Una ayuda contra los desahucios de los Bancos

Parece demasiado fácil, pero a veces las soluciones más sencillas son
las más eficientes. Hacedlo circular.
Medidas legales contra los desahucios:
 

El banco embarga la vivienda familiar y dependiendo del precio que dicho banco consiga en la subasta, el embargado sigue debiendo lo que el banco "cree oportuno" y de por vida. Cuando las subastas quedan
vacías (que es lo que está pasando como norma) el banco se queda con la propiedad a menos del 50% de su valor. Continuando con el reclamo del 100% al embargado y pudiendo revender esa propiedad por el precio
que ellos estimen oportuno con un 50% de margen... Una gran estafa, vaya.

Hoy os vamos a explicar un "modelo legal", que un banco no te va a contar, pero nosotros sí que lo vamos a hacer. Método por el cual, se pierde de igual manera la "propiedad", pero, no te pueden echar de tu casa.

En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente le hace un contrato de alquiler a su mujer/suegra/hijo/hermano o a quién se pueda, por el valor de 1€, 5€ o 10€, con una duración "indefinida"/50 años, 100 años. Cantidad únicamente simbólica. El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca. El contrato debe estar pasado por el registro de la propiedad.

En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero figura como una propiedad con inquilinos. Resultado del embargo, la "titularidad de la propiedad" cambia, a
nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos. Con esta maniobra, perderíamos la propiedad, continuaríamos debiendo la hipoteca, pero, tendremos que pagar a nuestro nuevo "casero" por
nuestro expiso 10€ al mes y de por vida..
Ya que ellos, no dan soluciones, nosotros las buscamos. Aquí tenéis un gran arma, cuando "legalmente" no pueda seguir usándose, buscaremos más.
Medidas de guerra para un tiempo de guerra. Abogados en Acción

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital.

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la

Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

Publicado en http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2012-02-17/la-importancia-de-movilizarse-en-contra-de-las-medidas-neoliberales/2012021716542100116.html

MANIFIESTO DE LOS ABOGADOS LABORALISTAS DE CANARIAS CONTRA LA REFORMA LABORAL

Los abajo firmantes, abogados laboralistas ejercientes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, manifestamos nuestro rechazo a las decisión adoptada por el Gobierno en orden a recortar los derechos de los trabajadores y desempleados, instrumentalizada a través de la aprobación de la reforma laboral el 11 de febrero de 2012 mediante Real Decreto Ley 3/2012.

Consideramos del todo punto inaceptable que en aras de alcanzar un objetivo deseable como es de la disminución de las altas tasas de desempleo existentes en nuestro País y de forma particular en Canarias, en vez de crear puestos de trabajo dignos y estables, se pretende eliminar parados de las listas de desempleados mediante medidas drásticas que atentan contra derechos fundamentales basados en principios de equidad.

Nos parece de suma gravedad que, entre otras nefastas medidas, se facilite y abarate el despido individual y colectivo, se permita sin control alguno el descuelgue salarial por el empresario de los salarios pactados en convenio colectivo, se dote de máxima flexibilidad y poder discrecional al empresario en detrimento de la negociación colectiva y de los derechos de los trabajadores, se pretenda – en beneficio empresarial – desarticular la finalidad de defensa de los derechos de los trabajadores de los sindicatos de clase, se extienda la posibilidad del despido colectivo al personal laboral de la administración, se permita la realización de horas extraordinarias – que no cotizan al desempleo – a los trabajadores a tiempo parcial, etc.

Todas estas medidas, lejos de fomentar una efectiva y duradera creación de empleo estable, únicamente contribuirán a aumentar a niveles no tolerables la inseguridad vital de las personas, lo que sin duda repercutirá negativamente en sus niveles de confianza y comportamientos de consumo, creando una espiral de deterioro progresivo de la ya maltrecha situación económica.

Por todo ello, entendemos que está plenamente justificada y, en consecuencia, apoyamos la decisión adoptada por las centrales sindicales de convocar una manifestación para el próximo domingo 19 de febrero con el fin de conseguir que se retiren tan inoportunas y contraindicadas medidas y que se abran posibilidades reales de diálogo social con otras formas y otros contenidos más acordes con los intereses de los ciudadanos de este País.

El Sepca recurre el decretazo de Bermúdez

ANTE LA SUBDELEGACIÓN, EL GOBIERNO REGIONAL Y EL AYUNTAMIENTO

El sindicato considera que ordenar las máximas sanciones por la tesorería, es ilegal y atenta a los principios de tipicidad y proporcionalidad.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha recurrido ante la Subdelegación del Gobierno, el Gobierno regional y el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el decreto firmado por el alcalde José Manuel Bermúdez el pasado 3 de febrero, por el que se ordena a los instructores de procedimientos sancionadores que se impongan las máximas sanciones a los ciudadanos que comentan faltas municipales, atendiendo al precario estado de las arcas municipales.
Los representantes del sindicato, mayoritario en el Ayuntamiento, han requerido este jueves a la Subdelegación del Gobierno y a la Viceconsejería de la Presidencia, la anulación del decreto en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, al tiempo que han presentado un recurso de alzada ante el consistorio en el que solicitan la suspensión cautelar de la tercera disposición del texto, la más polémica.
Esa disposición tercera dice textualmente: “Los órganos superiores de los servicios municipales competentes, en relación con la tramitación de los procedimientos sancionadores, priorizarán en la adopción de las medidas oportunas en orden a que, teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual invocada en los antecedentes del presente Decreto, las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible. Así mismo, priorizarán en potenciar el ejercicio de cuantas acciones fueran procedentes con el fin de exigir al infractor las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiere lugar”.
Sepca entiende que esta disposición “constituye, cuando menos, un claro y manifiesto ejemplo de desviación de poder”, es decir, “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.
“Grosero” afán recaudatorio
Afirman que el Ayuntamiento “viene a reconocer de manera grosera y evidente” que los instructores de procedimientos sancionadores “deben valorar en su máxima graduación las posibles faltas cometidas por los ciudadanos a fin de ingresar en las arcas municipales mayores ingresos, y todo ello como consecuencia de la precaria situación económica municipal”.
Añaden que “queda claro que se obliga a los instructores de los procedimientos sancionadores a ejercer dicha potestad, no como un mecanismo de corrección de los ciudadanos antes las conductas antijurídicas que desarrollen (debiendo imponérseles la sanción que corresponda en atención al criterio legal de tipicidad y proporcionalidad), sino como un instrumento financiero movido claramente con afán recaudatorio”.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico consideran que podría tratarse además de un desvío de poder, de una posible prevaricación al imponer las sanciones a aplicar, las máximas, en vez de reformar el reglamento de ordenanza municipal, lo que debe ser aprobado en Pleno, para aumentar las sanciones, siempre con principios de proporcionalidad.
Los sindicalistas indican en sus escritos ante la Administración estatal, autónoma y municipal, que “el Ayuntamiento no se contenta con imponer a los ciudadanos el gravamen económico que corresponda, sino que pretende imponer el máximo castigo dinerario posible en atención al estado deficiente de su tesorería”.
Concluyen que la finalidad que se persigue con esa disposición va contra el ordenamiento jurídico y contiene “un criterio ilegal de graduación de las faltas”.
Publicado en: http://www.canariasahora.es/noticia/215449/