Canarias vive
una situación de extrema gravedad social y laboral, caracterizada
por un desempleo que se acerca al 32% y sobrepasa las 340.000 personas y una
tasa de temporalidad superior el 30% de los contratos. El 15,5% de hogares
canarios tiene todos sus miembros en el desempleo. El paro juvenil es del 51% y,
respecto a la media del estado español la clase trabajadora de Canarias se haya
a la cola de los salarios (con un diferencial de 450 €) de los incrementos
salariales; de las pensiones y de las percepciones por desempleo.
Los sucesivos ataques a los servicios públicos perpetrados por
los diferentes gobiernos, que los empleados hemos sufrido a lo largo de los
últimos decenios, nos han llevado a estar en la cola de muchos indicadores del
estado de salud de nuestro estado del bienestar. En Canarias tenemos el mayor
índices de fracaso escolar y de abandono de los estudios; la más prolongada
lista de espera para atención médica; la cesta de la compra más cara; con la
Justicia más lenta; es la comunidad con menor aplicación de la Ley de
Dependencia; nuestra población recibe de los presupuestos estatales 275
euros/persona menos que la media del Estado; la tercera parte de la población
vive, en la actualidad, bajo el umbral de la pobreza y depende mayoritariamente
de la prestación de los servicios públicos que recibe.
Las actuales
políticas privatizadores restan recursos a los servicios
públicos que recibe la ciudadanía en favor de los
beneficios empresariales de unos pocos que, junto con los recortes
presupuestarios experimentados en los últimos tres años y el ataque frontal a
los empleados y empleadas públicos, han debilitado los servicios públicos que
recibe la ciudadanía y han puesto en riesgo el mantenimiento y la continuidad de
los servicios esenciales, que hasta ahora habían definido el estado del
bienestar, y quiebran el marco de derechos democráticos y
laborales.
El escenario de la crisis está siendo utilizado
por el Gobierno de Canarias, desvergonzadamente, como la excusa perfecta para
sustraer recursos de los servicios esenciales justamente cuando, desde esa
situación de crisis, que castiga con el paro y la exclusión social a miles de
familias canarias, se debe apostar por reforzarlos y así garantizar las
necesarias coberturas sociales, el obligado amparo del estado y del Gobierno de
Canarias y la atención igualitaria y solidaria para toda la ciudadanía.
Y la manera que este Gobierno ha encontrado de privatizar lo público y
lanzar al ciudadano a los brazos de las empresas especuladoras en servicios
sociales, educativos y sanitarios, es arremeter sin contemplaciones contra
los/as empleados/as públicos/as, recortando sus derechos laborales y sindicales,
destruyendo empleo e intentando socavar la confianza de los/as ciudadanos/as con
campañas mediáticas y políticas destinadas a desacreditar su imagen; y es que
este Gobierno, conociendo que la estructura laboral de la Función Pública y los
derechos conquistados a lo largo de los años por sus trabajadores/as,
constituyen un punto de referencia para los/as compañeros/as de otros sectores,
pretende pasarnos rodillo a toda máquina para allanar el terreno a los intereses
empresariales.
Las empleadas y empleados públicos somos los
garantes de los derechos de los ciudadanos y por ellos
tenemos que luchar. Por ellos y por nuestra dignidad. Sobre nosotros, sobre
nuestra profesionalidad y nuestro trabajo recae el estado del bienestar, la
justicia social, los derechos y avances democráticos y los servicios que recibe
la ciudadanía. Nosotros somos los prestadores de servicios públicos, los que
estamos atendiendo en los hospitales, los que conseguimos que los enfermos se
sientan seguros, los que garantizamos la seguridad y los derechos individuales y
colectivos, los que hacemos que la educación y la formación gratuita de nuestros
hijos sea posible, los que hacemos posible que los servicios públicos y sociales
lleguen a todos los ciudadanos, al margen de la clase social o de los recursos
económicos que dispongan, los que hacemos posible el derecho a la justicia . Y
por ello tenemos que luchar. Porque si a un ciudadano le preguntáramos sobre su
prioridad a la hora de despedir a un médico, a un maestro, a un trabajador
social o a un agente judicial frente a despedir un asesor o recortar los
privilegios de un político, la respuesta sería clara: sobran
ellos.
