Hacienda pone sobre la mesa un 'tijeretazo' al personal pero Función Pública plantea alternativas para evitar decisiones traumáticas
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Los consejeros Francisco Hernández Spínola (izquierda)
y Javier González Ortiz, en el Parlamento. | la provincia / dlp |
El debate interno entre los dos grupos que forman el Gobierno regional,
CC y PSC, para cuadrar los presupuestos de 2013 se tensa. Sobre la mesa
está el despido de entre 3.000 y 4.000 empleados públicos que plantean
los nacionalistas y la oposición de los socialistas, que estudian
alternativas para evitar decisiones traumáticas en el capítulo de
Personal. Por segunda vez en el mismo año -la anterior ocasión fue en
mayo- los dos socios de gobierno deben salvar serias diferencias a la
hora de ajustar las cuentas autonómicas.
Los dos protagonistas de esta pugna son el consejero de Economía y
Hacienda, Javier González Ortiz, y el consejero de Presidencia y
Justicia, Francisco Hernández Spínola. Hacienda baraja meter la tijera
en el capítulo I del presupuesto ante la tesitura de tener que reducir
las cuentas en 575 millones de euros y por la imposibilidad de volver a
subir los impuestos. La horquilla que se contempla por el departamento
que dirige González Ortiz es la de reducir entre 3.000 y 4.000 empleados
públicos a través de extinciones de contratos y regulaciones de empleo,
donde se incluirían también a los servicios públicos.
Para los
socialistas hay "líneas rojas" que no están dispuestos a traspasar y una
de ellas son los despidos masivos en la Administración autonómica.
Fuentes cercanas al Ejecutivo recuerdan que en mayo CC puso sobre la
mesa el despido de 4.000 empleados públicos y el PSC se negó. Después de
una dura negociación interna se redujeron partidas en todos los
capítulos y se subieron los impuestos. Ahora el escenario ha empeorado
ante la drástica bajada de los ingresos procedentes del Estado.
Función
Pública, departamento que dirige Hernández Spínola, hace encaje de
bolillos con propuestas que pasan por reducir hasta un 20% los cargos
públicos y la estructura de la Administración autonómica, imponer mayor
flexibilidad interna a los empleados públicos para poder moverlos entre
departamentos, reducir jornadas y rebajar sueldos. El PSC ve inevitable
se- guir reduciendo contratos, no realizar nuevas contrataciones, no
reponer las plazas vacantes y no convocar oposiciones. A lo que se
resisten los socialistas es a dar su aprobación a un despido masivo de
empleados.
Otra alternativa que se plantea desde el PSC es
profundizar en la reestructuración del sector público, es decir,
continuar adelgazando el entramado de empresas, organismos autónomos y
fundaciones dependientes de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, este es
un asunto que están en manos de Economía y Hacienda, coto de Coalición
Canaria. Los socialistas proponen acelerar las fusiones de empresas y
fundaciones y adecuar las plantillas a las necesidades reales.
Aunque
el pacto no es cuestionado ni por nacionalistas ni por socialistas, sí
se han producido algunos roces entre departamentos dirigidos por
socialistas cuando se trata de asuntos relacionados con
responsabilidades de los nacionalistas.
Las recientes
declaraciones del presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos
Francisco, sobre la necesidad de prescindir de 5.000 empleados de la
Comunidad Autónoma ha puesto en alerta a los dirigentes socialistas. El
frenazo a la aprobación del presupuesto autonómico hasta que se vea cómo
quedan las cuentas del Estado ha dado cierto "respiro" y Función
Pública se está empleando a fondo para amortiguar en la medida de lo
posible una decisión que cuenta con la salvaguarda legal del Estado pero
que supondría traspasar la "línea roja" de los socialistas.
