jueves, 16 de febrero de 2012

A la comision europea se les ve el plumero

 Bruselas aconseja a España subir la edad de jubilación

La Comisión Europea recomienda a los ciudadanos que se suscriban a planes privados complementarios

EP La Comisión Europea ha admitido este jueves que las reformas que han llevado a cabo la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, reducirán la cuantía de las pensiones en el futuro Por ello, ha aconsejado que los ciudadanos suscriban planes privados complementarios para completar sus ingresos tras la jubilación, pese a admitir que estos planes son vulnerables a crisis financieras como la actual..

Se trata de una de las principales recomendaciones del Ejecutivo comunitario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Bruselas reclama además seguir retrasando la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida -algo que España ya ha empezado a hacer al subirla de 65 a 67 años-, restringir el acceso a la jubilación anticipada y eliminar las diferencias entre hombres y mujeres en materia de pensiones.

La Comisión quiere además crear mejores oportunidades para los trabajadores de más edad, y para ello insta a los interlocutores sociales a adaptar los lugares de trabajo y las prácticas de los mercados laborales, y sugiere recurrir al fondo social europeo para que los trabajadores de más edad puedan acceder al empleo.

"Muchas reformas ya adoptadas significarán pensiones más bajas en el futuro para compensar que la jubilación será más larga y que habrá menos trabajadores. Aparte de acumular más derechos de pensión trabajando más tiempo, mucha gente puede querer ahorrar más para su pensión en sistemas complementarios", ha explicado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un comunicado.

En su 'Libro Blanco' sobre las pensiones, el Ejecutivo comunitario recomienda constituir planes privados de jubilación complementarios, y anima a los interlocutores sociales a crearlos y a los Estados miembros a mejorar los incentivos fiscales y de otros tipos.

Además, anuncia que adoptará medidas para mejorar la seguridad de las inversiones en planes de pensiones, por ejemplo revisando la directiva sobre fondos de pensiones de empleo y mejorando la información a los consumidores. De hecho, Bruselas admite que "la crisis ha puesto de relieve de la vulnerabilidad de los sistemas de pensiones financiados a crisis financiaras y turbulencias económicas".

Finalmente, la Comisión actuará para facilitar la movilidad de los planes de pensiones complementarios protegiendo, a través de legislación, los derechos de pensión de los ciudadanos que se desplacen. Hasta ahora, los Estados miembros han rechazado aprobar una norma de este tipo.

Los pensionistas constituyen ya el 14% de la población de la UE (120 millones), en particular debido a que los nacidos del boom de natalidad empiezan a alcanzar la edad de jubilación y el número de trabajadores en la edad laboral principal está descendiendo.
En 2008, por cada ciudadano de la UE de sesenta y cinco años o más había cuatro personas en edad de trabajar (15-64 años). De aquí a 2060, esta relación bajará a dos personas en edad de trabajar por cada ciudadano de sesenta y cinco años o más.

El impacto del envejecimiento demográfico se ha visto agravado aún más por la crisis económica. Las pensiones ya representan un porcentaje muy alto del gasto público: una media del 10 % del PIB en la actualidad, que posiblemente llegue hasta el 12,5 % en 2060.

No obstante, el gasto en pensiones públicas, que va del 6 % del PIB en Irlanda al 15 % en Italia, pone de manifiesto que, si bien los países afrontan problemas demográficos similares, la situación varía bastante de un país a otro. La crisis afecta a los planes de pensiones basados en un sistema de reparto a través de la caída del empleo y el consiguiente descenso de las cotizaciones, mientras que los planes de capitalización se ven afectados por la caída del valor de los activos y la bajada del rendimiento, según recuerda Bruselas.

Viva la Democracia, Manda "Eggs"

La policía denuncia a los manifestantes que increparon a Soria

Una decena de personas es acusada de incitar a los concentrados a "abalanzarse contra el ministro" en una manisfestación contra las prospecciones en Lanzarote


Algunos de los asistentes a la concentración contra las prospecciones. i J. F.
Algunos de los asistentes a la concentración
contra las prospecciones. i J. F.
ARRECIFE Incitar a los concentrados a abalanzarse contra el ministro". Este es el tenor de una de las denuncias cursadas (más de una decena) contra algunas de las personas que participaron en la noche del pasado viernes, día 10, en la concentración frente a la sede del PP contra las prospecciones petrolíferas aprovechando la presencia en la Isla del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. A los denunciantes se les acusa de originar desórdenes graves en la vía pública y de organizar una concentración no autorizada.

