lunes, 6 de septiembre de 2010

Demasiados concejales para alegar ignorancia

EL TSJC NO SE CREE QUE EL CONSEJO DE LA CAJA DESCONOCIERA LAS VICISITUDES DE PAVÍA

Demasiados concejales para alegar ignorancia

Traerá mucha cola, y unos cuantos ceros después de un 30 o un 40, el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el solar de la calle Pavía. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que añadir a la amplia nómina de marrones dejados por Soria y por Pepa Luzardo la indemnización o las compensaciones a ejecutar en favor de la familia Reyes, propietaria primigenia de esa codiciada pieza de suelo, situada junto al auditorio y el centro comercial Las Arenas. Como les hemos contado aquí, ese último auto viene a ratificar una sentencia de diciembre de 2007 reconociendo el derecho de reversión de la parcela y la imposibilidad de que La Caja, actual propietaria, pueda hacer algo más que tirarse de los pelos ante el embolado que, a su vez, le hincó Evemarina por la vía del "cógelo Cuco". El auto dice que es absolutamente imposible, "conforme a las reglas de la elemental lógica y prudencia que caracteriza la actuación de las entidades bancarias, que [el Consejo de Administración de La Caja] desconociese la existencia de un derecho de reversión reconocido por sentencia judicial en relación a la finca que adquirió en dación de pago". Veamos quiénes estaban en ese Consejo de Administración.

No tocar a las personas honradas y educadas

EL GENERAL HACE DISTINGOS ENTRE LOS CIUDADANOS INFRACTORES

No tocar a las personas honradas y educadas

Si no fuera porque hemos visto las cartas del general de la Guardia Civil, casi estaríamos por dudar que un mando militar español escriba, firme y sostenga lo que aparece en esas misivas. No contento con demostrar una ignorancia supina de las competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los que forma parte, el alto mando llega a quejarse de que fuera detenida y condenada "una persona cuya honradez y buena educación bien conoces, que de ninguna manera se ha merecido el injusto castigo recibido; porque la sanción penal acarreada no sólo no justifica la desproporcionada actuación policial, sino que la agrava". Y ya en el colmo de la desfachatez y la ignorancia, cuando no del delito, el general llega a criticar incluso lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue condenada (por sentencia de conformidad) la señora tan patrióticamente defendida: "La actuación judicial, por cierto, no es objeto de esta carta, pero podríamos hablar bastante sobre ella". En resumen: si se es esposa de un militar de alta graduación, educada, de buena familia y honrada, no se le puede detener, y mucho menos condenar, por mucho delito que cometa. No olvidemos que el general de la Guardia Civil tiene mando sobre la policía judicial de este cuerpo, y ahí es nada lo dicho por este buen paisano: "injusto castigo", "sanción penal que agrava la desproporcionada actuación policial", "actuación judicial de la que podríamos hablar bastante". Estamos en muy buenas manos, sí señor

A repasar la ley, general

EL JEFE DE LA GUARDIA CIVIL PARECE IGNORAR LAS COMPETENCIAS POLICIALES Y CIUDADANAS

A repasar la ley, general

La esposa del general fue interrogada y puesta en libertad, y a los pocos días, en un juicio rápido, juzgada por un delito contra la seguridad del tráfico. La imputada reconoció los hechos y, con todas las garantías jurídicas (abogado, fiscal, juez...) se mostró conforme con una sentencia que le condenó a cuatro meses de prisión, que no tendrá que cumplir por carecer de antecedentes penales. Todo se disparó a continuación. El general jefe de la Guardia Civil, indignado, escribe a la jefa superior de Policía para quejarse muy duramente por el comportamiento del inspector de Policía que detuvo a la infractora y para sugerirle que tome "las medidas apropiadas con el personal implicado, así como para que, en lo sucesivo, no se repitan actuaciones tan negativas para las relaciones de nuestros dos cuerpos". Pero dice más el general. Por ejemplo, que "ninguna norma habilita a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía ni técnica ni jurídicamente" para la "detención de la conductora y la instrucción de diligencias por delito contra la seguridad del tráfico". ¿Seguro, general? No sólo a la Policía, que cada día se ve obligada a actuar en ese sentido, sino también a cualquier ciudadano que se vea en una situación similar. Para que no hubiera duda del tamaño del calentón, días después el general envió una carta similar a la delegada del Gobierno, Carolina Darias.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12764/

