lunes, 13 de septiembre de 2010

El golf que nos endilgó Pepa

DOS EMPRESARIOS ANUNCIAN QUE SE HACEN CARGO DEL CAMPO MUNICIPAL DE LA MINILLA

El golf que nos endilgó Pepa

La noticia aparentemente buena de que dos empresarios grancanarios quieren hacerse cargo de la gestión del campo de golf de La Minilla, de propiedad municipal, ha hecho resucitar de nuevo los desastres de gestión dejados por nuestros admirados Pepe y Pepa, Soria y Luzardo, tal para cual. Quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Hernández, en compañía de Manuel González, de Polican, son los valientes que se han atrevido a la hazaña, según publicó ayer La Provincia. No entramos ni salimos en lo que quieran arriesgar dos empresarios, pero sí en la necesidad de que esta vez sí se fijen las garantías precisas para que unas instalaciones así no sean un lastre para el Ayuntamiento, que lleva seis años pagando el agua sin recibir ni una perra chica de lo pactado en la concesión: 50 años a razón de 70.000 euros al año. Las cosas de nuestra Pepa con su Evemarina, en quiebra total (Evemarina, nos referimos, que la de Pepa todavía es parcial). Lo que no acabamos de entender es cómo unos empresarios asumen una deuda de 12 millones (10 de ellos con Cajacanarias) sin asegurarse la continuidad al frente de la concesión, que el alcalde Saavedra anunció este mismo lunes que saldrá próximamente a concurso

Atascos en la PAU de septiembre

A ALGÚN PORTENTO SE LE OCURRIÓ MANDAR ASFALTAR EL DÍA MENOS PROPICIO
Atascos en la PAU de septiembre

Meses de verano disponibles, con un tráfico rodado bastante controlable, y a algún portento del Cabildo sólo se le ocurre mandar a asfaltar los accesos del Campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Tafira el mismo día que se comenzaban las pruebas de la PAU de septiembre. El follón de tráfico fue este lunes absolutamente demencial, con padres, alumnos y profesores incrementando su estado de nerviosismo y de estrés por un elemento externo absolutamente evitable. Todos se preguntaban lo mismo: ¿no podrían haberlo hecho cuatro días antes o cuatro días después? ¿Tanto trabajo cuesta coordinar tareas incómodas con la institución académica para conocer los días de menos perjuicios? Seguramente será mucho pedir dada la ingente cantidad de obra pública que se contrata en plena crisis.

S.O.S. DE LA EDUCACIÓN CANARIA

COMUNICADO DE PRENSA
S.O.S. DE LA EDUCACIÓN CANARIA

Los últimos cambios impuestos por la Administración Educativa Canaria, sin negociación previa con las organizaciones sindicales, referentes al Reglamento Orgánico de Centros Educativos y a la organización y funcionamiento de centros, no sólo consiguen vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza sino también el derecho constitucional a la educación que posee nuestro alumnado. Suponen un atropello a la calidad educativa en la enseñanza pública.