Entre los denunciados por la policía se encuentra el que fuera consejero de Alternativa Ciudadana en el Cabildo de Lanzarote, Pedro Hernández, el presidente de la Asociación de Vecinos La Plazuela de Arrecife y el miembro del Foro Intercultural de Lanzarote, José Morales, y varios miembros de la plataforma Democracia Real Ya. Nadie del PSC o de CC, como denunciaron los populares.

En todas las denuncias se les acusa de infringir la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, concretamente por originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público. Además, se hace mención a la "provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana". Las multas previstas, que deberán ser ratificadas por la Delegación del Gobierno, oscilan entre los 300 y los 30.000 euros.

A Pedro Hernández se le denuncia por aportar el equipo de megafonía para dirigir la concentración y lanzar proclamas, mientras que a otro de los asistentes se le acusa de "abalanzarse sobre los miembros del PP a la vez que los increpa e insulta portando como bandera una camiseta con la inscripción 'ni dios, ni amo, anarquía". En otro de los expedientes abiertos se acusa a uno de los manifestantes de gritar, en alusión a Soria: "Id a por él, ya sale".

JUECES DE IDEOLOGÍA CONSERVADORA

 Dos magistrados recusados por Garzón juzgarán a Zerolo

El presidente Juan Saavedra y el ponente del caso de Las Teresitas, Juan Monterde, están considerados cercanos a la derecha e incluso al Opus Dei
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Juan Saavedra, y el juez Julián Sánchez Meglar, que juzgarán al senador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo por el caso de Las Teresitas, fueron en su momento recusados por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón por la trama de las escuchas ilegales.
En estos momentos la Fiscalía tiene ya en sus manos el copioso expediente en el que se relatan de forma pormenorizada todos los avatares de la compraventa de la playa y, a partir de aquí, se decidirá si se archiva el caso o continúa su tramitación en el Supremo. Como ponente ha sido designado Francisco Monterde quien, al igual que Saavedra, es considerado magistrados de ideología conservadora e incluso en el caso del primero cercano al Opus Dei. De hecho, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del Supremo por el sector conservador del Poder Judicial.
El diario El País apuntaba recientemente que durante la investigación del caso Gürtel en el Supremo “no se tuvieron noticias del estado de la instrucción durante largos períodos de tiempo y el secreto se llegó a prorrogar en siete ocasiones”.
Saavedra también tramita en estos momentos la causa del exministro socialista José Blanco, que se ofreció voluntariamente a declarar por un supuesto delito de cohecho y tráfico de influencias. El presidente de la Sala está considerado uno de los juristas de mayor influencia en España según un ranking elaborado recientemente por el periódico El Mundo.
Del actual presidente de la sala segunda del Supremo se ha indicado que, aunque procede sectores centristas de la judicatura y parecía ideológicamente neutro, “hoy es exponente de la derecha judicial clásica. El magistrado Saavedra, con clara vocación de burócrata, ha sido crucial en la admisión de las querellas presentadas contra Garzón al decidir como presidente la formación de las salas que debían ver las querellas, entre ellas las presentadas por Manos Limpias y Falange Española”.
En cuanto al ponente, Monterde, se le identifica como “ideológicamente conservador y con trayectoria profesional discreta. Es hombre cercano al Opus Dei”. El tercer componente de la Sala es Julián Sánchez Meglar, quien fue también recursado en el caso de Garzón. Una vez que la Fiscalía elabore su informe y en caso de que no se decida archivar la causa se incorporarán nuevos magistrados a esta Sala.
Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/215419/

La reforma laboral del PP… ¡la hizo Zapatero!

ANTOLÓGICA INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA EN EL CONGRESO
 Se suele decir que el mayor desprecio que un ser humano puede hacer es negar la paternidad de sus obras. Y ni más ni menos eso es lo que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien en un prodigio de desmemoria o indocumentación, ha atribuido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la autoría de los hachazos a los derechos de los trabajadores contenidos en la reforma laboral. Estas afirmaciones han despertado perplejidad e hilaridad en las bancadas opositoras.

