martes, 19 de febrero de 2013

Destapan pagos millonarios en Suiza en los que podría aparecer el Ministro de Industria español

La separación matrimonial de un conocido empresario canario destapó en 2011 una red de transacciones y pagos millonarios en Suiza y Holanda a políticos y empresarios de Canarias, entre los que podría encontrarse José Manuel Soria, ministro de Industria español y presidente del Partido Popular en Canarias.

Una mujer de una conocida familia en Las Palmas de Gran Canaria, Margarita M. de L., ha presentado ante el Juzgado varios documentos en los que aparecen movimientos bancarios con iniciales, claves y nombres de personas muy destacadas en las islas en el terreno político y empresarial.
Al pie de varios de esos documentos se pueden leer las iniciales JMSL y LSL, que podrían corresponder al ministro José Manuel Soria López y a su hermano Luis.
En 2011, la mujer presentó al juez unos documentos que supuestamente sustrajo del despacho de su exesposo, R.G.B.L., con el fin de demostrar que este posee mucho más dinero del que declara gracias a cuentas bancarias en el exterior y que ese dinero también fuera objeto del reparto de bienes para la disolución de la sociedad de gananciales.
En total son nueve nombres los que aparecen en los documentos como destinatarios de estas fuertes cantidades de dinero, al lado de las cuales aparecen las palabras “traspaso”, “cheque” o “efectivo”, con membretes de UBS (Unión de Bancos Suizos) y BBV Netherland-Rotterdam, y con fechas que van de 1992 a 1996.
El Ventano 
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Los juicios por el ajuste del 20% se inician con 70 causas acumuladas

Llega la hora de la verdad. Esta semana comienzan los juicios de las demandas individuales contra el recorte de la jornada y del salario a 3.300 empleados públicos de la Administración autonómica. El Juzgado de lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife acumula alrededor de setenta causas para este jueves.
A este señalamiento se llega después de que el juez rechazara la solicitud de aplazamiento formulada por la letrada del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, que se agarraba al artículo 82.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) como a un clavo ardiendo.
“Cuando la representación y la defensa en juicio sea atribuida al abogado del Estado”, argumentaba el Ejecutivo regional, “se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado”. Y, cuando le sea otorgada al letrado de la Administración de la Seguridad Social, “se aplicará el mismo plazo”. Este criterio se extiende a las comunidades autónomas. “De no accederse a nuestra petición”, exponía el gabinete jurídico, “se estaría vulnerando el derecho constitucional a la defensa”.
Con fecha del 13 de febrero, la secretaria judicial comunicó que “no ha lugar” a la reclamación, ya que en el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo no es preceptivo el artículo 82.5, sino el especial del 138.5 de la LRJS aunque la demandada sea una Administración pública. Tampoco se aceptó el aplazamiento por la coincidencia de juicios, “al no haberse interesado dentro de los tres días siguientes de recibirse la segunda citación”.
Entre otras, tienen consideración de alteración sustancial de las condiciones laborales las que afecten a las siguientes materias: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo, régimen de trabajo a turnos, sistemas de remuneración y cuantía salarial, y sistema de trabajo y rendimiento. A ello se une el carácter discriminatorio de esta disposición incluida en la ley de presupuestos regionales de 2013, puesto que entre los directamente perjudicados no están el personal adscrito a los servicios judiciales y fiscales, los docentes no universitarios, como tampoco los funcionarios, laborales y estatutarios (Servicio Canario de la Salud) ni los empleados del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia de la red transfusional y de los bancos de sangre. Finalmente han quedado excluidos los trabajadores de servicios sociales de los centros cedidos a los cabildos, que tratan con deficientes y mayores.
Concentraciones
Para esa intensa jornada, los sindicatos han convocado concentraciones simultáneas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La protesta será de 13.00 a 15.00 horas frente a las sedes de la presidencia del Gobierno autonómico en las dos capitales canarias y ante las oficinas principales del Servicio Canario de Empleo (SCE) de las dos islas orientales.

