lunes, 2 de abril de 2012

El sindicato acusa al Gobierno de "vulnerar" la ley de dependencia con este tijeretazo "histórico".

UGT denuncia que el recorte en dependencia deja sin atención a 256.000 personas

El sindicato UGT ha denunciado que el recorte del Gobierno de 283 millones de euros para el nivel acordado de la Ley de Dependencia deja a 256.000 personas sin recibir ayuda en 2012. La organización califica de "histórico" este recorte en Dependencia en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y alerta de que reduce "a cero" la aportación había comprometido hasta la plena implantación de la Ley de Dependencia en 2015. "Más recortes, más desprotección social y menos atención a los que más lo necesitan", lamenta.
A juicio de UGT, existe una "clara vulneración" en la aplicación de la Ley de Dependencia, en cuya memoria económica figuraba el compromiso del Estado, al menos hasta que la norma fuera implantada en su totalidad, a través de la aportación del nivel acordado, una cantidad anual que pasa de 283 millones de euros a cero.
Por otro lado, el sindicato afirma que llama "poderosamente la atención" que las cifras para la atención a la dependencia bajen de forma importante respecto al año pasado, "incluso el número de beneficiarios presupuestados". En este sentido, UGT alerta de que si bien el año pasado los beneficiarios con derecho a prestación "se estimaron en 1.092.872", para este año "se ha presupuestado en 790.000 beneficiarios".

Renuncia del Gobierno

Por su parte, Comisiones Obreras afirma que el recorte supone romper el modelo de financiación actual, por el que el Estado aporta una cantidad y las comunidades autónomas el resto, e implica "la renuncia" del gobierno a exigir que las autonomías pongan su parte.
Según el sindicato, este recorte significará la "desaparición del incentivo que actualmente tienen las comunidades autónomas para incrementar el número de beneficiarios de las prestaciones de dependencia", ya que este fondo se distribuía únicamente teniendo en cuenta el número de personas efectivamente atendidas. Por eso, CCOO considera probable que se incremente el limbo de la dependencia, es decir, el número de personas que con derecho reconocido a prestación, no la reciben.
"Hace escasamente dos meses, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ofrecía un Pacto por los servicios sociales y desde entonces, su gobierno modifica unilateralmente e incumple una ley que fue consensuada social y políticamente, que además, ha permitido ampliar la cobertura de protección a cientos de miles de personas en situación de dependencia y que ha creado 195.000 nuevos empleos en tres años", ha denunciado la secretaria confederal de Política Social de CCOO, Rosana Costa.
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La amnistía fiscal no gusta a los evasores

La amnistía fiscal no gusta a los evasores: preferían algo más discreto aunque fuera menos favorable


