martes, 7 de septiembre de 2010

Y se hacen los locos con Pamparacuatro

EL CGPJ SUPEDITA A LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL JUEZ DE 'UNIÓN'

Y se hacen los locos con Pamparacuatro

La magnitud del dispendio económico que está costando a todos los canarios la implantación del programa informático Atlante II contrasta con la secular tacañería de la Consejería de Presidencia y Justicia para otras cosas de mayor enjundia. Por ejemplo, esta semana hemos conocido que el Consejo General del Poder Judicial ha autorizado al juez César Romero Pamparacuatro una comisión de servicios para que continúe instruyendo el complejo sumario del caso Unión, en Arrecife de Lanzarote, al tiempo que se hace cargo de su nuevo destino como juez en La Laguna. Pero la decisión del órgano de gobierno de los jueces, fíjense qué cosas, está supeditada a que la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias disponga unas cantidades económicas para los traslados aéreos del juez entre una isla y la otra cada vez que tenga que presidir alguna diligencia para mejor proveer. No está esa consejería para darle mucho oxígeno a Pamparacuatro, especialmente si tenemos en cuenta que una de las principales imputadas en la operación Unión es María Isabel Déniz, que viene siendo asesora de la Viceconsejería de Justicia y hermana de la titular de ese departamento, Carolina Déniz. Por cierto, dicen en la consejería que la viceconsejera está hasta las narices de la política, que piensa pedir su reincorporación a la carrera judicial y que, siguiendo la estela de Pamparacuatro, quiere un juzgado en Tenerife.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12783/

Más dinero para la empresa del desaguisado

ACCENTURE DEBÍA CONOCER LO QUE PROGRAMABA

Más dinero para la empresa del desaguisado

Efectivamente, el pasado 25 de octubre Presidencia y Justicia adjudicaba un concurso urgente, negociado y sin publicidad (ole, que ole y olé) convocado para "la contratación del expediente complementario para el desarrollo del proyecto de creación de nuevas plantillas de tramitación para Atlante II y la ampliación de personal para la implantación de dicha aplicación, en el marco de la realización de los servicios de gestión de las aplicaciones informáticas de Tramitación Procesal (atención telefónica, soporte, mantenimiento, actualización y desarrollo), implantadas en los órganos de la Administración de Justicia radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias". El adjudicatario, claro está, no podía ser otro que la empresa que resultó a su vez ganadora del concurso primigenio para implantar el Atlante II, Accenture, S.L. Se trata de una nueva adjudicación complementaria por importe de 484.009,52 euros (excluido IGIC) a destinar a confeccionar y aplicar un instrumento que ya existía en el Atlante I y que, por motivos que ignoramos por completo, alguien descartó para Atlante II. Pero si es un error en el diseño de la herramienta informática, ¿cómo es posible que se corrija premiando a la empresa con más dinero público? Porque debemos descartar que algún lumbrera de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia le haya dicho a Accenture que aquellas plantillas no hacían falta para nada. ¿O no debemos descartarlo tan alegremente?

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12784/

RUANO SE GASTA OTRO MEDIO MILLÓN EN 'ATLANTE II'

El cachondeo de las plantillas judiciales

José Miguel Ruano, consejero
de Presidencia y Justicia.
Alguien debería explicar con urgencia cuánto nos lleva costando a los canarios la implantación del nuevo programa informático Atlante II, que como su propio nombre indica, sustituye a Atlante I como herramienta para la Administración de Justicia en Canarias. Será todo un arcano, ya verán, como ese famoso invento de Soria del Sefcan del que perdimos la cuenta cuando superaba los 17 millones de euros y sumía a los funcionarios en la desesperación y la desconfianza. Sí, lo han leído bien, 17 millones. Atlante II, como habrán leído, ha entrado como elefante en cacharrería en la Administración de Justicia provocando un auténtico caos donde ya había bastante desconcierto y, consecuentemente, mayor carga para los operadores judiciales y un retraso a añadir al legendario del que todos hablamos de modo recurrente. Uno de sus males principales ha sido la desaparición de las llamadas plantillas de tramitación, unos moldes utilizados por funcionarios, jueces y secretarios, para la redacción de todas sus diligencias. Pues bien, para subsanar un problema que no existía en Atlante I, la Consejería de Presidencia y Justicia acaba de adjudicar un concursito de 480.000 euracos de nada

CON EL NOMBRAMIENTO DE UNA POLICÍA COMO DIRECTORA GENERAL

CON EL NOMBRAMIENTO DE UNA POLICÍA COMO DIRECTORA GENERALFernando

La FEHT critica el último ''desatino'' de la Consejería de Turismo

Fraile pide una "persona cualificada" para el cargo y Roberto Moreno cree que "no es el momento de estar haciendo experimentos".

Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), ha asegurado que en el sector se han visto "muy desagradablemente sorprendidos" por el nombramiento de una policía local de Pájara como directora general de Promoción Turística, pese a las justificaciones dadas por la consejera del Gobierno de Canarias Rita Martín.

"Hasta aquí habíamos llegado ya en esta serie de desatinos en relación con la Consejería de Turismo", dijo Fraile en declaraciones al programa El Correíllo de CANARIAS AHORA RADIO, al tiempo que recalcó que en ese tipo de puestos "hacen falta personas muy cualificadas". No obstante, y pese a no tener "ni idea de por qué destituyeron" a la anterior directora general, dijo que "tampoco cumplió con su cometido" y tuvo "muy poca participación".

Roberto Moreno, presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, mostró también su "sorpresa" por este cese cuando "estamos en la recta final" de la legislatura y "no es el momento de estar haciendo experimentos". Por ese motivo criticó que el mayor aval de la nueva directora general sea "su militancia en el PP" ya que "no es del sector" y no tiene experiencia.

"Todo va enlazado", interpretó a su vez el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Fuerteventura, Leonardo Fernández. En su opinión este nombramiento es muestra de que en su partido "están empezando a mover ficha para la promoción de futuros candidatos electorales" para 2011.

Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/148814/

Miles de parados esperan cobrar las becas de Empleo desde hace 9 meses


La desesperación de algunos de estos canarios en paro es tal que han denunciado en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude lo que consideran un posible delito porque los cursos están cofinanciados al 80% por el Fondo Social Europeo. En los ocho primeros meses de 2010 han sido 12.000 los alumnos de estos ciclos.

