lunes, 14 de junio de 2010

Soria boicotea sus propios acuerdos

EL GOBIERNO NO REBAJA EL SUELDO A LOS ALTOS CARGOS
Soria boicotea sus propios acuerdos

Parecía increíble que pudiera suceder, pero ha sucedido. El Gobierno de Canarias decidirá en su reunión de esta semana el modo de aplicar la rebaja de salarios a los funcionarios de la Comunidad Autónoma mediante un procedimiento singular, a la par que aparente: acuerdo de Consejo de Gobierno. Se trata de una medida jurídicamente injustificada que sólo encierra claves políticas: endilgar a ese órgano colegiado la impopular decisión de rebajar los salarios y el modelo escogido para echar a pelear a funcionarios con laborales, y a ambos colectivos con los cargos públicos, empezando éstos por los secretarios generales técnicos y terminando por el mismísimo presidente de la nacionalidad. El cerebro de tan previsible decisión no es otro que el consejero de Economía y Hacienda, que traslada de este modo a sus socios del pacto la postura nacional de su partido, el PP, en contra del tijeretazo de Zapatero: aún estando obligado a aplicarlo, el Gobierno de Canarias se sube a la parra y, además de alargar la aplicación del Real Decreto, incumple sus propios compromisos parlamentarios, entre otros el de rebajar un 15% los salarios de los altos cargos.
EL GOBIERNO PRETENDE REFORMAR LA LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL RECORTE DE ZAPATERO. Soria rebaja el sueldo a los funcionarios pero no toca el de los altos cargos



El Gobierno modificará la Ley de Presupuestos para cumplir el Real Decreto del recorte de salarios, lo que retrasará unos meses su aplicación en Canarias.

De momento sólo cargarán con el sacrificio los funcionarios y el personal laboral. El Gobierno de Canarias ha decidido hacer una aplicación muy sui géneris del Real Decreto 8/2010 para el recorte del déficit público, que obliga a las administraciones públicas españolas a reducir un 5% su masa salarial. De momento, según un acuerdo que irá esta semana al Consejo de Gobierno, sólo se aplicará ese porcentaje a los trabajadores públicos, tanto al personal laboral como al funcionario y estatutario. Los altos cargos (presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales), para los que se anunció un recorte salarial del 15%, quedan fuera de momento.

Así lo ha decidido el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno, José Manuel Soria, que en la aplicación del recorte del déficit público ordenado por el Gobierno central (el Real Decreto es legislación básica, luego de obligado cumplimiento), tiene todas las prerrogativas en Canarias. Su decisión, respaldada por la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, ha sido la de rebajar un 5% todas las retribuciones del personal laboral (salario base, trienios y complementos) y la misma proporción al personal laboral y estatutario, pero aplicándola solamente al salario base y a la antigüedad.

El resto de las reducciones a las que el Gobierno canario está obligado para alcanzar la rebaja efectiva del 5% en la masa salarial incluida en el Capítulo 1 de sus presupuestos generales, habrá de ser aprobada mediante modificación de la Ley de Presupuestos de Canarias, una vía sorprendente y jurídicamente innecesaria que ya ha empezado a ser elaborada por un equipo ajeno a la Consejería de Economía y Hacienda bajo la dirección de una persona de la máxima confianza del consejero Soria, Rosa Rodríguez, viceconsejera de Economía.

Esa modificación legal, cuyo alcance será abordado esta semana por el Consejo de Gobierno, será la que regule cómo aplicar la instrucción para la elaboración de retribuciones en nómina, que se aprueba cada enero desde 2006 pero que ahora habrá de ser modificada para ejecutar el Real Decreto 8/2010 de recorte del déficit público. Esa instrucción siempre ha afectado a todas las nóminas de la administración, es decir, desde los trabajadores públicos a los altos cargos, incluyendo asesores.

Pero en esta ocasión, el Gobierno ha hecho algunas extrañas piruetas. De entrada, ha remitido a un acuerdo de Gobierno la modificación de la instrucción sobre elaboración de nóminas, que en cualquier otra ocasión se hubiera resuelto con una circular de la Consejería de Presidencia, a quien pertenece Función Pública. En segundo lugar, ha sacado de esta modificación salarial a los altos cargos, que seguirán cobrando sus nóminas íntegramente mientras se tramita esa modificación de la Ley de Presupuestos, la tercera originalidad, ya que no es jurídicamente necesario para hacer un cambio en las nóminas.

Con todo, aún aplicando la máxima urgencia a esta tramitación parlamentaria, con lectura única, es probable que no haya aplicación del decreto del Gobierno de España hasta el próximo otoño. Hasta entonces, el Gobierno disfrutará de su salario íntegro. Había prometido una rebaja del 15.

Video Concentración 8-J

http://www.youtube.com/watch?v=pl_tVwivFM0

Los Sindicatos no se apretan el Cinturón

Los sindicatos se suben los salarios y las dietas en plena crisis

La moderación salarial no llega a los principales sindicatos españoles, que siguen disfrutando de fuertes subidas salariales o de generosas dietas gracias a unos convenios colectivos pactados antes de la peor crisis de las últimas décadas. Funcionarios y pensionistas tienen que hacer sacrificios para reducir el déficit público, pero estas organizaciones siguen ajenas al recorte de las políticas sociales.

Los trabajadores de UGT no verán disminuido su poder adquisitivo a pesar de que sus sueldos también dependen, en gran medida, de las subvenciones de las Administraciones. Los sindicatos se financian básicamente con las aportaciones del Estado central y de las CCAA, y con las cuotas de sus afiliados.

