domingo, 22 de agosto de 2010

Roberto Gonzalez denuncia el retraso en la tramitación de las PNC por falta de Personal

Cerca de 5.000 canarios esperan desde hace un año por una pensión mínima

La falta de personal en la Consejería de Bienestar Social hace que los expedientes de las pensiones no contributivas tarden hasta 12 meses en resolverse. Los beneficiarios de esta prestación de 339 euros al mes son aquellos que carecen de ingresos y tienen más de 65 años o sufren una discapacidad superior al 66%.

G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) en Canarias es sinónimo de tener que armarse de paciencia, puesto que el tiempo medio de resolución se sitúa en los 12 meses.
Roberto González Cabezuelo, presidente
comite empresa Bienestar Social, S/C Tfe
Según los propios trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, el problema radica en la falta de personal, ya que en la actualidad hay 4.947 solicitudes pendientes de resolución -de las que 2.547 corresponden a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 2.400 a la de Las Palmas de Gran Canaria- y son sólo 65 los trabajadores destinadas a su trámite o su valoración.
Como muestra del retraso, baste decir que ahora mismo se están empezando a resolver las solicitudes presentadas en julio del año pasado.
"Esta situación es especialmente grave en los casos de PNC de invalidez, ya que la persona debe hacerse el reconocimiento de minusvalía y para ese trámite se está dando fecha para dentro de seis, siete, incluso ocho meses, por lo que tampoco se puede resolver hasta transcurrido un año o incluso más", explica un funcionario.
Sin embargo, en el caso de las PNC por jubilación, los tiempos de espera tampoco son cortos, ya que se sitúan entre los seis y ocho meses de espera desde el momento de su presentación.
El presidente del comité de empresa de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Roberto González, señala que "la situación no es peor porque los trabajadores conocen las carencias que suelen tener los solicitantes y hacen todo lo que pueden y más, pero aún así del año de espera rara vez se consigue bajar".
Y es que los beneficiarios de las PNC son aquellas personas que tienen más de 65 años o una incapacidad reconocida superior al 66% y que no han cotizado el periodo mínimo que establece la ley para poder cobrar una pensión contributiva. Además, deben acreditar que no poseen ingresos económicos suficientes para subsistir, por lo que, durante el tiempo de espera, en la mayor parte de los casos se ven obligados a recurrir a la ayuda de sus familiares, las ayudas públicas existentes e incluso a Cáritas u otras organizaciones sociales.
Cabe recordar que la cuantía de la pensión es de un máximo de 339 euros mensuales, aunque se empieza a calcular desde la fecha del registro de entrada en la Consejería de Bienestar Social, por lo que una vez que es concedida se pagan todos esos meses de forma conjunta en concepto de atrasos.
Debido a esta circunstancia, en múltiples ocasiones los ayuntamientos hayan solicitado al Gobierno canario que agilice la tramitación de estas pensiones, puesto que durante el tiempo de espera las corporaciones han de hacer efectivas ayudas de emergencia social para garantizar las necesidades básicas del solicitante.
De lo que no hay duda es de que el cuello de botella se localiza en el Centro Base, que es el servicio donde se realizan los reconocimientos de minusvalías, ya que no sólo hacen éste trámite para las PNC, sino también para las personas que quieren beneficiarse de bonos de guaguas gratis, bonos para la piscina municipal, plazas de aparcamiento, prestación familiar por hijo a cargo, orientación para ingreso en centros o incluso viviendas, además de todas aquellas personas a las que les toca revisar su grado de minusvalía.
Roberto González confirma que aunque los Equipos de Valoración y Orientación hay personal médico, corresponde a la Consejería de Bienestar Social su dotación de personal. "El personal es exactamente el mismo que hace diez años. Se han presentado todo tipo de quejas y propuestas a la Dirección General de Servicios Sociales, sobre todo relacionadas con la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, pero en la realidad nada cambia y sigue el atasco".
En este punto tanto el presidente del comité de empresa como los propios trabajadores reconocen que los retrasos en las resoluciones han causado más de un problema a los trabajadores, teniendo que llegar a intervenir el servicio de seguridad de las dependencias de la consejería.
"Una persona que ha presentado la documentación hace meses no entiende que todavía no esté cobrando la pensión que le corresponde y, en ocasiones, no asimila bien que un trabajador le diga que no sabe cuándo podrá contar con ella", explica González que se cuestiona si el Gobierno "no tomaría cartas en el asunto si tuviera que decirle cara a cara a una persona que no tiene medios para vivir que tiene que seguir esperando".