Estimado general: Franco ha muerto

VAYA UN TONITO EL DEL GENERAL JEFE DE LA GUARDIA CIVIL EN CANARIAS



El general Martínez. Perdonen todos ustedes el susto, pero es que nos hemos visto en la obligación de hacer tal recordatorio 35 años después de tan destacado desenlace al hacerse públicas las cartas que el general de división, jefe de la Guardia Civil en Canarias, Miguel Martínez García, remitió hace dos meses a la jefa superior de Policía, Concepción de Vega, y la delegada del Gobierno, Carolina Darias. El general Martínez, compungido por la detención y condena por un delito contra la seguridad vial de la esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso, tuvo los excelentísimos bemoles de poner negro sobre blanco, en papel oficial de la Guardia Civil, toda una sucesión de despropósitos con olor a incitación al delito, abusos de autoridad y tráficos de influencia que evidencian muy a las claras que, en algunas instancias del Ejército, se sigue actuando con una impunidad altamente preocupante. Todo empezó cuando la esposa del general de la Zona Militar de Canarias circuló durante casi dos kilómetros en dirección contraria por la vieja autovía de Tafira, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria. La señora fue detenida por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía con el que por poco colisiona, con el consiguiente peligro para ambos y un tercer automovilista implicado en los hechos

El STEC acusa a Educación de acometer una ´salvaje reconversión´

J. B. "Tras la supuesta optimización de recursos se esconde una salvaje reconversión de nuestro sistema educativo en favor de su privatización". El sindicato STEC-IC acusa a la Consejería de propiciar el "desmantelamiento" de la educación pública.

El sindicato apunta que las medidas están afectando principalmente a la formación profesional, donde "unos 140 grupos han sido suprimidos", lo que ha supuesto que cerca de 5.000 alumnos hayan sido "expulsados del sistema educativo por el déficit de plazas", obligándoles, a juicio del colectivo, a "acudir a los centros privados para, a cambio de un suculento desembolso económico, iniciar o culminar sus estudios profesionales".

STEC-IC afirma que las medidas que está aplicando la Administración regional está teniendo otros efectos, como "la supresión casi absoluta de las medidas de atención a la diversidad para el alumnado; el cierre inopinado de centros escolares sin ningún tipo de negociación con las comunidades educativas afectadas; el desprecio hacia las escuelas unitarias de Canarias, incumpliendo sistemáticamente el acuerdo suscrito al efecto en el año 2007; y la alocada adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-11, la masificación de las aulas; el estrangulamiento y paralización de la oferta idiomática de las escuelas oficiales de idiomas (supresión del árabe, ruso, chino, japonés y otras lenguas); y el desmantelamiento de los centros de educación permanente de adultos", entre otras afecciones.

El colectivo nacionalista señala que esta situación acentuará más una situación complicada para la educación, que ya sufre "una tasa de inversión por alumno muy por debajo de la media estatal y, por supuesto, de la media de la Unión Europea y los países de la OCDE". Y, añade, que todas estas deficiencias están propiciadas por "los profundos recortes introducidos en el sistema educativo canario, llegando a colocar en entredicho su propia supervivencia".

El juez Pamparacuatro ¿fuera del ‘caso Unión'?