Los trabajadores del sindicato que dirige Cándido Méndez, el más cercano al PSOE, se han beneficiado durante los últimos dos años de una subida salarial superior al 7%. Según publicaba el BOE el 9 de junio de 2009, su poder adquisitivo aumentó el año pasado un 3,75%, a pesar de que el Índice de Precios de Consumo (IPC), que suele utilizarse para revisar los sueldos de los empleados en las compañías, retrocedió un 0,3% de media. Los salarios pactados en España en el sector privado crecieron un 2,4% el año pasado.

Sin austeridad
Esta subida contrasta con el convenio que pactaron los propios sindicatos en la función pública, que establecía leves incrementos de sueldo del 0,3% hasta 2012 y una cláusula de revisión salarial antes de las elecciones generales de 2012. Con la suspensión vía decreto de los acuerdos económicos de ese convenio, las diferencias entre los trabajadores sindicales y los estatales se amplía.

Según el convenio colectivo del personal laboral de UGT, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, los empleados de esta central sufrirán subidas salariales este año y el próximo superiores al 1,75%, a lo que habría que sumar el objetivo oficial de inflación, del 2%.

En estos incrementos salariales no están contempladas las retribuciones de los dirigentes, que, según aclara el documento, tienen un estatus diferente. Tan sólo se sabe que Méndez reconoció en el programa Tengo una pregunta para usted que su sueldo ronda los 2.500 euros al mes.

La situación es algo distinta en CCOO, donde sólo han pactado incrementos adicionales a la evolución del IPC del 0,25%. Sin embargo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO fijó los salarios de algunos miembros de su Comisión Ejecutiva Estatal por encima de los 37.000 euros anuales. Sus colaboradores cobrarían 28.000 euros anuales.

Según las cifras extraídas de un documento interno de CCOO, para un número significativo de los miembros de la mencionada comisión ejecutiva con categorías de ordenanzas, auxiliares y administrativos de diferentes administraciones la medida supone duplicar, o incluso triplicar, los ingresos que perciben como trabajadores.

La crisis sigue sin llegar a las centrales
La capacidad adquisitiva de los sindicalistas y del resto de los empleados de UGT ha mejorado sustancialmente desde que se aprobó el nuevo convenio colectivo de la organización. A ellos parece que la crisis no les afecta, por lo que no han decidido recurrir al artículo 28.1 de su convenio marco, que permite no aplicar los aumentos salariales pactados con los empleados por razones económicas.

Según la cláusula, "aquellos organismos que, debido a su situación económica, acrediten objetiva y fehacientemente que no pueden asumir el incremento salarial pactado por este convenio, podrán no aplicar lo pactado en esta materia en el mismo".

Sin apretarse el cinturón
Los trabajadores y los directivos de CCOO siguen teniendo unas condiciones económicas similares a las que tenían antes de la crisis, ya que el Ejecutivo de Zapatero no ha decidido frenar las transferencias de dinero público a estos organismos, como propone el Partido Popular.

Mientras que la Administración se ajusta el cinturón, estos empleados siguen disfrutando de aportaciones extra para hacer frente a gastos como las dietas de manutención, los gastos de telefonía móvil e Internet o el alquiler de vivienda si los trabajadores se tienen que desplazar de ciudad y los gastos derivados (luz, agua, electricidad...).

Mas de 300 Liberados en Canarias

Más de 300 canarios, liberados para dedicarse al sindicato
Los empresarios consideran que las nónimas de los representantes de los empleados son un lastre


RUBÉN REJA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Las empresas y las administraciones públicas en Canarias cuentan entre sus filas con más de 300 trabajadores que desempeñan labores de representantes de los empleados de su lugar de trabajo bajo las siglas de un sindicato. Estos 300 liberados sindicales cobran su nómina de las empresas y su principal cometido es hacer de enlaces entre el patrón y el sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores.

La figura del liberado, cuyo número en Canarias se extrae de estimaciones del sindicato UGT, está en estos momentos de crisis económica en el punto de mira de las organizaciones empresariales. Los agentes económicos consultados denuncian que estas personas son "un lastre" para las compañías debido a su escasa productividad.

"No es normal que esos costes que generan, porque hay que pagarles, se repercutan a las empresas", defiende la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), María de la Salud Gil. Destaca también que "asociarse es libre, un derecho" y no entiende que para ocuparse de una organización haya de abandonarse el trabajo. "Yo participó de organizaciones empresariales, pero sigo desempeñando mi trabajo día a día", expone.

Selva

Sin embargo, desde los sindicatos defienden "una pata fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores". En este sentido, Juan Francisco Fonte, secretario general de UGT, coincide con el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Fernando Redondo, quien ni se plantea "la eliminación de pilar de la democracia". Así, Fernando Redondo añade que "sin los agentes sindicales, estaríamos inmersos en una auténtica selva laboral".

Además, los 300 liberados sindicales que trabajan en Canarias destinaron 495.600 horas al año a negociar convenios colectivos, resolver conflictos en la empresa y a hacer prevalecer los derechos de los trabajadores. Estas horas que dedican a procedimientos sindicales "curiosamente son retribuidas por las compañías que sufren su improductividad y se paga caro", explica el presidente de Domingo Alonso, Sergio Alonso.

Los empresarios confían en que en la nueva reforma laboral se exija mayor cualificación para ser representante sindical y también que se repercuta los costes de los liberados sindicales y las retribuciones por horas perdidas a los sindicatos.