Los políticos de AIS-CC se dedican a espiar a los funcionarios que hablan con el PSC

Los políticos de AIS-CC se dedican a espiar a los funcionarios que hablan con el PSC


No es la primera vez que me ocurre. Más bien es frecuente. Suele ocurrir que, cuando voy al ayuntamiento, sea con propósito de representación pública o privada, siempre cuento con el respeto habitual del personal, del excelente personal que trabaja en nuestro ayuntamiento (qué buen vasallo si hubiera buen señor, que dijo El Cid). Ya me ha pasado muchas veces que, tratando algún tema con un funcionario (del ayuntamiento, no empleados particulares del grupo gobernante, les recuerdo) viene el concejal de turno a interrumpir y a recordarle al funcionario que sea breve y que lo está "marcando" de cerca. Frases como "te necesito urgentemente", "desde que acabes te pasas por mi despacho" con miradas conminatorias son habituales. Reconvenciones ha habido de por qué se nos suministra (¡!) información a los socialistas. Parece que son inminentes los cambios para impedir, aún más, el acceso a la información. Pero ya el juzgado dirá, si siguen en sus prácticas ilegales habituales. Pero a lo que iba. Este martes fui al ayuntamiento a resolver un asunto personal de mi madre. Es decir, la acompañé. En dos ¡dos! ocasiones me ocurrió lo que relato. Sendos empleados de confianza, en dos momentos distintos, interrumpieron mi (nuestra) atención por parte de dos empleados municipales reclamando la presencia "urgente" del personal que nos atendía. Aparte de la evidente mala educación que supone que no se respete la atención que se presta a un ciudadano, ni pidiendo disculpas por la interrupción y, en algún caso, sin dar las buenas horas, es una injerencia y una intromisión intolerable en el hacer de los empleados. Pero como digo en la entrada anterior, ese es el modelo y así, con esa prepotencia, funcionan las cosas. Algunos se creen los reyes del mambo. Y ni siquiera tienen cuerpito para bailarlo.

Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.net/opino.php?idn=36439

Denuncian que Sanidad impide la recogida de firmas para presentar una ILP

Denuncian que Sanidad impide la recogida de firmas para presentar una ILP
El Foro Canario de la Salud critica que no le permitan recoger firmas en los centros de salud

El Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública asegura que por parte de determinados cargos de la Consejería de Sanidad se están poniendo obstáculos a la recogida de firmas de los usuarios de la sanidad pública . Miembros del Foro Social Canario, promotor ante el Parlamento de Canarias de la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias, "están siendo presionados y conminados, bajo amenazas, a retirarse de los centros sanitarios públicos en los que proceden a recoger las firmas de los usuarios de dichos centros. Por lo visto se considera que la intervención de la ciudadanía en el seguimiento y control de su sanidad no debe hacerse desde los centros sanitarios, que es donde están sufriendo las consecuencias del deterioro de la sanidad pública, sino en la calle como transeúntes o ¿quizás simplemente cada cuatro años a la hora de votar en las elecciones autonómicas?."
El Foro denuncia en un comunicado "estos hechos antidemocráticos que van en primer lugar contra derechos elementales y facultades reconocidas, al menos teóricamente, en la legislación estatal y autonómica sobre participación social en la sanidad pública, en la gestión del Servicio Canario de la Salud , para que la ciudadanía pueda aportar respecto a la orientación y evaluación de los servicios sanitarios como se establece en la Ley 14/86 General de Sanidad y en la Ley 11/94 de Ordenación Sanitaria de Canarias".
Asegura el foro que se pretende interferir por parte de la administración sanitaria en el ejercicio de iniciativa legislativa establecido en la Ley 10/1986, sobre iniciativa legislativa popular que en este caso se desarrolla en el terreno concreto de la sanidad pública. "Es en los centros sanitarios donde actuamos como usuarios, donde opinamos e incluso donde nos quejamos y denunciamos si fuera o fuese necesario. También es donde la ILP está suscitando reflexiones y apoyos para la búsqueda de alternativas desde la ciudadanía. Y lo que pretenden es sacar a la ILP de ese cauce natural y lógico, de su entorno evidente y motivado, donde tiene sentido desde el punto de vista colectivo para dejarla en la calle, a los individuos aislados, tomados de uno en uno y al margen del entorno en el que se desenvuelve la prestación sanitaria pública", sentencia.
El Foro advierte: ''No pensamos retirarnos, en absoluto, de los centros sanitarios públicos donde están los usuarios como tales, y estamos muy atentos a cualquier actuación reaccionaria y represiva que se le ocurra aplicar a algún dirigente de la Consejería de Sanidad, porque están en juego derechos civiles y políticos elementales a los que no vamos a renunciar y para cuya defensa estamos preparados''.