 DORY MERINO, Tenerife
Si ya es agobiante estar desempleado, la angustia se agudiza para los parados que se han visto en la obligación de realizar los cursos del Servicio Canario de Empleo (SCE) y llevan nueve meses sin cobrar las becas, por ejemplo, para el transporte, como es el caso de los miles de canarios que se han tenido que desplazar desde su municipio hasta otra localidad para participar en esa formación.
La desesperación de algunos de estos canarios ha llegado hasta tal extremo que se han decidido a denunciar en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude lo que consideran un posible delito, teniendo en cuenta que los cursos para desempleados del SCE están cofinanciados al 80% por el Fondo Social Europeo.
Uno de los afectados por esta situación es un tinerfeño que responde a las iniciales V.R., desempleado desde hace dos años, quien relató ayer a este periódico que lleva nueve meses esperando la beca prometida por el SCE, en su caso, para el transporte. Matizó que la deuda del SCE asciende a unos 800 euros. Explicó que realizó el ciclo de formación que le ofertó Empleo durante tres meses y tuvo que trasladarse desde su municipio hasta Santa Cruz, durante el último trimestre de 2009.
Asimismo, manifestó que el SCE le indicó que el dinero que él tenía que adelantar para realizar el viaje de ida y vuelta le sería abonado al final del curso, es decir, en enero de este año.
Desde entonces, cuando se acerca a preguntar por esta deuda recibe la misma respuesta del SCE: "Pagaremos en los próximos días".
Esa fue la contestación que recibió ayer. La misma que escucha desde hace nueve meses.
Este tinerfeño asegura que es una situación difícil, sobre todo cuando la economía familiar "está maltrecha", como es su caso, puesto que su pareja también se encuentra en paro.
Ellos forman parte de los 260.794 parados que figuran en Canarias, según los datos del SCE con fecha del pasado jueves.
Este periódico solicitó al SCE que precisara el número de personas que están afectadas por estos retrasos, pero la entidad no facilitó este dato. Sin embargo, fuentes de Comisiones Obreras (CCOO) afirmaron que, según los datos puestos sobre la mesa por la propia consejería en el Consejo General de Empleo, el pasado miércoles, en los meses que llevamos de 2010 han sido 12.000 las personas que han realizado estos ciclos formativos, a los que hay que sumar los de 2009.
Grupo en Facebook
Las redes sociales como Facebook también han sido el cauce para unir a este colectivo. Uno de estos desempleados afectados por el impago ha creado allí el grupo hartosdelmamoneodelserviciocanariodeempleo, al que se han adherido unas veinte personas con la misma problemática.
Por su parte, Alberto Génova, director general del SCE, indicó a este periódico, a través de su gabinete, que el retraso del pago de las becas se debe a "dificultades en la incorporación de remanentes por parte de la Consejería de Hacienda".
Aseguró que se trataba de un "problema contable" y recalcó que el pago "estaba asegurado".
En cambio, el responsable de Formación en el sindicato Comisiones Obreras de Canarias, Francisco Javier Fernández Martín, manifestó ayer que conocía este problema y precisó que su organización ya lo ha denunciado.
En su opinión, "el Gobierno canario se ha dormido en los laureles y es el responsable de los percances que están padeciendo los miles de canarios desempleados que se han visto en la obligación de participar en cursos ofertados por el SCE".
Este periódico también contactó con algunas de las entidades colaboradoras del SCE que imparten los cursos y tampoco han cobrado este año, pero todas señalaron que todavía están en plazo, teniendo en cuenta que esta subvención se abona en el último trimestre.
Una carta al director
Otra afectada, en este caso una madre de familia, remitió una carta al director de este periódico, que fue publicada hace unos días, en la que solicitaba si se podía averiguar qué pasaba con las subvenciones estatales para el Fondo Canario de Empleo. Ella es la portavoz del grupo de desempleados que asistieron a un curso que empezó en septiembre de 2009 y finalizó el pasado mes de junio.
La historia es la misma que la del resto de afectados, aunque, en su caso, se suma que también tiene derecho a la beca de conciliación familiar, por tener hijos menores de seis años a su cargo.
Señala que, además de no haber recibido la ayuda, el SCE ha rebajado el importe del transporte, de 6,50 euros por día a 2,60.
Critica esta dejadez de deberes del Gobierno canario y afirma que las familias en paro ya sufren bastante para tener que adelantar dinero o verse en la necesidad de pedirlo prestado y no poderlo devolver.
Tal y como difunde el SCE en su página web, para 2010 se ofertan cursos para desempleados en las siete islas del Archipiélago.
Son 60 páginas en las que se detalla la convocatoria de los cientos de cursos para este año.
Francisco Javier Fernández Martín, de CCOO, recordó que ahora "es obligatorio participar en estos ciclos para no perder el paro", después del anuncio que acaba de hacer el Ministerio de Trabajo

Agresiones a los empleados públicos

Por Rafael Lutzardo

Las agresiones físicas y verbales en muchos sectores del mundo laboral profesional de las distintas autonomías española, incluyendo, el Archipiélago canario, en lo que respecta a los últimos diez años, viene siendo preocupante, variados y múltiples. Sectores como enseñanza y medicina han venido siendo víctimas directas de las citadas agresiones físicas contra médicos, psicólogo, enfermeras, auxiliares de clínicas, celadores. Alumnos y padres de los mismos, junto con determinados pacientes que acuden bien sea por revisiones médicas; consultas, dolencias patológicas, especialmente en los pasillos de urgencias de los respectivos hospitales y centros de salud, han sido víctimas de agresores violentos y sin el más mínimo rigor de respeto hacia unos profesionales que solamente intentan cumplir con su deber.
Unos, para salvar vidas. Otros, para enseñar los conocimientos culturales más elementales que todo ser humano tiene derecho en su primear fase de formación y preparación en el mundo de la enseñanza secundaria. En su momento, en una información publicada en el periódico El País, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apostó por considerar como atentado las agresiones graves a maestros y médicos, como propuso también en su momento la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña. Del mismo modo, el fiscal general del Estado, apoyó el criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de considerar como atentado contra funcionario público, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, las agresiones a maestros y médicos para "reforzar la seguridad" del profesorado y de quienes son "indebidamente agredidos".
Para ello, los artículos 550 y 551 del Código Penal, que recogen el delito de atentado, castigan con penas de prisión a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". Sin embargo, el propio fiscal general del Estado, reconoce que el mencionado artículo del Código Penal, su aplicación, tal y como está redactado, a maestros y médicos, comporta dificultades técnicas-jurídicas, pero que se trata de una posibilidad legal que debe de utilizarse sólo en los casos en los que se den situaciones de gravedad. Lo cierto, es que profesionales de estas ramas han venido siendo víctimas de personas violentas y sin escrúpulos. Es hora que la Ley se defina contra éstos salvajes violentos.
También, los agentes del orden público que velan por la seguridad de los ciudadanos en muchas ocasiones se ven afectados por este tipo de violencia físicas o verbales; funcionarios/as y laborales de muchas consejerías de las comunidades de las distintas autonomías de España y Canarias. Es hora pues, que los agresores contra los empleados públicos tengan su merecido, pero a través del peso de la Ley. Por su puesto que las edades son bastante significativas y complejas a la hora de poder aplicar la Ley, pero si eres menor para agredir a un empleado/a público o un ciudadano de la sociedad que sea, también es persona para ser juzgada y condenada.

