martes, 28 de febrero de 2012

HOY DIA 29 DE FEBRERO MANIFESTACIÓN

POR EL EMPLEO Y LA JUSTICIA SOCIAL Y CONTRA LA REFORMA LABORAL

TENERIFE: 19:30 HORAS desde la Plaza de Los Patos
 hasta la Plaza El Príncipe.

GRAN CANARIA: 19:30 HORAS desde el Parque San Telmo
 hasta la Plaza La Feria.

LANZAROTE: 19:00 HORAS desde León y Castillo 
hasta la Subdelegación de Gobierno.

LA GOMERA: 17:15 HORAS Plaza de la Constitución.

LA PALMA: 19:30 HORAS  desde la Plaza España 
hasta la Subdelegación de Gobierno.

 ASISTE TU FUTURO Y EL DE TUS
HIJOS ESTA EN JUEGO

72.000 empleados públicos de CLM, llamados a la Huelga contra los "recortes" de Cospedal

Los más de 72.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha están convocados este miércoles a una jornada de huelga para mostrar su rechazo al "plan de recortes" del Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal, convocados por CCOO, UGT, el Sindicato Independiente de Celadores, Personal de Gestión y Servicios (SIC-GS), la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), la Federación de Empleados Públicos Unión Sindical Obrera (FEP-USO) y la Intersindical de Castilla-La Mancha (STE, STAS y SF).

Los sindicatos, que también celebrarán concentraciones -a las 12.00 horas- y manifestaciones -a las 18.00 horas- en las cinco capitales de provincia, consideran que el Ejecutivo regional está "dañando" la imagen del empleado público con las medidas recogidas en el denominado por el Ejecutivo regional Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos.

Los convocantes lamentan que el Gobierno regional les penalice por estar enfermos y dude de su profesionalidad y consideran que el Estado del Bienestar "peligra" en Castilla-La Mancha con una ley que saldrá publicada este mismo miércoles, lo que las organizaciones sindicales ven como una "provocación" más del Gobierno de Cospedal.

"Ni un recorte más!, ¡ni una prestación menos!, ¡ni un derecho menos!, ¡ni una privatización más! ¡Movilízate!" es el lema que los sindicatos han elegido para esta jornada de huelga, con la que pretenden luchar contra la "destrucción masiva" de empleo público que está llevando a cabo el Gobierno de Cospedal y contra el "desmantelamiento" de los servicios públicos.

Los convocantes cifran en 6.000 los empleados públicos que han perdido su puesto de trabajo en la Junta de Castilla-La Mancha y denuncian que existen listas de ceses de interinos que hacen sospechar "que se van a despedir a unos 4.000-5.000 empleados de la sanidad regional".

A un día de la convocatoria -los sindicatos han criticado que los servicios mínimos fijados por el Gobierno son "un abuso"- el responsable regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha destacado que existen "razones más que fundadas" para la convocatoria, mientras que el secretario regional de CCOO, José Luis Gil ha confiado en que su éxito "fuerce al Gobierno a rectificar".

MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES

Concretamente, en Albacete los sindicatos se concentrarán a las 12.00 horas en la Plaza del Altozano y se manifestarán a las 18.00 horas desde la Plaza Benjamín Palencia hasta la Plaza del Altozano. En Ciudad Real la concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en la Plaza de Cervantes y la manifestación a las 18.00 horas en la Plaza Gasset para terminar en la calle Paloma.

En Cuenca los sindicatos se concentrarán a las 12.00 horas en la Plaza de España y se manifestarán desde la Plaza de la Estación para concluir en la Plaza de España. En Guadalajara la concentración será en la Plaza de Santo Domingo a las 12.00 horas y la manifestación en el Palacio del Infantado hasta la Plaza de Santo Domingo a las 18.00 horas.

Por último, en Toledo la concentración se ha convocado en la Plaza de Zocodover a las 12.00 horas y la manifestación partirá a las 18.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de Zocodover. En Talavera habrá sólo una manifestación, a las 12.00 horas, que partirá de la Biblioteca 'José Hierro' a la Plaza del Pan.

