Intersindical Canaria y USO denuncian una "discriminación" por parte del Gobierno regional, que concedió 171.000 euros para prevenir el estrés laboral
Más de dos millones de euros recibieron el año pasado Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) por parte del Gobierno canario en concepto de "subvenciones directas por razones de interés público". El Ejecutivo regional suprimió en 2010 las partidas de subvención a los sindicatos, en función de la proporcionalidad y mediante procedimientos de publicación y principio de igualdad.
El martes 8 de febrero, Intersindical Canaria (IC) y la Unión Sindical Obrera (USO) entregaron una carta al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y a los tres grupos parlamentarios -PSOE, CC y PP- para hacer llegar su "preocupación y enorme descontento con la financiación que, a través de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, se destina con carácter exclusivo a las organizaciones sindicales CC.OO y UGT".
Cada año, denuncian IC y USO, los sindicatos mayoritarios "obtienen con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma "generosas cantidades de fondos públicos, sin que esta financiación se haga con criterios de igual y proporcionalidad, y sin atender las exigencias legales de concurso público".
Bajo el amparo de subvenciones directas por "razones de interés público, social, económico o humanitario" en 2010 se destinaron "1.127.403 euros a UGT y 931.090 a CC.OO". En total, 2.058.493.
A juicio de los firmantes del escrito -Ignacio Rodríguez (Intersindical) y José Ramón Rodríguez (USO)-, este desembolso supone "una financiación encubierta" de CC.OO. y UGT.
"El Gobierno de Canarias crea una situación de clara ventaja a favor de estos sindicatos en detrimento de las demás organizaciones. La situación fue similar en los años anteriores, recalcan.
"En 2008, más de 300.000 euros a cada uno de estos dos sindicatos en ayudas directas; otro tanto, durante el 2009. Siempre, esquivando el principio de publicidad e igualdad en el otorgamiento de estas subvenciones".
Los representantes de IC y USO subrayan que la jurisprudencia ha establecido que los fondos públicos deben sujetarse al principio de equidad y proporcionalidad. "Como esta financiación encubierta ha alcanzado límites escandalosos en 2010, y busca consolidar a dos sindicatos en clara ventaja frente el resto, al privárseles a estos de ayudas que sí se destinan a CC.OO. y UGT, hemos considerado que debemos poner coto a este antidemocrático trato".
El Tribunal Constitucional ha reiterado que, aunque en el derecho de libertad sindical está implícita la igualdad entre los sindicatos, ello no excluye la posibilidad de tratamiento desigual en función de su representatividad, siempre que ello se haga con arreglo a criterios objetivos, y la diferencia de trato responda a una finalidad constitucionalmente legítima y sea proporcionada y razonable".
Este tribunal ha reconocido la legitimidad de reserva de determinadas funciones a los sindicatos más representativos, pero a la vez ha venido exigiendo que ello no lesione el derecho de libertad sindical e igualdad entre los sindicatos.
Según el Constitucional, "los criterios de subvención no pueden ser por razones objetivas y razonables, atribuidos en exclusiva a las centrales sindicales más representativas".
Desde ese punto de vista, esta dinámica "incidiría en el orden competitivo entre los sindicatos, al ir dirigida solo a los situados en el vértice de los que han tenido mejores resultados en las elecciones, con lo cual se les situaría en una posición superior a los demás para ofrecer mejores servicios a los trabajadores más allá de los medios propios que dispongan de cualquier otro criterio que tome en consideración la proporcionalidad de los resultados de las elecciones o los costes que puede suponerles la participación en el ejercicio de sus funciones públicas o cualquier otro extremo que se justifique como no discriminatorio, con lo cual se puede producir una inducción o presión indirecta para la afiliación de los trabajadores a ciertos sindicatos".
Reparto
A modo de ejemplo ilustrativo, la orden 569, de 2 de julio de 2010, otorgaba a Comisiones Obreras 171.000 euros para el desarrollo del proyecto Factores de riesgo psicosocial y estrés laboral. "Análisis de las actuaciones de los delegados y delegadas de prevención de CC.OO.-Canarias", se lee en la casilla de la finalidad.
Esta aportación sale de una línea de actuación denominada Prevención de riesgos laborales.
Con fecha de 12 de julio de 2010, UGT se benefició de la concesión de 171.920 euros para la realización del proyecto Atención y difusión en materia de prevención de riesgos laborales.
Antes, el 6 de abril, a CC.OO. se le otorgó una subvención nominada por valor de 50.000 euros en el marco del Programa de acción para la prevención de riesgos laborales en las pymes.
Al mismo tiempo, le facilitan 28.000 euros para la "acción preventiva en la construcción".
Para la "participación institucional", UGT y CC.OO. obtuvieron 36.010 euros cada uno, en mayo y junio.
En respuesta a ese "agravio", Intersindical Canaria y la Unión Sindical Obrera ejercerán una "acción concertada de denuncia pública".
Con el propósito de dialogar acerca de "este y otros asuntos de interés", IC y USO-Canarias solicitan formalmente una reunión con Paulino Rivero en el transcurso de este mes.