A la vuelta del verano, las bancas privadas comenzaron a decir veladamente que se estaba preparando el terreno para facilitar la repatriación de capitales, ya fuera con un mecanismo que facilitara este proceso o incluso no faltó quien hablara de amnistía fiscal a las claras. Todo eso, por supuesto, descontando que el PP ganaba las elecciones, como ocurrió.
Por un lado, los países como España estaban sufriendo la crisis de deuda y el estancamiento económico. Tenían ya serios problemas para financiarse. Por otro, los evasores comenzaban a necesitar de manera urgente el dinero porque la recesión les afectaba. Gran parte, por no decir la totalidad, de las fortunas de los años recientes se generaron o crecieron en torno al ladrillo y eso terminó drásticamente. Se calcula que hay, al menos, entre 40.000 y 50.000 millones de euros evadidos.
Mientras tanto, países como Suiza o Andorra se han salido de la lista negra de la OCDE y parecen dispuestos a colaborar con las agencias tributarias, aunque esto siempre se dice en voz alta pero luego la realidad es bastante distinta.
Un hecho incuestionable, sin embargo, era que los bancos suizos y andorranos que quedaban por llegar a España lo han hecho en los últimos tiempos, adquiriendo firmas en España o abriendo oficinas. ¿Oficinas de banca privada en estos tiempos? No lo hacían para captar clientes, sino para gestionar el dinero de vuelta a su país de origen.
Con la presentación a principios de año del plan antifraude, desde el Ejecutivo se empezó a filtrar que iba a haber facilidades para la “regularización voluntaria” con el fisco. Eso sí, “en ningún caso se tratará de una amnistía fiscal”, decían una y otra vez desde el Gobierno. Eso tendría muy mala imagen y sería mal visto que lo llevara a cabo un gabinete de derechas.
Pero los ingresos son los que son y ha sido en las últimas horas cuando Montoro ha tomado una medida que, como él mismo reconoce, no le gusta y es un sapo a tragar: una amnistía fiscal en toda regla. A ningún ministro de impuestos le gusta perdonarlos pero se ha impuesto la ley del “mejor uno que ninguno”.
Así, los capitales repatriados deberán abonar una tasa de gravamen especial del 10% y a otra cosa. Ni sanción, ni retención. Una invitación con la puerta totalmente abierta, que debería facilitar un aluvión de dinero de vuelta. O quizá no.
¿Compensa?
La cuestión es que había mucho dinero esperando a volver de manera voluntaria a partir del segundo semestre. ¿Por qué? Porque los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Justo después de la segunda mitad de 2007, los mercados se desplomaron por lo que la gente que se pusiera al día por iniciativa propia no tendrían que tributar por plusvalías, ya que prácticamente todo el mundo sufre pérdidas desde ese periodo.
“Tenemos regularizaciones calculadas que prácticamente ofrecen un saldo de cero”, comentaban ayer en un banco privado, no demasiado entusiasmados con la novedad del Consejo de Minisitros. Desde un despacho de abogados especializado en fiscalidad señalaban que “hay que leer la letra pequeña del real decreto ley y sobre todo ver dónde puede haber alguna trampa, pero a mucha gente no le conviene acogerse a ella”.
La tasa del 10% puede ser superior a lo que abonarían muchos inversores con un esquema normal, de abono de impuestos más los recargos pertinentes. Eso sí, saben que, haciéndolo ahora, la Agencia Tributaria no les podría discutir si han computado tal cosa o tal otra de manera adecuada. Ahora, con aplicar un recorte del 10% al principal, a otra cosa.
Aunque eso de “a otra cosa” no se puede decir muy alto. Las amnistías fiscales las carga el diablo. Los inversores valorarán sin duda el riesgo de que dentro de un tiempo aparezca algún juez con ganas de notoriedad que quiera hurgar en el asunto. Ocurrió a principios de los 90, con los pagarés del Tesoro nominativos. Un par de bancos crearon fondos de inversión con esos instrumentos y se encontraron con que una jueza de Barcelona entraba en la entidad con una docena de policías para hacerse con la lista de titulares de esos fondos.
Se trataban de productos emitidos por el Gobierno precisamente para hacer aflorar dinero negro, con la promesa de que no habría penalización, más allá de la obligada permanencia en el pagaré hasta su vencimiento, pero en cuanto se deja rastro, aparece el riesgo.
Ponerse a buenas con Hacienda es algo que tiene un elemento de riesgo. Siembra la duda inmediata de “¿y si tiene más?” La pregunta definitiva, sin embargo, la tiene que contestar la sociedad: ¿está de acuerdo en perdonar impuestos a los evasores a cambio de que traigan el dinero de vuelta y lo pongan a circular en la economía?
Por su lado, tanto los bancos de alto standing como los evasores tampoco sonríen con esta medida. Preferían un sistema de regularización voluntaria mejorado y más discreto, que permitiera a estos capitales volver apoyados en que sus minusvalías les exoneraban en gran medida del pago de impuestos. Y la sociedad ni se enteraría
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Rajoy o la frivolidad fiscal de un dirigente

Mariano Rajoy, campeón de slalom fiscal (o la frivolidad de un presidente)