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias deberá dar su visto bueno para que el juez César Romero Pamparacuatro continúe con la instrucción del conocido ‘caso Unión’, que investiga varias extensas tramas de corrupción en Lanzarote.
El caso lo instruye el Juzgado número 5 de Arrecife y el juez abandonará ese Juzgado y se trasladará este mismo mes al Juzgado de instrucción número 2 de La Laguna, aunque ha solicitado continuar con el caso en comisión de servicios.
Las comisiones de servicios las aprueba, en primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en segundo lugar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y finalmente el Ministerio de Justicia, que es quien debe aportar el dinero. Los dos primeros ya han dado su visto bueno. En este caso, además, deberá darlo también el Gobierno de Canarias, que es el organismo que costea los traslados de los jueces entre juzgados.
Fuentes jurídicas consultadas por ACN Press señalan que no es habitual que la Consejería de Justicia, aunque pague los traslados, tenga que decidir sobre si se otorga o no la comisión de servicios, ya que en la mayoría de las ocasiones, el Ministerio de Justicia no consulta este hecho con la comunidad autónoma.
Es la segunda vez que la instrucción del ‘caso Unión’ está pendiente de una decisión del Ministerio. En otoño pasado, el magistrado solicitó un juez de apoyo para poder hacerse cargo de la instrucción del caso y poder resolver sin retraso el resto de asuntos del Juzgado.
El Ministerio denegó, cuatro meses después, el refuerzo por motivos económicos, a pesar de que suponía un coste de 1.200 euros brutos al mes, por considerar que no estaba justificada la excepcional carga de trabajo del caso.
En las primeras semanas de septiembre, Romero Pamparacuatro se trasladará a su nuevo destino y abandonará el ‘caso Unión’ si no se han pronunciado antes el Ministerio y la Consejería.
Juez sustituto
Este caso de corrupción, que acumula cerca de 30.000 folios de sumario y unos cien imputados (entre cargos públicos, funcionarios y empresarios), investiga delitos en varias administraciones, de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales o contra el territorio, quedaría, por lo tanto, en manos de un juez sustituto y podría sufrir un importante retraso en su instrucción. La Fiscalía Anticorrupción se sumó al caso en la primavera pasada por la complejidad de las tramas que se investigan.
Una de las principales imputadas en el caso es la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que pasó un mes en prisión provisional acusada al menos de dos delitos de cohecho por recibir comisiones y regalos de empresarios cuando ejerció como alcaldesa. La investigación considera que Déniz, que es profesora de Secundaria, pudo amasar un patrimonio de unos tres millones de euros.
Déniz era asesora de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias y es hermana dela Viceconsejera, Carolina Déniz, que también tuvo que declarar en este procedimiento en calidad de testigo por un viaje realizado a Marruecos con su hermana que fue pagado por la Empresa FCC, a quien María Isabel Déniz adjudicó la construcción de un polideportivo en Arrecife.

Rechazo a la nueva directora de Ordenación y Promoción Turística

Las patronales turísticas del Archipiélago han rechazado el nombramiento de Esther Álvaro Soler como nueva directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno canario en sustitución de Sandra González Franquis, al considerar que los cargos públicos con importantes responsabilidades “deben estar ocupados por profesionales con gran experiencia en el sector”.

En este sentido, “solo sabemos que la actual directora general ocupaba el cargo de policía municipal pero parece evidente que una vez más se confunde la promoción y la cualificación política con la promoción y cualificación turística”, explican en un comunicado.

Esta nota está firmada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro (Ashotel); la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan) y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura (Aehtf),

Las patronales turísticas del Archipiélago recuerdan que el turismo se inició en Canarias hace 150 años y que uno de nuestros capitales “es el conocimiento de los mercados”, de los turoperadores, de las líneas aéreas, de los competidores y del propio destino; todo ello “imprescindible para el diseño y desarrollo de la estrategia promocional”.

“Coincidimos plenamente con el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en la importancia que tiene el turismo, como principal motor para crear empleo y superar la crisis, afirman las patronales.