Brutalidad Policial

 Brutalidad policial, torturas y agentes municipales laguneros: (las bestias hablan otro idioma)
 por FERNANDO CAñADILLAS RAMALLO (*)
¿Qué podemos hacer en 42 horas? Salgo la noche, a charlar un rato, beber con los amigos y pasear con mi novia. Ella es de Eslovenia y en Eslovenia se habla esloveno. Por lo tanto, es una lengua oficial de la Unión Europea. Y precisamente era esloveno lo que yo hablaba a viva voz en la calle, cuando tres policías locales me redujeron brutalmente. Los agentes pensaban que yo les insulté en alemán cuando registraban un coche cercano. Del alemán pasamos al siguiente menú.

De entrante, dos estampadas de mi cabeza contra la pared al grito de “¡Ahora vas a hablar checo y polaco, hijo de p...!”. Como primer plato, reducción de ambas manos con grilletes que amorataron cúbito y radio. Como plato fuerte, retorcimiento del pulgar, así como del codo derecho, acompañado con erosión en la rodilla. De ahí hasta la parada en el Centro Nacional de Policía, donde me encierran durante una hora en un coche, con las esposas puestas y con tres centímetros de rendija. Esta secuencia ellos la denominan “fuerza mínima indispensable”. La ventanilla abierta fue todo un detalle porque las bestias también respiran, podríamos pensar. Pero las bestias no hablan esloveno. Ni siquiera la lengua a la que yo fui sometido.

Este es el idioma oficial del sábado noche, de la brutalidad por placer y del anacronismo policial. Un idioma cuyos sintagmas nominales son la tropelía, el desdén y la ignorancia, cuyos predicados verbales se ejecutan con grilletes y porras y cuyo sustantivo común es la mentira. Según la denuncia policial, yo obstaculicé, golpeé e increpé a la autoridad, pero lo que yo hacía era hablar esloveno. A pesar de pruebas evidentes, la jueza pensó también que las bestias hablaban esloveno. Ahora que se destapan tantos abusos de poder por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, puntualizo que estas transgresiones al ciudadano no solo acaecen en momentos de agitación social, sino en cualquier salida nocturna.

Por ello, es imprescindible vigilar a quienes nos vigilan y constatar los hechos de forma más fehaciente. No sobraría tampoco un examen psicométrico de acceso al cuerpo policial, porque ¿a estos caballeros uniformados se les enseña la asignatura de la tortura soviética? ¿Pragmática de la bravuconería? ¿Matonismo de excelencia? Quizás a la clase política le interese revisar la calidad humana de quienes nos protegen y de paso no aumentar el descontento social y la pérdida de votos.

Son solo alternativas. En realidad, me gustaría contar que las 42 horas de mi pregunta inicial fueron empleadas en películas, libros o besitos con mi novia. Pero nada más lejos de la realidad, señoría, esas 42 horas se condesaron en un calabozo de 125 baldosas, con ambientador a orín y un bocadillo de pan duro. Sentado, imaginaba esas alternativas para corregir una tendencia cruenta e ilógica. Y mientras dibujaba la utopía, yo desobedecía en esloveno, dormía dos noches entre barrotes con mi amigo Cortázar y las bestias seguían hablando otro idioma.

(*) Licenciado en Periodismo y víctima de la brutalidad policial en La Laguna. 

Informa UGT

UGT alerta sobre la posible sustitución de trabajadores del sector público, despedidos por la reforma laboral, por trabajadores en paro


UGT alerta sobre los peligros de generalizar que los trabajadores en paro desempeñen tareas sociales, tal y como defiende el Gobierno, pues esto puede suponer la sustitución de los empleados del sector público, que serán despedidos como consecuencia de la reforma laboral, por trabajadores en paro, que tendrán la obligación de trabajar gratis.
Al mismo tiempo, critica que el Gobierno, con este tipo de propuestas, vuelva a culpabilizar a los trabajadores desempleados de su situación. 

Nuestra legislación (RD1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, articulo 213, apartado 3) recoge que se pueda exigir a los perceptores de prestaciones por desempleo el desempeño de tareas sociales, sin que exista relación laboral entre el desempleado y la entidad en que se presten dichos trabajos, siempre y cuando estas tareas reúnan una serie de requisitos (ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad; tener carácter temporal, coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado y no suponer cambio de residencia habitual del trabajador). 
Pero a partir de la reforma laboral (RDL 3/2012 del 10 de febrero), el Gobierno pretende incentivar este tipo de convenios, lo que supondrá la sustitución de los trabajadores expulsados del sector público- que serán despedidos como consecuencia de la reforma- por trabajadores en paro, que tendrán la obligación de trabajar gratis. Esto conllevaría más paro y precariedad. Hay que recordar que la reforma laboral impuesta por el Gobierno, cuyo objetivo según defiende es generar empleo, autoriza a las Administraciones Públicas en su Disposición Adicional segunda a la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público..
 