La reforma laboral del PP… ¡la hizo Zapatero!
La Vicepresidenta, en una intervención muy subida de tono y a ratos rozando casi la histeria, ha querido dejar claro que no se va arrugar a la hora de defender los ataques de su Gobierno a los derechos de los españoles. Ni siquiera la verdad y el sentido común serán un obstáculo para seguir –como hoy. Haciendo oposición desde el Gobierno a los diputados socialistas de la oposición parlamentaria.
Como traía de casa preparada la respuesta a la supuesta incostitucionalidad de la reforma, y a pesar de que este argumento no había sido utilizado por la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, Sáenz de Santamaría no se ha atrevido a salirse del guión, y le ha espetado una curiosa teoría sobre la legalidad de las medidas: "Constitucional es hacer efectivo el artículo 135 de la Constitución que reconoce el derecho al trabajo".
Por lo demás, como es habitual cuando el PP se siente herido, ha lanzado toda una batería de acusaciones, a cual de más grueso calibre, contra los socialistas, la herencia, el sino divino y cualquiera que se ponga al alcance de la “Santa Ira” de la derecha.
Así, Sáenz de Santamaría ha encadenado reproches al Gobierno de Zapatero, y se ha permitido demagogias como que "el despido más fácil es el que ha colocado a España en cinco millones de parados".
Estado de Excepción
Evidentemente, ante tales flores dialécticas la oposición, especialmente el PSOE e IU han cargado en tromba contra las medidas emprendidas por el Gobierno, que han calificado como "un retroceso histórico" para los trabajadores comparable incluso con un "estado de excepción", ante lo cual la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha replicado que con "descalificaciones y mentiras" no se crean puestos de trabajo.
     La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha acusado al Gobierno de haber "mentido" reiteradamente sobre una reforma laboral que ha calificado de "agresiva, injusta y desequilibrada",
Rodríguez ha recordado al Ejecutivo sus "promesas electorales" de no abaratar el despido y ha acusado al presidente, Mariano Rajoy, de haber mentido en su debate de investidura y también junto al francés Nicolas Sarkozy, cuando dijo que la reforma iría en la línea de las enmiendas que presentó el PP a la anterior reforma del Gobierno socialista, de las que ahora no hay "ni rastro".
    El Gobierno, ha remachado, ha "mentido" también a los sindicatos, cuando les pidió que negociasen un acuerdo de rentas con los empresarios y luego ha ignorado ese acuerdo. De este modo, ha concluido que el Gobierno "sólo ha dicho la verdad en Bruselas" cuando creía que los micrófonos estaban cerrados: que la reforma sería "muy agresiva" y que provocaría una huelga.
Sólo el BOE dice la verdad
   Pero además, ha afeado a la vicepresidenta las palabras que pronunció en el Congreso contra la reforma laboral de Zapatero y haber ocultado el "verdadero alcance" de la reforma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la aprobó. De hecho, le ha aconsejado que dé las ruedas de prensa los sábados, cuando se puedan contrastar sus palabras con el BOE publicado.
   En concreto, le ha reprochado haber ocultado en esa rueda de prensa la posibilidad de que los empresarios bajen unilateralmente los salarios,
El estatuto de los empresarios
 Por su parte, el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha indicado que los 5,3 millones de parados "no pueden ser la excusa para un decreto como éste", que es típico de "un estado de excepción" y que se ha hecho "de manera ilegítima" porque no estaba en el programa electoral del PP y tampoco se ha negociado con los sindicatos.
   Tras preguntarse si la ministra "mintió" a la oposición durante las semanas en las que fue avanzando detalles sobre la reforma, antes de su aprobación, Llamazares ha concluido que a Báñez "le han impuesto esta reforma", que "convierte el estatuto de los trabajadores en el estatuto de los empresarios".
   Báñez ha respondido a estas acusaciones con un brindis al sol afirmando que la reforma "afronta con seriedad el problema" del paro y que "más pronto que tarde" servirá para "frenar cuanto antes la destrucción de empleo y sentar las bases de creación de puestos de trabajo en el corto plazo".
Publicado en http://www.diarioprogresista.es/la-reforma-laboral-del-pp-la-hizo-zapatero-9468.htm