Cristobal Montoro
Yo reconozco, para mí mismo y también para los demás, el derecho a no ser coherente. El conocimiento y el dominio sobre la realidad sólo se obtienen mediante la suma del ensayo y el error. Si acertamos (cosa rara) a la primera, habremos solucionado el problema que queríamos resolver. Pero lo más frecuente será cierta repetición de errores que nos obligará a introducir las correspondientes alternativas en nuestros cálculos, hasta terminar el trabajo con éxito. Trasladado a la política, el método de ensayo y error hará apreciables (y hasta muy queridos) por la opinión pública a los dirigentes que culminen sus procesos de decisión (naturalmente con éxito) lo antes posible. Pero tendrán que mancharse las manos de realidad. Es inevitable. Porque el peor defecto de un político es construir castillos en el aire (aunque sean muy bonitos), improvisando y sin dar tiempo  a que sus ideas sean fraguadas (o desmentidas) por la experiencia. El ejercicio del poder es una burla a los ciudadanos si los cambios de orientación de quien es su titular se deben exclusivamente a su capricho. Esto es más deleznable incluso que la coherencia política de cartón piedra, y los dos defectos (encubiertos convenientemente como virtudes públicas) suelen adornar simultáneamente a los jefes de los partidos, que no sé si están hechos de cemento armado o de acero.
El Gobierno anunció ayer una reforma urgente del sistema fiscal de nuestro país que no debe caer en saco roto. El avance de las intenciones gubernamentales va, en general, por la buena dirección, ya que intenta taponar el agujero que muchas empresas le están haciendo al Impuesto sobre Sociedades gracias a la utilización legal (según la normativa vigente) de las partidas de gasto y de las deducciones de la cuota, cuya “generosidad” hacia los contribuyentes sólo podría ser igualada –si no nos hubiera dicho definitivamente adiós- por la buena disposición para con el prójimo y la ingenuidad sin medida de Cantinflas. Pero lo malo de la seriedad y el inédito rigor que ahora enseña el Gobierno de Mariano Rajoy al mundo de la empresa es que supone un giro de 180º respecto a iniciativas anteriores que, según nos decía este hombre de hielo destinado por los dioses de los témpanos a ser registrador de la propiedad, no tenían vuelta de hoja. A lo que debe añadirse que sorprenden, y mucho, los cambios de rumbo trazados por un Gobierno que apenas lleva cien días a sus espaldas.
Mariano  Rajoy y sus ministros presumen de tener una hoja de ruta segura para sacarnos de la crisis. Yo creo, sin embargo, que demuestran una pizca de soberbia debida a un complejo de inferioridad, a la falta de un entendimiento preciso y completo de la realidad. Una actitud más humilde les llevaría probablemente en la práctica a la virtud mucho más modesta de indagar sobre los impuestos a través de la prueba y la posibilidad de error. En vez de eso, el Gobierno ofrece cierta tendencia a huir de la realidad mediante fórmulas frívolas disfrazadas de lo que nuestro equipo de próceres del Partido Popular asegura que es la verdad. Es decir, aunque no lo reconozca, el Ejecutivo está dando bastantes palos de ciego.
Compruébenlo ustedes en los dos apartados siguientes:
1.- Incentivos fiscales y creación de empleo