La experiencia demuestra que este tipo de programas siempre ha tenido problemas en su implantación, primero porque no se puede suplir trabajo remunerado por trabajo gratuito y menos en funciones que son propias de determinados organismos y, segundo, por el vacío formativo para desempeñar este tipo de tareas (excepto cuando estos convenios se hacían con Organismos dependientes de la Administración Central). Lo que pretende ahora el Gobierno es generalizar pequeñas experiencias piloto, con resultados cuestionables, según los datos y la información recogidos por los Servicios Públicos de Empleo. 
 
UGT muestra su preocupación porque el Gobierno vuelve a culpabilizar al trabajador en desempleo de su situación y trata de enfrentar, de nuevo, a los trabajadores en paro con los que tienen empleo, en este caso en el sector público.

A propósito de la "austeridad" que se exige a los pueblos de Europa


 UNA CRISIS CON DINERO Y SIN VERGÜENZA

 
Todos los as, asistimos al mismo y pésimo numerito, con los mismos y pésimos personajes: Ángela Merkel, Nicolás Sarkozy, Christine Lagarde, Mario Draghi. Los representantes de la llamada Troika o Triunvirato - Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo -  que gobierna Europa al margen de los pueblos y al servicio del capital internacional. Y todos los as, con la misma retahíla: déficit, freno de la deuda, rescate, medidas de austeridad.
 
El significado de austeridad ha cambiado, con la llamada crisis económica. En política, se entendía la austeridad como la ausencia de gastos superfluos, de despilfarros, en la gestión del dinero público. Ahora, las políticas de austeridad tienen otra acepción: recorte del gasto público normal, de la inversión pública habitual, recortes salariales, desmantelamiento de los derechos laborales y de los servicios públicos conquistados por la clase trabajadora, a lo largo de muchas luchas.

    Pero mientras los personajes del triunvirato exigen a los pueblos de Europa "austeridad", es decir, pérdidas de derechos y sacrificios muy fuertes, surgen noticias - no muy extendidas - sobre su vida de "austeridad".

    De Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, hemos podido saber que se subió el sueldo un 11% más que su antecesor que ya se lo haa subido un 20%.
 
    Y también que está siendo investigada por malversación, por el pago de 285 millones del Estado a Bernard Tapie, amigo del Presidente Sarkozy, en el 2008, cuando ella estaba al frente del Ministerio de Economía.
 
    Del Presidente francés, Sarkozy, hemos podido saber que utilizó un avión presidencial para repatriar a su hijo Pierre, hospitalizado durante unas horas en Ucrania por una intoxicación alimentaria. El coste fue de 40.000 euros según el Ministerio de defensa.
 
    Y también que el presupuesto del Elíseo ascendió a 113 millones de euros en el 2010, duplicando los gastos de la reina de Inglaterra y que desde el 2007 ha ido aumentando los gastos en coches oficiales, sondeos y viaje. La partida para comidas y recepciones alcanzó la cifra "austera" de 12.000 euros diarios.

      De la Canciller alemana, Ángela Merkel, hemos podido saber que perdió a uno de sus más cercanos correligionarios, el presidente alemán, Christian Wulff, por un escándalo de tráfico de influencias que está siendo investigado: crédito privado con unas condiciones muy ventajosas de empresarios amigos por medio millón de euros, con el que adquirió una casa unifamiliar, vacaciones en la exclusiva isla alemana de Sylt que pagó el productor cinematográfico, David Groenewold, después de la concesión de un aval de un millón de euros a su empresa, vacaciones en Italia, España y Estados Unidos a invitación de diversos empresarios amigos locales y adquisición de vehículos para uso privado en condiciones sospechosamente favorables.


     En una declaración institucional poco después de la dimisión de Wulff, la canciller Ángela Merkel que lo haa propuesto para el cargo, señaló que haa recibido la noticia "con gran respeto" y "gran pesar", y afirmó que el presidente saliente y su esposa representaron "con dignidad" a Alemania.