Los sindicatos se unen ante los ''atropellos'' del proyecto de la Ley de Función Pública


Exigen una administración sin tintes políticos

La portavoz del sindicato Co.bas Canarias, Elisa López, ha informado este martes la constitución de una iniciativa de los empleados públicos en el archipiélago que nace ante "los atropellos del Gobierno de Canarias" y que repercuten en los ciudadanos.

López explicó en declaraciones a Europa Press que en la propuesta que fue presentada este martes en Tenerife se defienden unos servicios públicos "eficientes" e "independientes de la actividad política". Además de su sindicato comparten la iniciativa CSC-OCESP Convergencia Sindical Canaria, SIC, USO, CSIF y STPAC. López dejó la puerta abierta para que se sumen otras organizaciones con representación en la administración pública.
La portavoz indicó que el proyecto de Ley de la Función Pública de todas las Administraciones de Canarias que el Gobierno de Canarias ha puesto sobre la mesa, "intenta buscar progresivamente la politización de la Administración Pública y de sus empleados, así como el recorte de los derechos de los empleados públicos  de Canarias".
Según un documento que han suscrito "el propio Gobierno intenta hurtar con esta Ley que perdurará en Canarias durante al menos los próximos 20 años, el debate entre los empleados públicos de las distintas Administraciones de la Comunidad Autónoma -Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, universidades- y sectores -Sanidad, Enseñanza, Administración General, Justicia, Empleo y demás Servicios Públicos- con  mesas técnicas para debatir el proyecto de Ley, con ausencia de buena fe negocial en las mismas, y donde ni siquiera están presentes los representantes de los 88 ayuntamientos, los 7 cabildos y las universidades canarias, y conseguir tramitar una Ley en pocos meses".

NI DIÁLOGO, NI COMPROMISO

   El texto sigue señalando que "la falta de capacidad de diálogo que existe en el gobierno de Canarias y la falta de compromiso real de nuestro Gobierno en cuanto a una Administración cercana y eficiente al servicio del ciudadano, es más que palpable con esta Ley, con la cual intenta abrir la puerta de las administraciones públicas a muchas personas afines a los Partidos políticos, sin cualificación profesional en el sector público, así como recortar y conculcar derechos sociales que tienen los empleados públicos en leyes de mayor rango normativo".
   A juicio de los sindicatos, el desarrollo de la Ley de la Función Pública en Canarias es un paso importante y necesario en un proceso de reforma de las Administraciones Públicas, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en Canarias a las necesidades de nuestro presente y futuro, en línea  con las reformas que se vienen emprendiendo en todo el País y en los países Europeos.
  
Añaden que la ley debe partir de la premisa de la "defensa" del sector público como pilar esencial del estado social consagrado en la Constitución. "Asimismo debe figurar como motivo de la ley la necesaria estabilidad en el empleo público, como garante de la imparcialidad, la eficacia y la eficiencia de sus empleados, frente a la politización alarmante que existe en nuestra Administración Pública en Canarias, el respeto a los derechos adquiridos por los empleados públicos, la necesidad de articular medidas consensuadas para una progresión profesional en la Administración y el reconocimiento del servicio público que se presta a los ciudadanos, entre otros", argumentan.