El comité de empresa de la consejería de Bienestar descubre la verdadera cara del Gobierno de Canarias con respecto a la aplicación de la Dependencia
Limita los recursos humanos y materiales y tarda 25 meses en diagnosticar y ayudar
El comité de Empresa de la consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una vez más, quiere denunciar la ineficacia del Gobierno de Canarias al afrontar la Ley de Dependencia, vulnerando la legalidad vigente, ya que la consejería de Bienestar Social emplea una media de 25 meses en la tramitación del diagnóstico y las ayudas recogidas en esta ley, cuando el plazo establecido es de 6 meses como máximo.
Canarias desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia (marzo 2008), hace ya, tres años, es la comunidad autónoma que presenta los peores indicadores en la aplicación de esta ley, tal y como han venido poniendo de manifiesto, reiteradamente los sucesivos informes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del IMSERSO.
Así, de un total de 36.236 solicitudes presentadas, sólo cuentan con dictamen 29.672, de las que 24.945 tendrán derecho a prestación, pero sólo 10.193 se benefician actualmente de ellas.
Estos datos ponen de manifiesto una escandalosa realidad, ya que, un 60% de las personas que en Canarias tienen reconocido su situación de dependientes (grado y nivel), aún no le han sido aprobados el servicio o la prestación a la que tienen derecho.
Por todo ello, el Observatorio de la Dependencia (en su último dictamen de diciembre de 2010) otorga a Canarias la calificación peor de todas las CCAA, 0,5, así como la que menos financiación dedica al sistema, sólo 32 €/habitante, frente a los 183 €/ habitante que destinó, por ejemplo, La Rioja.
Esta triste realidad se ve aún más agravada en este año, si tenemos en cuenta que:
1.- En 2011 se incorpora al sistema los dependientes moderados, cosa que no ocurrió en 2010, lo que está aumentando el número de personas que se encuentran en el limbo de la dependencia (tienen reconocido un grado y nivel que les reconoce el derecho de recibir las prestaciones y servicios, pero están pendientes de la aprobación del PIA)
2.- No se han aumentando los medios para solventar esta situación:
En los personales hacen falta más administrativos para agilizar los trámites. El personal fue contratado fraudulentamente mediante un contrato de obras y servicios, sin que hasta la fecha se haya corregido esta anomalía. La plantilla, que es insuficiente, está incompleta, falta cubrir en Tenerife la plaza de Jefatura de Servicio y la de Jefatura de Sección de Valoradoras.
En los materiales: Desde noviembre de 2010 se han retirado los vehículos de alquiler, del que se había dotado a las valoradotas. Se las presiona para que usen su vehículo particular, pero el retraso en el pago del kilometraje, ha llegado a ser de hasta tres meses. Todo esto supone una situación de profunda injusticia, ya que la población afectada, necesita, de forma urgente estos servicios y prestaciones. Cualquier retraso supone un intolerable perjuicio en su calidad de vida. Se vulnera gravemente los derechos de personas con graves problemas de salud y las de sus familias.
El Gobierno de Canarias está incumpliendo la legalidad vigente al no garantizar el acceso de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de su lugar de residencia, a las prestaciones y servicios establecidos en la Ley de Dependencia.
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia46321.php
Limita los recursos humanos y materiales y tarda 25 meses en diagnosticar y ayudar
 |
| Los miembros del comité de prensa en la rueda de prensa donde dieron estos datos.EDDC.NET |
Canarias desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia (marzo 2008), hace ya, tres años, es la comunidad autónoma que presenta los peores indicadores en la aplicación de esta ley, tal y como han venido poniendo de manifiesto, reiteradamente los sucesivos informes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del IMSERSO.
Así, de un total de 36.236 solicitudes presentadas, sólo cuentan con dictamen 29.672, de las que 24.945 tendrán derecho a prestación, pero sólo 10.193 se benefician actualmente de ellas.
Estos datos ponen de manifiesto una escandalosa realidad, ya que, un 60% de las personas que en Canarias tienen reconocido su situación de dependientes (grado y nivel), aún no le han sido aprobados el servicio o la prestación a la que tienen derecho.
Por todo ello, el Observatorio de la Dependencia (en su último dictamen de diciembre de 2010) otorga a Canarias la calificación peor de todas las CCAA, 0,5, así como la que menos financiación dedica al sistema, sólo 32 €/habitante, frente a los 183 €/ habitante que destinó, por ejemplo, La Rioja.
Esta triste realidad se ve aún más agravada en este año, si tenemos en cuenta que:
1.- En 2011 se incorpora al sistema los dependientes moderados, cosa que no ocurrió en 2010, lo que está aumentando el número de personas que se encuentran en el limbo de la dependencia (tienen reconocido un grado y nivel que les reconoce el derecho de recibir las prestaciones y servicios, pero están pendientes de la aprobación del PIA)
2.- No se han aumentando los medios para solventar esta situación:
En los personales hacen falta más administrativos para agilizar los trámites. El personal fue contratado fraudulentamente mediante un contrato de obras y servicios, sin que hasta la fecha se haya corregido esta anomalía. La plantilla, que es insuficiente, está incompleta, falta cubrir en Tenerife la plaza de Jefatura de Servicio y la de Jefatura de Sección de Valoradoras.
En los materiales: Desde noviembre de 2010 se han retirado los vehículos de alquiler, del que se había dotado a las valoradotas. Se las presiona para que usen su vehículo particular, pero el retraso en el pago del kilometraje, ha llegado a ser de hasta tres meses. Todo esto supone una situación de profunda injusticia, ya que la población afectada, necesita, de forma urgente estos servicios y prestaciones. Cualquier retraso supone un intolerable perjuicio en su calidad de vida. Se vulnera gravemente los derechos de personas con graves problemas de salud y las de sus familias.
El Gobierno de Canarias está incumpliendo la legalidad vigente al no garantizar el acceso de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de su lugar de residencia, a las prestaciones y servicios establecidos en la Ley de Dependencia.
Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia46321.php