     De Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, hemos podido saber que fue vicepresidente de Goldman para Europa desde 2002 a 2005, ascendido a socio y nombrado responsable de empresas y deuda soberana de los países europeos, siendo una de sus funciones vender "swaps", productos financieros con los que se ocultó una parte de la deuda soberana y que, en consecuencia, permitieron falsear las cuentas de Grecia.

     Pero, sin vergüenza, exigen austeridad a los pueblos de Europa, mientras  ellos viven a cuerpo de rey y el dinero circula a raudales por los mercados financieros - 2 billones de dólares todos los as sin control y sin impuestos - y campa a sus anchas la llamada financiarización, el proceso en el que predominan las actividades financieras - que genera especulación - sobre la actividad productiv - que genera empleo, bienes y servicios. Sin vergüenza, los billones de euros y de dólares que origina la especulación se acumulan en los paraísos fiscales.
 

 Sin vergüenza, pretenden con el proyecto de tratado, en la Cumbre europea de marzo de 2012, reforzar la "austeridad", lo que, evidentemente, no aumentará el crecimiento económico, ni resolverá la "crisis" de la deuda soberana. Se utiliza para que en muchos países  - como España que según Rajoy, "tiene que cumplir las reglas del Club del Euro" - se pueda cuestionar el sistema de relaciones sociales y negociación colectiva para rebajar los salarios, debilitar la protección social y privatizar los servicios públicos. Es el capitalismo de siempre, pero ahora con más dinero que acumulan sin frenos, sin límites y sin vergüenza.

Por ello, las centrales sindicales europeas han convocado, el 29 de febrero, una gran jornada de protesta en toda Europa, la Euromovilización a la que se están sumando los sindicatos de estudiantes, por una Europa Social, por el empleo y la justicia social.
 
 (*) Maa Puig Barrios es Secretaria General del Partido Comunista de Canarias.
 

Con los bancos negocian, a los trabajadores imponen

“…si para quitar derechos a los trabajadores se ha utilizado un decreto de ley con el objetivo de acelerar la reforma e imponerla a la sociedad con la fuerza de la ley, con los bancos tienen la deferencia de negociar con ellos…”
De la propuesta del ministro Luis de Guindos de establecer una especie de dación en pago para determinadas situaciones de pobreza me llama la atención dos cuestiones:
La primera es el momento elegido por el gobierno para hacerla pública, justo después de imponer una reforma laboral -que firmaría sin dudarlo Margaret Tatcher- que ha cercenado los derechos de los trabajadores, pareciendo más una cortina de humo mediática con vistas a las próximas elecciones andaluzas que el reflejo de una preocupación sincera por las penalidades de muchos conciudadanos…
La segunda cuestión es la forma cómo se ha planteado el cambio de la legislación hipotecaria que deja ver el trasfondo de la medida, si para quitar derechos a los trabajadores se ha utilizado un decreto de ley con el objetivo de acelerar la reforma e imponerla a la sociedad con la fuerza de la ley, con los bancos tienen la deferencia de negociar con ellos, es decir, pedir permiso a los banqueros para que el Estado legisle en el ámbito financiero, limitándose a proponer códigos deontológicos de incierto cumplimiento…lo dicho, a los ciudadanos no se nos pregunta, se nos impone, a los banqueros se les suplica.
José Rosiñol Lorenzo