Culpabilidad de los funcionarios

Culpabilidad de los funcionarios

JOSÉ MANUEL PONTE El principal objeto de comentario en la tertulia del café fue la huelga de funcionarios, que no tuvo un amplio seguimiento por varias causas. Una de las más importantes es que estaban excluidos del recorte de salarios los empleados de las empresas públicas de transportes. Si no hubieran funcionado desde primera hora de la mañana el tren, el metro y los autobuses, los índices de participación hubieran subido notablemente, sobre todo en las grandes ciudades. Pero, en esta ocasión, el Gobierno socialista escogió bien a las víctimas del "decretazo" para que el daño a sus intereses políticos fuera menor.

Otro factor a tener en cuenta fue la acumulación de pérdidas que supone para los empleados de ingresos más modestos (la mayoría) un recorte del 5% del salario a partir de este mes, junto con el descuento por razón del día no trabajado. Una huelga revolucionaria tiene el aliciente de derribar a un poder injusto, pero una huelga testimonial es un gasto tan absurdo como una noche de cabaré sin señoritas ligeras de ropa. No están los tiempos para demasiadas alegrías económicas cuando es inminente la subida del IVA y la del recibo de la luz, que, por cierto, se ha encarecido un 26% en 30 meses. Y, por último, hay que considerar la postura ambigua de las centrales sindicales, que no pusieron excesivo empeño en forzar la máquina porque aún tenían pendiente un desesperado intento de diálogo sobre una reforma laboral que todavía será más dura.

Entre los tertulianos del café, algunos de los cuales son empleados públicos, se tiene la impresión de que la medida del Gobierno de Zapatero contra el funcionariado y los pensionistas no tiene un objetivo de ahorro del gasto (hay más partidas del presupuesto de las que se puede echar mano, junto con una reforma fiscal verdaderamente equitativa), sino de ejemplarizar en el mal sentido de la palabra. "Antes de liquidar a los judíos en las cámaras de gas –apunta uno de los afectados–, los nazis los señalaron con unos brazaletes amarillos. Con nosotros harán igual. Primero nos exhiben ante el resto de la población como un colectivo gorrón e ineficaz que goza del privilegio de disponer de un trabajo seguro. Y después, nos irán liquidando poco a poco junto con el resto del Estado social al que servimos, que es el verdadero objetivo de todas estas reformas. Tanto de las llamadas derechas como de las llamadas izquierdas. Unos más aprisa y otros más despacio, pero siempre al dictado de los intereses del capital".

A algunos de los tertulianos del café, el discurso les pareció un tanto exagerado, pero no dejaron de reconocer que tiene un fondo de razón.
Desde los Pactos de La Moncloa, los funcionarios han ido perdiendo capacidad adquisitiva respecto del índice del coste de vida, y esa deuda nunca fue resarcida por ninguno de los sucesivos gobiernos, pese al reconocimiento general sobre el buen funcionamiento de muchos servicios.

Las razones por las que Zapatero eligió a pensionistas y funcionarios como víctimas propiciatorias de la crisis económica es un enigma histórico por aclarar. Nos cuentan en los medios que el jefe del Gobierno español recibió llamadas angustiadas de Obama, de Merkel, de Sarkozy y del presidente del FMI, en solicitud de ayuda. "O les bajas el sueldo a los funcionarios y congelas las pensiones o esto se hunde", parece que le dijeron. Y él, consciente de su inmensa responsabilidad, así lo hizo. Estaba en peligro la salud financiera del mundo.

La Responsabilidad de los Sindicatos

La responsabilidad de los sindicatos en esta encrucijada

Lo que no quisimos hacer por las buenas, con tiempo por delante, dinero en las arcas y pocas urgencias, quizá debamos afrontarlo ahora por las malas. Cuando se pierde la confianza hay que trabajar duro para recuperarla y dejar de ser víctima propiciatoria de los mercados. No se trata de inventar parches y más parches inconexos, primero esto, luego aquello y todo a medias, sino de aplicar medidas que respondan a la raíz de los problemas. La reforma laboral es la primera, porque sin crear empleo no se conseguirá nada. Pero choca con los sindicatos, que resisten y se encastillan en su torre de irrealidad como si el mundo fuera igual que hace un siglo. Para repartir hay que tener. Para tener hay que crecer. Para crecer hay que cambiar.

Los funcionarios dieron el martes una lección a los sindicatos. Miles de trabajadores discrepantes, pero conscientes de la gravedad del momento, evitaron causar daños mayores a la economía del país o a sus propios intereses particulares. Los sindicatos deberían tomar ejemplo. Todavía en vísperas del paro, el líder de UGT, Cándido Méndez, se descolgaba con unas desenfocadas declaraciones para cuestionar la necesidad de reformas: "en España es fácil, rápido y barato despedir. Si no fuera así, no tendríamos 4,8 millones de parados", dijo.

Reclama Méndez como antídoto que el Estado siga invirtiendo a toda máquina, lo que no deja de ser un planteamiento insustancial. Precisamente el desempleo creció en estos dos últimos años de manera espectacular, como nunca se había visto, justo cuando el gasto público se disparaba y, por añadidura, el endeudamiento. El alto paro es, entre los países desarrollados, una anormalidad económica de España. Tenemos el despido más caro de Europa y las cuotas sociales más altas. Somos el país con menos trabajo y con los impuestos sobre el empleo más elevados. Esta disfuncionalidad específica, que no sufre ningún vecino y no cabe esconder bajo el sayo de la crisis global, cuesta ya en subsidios el 3,2% del PIB y requiere remedios propios e inmediatos.

