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| Consejero Presidencia |
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar)
ha querido salir al paso de las últimas declaraciones del consejero de
Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, quien
parece haberse construido una realidad virtual a su medida que no tiene
nada que ver con la situación real que se ha generado en los servicios
públicos de Canarias, tras el recorte salarial y de jornada del 20% a
3.300 trabajadores.
La Plataforma considera que es de suma gravedad que el consejero responsable de los empleados públicos asegure cínicamente que el recorte horario no está afectando de manera trascendental ni apreciable a la prestación de los servicios públicos, y que o bien miente, o bien desconoce totalmente los problemas derivados de la aplicación de la medida, y en ambos casos sería igualmente preocupante.
Por poner sólo algunos ejemplos, la Pepar detalla que en la consejería de Asuntos Sociales la afección es al 80% en el departamento encargado de tramitar las solicitudes de la Ley de Dependencia, llegándose al cien por cien en el caso de los técnicos que visitan a los usuarios y preparan los informes de valoración. A menor tiempo de trabajo menor número de casos valorados. Se estima que con esta medida se atenderá a dos mil personas menos al año, mil valoraciones menos y mil programas de atención individualizada menos en este año 2013.
Hay que recordar que Canarias es ya la segunda comunidad autónoma por la cola en lo que respecta a la aplicación de la ley de Dependencia, con lo que con estos recortes podría situarse como la primera por debajo. De hecho, en su último informe, el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, se mostró alarmado ante el número de quejas recibidas por "excesivo retraso" en la tramitación de solicitudes de ayuda.
Por poner dos casos más: en los servicios centrales de Educación la atención ciudadana se ha visto saturada y cada día se producen incontables colas de estudiantes preguntando por sus becas. Muchos de los empleados públicos que se encargaban de su tramitación y de su grabación son funcionarios interinos o personal laboral temporal o indefinido, afectados por la reducción salarial y de jornada.
En el departamento de Ordenación del Territorio son 40 los empleados públicos afectados, de los cuales 35 son técnicos que informan todo el planeamiento de Canarias, planes generales e insulares de ordenación, planes territoriales de ordenación o proyectos de actuación territorial, de forma que se estima que se producirán graves retrasos en la tramitación de estos documentos imprescindibles para el ordenamiento territorial y el desarrollo de los entornos afectados. Y son muchos más los casos.
Demandas
Por otra parte, casi mil empleados públicos canarios de los 3.300 afectados por el recorte salarial del 20% han demandado judicialmente al gobierno de Canarias ante el atropello a sus derechos laborales y ante la ilegalidad cometida con la medida de reducción salarial y de jornada. Según los primeros datos recabados por la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar), el elevado número de demandas interpuestas (823 contabilizadas) representa prácticamente un tercio de los afectados, una cifra considerable de personas que han optado por no quedarse quietos ante una decisión inaceptable que focaliza unos recortes desproporcionados y abusivos en un grupo muy reducido de personas de forma discriminatoria, en función únicamente de su vínculo contractual con la administración (personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos).
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes pide una vez más al gobierno de Canarias que deje sin efecto una decisión que contraviene la normativa europea, y que está causando terribles daños económicos a los trabajadores (muchos de ellos con sueldos entre 600 y 1000 euros) y a sus familias, además de graves problemas organizativos en los servicios públicos. La Pepar recuerda que hay empleados públicos batallando por sus derechos laborales que continúan acampados día y noche frente a la Dirección General de Función Pública, personas dignas de admiración por su perseverancia y firmeza.
Hasta hace poco se tenía constancia por parte de la Pepar de que 536 empleados públicos afectados por la reducción salarial habían presentado sus demandas individuales a través de las diferentes organizaciones de trabajadores de Canarias. De forma desglosada, a través de Convergencia Sindical Canaria (Ocesp) formalizaron su recurso judicial 260 personas (240 en Tenerife y 20 en Gran Canaria); a través del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) son 200 los demandantes. A través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) suman 21 personas las que han recurrido ante los tribunales la medida, mientras que el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) ha interpuesto 10 demandas individuales en la provincia occidental y 40 en la oriental. Por otro lado, 287 personas más han optado por acudir a los tribunales a través de bufetes de abogados laboralistas particulares: 65 en Las Palmas de Gran Canaria y 217 en Santa Cruz de Tenerife. Estos datos no son definitivos, ya que aún están pendientes de contabilizarse las personas que han interpuesto sus demandas a través de las organizaciones Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), por lo que la cifra total podría alcanzar las mil personas.