La mano invisible

Gestiones decisivas en la causa general contra Garzón

Ernesto Ekaizer

El magistrado Andrés Martínez Arrieta, ponente en el caso de memoria histórica contra Baltasar Garzón, presentó la semana pasada, el jueves, día 23 de febrero, su texto. Según fuentes fidedignas, dijo que si los otros seis magistrados no estaban de acuerdo, pues tendrían que buscar otro ponente. Era una manera de decir que su proyecto de sentencia era absolutoria. Este desenlace hubiese sido innecesario si, como parecía, la mayoría de la sala hubiera votado en las cuestiones previas, el pasado 31 de enero, anular el juicio por las presuntas irregularidades de la instrucción.
La reconstrucción de las horas que precedieron a la decisión del tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de continuar es una novela de no ficción para la cual cabría un premio importante. Porque arroja luz sobre la causa general emprendida por el Tribunal Supremo contra Garzón.
Y en esa reconstrucción hay una figura por la cual el abogado y novelista John Grisham, autor de bestsellers judiciales, estaría dispuesto a pagar, si hiciese falta. Ya sabemos que la realidad supera ficción. O si se prefiere, la realidad o la vida del Supremo imita, que diría Oscar Wilde, al arte o la ficción.
Esa figura es el ex magistrado Adolfo Prego. Este es el hombre que arropó en 1987, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a dos magistrados al Tribunal Supremo: Luciano Varela y Manuel Marchena. Dos instructores de causas contra Garzón (víctimas del franquismo y cursos de Nueva York, respectivamente) y miembros del tribunal que le ha juzgado (grabaciones realizadas sobre las conversaciones entre los acusados presos del caso Gürtel y sus abogados, dos de ellos imputados y otros tres sin imputación alguna) y condenado a once años de inhabilitación por el delito de prevaricación.
Prego abandonó el Tribunal Supremo en septiembre pasado para ocupar un puesto en un bufete privado. ¿Y entonces qué pinta en esta historia? Pintó en sus antecedentes y ha pintado de manera privada y discreta a modo de mano invisible. "O la voz invisible", como bromea un ex magistrado.
¿Voz invisible? Cuando los magistrados de la sala que enjuiciaba los crímenes del franquismo mostraron cierta "debilidad" a la hora de considerar que quizá fuese mejor aprovechar las cuestiones previas para anular el juicio, Prego movilizó sus razonamientos a través del teléfono. Finalmente, cuatro magistrados votaron por continuar el juicio y tres en contra.
Según varias fuentes consultadas, el ex magistrado persuadió finalmente a uno de los jueces de la sala, Miguel Colmenero, ponente a su vez de la causa de las grabaciones en prisión, de que sería un desastre admitir las cuestiones previas porque ello suponía dejar al magistrado instructor Luciano Varela, también miembro de la sala de las grabaciones, a los pies de los caballos.
La relación de Prego con Colmenero es de una gran amistad y se remonta a los tiempos de su coincidencia en Segovia. Prego fue titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Segovia desde 1983 hasta 1986 y más tarde ascendió a presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, entre 1995 y 1998. Ese año, Prego y Miguel Colmenero, fiscal jefe en Segovia, pasaron al Tribunal Supremo, como magistrado y fiscal respectivamente. Prego pasaría más tarde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Colmenero sería magistrado del Tribunal Supremo. Ambos se reencontrarían en el Supremo con el regreso de Prego, al abandonar el CGPJ.
Prego arropó especialmente a Varela y a Marchena para el Supremo desde su posición en el CGPJ. Aunque de ideas aparentemente opuestas, y con puntos de vista diferentes ambos coincidieron en la implantación de la ley de jurado. Para Prego el nombramiento de Varela, presuntamente progresista, era una manera de compensar la candidatura de Marchena, conservador, al Supremo.
Prego fue apartado en junio de 2011 del tribunal que debía juzgar a Garzón al ser aceptada su recusación. En septiembre de 2011 solicitó una excedencia voluntaria para pasar a la actividad privada en el conocido bufete del abogado Ramón Hermosilla. Y su lugar en el tribunal que debía juzgar la instrucción de la causa de las víctimas del franquismo fue ocupado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que asumió la ponencia. Martínez Arrieta, que sí apoyó la sentencia condenatoria en el caso de las grabaciones de Gürtel, elaboró una sentencia absolutoria en el caso de las victimas del franquismo que entregó el pasado jueves a los miembros del tribunal.
Fuentes solventes señalan que Prego influyó en la idea de que el juicio contra Garzón debía al menos celebrarse porque anularlo en la fase cuestiones previas hubiera supuesto tal varapalo para el instructor, Luciano Varela, y para los miembros de la sala que habían admitido y resuelto los recursos en el proceso de instrucción que la sala segunda del Tribunal Supremo como tal quedaría dañada.

Baselina a gogo

El Gobierno anuncia un cambio "radical" en la gestión de recursos públicos

La vicepresidenta dice que España "no puede permitirse otra cosa que reducir el déficit"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció este martes en la Comisión Constitucional del Senado para avanzar los próximos pasos del Gobierno. Hizo varios anuncios: el primero fue que los Presupuestos, dada la cifra de déficit y con la recesión llamando a la puerta, serán "austeros, ajustados y realistas y transformarán radicalmente la forma de gestionar los recursos públicos".