La realidad es que hay tantos parados no porque a las empresas les resulte sencillo poner a sus empleados en la calle sino porque en tiempos difíciles no cuentan con margen alguno para mantener los puestos de trabajo. Hay incluso sociedades que se ven abocadas al cierre por la incapacidad para asumir el pago de indemnizaciones a los operarios de los que necesitarían prescindir para reorientar su camino.

Muchos analistas, progresistas y conservadores, empiezan a considerar otros rígidos preceptos del mercado de trabajo, caso de la negociación colectiva, como perniciosos lastres a la hora de fomentar el empleo. Las condiciones laborales –salarios, horarios, jornadas, descansos, aumentos ligados a la productividad y no a los convenios sectoriales– tienen que ser modificables, por pura lógica, en función del balance y de la situación de cada empresa. Intentarlo con la ley actual en la mano, aunque prevea vías, es misión imposible porque sus preceptos, pensados en otra época para afianzar el liderazgo social de las organizaciones sindicales, se han quedado obsoletos.
La dignidad del trabajador está por encima de cualquier cosa. Su mejor defensa no se consigue amarrándolo de por vida a un puesto. Atarlo a un patrón al que no quiere es una condena. Conduce a una frustración como la que arrastran tantos profesionales que acaban haciéndose miembros de un comité de empresa con el único propósito de canalizar su malestar, dañar a la compañía todo lo que puedan y de paso blindarse.

La dignidad se conquista ofreciendo al trabajador la capacidad de elegir empresario, lo que sólo es posible si abundan los puestos de trabajo. Para repartir la riqueza primero hay que crearla. Eso lo ha descubierto hasta un izquierdista como el presidente brasileño Lula. Hay que dejar de concebir cada empresa como algo ajeno y empezar a considerarla como una obra colectiva, el resultado de un compromiso que abarca desde el ocupante del puesto más básico hasta el ejecutivo máximo. Europa sufre dos cornadas sangrientas, la griega y la húngara; socios de mala reputación como España; duros padecimientos por la carencia de una unión económica y política que pone al aire sus miserias y un euro de credibilidad menguante cuya debilidad es terreno abonado para los especuladores. Como dijo el ministro de Exteriores de Alemania, "la alternativa es una auténtica integración o la disolución". España padece una competitividad en alarmante retroceso, un endeudamiento privado insoportable y un déficit público desbocado. La alternativa es ajustar todas las cuentas pendientes –la reforma financiera, la del estado del bienestar, la de la administración pública, la de la educación, la de la calidad del sistema político...– o condenarse a una larga etapa de estancamiento, la "década perdida" de Japón o Latinoamérica. Estamos ante terribles encrucijadas. Por eso es tan importante actuar con responsabilidad, sin intransigencias. Metidos en pleno fragor de cambios en el mercado laboral hay que empezar por reclamar ese talante a los sindicatos. No existen las soluciones perfectas, cada una entraña un coste y un riesgo. Lo dramático es no emprenderlas, o hacerlo chapuceramente, por temor a esos costes y a esos riesgos. Para volver a ser prósperos hay mucho que modificar. Empecemos.

Vienen a por los Empleados Publicos

La crisis evidencia que hay demasiados funcionarios

RUBÉN ACOSTA
SANTA CRUZ DE TENERIFE El sobredimensionamiento de la estructura administrativa de las Islas es insostenible con la crisis y ya se están empezando a evidenciar las dificultades para pagar las nóminas de los 126.000 funcionarios que trabajan para las diferentes Administraciones canarias.
Expertos y ex consejeros de Hacienda del Gobierno autónomo concluyen que el sector público se infló durante los años de bonanza económica y ahora, con una recesión impensable hasta hace tres años, los gobiernos autónomos, insulares y municipales se están viendo con serias dificultades para poner freno al ingente gasto que supone mantener los puestos de trabajo.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Suay, cree necesaria una "simplificación" de la Administración para evitar el excesivo solapamiento de competencias y funciones que se da con demasiada frecuencia en los distintos niveles, situación que implicaría la eliminación de órganos y unidades de gestión. Para Suay habría que realizar ajustes en los escalones superiores de la Administración y en el ingente personal eventual y temporal que entra más por criterios de "confianza" y "lealtad" que por los sistemas legales de nombramientos y oposiciones de la Función Pública.

El también miembro del Consejo Consultivo de Canarias puntualiza que no se puede "penalizar" siempre al funcionario porque su labor es también "imprescindible", pero apuesta por implementar más controles e inspecciones para agilizar y dar mayor eficacia al trabajo que se hace para los ciudadanos.

Los ex consejeros de Economía y Hacienda José Miguel González, Luis Hernández y Óscar Bergasa coinciden en que el sector público de las Islas no se puede sostener en las actuales condiciones económicas, aunque sus opiniones van de un extremo a otro a la hora de valorar las medidas a adoptar.

José Miguel González asegura que ahora "no el momento oportuno" pero habrá que tomar decisiones de racionalización que implica la reducción de puestos de trabajo en la Administración, que afectaría al personal temporal y al que está adscrito a las empresas, entidades y fundaciones públicas. "El problema es muy serio pero ahora que está acabando la legislatura no es el momento, deberá ser un asunto prioritario para el próximo Gobierno", añade el actual presidente del grupo parlamentario de CC.

