jueves, 7 de febrero de 2013

LA SUPUESTA CONTABILIDAD B DEL PP

Los chismes, según Floriano

El vicesecretario de Organización del PP tilda de chisme una declaración de Soria en sede judicial en la que reconocía el pago de sobresueldos por parte del PP. 



El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha tildado de “chisme” la información publicada este martes en CANARIAS AHORA sobre las declaraciones realizadas en 2009 por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en las que reconocía en sede judicial que el Grupo Parlamentario Popular en Canarias pagaba en efectivo o en talón un sobresueldo de 600 euros mensuales a sus diputados.
“Me saca una cosa de Canarias en la que dicen que dijo que se daban 600 euros. No le voy a decir que es una puñalada trapera, pero me parece un chisme”, ha contestado Floriano al ser cuestionado sobre esta información en una entrevista en la Cadena SER.
El “chisme” al que se refiere Floriano figura en las diligencias previas del denominado caso Salmón, por el que Soria estuvo imputado por un delito de cohecho. La declaración de Soria, la segunda que prestó durante la instrucción de la causa, tuvo lugar el 4 de mayo de 2009, cuando ocupaba el cargo de Vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía y Hacienda.
La admisión por parte de Soria del cobro de sobresueldos procedentes del PP se produjo en la respuesta a la segunda cuestión del fiscal Anticorrupción, Luis del Río, quien le inquirió acerca de la procedencia del dinero en metálico con el que decía pagar las vacaciones al empresario noruego Bjorn Lyng, propietario del complejo Anfi del Mar, en Gran Canaria, y por las dietas que cobraba.
El actual ministro de Industria contestó que lo recibía “de algunas empresas públicas” cuyos nombres "no podía decir porque no lo recordaba" y que de algunas de ellas los cobraba en efectivo y, en otras, mediante transferencia. En la misma respuesta, Soria reconoció que “desde junio de 2003, el Grupo Parlamentario Popular pasa a cada miembro del Grupo un talón o efectivo por importe de 600 euros mensuales”. Concluía afirmando que la fuente más importante de ingresos que tenía en efectivo eran “talones cobrados en ventanilla, reintegros de cajeros y los honorarios profesionales de su esposa”.
El caso Salmón, que fue archivado en 2009, investigó la relación entre el viaje de Soria y sus vacaciones en el complejo del empresario noruego con la tramitación de solicitud de Anfi en el Cabildo de Gran Canaria, institución que Soria presidía en la fecha de los hechos denunciados, para que interesara al Parlamento de Canarias la declaración de interés general de la urbanización y permitir así la construcción de 3.600 camas turísticas.El fiscal dio el caso por prescrito, aunque apreció la comisión de un delito de cohecho impropio.

Soria admitió en 2009 que cobró sobresueldos del PP

EN SU DECLARACIÓN POR EL 'CASO SALMÓN'

El presidente del PP canario aseguró entonces que cada miembro de su grupo parlamentario percibía 600 euros mensuales mediante talón o en efectivo.

El ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, reconoció en mayo de 2009 ante la magistrada Margarita Varona, instructora del denominado caso Salmón, que cada miembro del Grupo Parlamentario Popular cobraba un sobresueldo de 600 euros mensuales mediante talón o en efectivo. En esa época Soria era vicepresidente del Gobierno regional, además de presidente del PP en Canarias, cargo que todavía ocupa.

Soria apuntó entonces, durante su segunda declaración como imputado por esta causa, que estas retribuciones a los diputados canarios del PP se pagaban desde junio de 2003.
El presidente de los conservadores canarios aportó este dato en respuesta a las preguntas del ministerio fiscal acerca de la procedencia del dinero en efectivo con el que pagaba sus vacaciones de verano en el complejo Anfi del Mar, propiedad del empresario noruego Bjorn Lyng, ya fallecido. El caso Salmón sería archivado posteriormente por la juez Varona, que estimó que la aceptación de Soria a una invitación de Lyng para viajar a bordo de su jet privado a Austria y Noruega en agosto de 2005 no podía considerarse soborno. El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, en cambio, sí apreció un delito de cohecho impropio, pero lo dio por prescrito.
En la mencionada causa se investigaba la relación entre el viaje de Soria y sus vacaciones en el complejo del empresario noruego con la tramitación de solicitud de Anfi en el Cabildo de Gran Canaria, institución que Soria presidía en la fecha de los hechos denunciados, para que interesara al Parlamento de Canarias la declaración de interés general de la urbanización y permitir así la construcción de 3.600 camas turísticas.
En su declaración, el presidente del PP canario afirmó que prefería hacer los pagos en efectivo porque había tenido “malas experiencias” en el pago con tarjetas y que sus fuentes de ingreso en efectivo más importantes eran “los talones cobrados en ventanilla, los reintegros de cajeros y los honorarios profesionales” de su esposa, la procuradora María del Carmen Benítez.
Soria recordó el pasado fin de semana ésta y otras causas judiciales en las que se ha visto implicado para consolar al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante las informaciones publicadas sobre los papeles de Bárcenas. Estos documentos probarían la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y el pago de sobresueldos en negro a sus dirigentes.
En su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP del pasado sábado, Soria calificó los procesos judiciales en los que ha estado envuelto como “malas experiencias” y animó a Rajoy a “aguantar y seguir adelante”.

ACTO DE PROTESTA CONTRA LA LEY WERT

Una escuela franquista frente al Parlamento canario
 
La Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública Canaria denuncia la "involución" educativa que supone la reforma del Gobierno estatal.

La Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública Canaria (IDEPC) ha denunciado el "deterioro" del servicio público de Educación en Canarias debido a "la política de recortes e involución impulsada por el Gobierno del PP y continuada en las Islas por CC y PSOE". 
La protesta ha tenido lugar la tarde este miércoles en las inmediaciones del Parlamento de Canarias y ha consistido en una representación de una escuela del franquismo para escenificar "las políticas regresivas del Gobierno del Estado".
La plataforma señala que estos recortes están trayendo consigo más alumnos por aula, una disminución del profesorado que, además, "trabaja en peores condiciones", menos becas para libros, materiales y comedores, incremento de las tasas universitarias, "peor atención" a los niños y niñas con necesidades educativas especiales y eliminación de la acogida temprana y las actividades de refuerzo y extraescolares. "En definitiva, un notable empeoramiento del servicio público de la educación, al que apenas se dedica un 3% del PIB", asevera.
Para IDEPC, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el ministro Wert pretende aprobar en las próximas fechas va a significar "un regreso a la escuela del franquismo, bajo el santo y seña de cristianizar y españolizar al alumnado". 
Esta plataforma considera que la nueva legislación camina hacia la privatización del sistema para "impulsar la educación como negocio" y critica que la misma posibilite la segregación entre niños y niñas, que imponga cinco reválidas que ponen "trabas y filtros para el estudio de los menos favorecidos", que establezca categorías entre los centros o que "regrese al Estado centralizador del Ántiguo Régimen".
Frente a esta política de recortes, IDEPC reclama una educación pública "de calidad, gratuita y universal, equitativa, laica y que forme en valores universales, integradora, controlada y gestionada democráticamente, de carácter científico y que prepare para la vida, y dotada de una inversión suficiente" que considera que debe ser, al menos, del 7% del Producto Interior Bruto

¿ De quien es Capio Sanidad ?

González paga a Capio 900.000 euros al mes por un hospital cerrado

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia el gasto en amortización y mantenimiento del centro sanitario de Collado Villalba, que no abrirá hasta finales de 2013. La Comunidad alega que no lo inaugura para ahorrar y la empresa concesionaria asegura que su interés es "empezar a servir a la población lo antes posible"

"Los habitantes de Collado Villalba, Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, y Los Molinos, recibirán una asistencia sanitaria pública de calidad y con las más altas prestaciones tecnológicas gracias a un modelo basado en la gestión clínica integral, la tecnología de vanguardia y los mejores profesionales". Así promociona  la página web de la Comunidad de Madrid el nuevo Hospital de Collado Villalba que, en realidad, no será 100% público, sino que adoptará uno de los famosos modelos de "centro público de gestión privada".

Además, pese a que estaba previsto que dicho hospital comenzara a funcionar este enero, la Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty no abrirá sus puertas hasta finales de 2013. Así está establecido, como medida de ahorro, en el Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario. "[El retraso en la apertura] evitará generar un nuevo gasto", justifican en el documento.
Frente a este argumento, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia que, pese a estar cerrado, el Gobierno de Ignacio González continúa pagando 900.000 euros al mes a la empresa concesionaria de dicho centro: Capio Sanidad. Es decir, que durante este año que permanecerá cerrado el hospital, la Comunidad pagará igualmente casi 11 millones de euros a la compañía privada. Por este motivo, la Mesa ha convocado una manifestación de protesta, el próximo domingo, que saldrá a las 11.00 horas desde la Estación de Ferrocarriles de Collado Villalba y terminará frente al Hospital Collado Villalba, situado en el municipio del mismo nombre. 
La plataforma en Defensa de la Sanidad Pública está integrada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), la Plataforma de Trabajadores y Usuarios por la Sanidad Pública (Patusalud) y los sindicatos de la Mesa Sectorial ( SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT, USAE). A la convocatoria también se ha unido la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y miembros de algunas asambleas del 15-M.

"El Gobierno debe cumplir con los pagos"

En su defensa, fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado a Público que el acuerdo con Capio, la empresa que ganó el concurso de la concesión en 2010, incluye la construcción y puesta en marcha del hospital. Y, dado que el edificio ya está terminado, el Gobierno regional debe cumplir con los pagos de "amortización de la obra", así como una pequeña parte por el mantenimiento de la misma. Dichas fuentes confirman también la cifra mensual de "entre 800.000 y 900.000 euros" y aseguran que, pese a este gasto, la Comunidad ahorra más teniéndolo cerrado que poniéndolo en funcionamiento.
Por último, la empresa privada que gestionará el hospital los próximos 30 años ha manifestado a este diario que su interés es que el Hospital de Collado Villalba "pueda empezar a prestar servicio a la población lo antes posible" y que la apertura del hospital se ha retrasado "por causas ajenas a la compañía".
Asimismo, Capio Sanidad ha detallado que cumplió con las bases del contrato con la Comunidad, construyendo y equipando "sanitaria y tecnológicamente" el centro "en tiempo y forma". La empresa concesionaria asegura que la inversión en dicha tarea alcanzó "en torno a 150 millones de euros" y alega que "debe mantener el hospital y todos sus equipamientos en perfectas condiciones -seguridad, desinfección y limpieza entre otros servicios-, en previsión de una próxima apertura, para lo que recibe una retribución previamente acordada por la Comunidad de Madrid", concluye.