La patronal quiere que el Gobierno revise el derecho a Huelga

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado realmente satisfecho con lo bien que ha abordado el Gobierno la defensa de sus intereses en la reforma laboral, de la que ha dicho que "va en la buena dirección" y llega en el momento "adecuado". Además, crecidos y envalentonados con el éxito, ha fijado el siguiente objetivo que debe acometer el Gobierno de Rajoy: recortar el derecho de huelga, uno de los pocos que permanece incólume tras los últimos hachazos.
La patronal fija al Gobierno su próximo objetivo: el derecho de huelgaY es que, además, los responsables de la CEOE han adelantado algo que el Ejecutivo todavía no había desvelado: que le va a meter mano al derecho a estar enfermo con una ‘reforma’ de las mutuas laborales para acabar con el “elevado absentismo”.
Según Arturo Fernández, vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM) el Gobierno "está preparando" la próxima ley de Mutuas para reducir la "lacra" del absentismo y que estará lista "en tres meses". Por lo demás, ha señalado que es "la mayor reforma laboral de la historia". "Sin triunfalismos, pero los empresarios necesitábamos quitarnos de encima la rigidez que teníamos para contratar", ha añadido.
Pese a la satisfacción expresada por la patronal con esta reforma, sus portavoces no descartan profundizar aún más ne la “flexibilidad” de las plantillas y los salarios durante la tramitación parlamentaria. Porque, como ha asegurado Rosell, esta reforma “a medio plazo no creará empleo pero va por el buen camino” y, ha afirmado con rotundidad que “no será la última”.
Así, ha avanzado que esta "modernización" del mercado laboral requerirá "cambios" en el futuro. A corto plazo, ha dejado caer que la patronal aprovechará el trámite parlamentario para lograr algunas de las pretensiones que quedaron fuera del acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos e intentará ir más lejos en materia de flexibilidad.
Rosell ha indicado que, a primera vista, no hay visos de inconstitucionalidad en la reforma laboral y que debería haber ido "mucho más allá en flexibilidad" y en la simplificación de la "maraña" legal en el mercado laboral.
Recortar el derecho de huelga
Además, ha señalado que habría que abordar "lo más rápidamente posible" el decreto de 1979 que regula el derecho a la huelga para que "por defender los derechos de algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros", y ha reiterado que los empresarios siguen esperando una rebaja de cuotas sociales.
El derecho de huelga esde los pocos derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y en el ordenamiento jurídico español que no ha sido recortado, desmontado o simplemente anulado tras la última reforma del PP. Ahora, una vez que los mecanismos de negociación y representación de los trabajadores han sido conveniente cercenados, la patronal señala el próximo objetivo: recortar los mecanismos de protesta de los trabajadores ante la imposición de ‘los mercados’.

La reforma laboral costará al menos 230 millones

El dato se desprende de la memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley, aprobado el pasado viernes por el Gobierno

 Para ahorrar debes gastar. Este principio ha sido aplicado por el Gobierno al poner sobre la mesa la factura a la que se tendrá que hacer frente por la reforma laboral que "no creará empleo", según ha señalado el Ejecutivo. La reforma del mercado de trabajo tendrá un coste aproximado de al menos 230 millones de euros en su primer año de vida, según se desprende de la memoria económica que acompaña al Real Decreto-ley de reforma del mercado laboral aprobado el pasado viernes por el Gobierno.

En este texto, el Ejecutivo hace estimaciones económicas de varias medidas, aunque no de todas las que conllevarían un gasto o un ahorro para las arcas públicas. Así, no se cuantifica cuánto podría suponer para el Estado la deducción fiscal incluida en los nuevos contratos indefinidos para empresas de menos de 50 trabajadores.
En concreto, el Gobierno calcula que las bonificaciones para fomentar la contratación indefinida de jóvenes de 16 a 30 años beneficiarán a 55.700 personas (la mitad hombres, la mitad mujeres) y que su coste, durante el primer año, será de 19,64 millones de euros. Durante el segundo año, el coste será de 41,20 millones de euros, y en el tercero de 64,70 millones de euros.
En el caso de las bonificaciones para mayores de 45 años, los beneficiarios estimados ascienden a 13.250 personas (55% hombres, 45% mujeres), con un coste anual de 6,20 millones de euros. Respecto a las bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social que se concederán por transformar contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en contratos fijos, el coste estimado de la medida se cifra en 3,64 millones de euros y el número de beneficiarios en 11.000, de los cuales el 53% serán hombres y el 47%, mujeres.
En el apartado de las bonificaciones que se otorgarán para los ERE de suspensión temporal de contratos o reducciones de jornada, se calcula un coste aproximado de 46 millones de euros y un número de beneficiarios de 141.553. Por su parte, la reposición de prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados por ERE de suspensión temporal o reducción de jornada que finalmente sean despedidos costará 122 millones de euros y beneficiará a 28.200 personas, según las previsiones del Gobierno.
Asimismo, el Ejecutivo estima que la reducción de cuotas para los contratos de formación y aprendizaje para trabajadores de 16 a 20 años recortará los ingresos de la Seguridad Social en cerca de 6,9 millones de euros anuales.
Todo este dinero que dejará de ingresar el Estado con las medidas anteriores se compensará en una parte con la decisión de incluir horas extraordinarias en los contratos indefinidos a tiempo parcial. Según el Gobierno, el incremento de la recaudación por cada trabajador que realice 40 horas extraordinarias al año con el tipo general de cotización del 28,30% será de 64,86 euros al año.