El ex consejero y economista Óscar Bergasa es más drástico y asegura que contar con los mismos servicios en tres administraciones diferentes es un "disparate", por lo que es "inaplazable" una reforma de la Administración y una regulación de las funciones de los empleados públicos porque sería un "suicidio" seguir de esta forma. Bergasa cree que debe asegurarse los puestos de trabajo de los servicios públicos esenciales -Sanidad y Educación- que suponen más de 50.000 empleos, pero sí hay que eliminar puestos "absurdos" que no aportan nada en los diferentes niveles administrativos y en las empresas públicas.

Por su parte, Luis Hernández defiende una reestructuración urgente de la organización del trabajo en la Administración, traspasar a la iniciativa privada las funciones que realizan las sociedades y fundaciones públicas y amortizar plazas que supongan un solapamiento de competencias. Hernández, economista y empresario, cree que la Comunidad Autónoma debe reducirse al mínimo y darle más competencias a los cabildos para agilizar el "calvario" que supone la excesiva burocracia que impera en las Administraciones canarias.

El Parlamento debatira el descuento del 5%

El Parlamento de Canarias debatirá a principios de julio la reducción salarial a los funcionarios

Santa Cruz de Tenerife, Europa Press/p>

El presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, ha informado este lunes de que los próximos días 6 y 7 de julio se debatirá en Pleno el Proyecto de Ley que modificará la norma presupuestaria para "ajustar los emolumentos" a los funcionarios y personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Castro explicó en rueda de prensa que la reducción salarial se aplica desde junio, pero que es necesario "modificar" el texto articulado de los presupuestos vigentes. "Es una cuestión de trámite", subrayó.

De igual forma, detalló el presidente de la Cámara que en el pleno previo, el que se desarrollará los días 22 y 23 de junio, el PP ha solicitado la comparecencia del Gobierno regional para que informe de la "distribución" del ajuste que ha exigido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el plan de reequilibrio económico y financiero.
Además en la cita plenaria se abordará la interpelación del PSOE al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, acerca del gasto en la administración autonómica.

En cuanto a leyes, Castro informó de que se debatirán dos: el proyecto para la extinción de las cámaras agrarias y el de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

AEROPUERTOS NOCTURNOS

Castro también detalló que CC ha presentado dos proposiciones no de ley para su aprobación sobre la creación de un área de diseño y sobre el peso del sector de la cultura, la educación y los servicios sociales en el PIB y Empleo de las islas. Las propuestas del PP son sobre el Gabinete Literario en Gran Canaria y la solicitud para que los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura estén operativos por la noche.

Por su parte, el PSOE defenderá una PNL para crear un Observatorio de Vivienda, otra para convocar la junta de seguridad autonómica; y para impulsar medidas en el marco del plan estratégico y políticas farmacéuticas.

REPROBACIÓN

Los socialistas también defenderán una moción para "reprobar y cesar" al director general de Deportes del Gobierno de Canarias.

Por su parte, el Gobierno presentará una comunicación sobre el trabajo realizado durante la conferencia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). También el Ejecutivo informará en comparecencia sobre el atlas patrimonio cultural inmaterial del archipiélago.

Aquí los nacionalistas han solicitado una comparecencia para hablar de la sostenibilidad del sistema sanitario y el catálogo de prestaciones sanitarias.

Por último, los socialistas también han pedido la comparecencia del Gobierno sobre los "incumplimientos" de la ley de medidas tributario financieras y de las haciendas territoriales. También debatirán sobre la ejecución presupuestaria del Servicio Canario de Empleo.

EL CONSULTIVO

La Mesa y la Junta de Portavoces también han aprobado este lunes "habilitar" el mes de julio para que el Consejo Consultivo pueda registrar sus dictámenes acerca del proyecto de ley sobre la modificación del sistema eléctrico canario y de modificación de la ley de Aguas. La intención es que no se retrase la tramitación de ambas normas ante el hecho de que julio y agosto son meses inhábiles.

Los Sindicatos covocan HUELGA GENERAL

Los sindicatos anuncian una huelga general

El responsable de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, anunció hoy que habrá huelga general para protestar por la reforma laboral que aprobará el Gobierno el 16 de junio y dijo que la fecha de esta convocatoria y la estrategia de movilización se conocerán mañana.

Así lo aseguró a los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión Confederal de CCOO que hoy analizó el documento de 41 páginas de la reforma del mercado de trabajo que aprobará el Ejecutivo tras reunirse con los grupos parlamentarios.

Lezcano adelantó que este martes se sabrá la fecha y el "recorrido" que llevarán a cabo de forma unitaria UGT y CCOO para preparar el paro, tras la reunión de los órganos de dirección de ambos sindicatos.

Ante la insistencia de los periodistas por conocer la fecha, respondió que una huelga general es "lo bastante serio" como para no convertirlo "en una pataleta" o como "para que se vaya la fuerza por la boca".

"La huelga general es el último recurso" y requiere una preparación adecuada, dijo Lezcano, quien subrayó que "no se convoca por decreto, ni por correo electrónico" y que implica debate, explicación, preparación y "la asunción" de las propuestas.

Está previsto que los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, comparezcan a las 17.00 horas ante los medios de comunicación para ofrecer detalles de este paro general.

Según aseguró Lezcano, los sindicatos tiene el "objetivo preciso" de convocar esta huelga general para que tenga éxito y "no dar pie a intenciones interesadas", ya que -en su opinión- las dos confederaciones se han dado cuenta de que existen intereses para "cuestionar el papel de los sindicatos".