El Gobierno comenzó su andadura prorrogando para 2012 el beneficio (en el IRPF) consistente en la reducción del 20% del rendimiento declarado por los empresarios individuales y los profesionales con la simple condición de mantener la situación actual de sus plantillas. Hizo algo parecido en el Impuesto sobre Sociedades para la pequeña empresa, consolidando durante este ejercicio la aplicación del tipo de gravamen reducido del 20% (por la parte de base imponible no superior a 300.000 euros) con el simple requisito de mantener su empleo antiguo. En ningún caso se condicionaba el disfrute de los beneficios fiscales a la creación neta de empleo. Apenas un mes después, y como ya advirtió cuartopoder.es, el Gobierno dio entrada en nuestro sistema de relaciones laborales al denominado contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores con una oferta adicional de incentivos fiscales: dos deducciones tributarias, siendo la primera la concesión de una prima fiscal a tanto alzado por importe de 3.000 euros, y la segunda otra deducción tributaria consistente en el 50% de las prestaciones por desempleo que el trabajador tuviera pendientes de recibir en el momento de su contratación por la empresa. Ninguna de estas deducciones (aplicables en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades) está condicionada a la circunstancia de un incremento neto de la plantilla. Tampoco se encuentran limitadas por la no superación de un tope sobre la base imponible declarada por la empresa. Es decir, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ignorar que, en el Impuesto sobre Sociedades, las ayudas a la contratación laboral requieren tradicionalmente  para su disfrute de la existencia de un incremento neto de la plantilla, y que la mayoría de las deducciones de la cuota están limitadas al 35% de los beneficios declarados por la empresa. Ahora, sin embargo, las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades (durante los ejercicios 2012 y 2013) se van a limitar al 25% de aquella magnitud. Además, desaparece indefinidamente el coladero de la libertad de amortización, con la única excepción de las pymes que creen empleo. ¿En qué quedamos? ¿Y cómo se va a cohonestar jurídicamente el nuevo rigor del Gobierno con la manga ancha que ha demostrado en los incentivos fiscales que contiene su reforma laboral?   
2.- Medidas de gracia
Llegó el mes de enero y la víspera de Reyes Magos se celebró una reunión inusual del Consejo de Ministros (el 5 de enero cayó en jueves) y al término de la misma la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría prometió a los buenos ciudadanos que los Magos de Oriente traerían a los ciudadanos malos dos arrobas y media de carbón. ¡Qué bien! Se trataba de una reunión monográfica sobre el fraude fiscal y, aunque el Gobierno no envió al Congreso de los Diputados ningún proyecto de Ley sobre el asunto, la joven aunque sobradamente preparada Soraya manifestó que el Gobierno iba a ser implacable con los defraudadores hasta el punto de prohibir el pago de ciertas operaciones en efectivo. Miró al soslayo, fuese…y no hubo nada. Vaya, vaya, con  Soraya. Apenas un mes después, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó ante la prensa el Plan de control tributario de 2012: más amenazas tributarias para los malos malísimos, pero la prometida Ley de represión del fraude seguía en el armario en el que el ministro Cristóbal Montoro guarda los manguitos de contable. Ayer, día 30 de marzo de 2012, ídem de ídem: dentro de poco irá al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal. ¡Fenomenal! Porque mientras la ciudadanía de nómina y alpargatas fiscales debe soportar, sobre el monto resultante de los tipos del IRPF que se han incrementado en los últimos años (por el Estado y las Comunidades Autónomas), unos recargos extraordinarios aprobados por el Gobierno Rajoy en diciembre del año pasado (del 0,75% al 7% de la base liquidable general del IRPF), hay mucho desaprensivo que hace de su capa un sayo. Pero no, lo cierto, lo único cierto es que el Gobierno aprobará un gravamen especial (de un raquítico 10%) para los que afloren activos ocultos antes del 30 de noviembre de 2012. Es decir, el Gobierno del Imperio de la Ley se rinde al empuje de los poderosos. Dos lecciones fundamentales nos ha enseñado el pedagogo Rajoy. LA PRIMERA: el desprestigio inevitable de la Ley (¿quién –el que pueda- va a someterse a las leyes fiscales si éstas pueden decaer otra vez en el futuro?; o, lo que es lo mismo, defraudar es comprar una tarjeta en el juego del bingo (¿por qué pagar ahora el IRPF a un tipo de gravamen cercano al 50% o más si quizás dentro de unos años podré hacerlo al tipo del 10%?). Y si actualmente pueden aflorarse activos ocultos pagando un peaje del 10%, ¿cómo se debe justificar esta medida a los contribuyentes del IRPF que están pagando religiosamente su IRPF a tipos efectivos mucho más altos? LA SEGUNDA: El Gobierno de Mariano Rajoy justifica su política de ajustes por la fuerza irresistible de la globalización. Los mercados globales nos imponen sus condiciones en la reforma del sector financiero, en la reforma laboral, en la reforma del Estado del Bienestar y en la reforma de la Constitución. ¿Qué esperan entonces los gurús del PP de un dinero oculto que se mueve a sus anchas en Singapur, en la City londinense o en las Islas Caimán, aunque sus propietarios vivan en el barrio de Salamanca? ¿Que regrese bonanciblemente a las arcas del Tesoro? ¿No es usted –señor Rajoy- un hombre muy antiguo o muy moderno según le aconseja el afán práctico de cada día? Con la regularización fiscal que propone ha demostrado, señor Rajoy, que es usted muy fuerte con los débiles y muy débil con los poderosos. Pero, sobre todo, ha demostrado que desconfía de su fuerza de convicción. Ya que (es un suponer) ¿por qué no modifica usted el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y hace pagar sus deudas tributarias a los inversores domiciliados en paraísos fiscales que compran títulos de la Deuda Pública o participaciones preferentes de las entidades financieras españolas?
Por favor, señor Presidente, responda después de la publicidad.
Publicado en http://www.cuartopoder.es/luzdecruce/mariano-rajoy-campeon-de-slalom-fiscal-o-la-frivolidad-de-un-presidente/3206
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Recortes en Dependencia y Vivienda