La Plataforma considera que es de suma gravedad que el consejero responsable de los empleados públicos asegure cínicamente que el recorte horario no está afectando de manera trascendental ni apreciable a la prestación de los servicios públicos, y que o bien miente, o bien desconoce totalmente los problemas derivados de la aplicación de la medida, y en ambos casos sería igualmente preocupante.
Por poner sólo algunos ejemplos, la Pepar detalla que en la consejería de Asuntos Sociales la afección es al 80% en el departamento encargado de tramitar las solicitudes de la Ley de Dependencia, llegándose al cien por cien en el caso de los técnicos que visitan a los usuarios y preparan los informes de valoración. A menor tiempo de trabajo menor número de casos valorados. Se estima que con esta medida se atenderá a dos mil personas menos al año, mil valoraciones menos y mil programas de atención individualizada menos en este año 2013.
Hay que recordar que Canarias es ya la segunda comunidad autónoma por la cola en lo que respecta a la aplicación de la ley de Dependencia, con lo que con estos recortes podría situarse como la primera por debajo. De hecho, en su último informe, el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, se mostró alarmado ante el número de quejas recibidas por "excesivo retraso" en la tramitación de solicitudes de ayuda.
Por poner dos casos más: en los servicios centrales de Educación la atención ciudadana se ha visto saturada y cada día se producen incontables colas de estudiantes preguntando por sus becas. Muchos de los empleados públicos que se encargaban de su tramitación y de su grabación son funcionarios interinos o personal laboral temporal o indefinido, afectados por la reducción salarial y de jornada.
En el departamento de Ordenación del Territorio son 40 los empleados públicos afectados, de los cuales 35 son técnicos que informan todo el planeamiento de Canarias, planes generales e insulares de ordenación, planes territoriales de ordenación o proyectos de actuación territorial, de forma que se estima que se producirán graves retrasos en la tramitación de estos documentos imprescindibles para el ordenamiento territorial y el desarrollo de los entornos afectados. Y son muchos más los casos.
Demandas
Por otra parte, casi mil empleados públicos canarios de los 3.300 afectados por el recorte salarial del 20% han demandado judicialmente al gobierno de Canarias ante el atropello a sus derechos laborales y ante la ilegalidad cometida con la medida de reducción salarial y de jornada. Según los primeros datos recabados por la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar), el elevado número de demandas interpuestas (823 contabilizadas) representa prácticamente un tercio de los afectados, una cifra considerable de personas que han optado por no quedarse quietos ante una decisión inaceptable que focaliza unos recortes desproporcionados y abusivos en un grupo muy reducido de personas de forma discriminatoria, en función únicamente de su vínculo contractual con la administración (personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos).
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes pide una vez más al gobierno de Canarias que deje sin efecto una decisión que contraviene la normativa europea, y que está causando terribles daños económicos a los trabajadores (muchos de ellos con sueldos entre 600 y 1000 euros) y a sus familias, además de graves problemas organizativos en los servicios públicos. La Pepar recuerda que hay empleados públicos batallando por sus derechos laborales que continúan acampados día y noche frente a la Dirección General de Función Pública, personas dignas de admiración por su perseverancia y firmeza.
Hasta hace poco se tenía constancia por parte de la Pepar de que 536 empleados públicos afectados por la reducción salarial habían presentado sus demandas individuales a través de las diferentes organizaciones de trabajadores de Canarias. De forma desglosada, a través de Convergencia Sindical Canaria (Ocesp) formalizaron su recurso judicial 260 personas (240 en Tenerife y 20 en Gran Canaria); a través del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) son 200 los demandantes. A través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) suman 21 personas las que han recurrido ante los tribunales la medida, mientras que el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) ha interpuesto 10 demandas individuales en la provincia occidental y 40 en la oriental. Por otro lado, 287 personas más han optado por acudir a los tribunales a través de bufetes de abogados laboralistas particulares: 65 en Las Palmas de Gran Canaria y 217 en Santa Cruz de Tenerife. Estos datos no son definitivos, ya que aún están pendientes de contabilizarse las personas que han interpuesto sus demandas a través de las organizaciones Intersindical Canaria (IC), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), por lo que la cifra total podría alcanzar las mil personas.