Asimismo, preguntado por las declaraciones del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán Lleida, quien ha revelado que el Gobierno ha presionado en privado a CiU para que plantee un endurecimiento de la reforma laboral, dijo que es ocioso el requerimiento que le hace el PSOE porque "es conocido" que CiU "se caracteriza por representar determinados intereses empresariales".

Añadió que la reforma laboral del Gobierno "ya tiene el rechazo sindical, sin necesidad de endurecer más la propuesta" y que lo "sensato" sería "quitar leña al fuego".

En declaraciones a Catalunya R…dio recogidas por Efe, Duran ha denunciado que el Gobierno, para no quedar mal con los sindicatos, no se atreve a plantear directamente determinadas medidas, pero "por detrás" invita a CiU a "apretar" para que se incluyan en la reforma.

Lezcano señaló que en la reunión de hoy se ha sometido a discusión el decreto con la propuesta de reforma laboral "en relación con el giro sustancial" de las políticas del Ejecutivo, que comenzó con su Plan de Ajuste.

Además, dijo que también se ha hablado de "algo que aparece con renovada fuerza", en relación con el "rescate" por parte del Gobierno de sus propuestas sobre las pensiones.

Los sindicatos, recordó, rechazan el decreto porque es más fácil y más barato el despido, porque no va a acabar con la dualidad de los contratos y porque se debilita el papel de la negociación colectiva.

Por ello, acusan al Gobierno de ser más sensible a las demandas empresariales que de las sindicales.

Sobre la posibilidad de que la huelga tenga escasa participación, como ocurrió con la huelga de funcionarios, Lezcano respondió que ese paro estaba "animado" por las organizaciones del sector público y no se convocaron a las empresas públicas.

Añadió que el Gobierno "se preocupó" de evitar que algunos sectores contribuyeran a dar la imagen de huelga general, como Renfe o los servicios generales de transporte, "que son los que contribuyen de manera gráfica a generalizar la imagen de conflicto general".

Asesores y Personal de Confianza cuestan 4,5 Millones

El gasto del Gobierno en personal eventual y asesores supera los 4,5 millones
El PSOE presentará una moción para recortar un 25% los gastos y reordenar las competencias del Ejecutivo

El Partido Socialista Canario llevará al Pleno del Parlamento una iniciativa por la que insta al Gobierno de las Islas a llevar a cabo un recorte del 25 por ciento en el número de asesores y personal eventual con el que cuenta la Comunidad Autónoma, tal y como anunció en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Hernández Spínola. El portavoz socialista incidió en que en la Administración autonómica hay "más de cien" asesores y personal eventual "que si bien no se sabe qué hacen, sí cobran religiosamente una alta retribución cada mes". De hecho, advirtió que el gasto en asesores y personal eventual en 2010 "superó los 4,5 millones de euros".

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista propondrá una reducción del 25 por ciento de la cifra de asesores al entender que "sobra muchísimos". "En una etapa de contención y dado que el Gobierno de Canarias no hace nada en esta materia, hemos tomado la delantera", recalcó Spínola, para añadir que, a este respecto, en el próximo pleno el PSC-PSOE presentará una interpelación al Gobierno de las Islas sobre la política de gasto público, y donde el partido de la oposición pretende "demostrar que sobran muchísimos cargos en la Administración".

Por otro lado, Spínola se refirió al "capítulo de derroches y despilfarros" de la Comunidad Autónoma, y en este sentido, hizo alusión al programa cultural Septenio, que a su juicio es hablar de "oscuridad, opacidad, falta de transparencia, de un fracaso rotundo y de un auténtico despilfarro".

En esta tesitura, el portavoz socialista alertó de que los propios artistas dicen que Septenio es "una forma de alimentar estómagos agradecidos" y de que "nadie sabe cómo esta entidad otorga las subvenciones, tal y como afirman los propios destinatarios de esas ayudas". De hecho, dentro de esa política de "derroche y despilfarro" del Ejecutivo, criticó que en la presentación de Septenio el Gobierno de Canarias desembolsó "unos 100.000 euros", y que una de las actividades que organizó esta entidad fue la presentación de un espectáculo de timple en el Carnegie Hall, en Nueva York, que "resultó un fracaso porque el inmueble estaba vacío".

Francisco Hernández Spínola hizo hincapié en que ese "derroche" se observa también en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, cuyo sistema calificó de "ineficiente e ineficaz", por lo que abogó por un "adelgazamiento" del mismo. Según el portavoz, éste es el caso de la consejera delegada de Gestur, que "tiene una retribución superior a la de un director general de la Comunidad Autónoma, e incluso, teniendo el cargo de consejera delegada no está en plantilla y tiene un contrato como si se tratara de un profesional independiente, un hecho que, aparte de ser inasumible, es ilegal de acuerdo con la normativa estatal en vigor".

De la misma manera, denunció que el gerente de Grafcan "cobra dos meses de antigüedad como funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma y como trabajador de la empresa pública", y esto, advirtió Spínola, es "otra ilegalidad". Por todo ello, emplazó a la consejera delegada de Gestur y al máximo responsable de Grafcan a "devolver el dinero" y al Gobierno de Canarias, a que proceda a la destitución de ambos.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aludió también al debate sobre si faltan o sobran funcionarios públicos, y en este sentido consideró que por parte del Ejecutivo canario "ha faltado planificación y un estudio que se tendría que haber llevado a cabo hace muchos años". A su juicio, en la Administración autonómica "hay que reordenar las competencias, algo que debería haber hecho y no ha hecho el Gobierno, dado que hay duplicidades y solapamientos de funciones".