Rojas: "Los recortes del Estado obligan a ajustar en vivienda y dependencia"

Ines Rojas/EFE
La consejera canaria de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha advertido hoy de que el recorte de los Presupuestos del Estado de 2012 obligan a modificar el Plan Canario de Vivienda y las ayudas a la dependencia, entre otros asuntos.
Así lo ha manifestado Rojas tras firmar un convenio con la patronal de la construcción de Las Palmas para el desarrollo de dicho plan de vivienda, un acto en el que ha considerado "bastante grave y muy preocupante" el recorte presupuestario que afecta al Ministerio de Fomento.
Y es que, según la consejera, que no ha podido ofrecer cifras concretas sobre la repercusión que tendrán estos recortes para Canarias, de las que informará en breve, los ajustes implican, por ejemplo, que se lleve "a cero" la partida para la atención a inmigrantes, la aportación estatal al desarrollo de la Ley de Dependencia, y que puedan estar en peligro las ayudas a las federaciones deportivas.
Rojas ha considerado que esta situación obligará a las administraciones canarias que cofinancian muchas de las políticas de Fomento a tomar decisiones que, en todo caso, supondrán un replanteamiento de las partidas comprometidas hasta el momento.
La consejera admitió estar "muy desmoralizada" por los acuerdos adoptados el viernes por el Consejo de Ministros, que implican, según ha dicho, la supresión de la partida estatal destinaba a la integración de inmigrantes, y que pueda peligrar el programa cultural "Canarias Crea", por el que se subvenciona los desplazamientos de los artistas canarios al territorio peninsular y del resto de Europa.
En materia de políticas sociales, concretamente las relacionadas con la atención a las personas dependientes, Rojas ha alertado de que "se ha suprimido" la partida de 283 millones acordada con las comunidades autónomas, lo que, a su juicio, implicará que el resto de las partidas estatales con las que se financiaba esta ley también sufra "una bajada".
A juicio de la consejera, no se pueden suprimir partidas presupuestarias para financiar la atención a personas dependientes "sin cambiar la ley" que reconoce este derecho, por lo que ha opinado que "algo más tendrá que pasar" en este ámbito.
Inés Rojas ha considerado que esta coyuntura de crisis obliga a aprobar unos presupuestos "austeros, pero justos", lo que, en su opinión, no ha ocurrido respecto a Canarias, "una comunidad autónoma que ha hecho esfuerzos brutales al recortar 2.000 millones en los dos últimos años para que España pudiera cumplir sus objetivos de déficit".
Sobre los cambios que pueden afectar al Plan de Vivienda de Canarias, Rojas y la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, María de la Salud Gil, han indicado que estas políticas se centrarán en adelante en la rehabilitación integral y urbana y la reposición de barrios, en lugar de en la construcción de más viviendas sociales.
Según han explicado, estos proyectos de rehabilitación y reposición, en los que participa la iniciativa pública y también la privada, suponen una "magnífica oportunidad" para el sector de la construcción, las administraciones locales y los demandantes, ya que contribuyen a crear empleo y a garantizar la dinamización del stock de viviendas vacías que existe en el mercado libre.
Gil ha manifestado además la predisposición de la patronal de la construcción de Las Palmas de participar en la rehabilitación integral de los complejos turísticos obsoletos que están en poder de más de un propietario y donde viven muchos trabajadores del sector.
Paralelamente a esta acción, se ofrecerá viviendas en determinados núcleos de esas poblaciones turísticas a los trabajadores del sector que residen en esos complejos.
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El sindicado mayoritario de policías denuncia que cada ministro cuenta con cinco coches

