En el evento que se llevó a cabo el pasado 13 de Marzo en Berlín, el Dr. Rath llama al pueblo de Alemania y de Europa a asumir su responsabilidad.
El Dr. Rath hace un llamamiento conjunto para construir una Europa democrática para el pueblo y por el pueblo -- formando un nuevo mundo orientado hacia la atención de la salud, la prevención y eliminación de las enfermedades.
Resultados de las investigaciones científicas ya disponibles, están basados en remedios naturales, que demuestran que muchas enfermedades crónicas pueden ser reversibles de su actual estado.
Pero este impresionante mundo "sin enfermedades" -- no se nos ha dado - ya que cada una de las enfermedades aportan miles de millones de dólares al mercado de la industria farmacéutica. ¡Si queremos crear un mundo sin enfermedad para nosotros y para nuestros hijos: debemos comprometernos AHORA!
lunes, 16 de abril de 2012
Huelga privada para lo público
Pocas veces un conflicto en una empresa privada tendrá tanto
efecto en lo público como se avecina por el conflicto laboral surgido en
la empresa Seguridad Integral de Canarias, que tiene entre sus clientes
al mejor ramillete posible de instituciones públicas de las Islas, pero que también trabaja con grandes representantes del poder civil.
Fue en una asamblea celebrada el pasado viernes donde los trabajadores
de dicha empresa acordaron un calendario de concentraciones que
arrancarán el próximo viernes con una manifestación que recorrerá el
Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y Usos Múltiples II. Si un retorno a la negociación no lo evita, ya se prepara una huelga que tendrá lugar a mediados del próximo mes.
Entre los clientes que pueden verse afectados figura nada menos que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña, el Palacio de Justicia, los centros del Instituto de Asistencia Sociosanitaria, cualquier centro de salud… pero también
privados como el CD Tenerife o el centro comercial de Alcampo en La
Laguna. Según la Federación de trabajadores de seguridad privada
(FISP-USO), todas estas protestas encuentran su origen en descuentos
unilaterales en las nóminas que ahora se complementan con nuevas normas restrictivas que la empresa justifica, precisamente, por el retraso de tan distinguidos clientes en abonar las facturas.
El consejero de Presidencia pide respeto para los funcionarios
Spínola aprueba los ajustes pero no a costa del servicio público
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández
Spínola, dijo hoy en comisión parlamentaria que el Gobierno canario es
partidario de realizar ajuste pero aseguró que no se producirán a costa
de desmantelar el servicio público usando como excusa la crisis
económica.
Francisco Hernández Spínola habló de este modo durante su comparecencia a petición propia para hablar de los primeros resultados de los trabajos del comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas, y pidió "cierta" paciencia para realizar cambios.
Las modificaciones requieren abordar cuestiones como la financiación de las competencias, lo que es "tremendamente complicado", mucho más en un momento en el que se producirá un ajuste de unos 800 millones de euros, señaló el consejero, quien pidió respeto para los empleados públicos.
Francisco Hernández Spínola expresó su acuerdo con los diputados en cuanto a que es preciso disponer de una administración ágil, rápida, eficiente y transparente, así como que el Gobierno gaste menos, pero insistió en que eso no debe llevar al desmantelamiento de los servicios públicos.
El diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez comentó que le habría gustado disponer de los primeros trabajos del comité de expertos antes de la comisión, por lo que reconoció que su intervención sería "un poco en abstracto".
Jorge Rodríguez reclamó un Gobierno que gaste menos y funcione menor, así como de una administración ágil y rápida, y que pase a la era "postburocrática",
A juicio del diputado popular la administración "ha invadido demasiado" espacios de la sociedad y debe centrarse en garantizar cuestiones como la equidad y la libertad.
El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo, mostró su acuerdo con el PP en que la administración no debe estrangular la iniciativa de los emprendedores.
La diputada del grupo Mixto Carmen Hernández dijo que adelgazar la administración no puede llevar a su anorexia, e insistió en que es preciso que no se desmantelen los servicios públicos esenciales que se prestan a los ciudadanos.
Marisa Zamora, del grupo de Coalición Canaria, también estuvo de acuerdo en que la administración debe estar próxima a los ciudadanos.
El consejero explicó que en su primer informe el comité de expertos plantea cuestiones como la modificación del fondo canario de financiación municipal cuya finalidad sea tanto financiar gastos de competencias municipales de naturaleza obligatoria como cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria.
El comité también propone modernizar los servicios públicos de forma que las líneas prioritarias sean reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos e implantar la administración electrónica.