“Incluso, vamos mucho más allá en las previsiones del presidente regional, al considerar que en los próximos años se pueden crear hasta 100.000 empleos, si se recuperan los niveles de ocupación hotelera del año 2001, lo que según todos los expertos del sector “es factible”.

Para ello, las patronales turísticas consideran necesario planificar y desarrollar una estrategia a medio plazo, con sus recursos correspondientes, “que contemple una política de conectividad aérea con todas las capitales europeas”, coordinada con promociones específicas y direccionales, así como una mejora de los espacios públicos, playas y paseos marítimos.

“En Europa hay una gran demanda de vacaciones que se incrementa cada año, pero mientras Canarias ha perdido casi dos millones de turistas desde 2006, Egipto y Turquía casi han duplicado este número y continúan creciendo. Esto demuestra que podemos crecer tal y como lo han hecho estos destinos si aplicamos un correcto plan de promoción.”

Para las patronales esto generaría una gran actividad económica, “como la tuvimos en el pasado; lo que permitiría que la Hotelería, el Comercio, la Restauración, el Transporte, el Ocio, la Construcción y la Agricultura recuperaran la rentabilidad perdida, posibilitando una renovación integral.”

Así, “el sector público recaudaría en impuestos una cantidad equivalente entre cinco y diez veces lo invertido en el Plan, pudiendo relanzar la Obra Pública y mejorar el espacio turístico.”

“La consecuencia inmediata es la innovación y el salto de calidad que permitirá que Canarias se pueda diferenciar de nuevo y de forma notable de sus competidores. Para aprovechar esta gran oportunidad, consideramos que es el momento de potenciar la Consejería de Turismo, dotándola de los recursos necesarios para este gran proyecto, en lugar de reducir su presupuesto tal y como algunos medios de comunicación han adelantado y que parece ser el propósito del Gobierno.”

La potenciación de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias requiere, entre otros aspectos, que al frente de la misma estén las “personas más capacitadas” para llevar a cabo una gestión eficiente. “No parece que un nombramiento como el que se propone apunte en esta dirección, lo cual merece el rechazo de las patronales turísticas del Archipiélago”, finaliza la nota.

Santa Cruz un Ayuntamiento rico ?

Luz Reverón se gasta casi 53.000 euros al año en una nueva asesora en Urbanismo


Sorprendente anuncio en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Luz Reverón y sus cosas, en plena crisis, con un concejal de Hacienda anunciando recortes millonarios y todo amenazado con un 2011 terrible para todos, administradores y administrados, se lía la manta a la cabeza y unos dos años después de su nombramiento como directora territorial del distrito Anaga, que lo fue en el 2009, designa como asesora en la dirección general de Planificación Territorial a Irache Yorda Gómez, con una retribución anual bruta de 48.314,09 euros, una pasta gansa sin duda y además con un coste patronal de 12.232,79, lo que resulta a todas luces escandaloso y contraproducente.
Nadie se explica este cambio de área y de responsabilidades y más sabiendo que el mismo año en que se la nombraba en Santa Cruz, directora, se presentaba en El Sauzal, donde el alcalde la incluía en una lista de sustitución para técnicos de administración general o en el Ayuntamiento de Arona, buscando el modo de quedarse dentro de cualquier administración pública, aunque en este caso siempre en corporaciones de signo nacionalista.
Algo hay porque en el mismo decreto se dice que este puesto no implica mérito para el acceso a la función pública ni promoción interna, además que se señala que “el presente nombramiento quedará sujeto a la condición suspensiva de la previsión en el presupuesto 2010, de los créditos necesarios para afrontar el gasto correspondiente, de conformidad con lo indicado en el informe de Intervención”. Pues tal como está la cosa, mejor era no nombrarla. Pero debe existir algún compromiso por parte del grupo de gobierno para, si hay dinero, contratarla y gastarse ese pastón anual. Ellos sabrán.