"Derrochan como jeques árabes con el dinero de todos, mientras recortan y exigen sacrificios a los más débiles, a los que nada tienen"


El mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que ministros y altos cargos tienen a su disposición hasta cinco coches oficiales cada uno.
 
El SUP  ha hecho esta denuncia en la edición de abril de su boletín ‘Carné X Puntos’, que firma su Comisión Ejecutiva Nacional. En este boletín existe una sección en la que el sindicato policial juega con el concepto de retirada de puntos del carnet de conducir, ante la actuación de mandos policiales y políticos, informa Servimedia.
Moragas pierde seis puntos
La organización sindical señala que  “pierde seis puntos” el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, y todos los que como él, en puestos similares en todos los ministerios, sean responsables del doble rasero corrupto que se aplica en la gestión de medios materiales, derrochando como jeques árabes con el dinero de todos mientras recortan y exigen sacrificios a los más débiles, a los que nada tienen”.
El colaborador de Rajoy se apresuró a pedir escoltas y vehículos
Según este sindicado, Moragas “no esperó ni a tomar posesión del cargo para exigir escoltas y vehículos para cargos políticos y familias, haciendo lo contrario de lo que predica para los demás en cuanto a austeridad en el gasto público se refiere”.
Gratis total
El sindicato se pregunta “cuántos vehículos tienen el presidente del Gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, jefes de gabinete, etc., gratis total, con sus correspondientes chóferes y escoltas?”.
Cinco coches ante imprevistos
El SUP precisa  que además de sobrar el 95% de gastos superfluos y corruptos, cada persona de estas tiene entre tres y cinco coches idénticos asignados, para poder sustituirlos mientras los limpian, por averías, trasladar por carretera a localidades a las que viajan en avión los usuarios etc
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CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE

CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE (VALENCIA) HA DESPEDIDO A 108 TRABAJADORES DE LOS 258 EMPLEADOS CON LOS QUE CONTABA, 79 SON CIENTIFICOS, LOS QUE SE QUEDAN TIENEN UNA REDUCCION DE SALARIO. SE HAN CERRADO 14 LINEAS DE INVESTIGACION, ALGUNAS ERAN SOBRE EL CANCER, PARKINSON O ALZHEIMER.

PERO HAN GASTADO 3 MILLONES DE EUROS ORGANIZANDO UN CAMPEONATO DE GOLF DE UN FIN DE SEMANA EN CASTELLON. 15 MILLONES DE EUROS EN UNAS TORRES DE CALATRAVA QUE AL FINAL NO SE VAN A CONSTRUIR.
HAN COMPRADO "POR UN PRECIO SIMBOLICO" LA EMPRESA VALMOR SPORTS , ENCARGADA DE LA ORGANIZACION DE LA FORMULA 1, PERO SE HACE CARGO DE 30 MILLONES DE EUROS DE DEUDA.
PODRIA SEGUIR ...
SOY YO EL ÚNICO0 INDIGNADO O HAY MAS?
El Viernes es el dia mundial del cancer. Te agradeceria que lo enviaras.
El 93% no lo harán.
La única petición es que mantengas esto circulando, aunque solo sea a una persona más. Por la memoria de alguien que conozcas que ha sido vencido por el cancer o que aun vive con el. Una vela no pierde nada cuando enciende otra vela . Por favor manten esta vela encendida.
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¿ Proximos recortes Personal Laboral de las Administraciones ?