Asimismo el comité de expertos plantea adoptar medidas para mejorar la profesionalidad de los empleados públicos, así como incrementar su formación y perfeccionamiento, y propone crear un centro de selección y perfeccionamiento con la adaptación del Instituto Canario de Administraciones Públicas.
En cuanto al acuerdo del Gobierno regional de racionalizar los puestos de trabajo, el comité de expertos plantea que se acompañe de un proceso de racionalización de organismos, órganos y estructuras directivas.
Algunas propuestas del comité de expertos no son fáciles de llevar a cabo, como implantar sistemas de intercomunicación entre los registros de las administraciones con competencias en el territorio, comentó el consejero, quien explicó que algunos cabildos tienen plataformas digitales que no son compatibles con las del Gobierno regional.
Francisco Hernández Spínola habló de este modo durante su comparecencia a petición propia para hablar de los primeros resultados de los trabajos del comité de expertos para la reforma de las administraciones públicas, y pidió "cierta" paciencia para realizar cambios.
Las modificaciones requieren abordar cuestiones como la financiación de las competencias, lo que es "tremendamente complicado", mucho más en un momento en el que se producirá un ajuste de unos 800 millones de euros, señaló el consejero, quien pidió respeto para los empleados públicos.
Francisco Hernández Spínola expresó su acuerdo con los diputados en cuanto a que es preciso disponer de una administración ágil, rápida, eficiente y transparente, así como que el Gobierno gaste menos, pero insistió en que eso no debe llevar al desmantelamiento de los servicios públicos.
El diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez comentó que le habría gustado disponer de los primeros trabajos del comité de expertos antes de la comisión, por lo que reconoció que su intervención sería "un poco en abstracto".
Jorge Rodríguez reclamó un Gobierno que gaste menos y funcione menor, así como de una administración ágil y rápida, y que pase a la era "postburocrática",
A juicio del diputado popular la administración "ha invadido demasiado" espacios de la sociedad y debe centrarse en garantizar cuestiones como la equidad y la libertad.
El portavoz del grupo Socialista, Manuel Fajardo, mostró su acuerdo con el PP en que la administración no debe estrangular la iniciativa de los emprendedores.
La diputada del grupo Mixto Carmen Hernández dijo que adelgazar la administración no puede llevar a su anorexia, e insistió en que es preciso que no se desmantelen los servicios públicos esenciales que se prestan a los ciudadanos.
Marisa Zamora, del grupo de Coalición Canaria, también estuvo de acuerdo en que la administración debe estar próxima a los ciudadanos.
El consejero explicó que en su primer informe el comité de expertos plantea cuestiones como la modificación del fondo canario de financiación municipal cuya finalidad sea tanto financiar gastos de competencias municipales de naturaleza obligatoria como cumplir las obligaciones de estabilidad presupuestaria.
El comité también propone modernizar los servicios públicos de forma que las líneas prioritarias sean reducir las cargas administrativas, simplificar los procedimientos e implantar la administración electrónica.
Asimismo el comité de expertos plantea adoptar medidas para mejorar la profesionalidad de los empleados públicos, así como incrementar su formación y perfeccionamiento, y propone crear un centro de selección y perfeccionamiento con la adaptación del Instituto Canario de Administraciones Públicas.
En cuanto al acuerdo del Gobierno regional de racionalizar los puestos de trabajo, el comité de expertos plantea que se acompañe de un proceso de racionalización de organismos, órganos y estructuras directivas.
Algunas propuestas del comité de expertos no son fáciles de llevar a cabo, como implantar sistemas de intercomunicación entre los registros de las administraciones con competencias en el territorio, comentó el consejero, quien explicó que algunos cabildos tienen plataformas digitales que no son compatibles con las del Gobierno regional.
El presupuesto del Gobierno Rajoy no es bueno para España
Pensamiento Crítico
por Vicenç Navarro
Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes
contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido
Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los
discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las
políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales
contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una
estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para
imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han
convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo
democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra
manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña
electoral.
Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la
vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación
de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas
del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha
tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la
presentación del presupuesto para el día después de las elecciones
andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente
impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población
española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún
siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país,
alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este
retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto
opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población
andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el
presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para
sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta
al deseado.
Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del
gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de
que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el
pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba
compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que
podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y
del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy
“agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis
de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga
general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían
tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en
él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo
que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió
en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro
Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de
Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el
más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo
democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto
enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.
Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno
transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor
problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para
resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo
el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de
los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo
económico semejante al de España). Estos recortes, además de
desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes
del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver
el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y
social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y
educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y
empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán
dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con
ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del
error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad
social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias
españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia,
sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere
decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y
anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuíran al desempleo, pues
destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del
Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta
que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo
de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del
Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan
la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del
Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.
Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de
ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit
público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo
cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este
presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el
gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será
contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la
economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho
tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir
su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera
manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los
impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este
presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las
medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas
estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas
coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir
tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit
estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales.
Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas
superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado
las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las
rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez
bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme
error.
La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas
del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del
Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el
nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio,
resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas
legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos
es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su
permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda
y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las
exigidas al tributante promedio.
Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los
técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las
grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de
la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude
fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo
que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.
La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un
medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en
debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los
objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar
con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo
económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones
destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se
considera en este presupuesto.
Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden
considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más
antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a
tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en
su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy
intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos
recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad
la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que
gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado
del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus
exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de
tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del
sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en
particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado
el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con
toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario
Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando
indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como
condición para comprar deuda pública española que se privatizara el
Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies
juntillas. Así de claro.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
La austeridad del PP, otra mentira mas
La ‘trampa’ de Moncloa para no aumentar el gasto consistió en trasladar a un 15,7% de funcionarios
La austeridad prometida por Rajoy: un 46,43% más de asesores y un 27,6% más de cargos nombrados ‘a dedo’
En agosto pasado, la ‘número dos’ del PP, María Dolores de Cospedal,
acusó a Zapatero de tener cerca de 600 asesores con un gasto de 550
millones de euros para mostrar el derroche del Ejecutivo socialista.
Este lo desmintió y precisó que el expresidente tenía solo 55 asesores y
que la dirigente ‘popular’ había incluido el dato sobre todo el
complejo de La Moncloa. Hoy conocemos que Mariano Rajoy, a pesar de sus
promesas de austeridad y adelgazamiento de la Administración, ha
aumentado el número de asesores y personal nombrado a dedo.
Según la comparación de los gastos de personal adscritos a la
Presidencia del Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado de
2011 y 2012, a los que ha tenido acceso El Mundo, Rajoy ha
incrementado en un 27,6% el personal nombrado a dedo y en un 46,43% el
de asesores. El actual presidente del Gobierno mantiene, además, el
mismo número de personas en La Moncloa que su antecesor: 632. Para ser
exactos, una menos que los que había en tiempos de Zapatero.
Un recorte que no es real
Hay un recorte de 559.000 euros con respecto al Presupuesto de 2011, pasando de 28,1 millones de euros a 27,5 millones pero, según la citada fuente, esto no supone ningún ahorro. La Presidencia del Gobierno ha prescindido este año del 15,77% de la plantilla de funcionarios, pero estos habrían sido trasladados a otros organismos de la Administración central y puede haber alguna jubilación. De ahí que no sea real la supuesta disminución de funcionarios que se desprende de la comparación de los Presupuestos de 2011 y 2012 que se cuantifica en 2,2 millones de euros.
De 56 a 82 cargos
El presidente del Gobierno ha aumentado de manera significativa los cargos designados a dedo, personas ajenas a la Administración que tienen el estatus de personal de confianza, mientras ha reducido el número de funcionarios adscritos a la Presidencia: 53 de 336. Rajoy ha aumentado en un 46,43% estos cargos eventuales, de los 56 colaboradores que tenía Zapatero a los 82 que tiene el actual presidente.
Publicado en: http://www.elplural.com/2012/04/16/la-austeridad-prometida-por-rajoy-un-4643-mas-de-asesores-y-un-276-mas-de-cargos-nombrados-a-dedo/
Un recorte que no es real
Hay un recorte de 559.000 euros con respecto al Presupuesto de 2011, pasando de 28,1 millones de euros a 27,5 millones pero, según la citada fuente, esto no supone ningún ahorro. La Presidencia del Gobierno ha prescindido este año del 15,77% de la plantilla de funcionarios, pero estos habrían sido trasladados a otros organismos de la Administración central y puede haber alguna jubilación. De ahí que no sea real la supuesta disminución de funcionarios que se desprende de la comparación de los Presupuestos de 2011 y 2012 que se cuantifica en 2,2 millones de euros.
De 56 a 82 cargos
El presidente del Gobierno ha aumentado de manera significativa los cargos designados a dedo, personas ajenas a la Administración que tienen el estatus de personal de confianza, mientras ha reducido el número de funcionarios adscritos a la Presidencia: 53 de 336. Rajoy ha aumentado en un 46,43% estos cargos eventuales, de los 56 colaboradores que tenía Zapatero a los 82 que tiene el actual presidente.
Publicado en: http://www.elplural.com/2012/04/16/la-austeridad-prometida-por-rajoy-un-4643-mas-de-asesores-y-un-276-mas-de-cargos-nombrados-a-dedo/
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