Jueces y fiscales hacen este miércoles su primera huelga conjunta

Histórico cuelgue de togas convocado por cinco asociaciones, que protestan contra el ataque del Gobierno de Rajoy a su independencia, por las tasas "desorbitadas", la falta de medios y los indultos arbitrarios

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha ganado a pulso en apenas un año la convocatoria de una histórica huelga conjunta de jueces y fiscales, llamados este miércoles a colgar las togas en protesta por la práctica totalidad de medidas impulsadas desde el despacho del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Desde las tasas judiciales "desorbitadas" a los indultos arbitrarios, la "privatización" del Registro Civil, o el intento de politización del Consejo General del Poder Judicial, así como la paupérrima situación de medios personales y materiales los juzgados.
Los gobiernos de Rodríguez Zapatero ya soportaron la pasada legislatura dos huelgas --el 18 de febrero y el 8 de octubre de 2009--, pero entonces sólo fueron convocadas por asociaciones de jueces.
En esta ocasión, la novedad es que también los fiscales están llamados al paro, ya que la convocatoria parte de tres asociaciones de jueces --"Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y dos de fiscales --Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales--.
Se han descolgado las dos asociaciones mayoritarias de cada uno de los colectivos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, quienes, pese a estar de acuerdo con la tabla reivindicativa de los convocantes de la huelga, aún confían en agotar una vía del diálogo con el Ejecutivo que no ha dado hasta ahora ningún fruto.
Por contra, las asociaciones convocantes cuentan con el apoyo de la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. A casi todos les ha unido su posición común contraria a las tasas y los recortes del Gobierno.
Jueces, fisacles y funcionarios de Justicia están llamados a concentrarse entre las 11.30 y las 12.30 horas frente a los juzgados y fiscalías de toda España, donde harán un primer balance de seguimiento. Los sindicatos de funciones rechazan especialmente "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que consideran que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.
Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.
Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.
No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar el 18 febrero de 2009, convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente contra la gestión del entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo. Desde entonces persiste la polémica sobre si los jueces tienen derecho o no hacer huelga, por ser un poder del Estado. Nadie ha dado hasta ahora una solución definitiva, ni se ha legislado al respecto, y el CGPJ se ha limitado a señalar que un paro de magistrados "no tiene soporte normativo".
Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.
La huelga de febrero de 2009 fue un notable éxito, con un seguimiento superior al 60% según los convocantes (30% de acuerdo al CGPJ), pero la siguiente, convocada en solitario por la asociación mayoritaria, la APM, tuvo un eco menor, y sólo fue realizda por una cuarta parte de los jueces,
En relación a la de este miércoles, la confederación MEDEL, que integra a las asociaciones de magistrados europeos, ha expresado su "completo" respaldo a la huelga de jueces al ver legítima su potestad de ejercer esta medida de acción para censurar la gravedad de las reformas legislativas.
Los profesionales del sector se han levantado contra las reformas del ministro Alberto Ruiz-Gallardón y han manifestado, especialmente, un rechazo unánime al "tasazo" judicial durante los últimos meses.
El propio ministro anunció la pasada semana que revisaría a la baja las cuantías, tras recibir las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien está a expensas de estudiar la propuesta definitiva del Ministerio antes de decidir si presenta o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, en vigor desde diciembre y recurrida ya ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Socialista.
Pero no es sólo el fondo lo que ha suscitado el malestar de los operadores jurídicos, también las formas del titular de Justicia. Abogados, consumidores y sindicatos integrantes en la 'Plataforma Justicia para Todos' critican la "improvisación" y el modelo "impuesto" por el ministro, mientras que los jueces afirman que la huelga se ha convertido en la "única salida" tras las llamadas a la negociación de sus reformas.
Gallardón también ha apostado por el "diálogo y la negociación" frente a la vía de la huelga, aunque ha recordado que ésta ha sido convocada "por unas asociaciones, que no son mayoritarias, dentro de la Carrera Judicial".
Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial fueron invitadas en enero por el Ministerio a abordar el nuevo modelo del CGPJ pero éstas declinaron las reuniones porque eran "de forma separada" y no se las consultó durante la elaboración de la reforma. Sólo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aceptó la cita al encuadrarla como una "entrevista institucional" con su nuevo presidente, Pablo Llarena.