Las Administraciones, abocadas a recortar entre sus 700.000 empleados laborales

Desde el comienzo de la crisis, el número de parados se ha disparado hasta los 5,27 millones de personas. Sin embargo, había un colectivo que se encontraba siempre a salvo de los despidos: los funcionarios. Análisis: ¿Sobran 900.000 funcionarios? Llega el turno de los ajustes de los ministerios.
Esta situación cambió para los empleados públicos con la reforma laboral presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy: en su Disposición Adicional Segunda incluye, por primera vez en España, la posibilidad de que se despida a personal laboral del sector público por causas económicas.
"Nadie podía pensar hace dos años que se podría despedir a funcionarios", lamenta Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). Ahora, en cambio, las 700.000 personas que integran el colectivo de personal laboral ven amenazado su puesto de trabajo. Y no es sólo el enunciado de la reforma laboral,  sino que los gestos que reciben desde el Gobierno y la Administración en general no ayudan a tranquilizar la situación.
Comunidades y ayuntamientos están obligados a recortar gastos de forma dramática y la reducción de plantillas se vislumbra como la única medida verdaderamente efectiva. Algo hasta ahora impensable. Un claro ejemplo de este cambio de paradigma lo dió hace poco el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando aumentó las inquietudes de los funcionarios, al asegurar en una conferencia que los empleados públicos "también deben ganarse el puesto" de trabajo.
Desde los sindicatos ven esto "inadmisible", ya que el personal laboral, en muchos casos, ha superado las  mismas pruebas que los funcionarios de carrera.  "Queremos que el personal laboral que haya conseguido su plaza a través de un concurso público no pueda verse afectado por un ERE", defiende Borra. "Ese personal laboral tiene que estar al margen de los ERE", exige el líder sindical, petición que también ha trasladado al Gobierno.
De momento, los funcionarios aún no se han movilizado, debido a que quieren apurar las negociaciones con el Gobierno mientras la reforma aún se encuentre en trámite parlamentario. De hecho, los sindicatos de funcionarios no secundaron la huelga general convocada para el pasado jueves 29 de marzo.

En negociaciones

Para ello, desde los sindicatos se han puesto en contacto con distintos partidos del Congreso para hacerles llegar los temores de los funcionarios. En concreto, en sus encuentros con los representantes políticos les solicitan que presionen para evitar que se puedan hacer ERE a los funcionarios.
La preocupación del personal laboral se extiende también a los funcionarios de carrera. Una vez abierta la posibilidad de que la Administración despida a trabajadores públicos, no saben dónde puede estar el límite en el futuro. "Una vez abierta la caja de Pandora, a ver quién la cierra", sentencian en CSI-F.

Demasiados funcionarios

Desde el Ejecutivo la perspectiva es diferente, sobre todo en lo referente a comunidades autónomas y ayuntamientos. A principios del mes de marzo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, advirtió que el empleo público debería recortarse para alcanzar los objetivos de déficit del 5,3%. Beteta justificó su advertencia señalando que la contratación de la Administración Pública se había disparado entre 2001 y 2011, hasta crecer en unas 440.000 personas.
Sin embargo, el secretario de Estado culpó principalmente a las comunidades autónomas y a los entes locales, ya que desde la Administración General del Estado sí que han hecho parte de los deberes, al reducir este tipo de contratos un 22% (163.880 personas). Por el contrario, las comunidades aumentaron el número de empleados públicos un 44% (409.569 personas), y los ayuntamientos un 39% (181.031 trabajadores).
Por ello, Beteta advirtió que "esta circunstancia ni puede ni debe seguir así", y recordó que el Estado reduciendo empresas y empleados públicos, e instó a las autonomías a que hagan lo propio, un consejo que podría significar algo más en las 14 regiones en las que gobierna el PP. El Ejecutivo también critica al Gobierno de Zapatero, al asegurar que en 2010 y 2011 incumplió los recortes de personal comprometidos, así como la reducción de empresas públicas.
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