Se trata, según manifestó la vicepresidenta, de un cambio "imprescindible por razones económicas, por ética pública" y por respeto al esfuerzo que están realizando los contribuyentes.
La vicepresidenta consideró que no es el momento de "repartir culpas o poner excusas" por la desviación de dos puntos y medio del déficit público, sino de aprender lecciones del pasado para no repetir los errores y ponerles remedio. Pero después de la de cal llegó la de arena y acusó al PSOE: inmediatamente después recordó que se ha pasado de superávit a déficit en pocos años, y denunció que en 2006 se relajara el control por parte del Estado y que se permitiera a las Comunidades Autónomas que también se relajaran sin lograr impulsar el crecimiento.
Los ingresos han caído y ahora el país no puede permitirse otra cosa que reducir el déficit, según sus palabras, porque el pago de la deuda y de sus intereses absorbe dinero que podría dedicarse a obras públicas o servicios sociales y ahoga el crédito que debería destinarse a empresas y familias.

Poder de veto del Senado

De ahí la importancia que concedió al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobará el viernes y que según ella, convertirá "la regla básica de la economía doméstica, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa, en norma legal de obligado cumplimiento para todas las administraciones". Al mismo tiempo anunció que el Senado tendrá capacidad de veto sobre el techo de gasto que fije el Gobierno.
Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno quiere dotar al Senado de mayor peso político y, para ello, está dispuesto a conceder a la Cámara Alta la capacidad de vetar la cifra de techo de gasto que establezca cada año el Ejecutivo. La vicepresidenta indicó que si el Congreso de los Diputados aprueba el techo de gasto para el conjunto de las administraciones pero el Senado lo rechaza, a partir de ahora el Ejecutivo tendrá que reelaborar una estimación del tope de gasto público. Ese fue otro anuncio
Y en esa línea de contener el gasto y de hacerlo más eficiente, hizo otro anuncio ya esbozado hace unas semanas por el ministro de Hacienda: el Gobierno prevé reformar el código penal para para que se pueda castigar con "inhabilitación" a los políticos que gasten demasiado o cometan una "grave negligencia" en la gestión de las administrciones públicas. Lo hará en el marco de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que Mariano Rajoy prometió en su discurso de investidura y que el Ejecutivo pretende poner en marcha a partir de abril.  
Sáenz de Santamaría explicó que la nueva legislación incluirá una modificación del Código Penal para tipificar como delito las conductas "más graves" en las que puedan incurrir los políticos en la gestión de las administraciones públicas. En particular, señaló que esa reforma del Código Penal contemplará penas de "inhabilitación" para quien gaste en exceso el dinero público, quien cometa una "grave negligencia" en la gestión o cometa un "quebranto para la Hacienda Pública".  
Y un último anuncio también destinado a ahorrar: la puesta en marcha de un plan integral de gestión inmobiliaria tras constatar que la Administración General del Estado dispone de 55.000 edificios y, paradójicamente, se gasta 100 millones de euros en alquileres. Sólo en Madrid el valor del patrimonio inmobiliario alcanza los 500 millones. La vicepresidenta consideró que resulta "inaceptable" que haya inmuebles a los que no se da ningún uso y defendió la puesta en marcha de un plan integral de gestión del patrimonio.
Este plan establecería pautas homogéneas para la gestión de los 55.000 edificios que el Inventario General de Bienes Inmuebles atribuye a la Administración General del Estado. El programa definirá criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de mantenimiento y conservación.
Publicado en http://www.publico.es/espana/424232/el-gobierno-anuncia-un-cambio-radical-en-la-gestion-de-recursos-publicos