Por tanto, creyó necesario "una reordenación de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma" al entender que en las consejerías "sobras muchos órganos que han sido transferidos a los cabildos insulares". Además, abogó por un recorte en las empresas públicas, ya que en los últimos años "ha habido un crecimiento desmesurado de trabajadores en estas empresas, muchos de los cuales han accedido sin cumplir con las normas constitucionales de mérito y capacidad". "Ahí es donde hay que aplicar una política de contención de gasto y de eliminación de recursos ociosos", concluyó.

Sobre CCOO y UGT

A MODO DE VER Y MANERA. ¿Qué ofrecen los sindicatos?
Por José Alemán Alemán

Los dirigentes de CC.OO y de UGT no mostraron entusiasmo al convocar la huelga de funcionarios del otro día. Levantaron las banderas, sí, pero las chiquitas. Hay quienes dicen que estaban obligados a seguir el guión de acción (del Gobierno)-reacción; y los hay perversos que ven en su tibieza el cómodo arregostamiento sindical al sistema.

Se dicen muchas cosas. Sin embargo, en el fondo la cuestión se reduce (se amplifica, diría) a que los sindicatos no acaban de resituarse en el mundo de hoy y de establecer líneas de actuación diferentes a las del siglo pasado, que ya dieron de sí lo suyo.

Esto se ve claro si vinculamos la evolución sindical hasta su entrada en el siglo XXI a la sufrida por la izquierda europea occidental en el mismo periodo de tiempo. Y entiendo aquí por izquierda a la socialista, en la medida que ha conseguido gobernar en varios países como alternativa de poder frente a la derecha; anulando, con frecuencia, a la otra izquierda, la fetén que dicen los entusiastas: por ejemplo, mediante el bipartidismo en la España de hoy que tiene a Gaspar Llamazares como alma en pena y que es casi lo único en que van de la mano PSOE y PP.

A principios del siglo XX, recuerden, los socialistas pasaban por sectarios, iluminados y criminales. No gobernaban en ningún sitio ni se creía que pudieran hacerlo en el futuro. Sin embargo, tras la primera guerra mundial compartieron el poder con los “partidos burgueses”; en Alemania, Suecia, Inglaterra, Francia. Con gran éxito pues lograron imponer sus programas: sufragio universal de ambos sexos, incorporación de la mujer al trabajo, reconocimiento de los sindicatos y del derecho de huelga, jornada de 40 horas, seguro de desempleo, pensiones de vejez, enfermedad, viudedad, etcétera.

Es verdad, al menos lo parece, que favoreció al éxito socialista (o socialdemócrata, si se prefiere) la necesidad de una vacuna contra el virus del comunismo soviético. Lo es, también, que los programas socialistas transformaron a mejor a las sociedades occidentales de forma considerada irreversible; al menos hasta el derrumbamiento del bloque comunista: el triunfo en la guerra fría del capitalismo hizo que los ultraliberales, los “neocon” por más señas, se llenaran de balón, que diría un futbolero, hasta abocarnos a la actual crisis que amenaza con hacer reversible lo que hasta no hace tanto no lo parecía. La aceptación socialdemócrata de prácticas económicas liberales como única salida razonable apunta en esa dirección y en España hoy añade a la figura de Zapatero un plus de patetismo.

Las transformaciones de las sociedades occidentales difuminaron las diferencias de clase. En los países desarrollados, la mayoría de la gente se identifica ahora como “de clase media”, se considera incluida en el sistema y tiene aspiraciones muy diferentes a las reivindicaciones de otros tiempos. Reclaman menos la profundización en el Estado providencia, devenido en “de bienestar” después de la segunda guerra, que su mejor administración. La economía productiva ha sido desplazada por la financiera sólo interesada en optimizar beneficios mediante impulsos generados en una nebulosa lejana. En ella adoptan decisiones de deslocalización de empresas y de generación de bolsas de parados una serie de sujetos desconocidos con un poder no salido de las urnas sino de la cooptación de los grandes capitales y que utilizan el sacrosanto “Mercado” como dogma tan incontrovertible que subordina al poder político. No hay siquiera nombres propios que poner en las pancartas de las manifestaciones; ni uno que rime con el –ón socorrido de “peón” o “cabrón”, a elegir; a lo sumo, siglas de organismos desprovistos de una apariencia física que permita elaborar un papagüevo y quemarlo.

Se comprende que los sindicatos convocaran la huelga del otro día sin entusiasmo. Como se comprende la maldad de Rajoy al personalizarlo todo en Zapatero claudicante; y el cinismo del PP al ofrecerse nada menos que para defender a los trabajadores frente a medidas liberales con las que está tan de acuerdo que las reclamaba a gritos para ahora oponerse.

A lo que iba: no sé qué pueden ofrecer hoy los sindicatos; como tampoco sé lo que puede ofrecer la socialdemocracia; ni el resto de la izquierda perdida por esos montes. Pero creo que las causas del actual desconcierto están por ahí.

