 
El consejero de Presidencia descartó, categóricamente, la posibilidad de que se despidan funcionarios el próximo año. Hernández Spínola subrayó que las extinciones afectarían a laborales y contratados externos. «Ni un funcionario se quedará sin empleo», sentenció el consejero.

La Consejería de Presidencia está trabajando con todas las áreas del Ejecutivo para adelgazar el capítulo I de las cuentas de la Comunidad Autónoma que absorbe el 42% de un Presupuesto que debe recortarse en 575 millones de euros, debido a los ajustes desde el Gobierno central y que ya sufrió en 2012 un recorte de 800 millones de euros a mitad de año.
Indemnización. Una de las preocupaciones de las distintas consejerías del Ejecutivo regional es el pago de indemnizaciones, que podría dispararse. Por ello apuestan, como primera medida, por no renovar contratos temporales y de interinos. Aún así, está medida no será suficiente y deberá reducirse la plantilla de laborales fijos para cuadrar las cuentas más complicadas a las que se ha enfrentado la Comunidad Autónoma en toda su historia reciente.