DENUNCIA DE LOS COMITÉS DE EMPRESA

El director de Protección al Menor y la Familia contrata a dedo a su vecino
Moreno pagó 18.000 euros por un estudio que los empleados públicos hacían gratis. La Consejería de Políticas Sociales niega el trato de favor.
Los comités de empresa de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en Gran Canaria y Tenerife han denunciado la contratación “en silencio” del presidente de los empresarios de Arucas para, a cambio de 18.000 euros, realizar un estudio sobre familias numerosas en Canarias, que ya llevaban a cabo los propios funcionarios de la Consejería “con un coste cero”.
El contrato, sin necesidad de concurso ni publicidad, fue asignado a dedo por el director general de Protección del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno, a su vecino Antonio Medina Quesada, ex candidato al Cabildo de Gran Canaria por CC.
En una rueda de prensa celebrada este martes en ambas capitales, los representantes sindicales denunciaron que la iniciativa de ese estudio sobre familias numerosas había partido de los propios trabajadores de la Consejería. “Se trataba de hacer un mapa cuántos recursos existen a disposición de las familias numerosas: los de aplicación procedentes del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los distintos municipios, así como también la posibilidad de establecer convenios con comercios y empresas que ofrezcan ventajas a dichas familias”, afirmó un portavoz sindical.
La sorpresa vino cuando “de pronto”, ese estudio “es encargado a un tercero ajeno a la administración a través de un contrato menor externo por importe de 18.000 euros procedentes de las arcas públicas”.
Para llevar a cabo el trabajo, el empresario tuvo que solicitar a los funcionarios los datos que habían recabado sobre familias numerosas y, para colmo, se ofreció a darles un curso sobre la materia, cuando algunos de los trabajadores llevan gestionando desde hace décadas.
En un comunicado, los representantes sindicales añaden que temen ser cuestionados por la propia Consejería por no haber respetado el sigilo profesional. “No cae sigilo porque se trata de dinero público; la información es de interés general y nuestra obligación como empleados públicos es denunciar este tipo de prácticas e impedir que, precisamente al amparo del secreto del trabajo, se lleven a cabo con toda impunidad”.
“Es una contratación legal”
Por su parte, José Gilberto Moreno ha negado en un comunicado que se haya llevado a cabo una contratación laboral, sino que se trata de la contratación de un estudio técnico “que se ajusta totalmente a la legalidad y la normativa vigente en cuanto a la contratación con la administración pública”.
El director general de Protección al Menor y la Familia insiste en que “en realidad, lo que denuncia el comité de empresa es la contratación de un estudio técnico cuyo fin es analizar la viabilidad de un programa de responsabilidad sociocorporativa dirigido a familias numerosas”, aclaró Moreno.
Para llevar a cabo el estudio “se ha buscado la colaboración de una empresa especializada para la realización de este tipo de análisis que, además, cuenta con el reconocimiento de diferentes asociaciones empresariales, de hecho, la persona titular de la empresa es técnico especializado de informática, gestor y auditor de calidad, gerente de empresas y miembro de Cecapyme y la Cámara de Comercio de Gran Canaria”, sostiene Moreno

Informa de Intersindical Canarias


A LOS/LAS REPRESENTANTES SINDICALES Y A LOS AFILIADOS/AS DE INTERSINDICAL CANARIA Y AL CONJUNTO DE CLASE TRABAJADORA CANARIA

Intersindical Canaria llama a sus afiliados/as y al conjunto de la clase trabajadora en Canarias a participar en las manifestaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), a la que pertenecen los sindicatos CC.OO y UGT, por entender que tal convocatoria se centra en el rechazo a la Reforma laboral recientemente aprobada por el Gobierno del P.P., lo cual hace posible la unidad de acción en esta movilización concreta.
Entendemos que ahora es el momento de sumar fuerzas en un proceso de denuncia y rechazo de una Reforma laboral que deja indefensa a la clase trabajadora, con un conjunto de medidas durísimas de recorte de derechos, abaratamiento del despido y debilitamiento de la negociación colectiva, que pretende convertir las relaciones de trabajo en  un nuevo sistema  feudal de vasallaje para las personas asalariadas. Y lo hacemos desde los planteamientos del sindicalismo de clase que representa la Federación Sindical Mundial, en la que estamos encuadrados, y con la perspectiva de la imperiosa necesidad de convocar una Huelga General en Canarias.
Nuestra presencia en esas manifestaciones se hará formando un bloque propio y diferenciado, con nuestra propia pancarta de cabecera (“Sobran reformas laborales. Sobran explotadores”) y nuestro propio Manifiesto.

En Tenerife la Manifestación partirá dese la Plaza de los Patos a partir de las 19,30 horas del día 29 de febrero 2012.

En Gran Canaria, la manifestación partirá desde la Plaza de San Telmo a las 19,30 horas del día 29 de febrero de 2012