Otra de Planes de Pensiones y mas despilfarro

VISOCAN ES LA EMPRESA QUE MÁS HA INVERTIDO EN EL FUTURO DE SUS TRABAJADORES .Millón y medio en planes de pensiones

Cuatro empresas públicas canarias han reconocido hacer aportaciones para planes de pensiones de sus trabajadores: Gestur Las Palmas, Gestur Tenerife, Grafcan y Visocan, lo que, según cuentas oficiales conocidas por el Gobierno, supuso en 2008 un desembolso de algo más de 300.000 euros. Pero el total aportado hasta el 31 de diciembre de 2008 ya era de 1.520.308 euros, lo que más o menos viene a significar, si las aportaciones son lineales, que los planes de pensiones se venían pagando desde hace un lustro. En razón de su plantilla, la empresa que más aportaciones ha realizado es Visocan, que con 114.000 euros al año lleva acumulados 611.000. Le sigue Gestur Tenerife, con los referidos 76.500 euros al año y sus 412.000 apañados. Grafcan gasta 60.000 euros al año en nutrir estos planes y ya lleva más de 250.000 aportados. Cierra la tabla Gestur Las Palmas, con 244.000 euros acumulados a razón de más de 49.000 cada año. Resulta llamativo observar en Visocan cómo un técnico de grado medio, con un salario de 74.000 euros al año, ya tiene aportados a su plan de pensiones más de 29.000 euros. La empresa paga por él más de 3.600 euros al mes. El gerente, con un salario de 100.000 euros, presenta una aportación mensual de 7.205 euros al mes, pero por su antigüedad, sólo ha podido acumular 24.000 euros.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/12210/

Gerente con Plan de Pensiones -Despilfarro AGOGO

GESTUR TENERIFE HABÍA APORTADO 60.000 EUROS A SU PLAN DE PENSIONES .El gerente que se jubiló con un suculento plan

Poco a poco van aflorando interesantes novedades acerca de la jubilación del que fuera el gerente mejor pago de la historia de las empresas públicas canarias. Emilio Luque, que cumplió los 65 en noviembre pasado, se jubiló tras 30 años de servicio al frente de Gestur Tenerife con un sueldo que sobrepasaba los 139.000 euros al año, según cuentas oficiales consolidadas a 31 de diciembre de 2008. Pero, además, la empresa aportó por él algo más de 60.000 euros para un plan de pensiones, del que se beneficia también el resto del personal de la empresa, como ocurre a su vez con Gestur Las Palmas, Grafcan y Visocan. Para la jubilación de Luque, Gestur Tenerife hacía una aportación anual que, en 2008, fue de 6.548 euros, lo que arrojaba entonces una acumulado de 54.109. Pero había también otros directivos de la empresa con una alta suma atesorada para su plan de pensiones. Por ejemplo, el jefe de la oficina administrativa ya tenía a 31 de diciembre de 2008 más de 36.000 euros acumulados, y el jefe de Estudios de Patrimonio, más de 26.000. En total, Gestur Tenerife emplea cada año en aportaciones a los planes de pensiones de sus trabajadores más de 76.000 euros.

CCOO Dice que convoca Huelga

FALTA POR CONCRETARSE LA FECHA
CCOO anuncia la convocatoria de una huelga general

Una huelga general es algo demasiado serio como para convertirlo en una pataleta", dice el sindicato.

El sindicato CCOO anunció este lunes que "habrá huelga general" en protesta por el decreto de reforma laboral presentado por el Gobierno, pero instó a esperar al martes para saber la fecha de la convocatoria y el "recorrido" que se seguirá para prepararla.

Así lo avanzó en rueda de prensa el responsable de comunicación del sindicato, Fernando Lezcano, haciéndose eco de las opiniones expresadas por los secretarios generales de las federaciones de CC.OO reunidos durante la mañana en Consejo Confederal.

"Por las intervenciones que he tenido ocasión de escuchar (en el Consejo) antes de comparecer os puedo adelantar que habrá huelga general", indicó Lezcano antes de concretar que ha habido "unanimidad" al respecto.

Lezcano recordó que este órgano consultivo es el encargado en los sindicatos mayoritarios de mandatar a las correspondientes comisiones ejecutivas confederales la toma de decisión sobre la huelga general.

Reunión

Las comisiones ejecutivas de CC.OO y UGT se reunirán este martes, con lo que previsiblemente los secretarios generales de ambas organizaciones, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, darán a conocer los detalles de la huelga en la comparecencia programada para las 17:00 horas, una vez concluidas las reuniones.

"En lo que hace referencia a las fechas, se darán a conocer mañana, igual que se dará a conocer el recorrido que se seguirá para preparar esa huelga general, entre otras razones porque tenemos un objetivo preciso y es garantizar el éxito de esa convocatoria de tal suerte que no de pie a interpretaciones interesadas en las que muchas veces nos parece observar un interés inusitado por cuestionar el papel de los sindicatos", añadió.

Para CC.OO, "una huelga general es algo demasiado serio como para convertirlo en una pataleta". "La huelga general es el último recurso y requiere de una preparación adecuada. No se convoca ni por decreto ni por correo electrónico, quiere decir debate y explicación de la situación", zanjó Lezcano.

Sensibilidad con los empresarios

Por último, el portavoz de CC.OO aseguró que el documento de reforma laboral del Gobierno "es más sensible a las peticiones de los empresarios" y supone, al igual que el decreto de medidas de reducción del déficit, "un giro sustancial" en las políticas del Ejecutivo.

Además, CC.OO vuelve a la carga en contra de las propuestas del Gobierno para reformar el sistema de pensiones a la vista de que "están apareciendo con renovada fuerza".

"El Gobierno ha escuchado más por el oído derecho que por el izquierdo, igual que con el plan de ajuste empezó a gobernar más con la mano derecha que con la izquierda", concluyó el portavoz de CC.OO.