Los empleados
públicos somos profesionales y a pesar de ello hemos soportado el peso de la
mala gestión de los recursos públicos y la cobardía de muchos políticos en
responsabilizar a los empleados públicos de sus propias incompetencias. Para las empleadas y empleados públicos siempre
ha habido política de recortes. Nos han hurtado el 45% de nuestro salario en los
15 últimos años y nos han restado derechos laborales y sociales. La repercusión
de esa política de recortes indiscriminada que vienen realizando los Gobiernos
central y canario tiene, también, una enorme incidencia en las Administraciones
Locales, las más cercanas al ciudadano, que han visto como se merman los
derechos de sus trabajadores y trabajadoras y los recursos que necesitan para la
prestación de los servicios sociales a la ciudadanía. Y a pesar de ello damos
cada día la piel para servir a los ciudadanos. Desde siempre, en ese “contexto
socioeconómico global”, hemos sido las empleadas y los empleados públicos, como
trabajadores y como ciudadanos, los que hemos soportado con nuestros derechos,
nuestros salarios y hasta nuestra propia imagen los dislates, los privilegios y
derroches de los que están y han estado en la Administración de manera
coyuntural.
A las empleadas y empleados públicos nos han recortado derechos sociales
y laborales, nos han robado parte de nuestro salario y de nuestros derechos para
pagar la incapacidad de los que nos gobiernan. Nos han amenazado con los
despidos cuando ellos no han sido capaces de renunciar a los privilegios que
disfrutan, a las dietas, a los asesores, a las inversiones de los amigos, a los
coches públicos, a los banquetes, a los viajes y a los lujos. Es fácil sentarse
en la poltrona y jugar con el dinero de todos. Porque los empleados públicos,
como el resto de la sociedad, estamos siendo doblemente castigados. Nos han
castigado como trabajadores pulverizando nuestros derechos y nuestro salario y
como ciudadanos/as, viendo como se precarizan los servicios
públicos.
La reivindicación por el mantenimiento de los servicios públicos de
calidad, públicos y universales, no es sólo de los empleados públicos. Debe ser
un grito único en defensa de los derechos básicos y de los que los defendemos
cada día desde nuestro puesto de trabajo en la Administración. Es la hora de
pasar de la indignación a la rebeldía ciudadana, es la hora de la lucha
unitaria, en la calle y en los centros de trabajo, codo a codo estudiantes y
parados, agricultores, profesores y sanitarios, autónomos y pensionistas,
sindicatos, movimientos sociales y el conjunto de la ciudadanía que quiere y
merece una alternativa diferente, que tiene derecho a unos servicios públicos
dignos que nos hagan sentir que, al margen de su situación económica que
disfrutemos, seguimos siendo ciudadanos de primera.
Porque este Gobierno se siente impune actuando como actúa, no podemos
permitir que se salga con la suya ni que utilice la ley para imponer sus
intereses.
Debemos expresar nuestro rechazo con contundencia porque, de no hacerlo,
se sentirán legitimados para continuar gobernando de espaldas nuestros derechos
como empleados públicos y como ciudadanos, a espaldas de nuestro pueblo y contra
sus derechos.
Por todo ello, debemos organizarnos y, desde la unidad de los/as
trabajadores/as de las Administraciones Públicas, desde la ciudadanía que es la
destinataria de los Servicios Públicos, preparar la resistencia y la
movilización que les ponga freno.
Conscientes de los derechos de la ciudadanía y comprometidos con los
trabajadores y trabajadoras del sector público, firmamos el presente manifiesto
y convocamos a los empleados y empleadas públicas de canarias y al resto de los
ciudadanos y ciudadanas a la manifestación que en defensa de
los Servicios Públicos tendrá lugar en todas las capitales canarias
el día 23 de mayo de 2012 a las 19 horas.