Canarias, 10 de septiembre de 2010
Hace solo unos días nuestras organizaciones manifestaban la situación agónica en la que se encuentra la educación en Canarias y este caótico inicio de curso con enormes restricciones e imposiciones viene a confirmar nuestras aseveraciones. La falta de profesorado en los centros educativos, la masificación de las aulas con ratios por encima de las permitidas, el retraso del inicio de clases en múltiples centros, la anulación de los apoyos pedagógicos en los centros de Infantil y Primaria, la eliminación de la hora y media de refuerzo en matemáticas y lengua al alumnado con retraso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO.), la reducción de la oferta de asignaturas optativas, la reducción de las horas para el seguimiento de la formación en los centros de trabajo así como las horas de coordinación de ámbito en la F.P., la insuficiente oferta del servicio de los comedores escolares vital para las familias en tiempos de crisis, la imposición de un plan de sustituciones que supondrá la puntilla al servicio público educativo,…, solo confirman la mala política que ha venido imponiendo este Gobierno.
Con la imposición el día 31 de agosto de las instrucciones de comienzo de curso, la Consejería de Educación ha superado su capacidad de ingenio para acabar con el servicio público educativo, pues condena al alumnado que se encuentra sin profesor por baja o ausencia justificada del mismo a estar en una guardería, vulnerando flagrantemente el derecho constitucional a la educación.
El plan de sustituciones que se pretende imponer, sin diálogo ni negociación, a los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria conlleva los siguientes agravios:
1.- Se ataca directamente a la calidad de la enseñanza pues se pretende que prevalezca en los centros el principio de guardería o de aparcamiento de alumnos por encima del fundamental principio de educación. Se suspenderán las acciones educativas tutoriales, el trabajo colegiado del profesorado, la atención al servicio de bibliotecas y demás servicios educativos que no sean de atención directa con alumnos para cubrir sustituciones. Consideramos que esta medida es claramente injusta e ilegal y además atenta directamente al derecho constitucional a la educación que tiene el alumnado.
2.- Se impide que el profesorado pueda realizar su trabajo en condiciones mínimamente adecuadas atacándose directamente a la profesionalidad de este sector.
3.- Se atropella el derecho a la negociación colectiva puesto que se imponen modificaciones sustanciales de condiciones laborales y profesionales fundamentales del profesorado, sin sentarse a negociar con sus representantes.
4.- Asimismo estas imposiciones producen una discriminación de la sociedad, de las familias, del alumnado, del profesorado y de la Educación en Canarias, respecto de los niveles de calidad de la enseñanza impartida en el resto de las comunidades del Estado, lo cual vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.
5.- Este nuevo marco generará un estado de ánimo en la labor educativa que sin lugar a dudas repercutirá también de forma negativa en la actividad docente. El tremendo malestar y desánimo en los Claustros, equipos directivos y el alumnado ya se está dejando notar en la comunidad educativa.
Estas medidas impuestas unilateralmente por la Administración son injustas, claramente ilegales, y atentan contra el principio constitucional del derecho a la educación, provocando que las organizaciones sindicales firmantes de este comunicado hagamos esta denuncia pública y un llamamiento a las familias, al alumnado y al profesorado para que actúen en contra y se facilite la búsqueda de soluciones.
INSUCAN, UGT y CC.OO. exigimos la inmediata paralización de dichos planes de sustituciones y la apertura inmediata de negociación colectiva entre la Administración y los representantes del profesorado para llegar a un acuerdo que solucione tan magno disparate.
Hacemos un llamamiento a los Claustros y a los Consejos Escolares de todos los centros de Canarias para que voten en contra de dichos planes de sustituciones hasta que no se llegue a un acuerdo.
Para el caso que la Administración intente obligar a los equipos directivos a imponer dichas medidas, estas organizaciones proponemos que los directores y directoras con sus equipos directivos al completo, al unísono y en reuniones de las direcciones por zonas, presenten la dimisión, oponiéndose así a las imposiciones antidemocráticas que pudieran devenirse. 
FETE- UGT                             CC.OO.                           INSUCAN

Empleo debe 3,3 millones en becas a 7.600 parados

Empleo debe 3,3 millones en becas a 7.600 parados

Algunos afectados deberían haber cobrado del Gobierno hace más de siete meses

El Servicio Canario de Empleo debe 3,3 millones de euros en concepto de becas para costear el desplazamiento, la minusvalía, la conciliación y manutención a casi 7.600 parados sin grandes recursos económicos de todas las Islas que concluyeron entre marzo y julio sus cursos de formación. Algunos afectados deberían haber cobrado hace más de siete meses, según admite la Consejería autonómica.
Una llamada de teléfono cambia su estado de ánimo. Lleva parado bastante tiempo, y el Servicio Canario de Empleo le comunica que debe acudir a un programa de formación para su reinserción laboral. Está obligado, porque lleva el suficiente tiempo en las listas y legalmente debe cumplir con la propuesta para no ser sancionado. Además, la duración de hasta seis meses remunerados supone un buen atractivo. Dada su precaria situación económica, la lejanía de su domicilio, el hecho de tener a menores a su cargo o bien sufrir una minusvalía le garantizan el derecho a unas becas variables, a razón de su situación personal.
Con un gran esfuerzo por su parte, ya que los recursos no sobran en su casa, sufraga inicialmente por su cuenta el transporte. Empleo le garantiza su reembolso al final del curso tanto por el kilometraje, a razón de 19 céntimos por kilómetro, como el resto de ayudas complementarias para garantizar su asistencia, sin que eso le supusiera un trauma económico para su maltrecho bolsillo. Al igual que perciben un dinero cuando tienen a su cargo bebés para que puedan acudir a las clases.
Sin embargo, lo que no esperaban estos alumnos, algunos de los cuales debieron cobrar en marzo, y en el mejor de los casos antes de agosto, es que aún hoy sigan esperando este cheque del Servicio Canario de Empleo.
Por su parte, el director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alberto Génova, admite que el problema afecta en conjunto a casi 7.600 personas, de las cuales 4.591 viven en la provincia de Las Palmas y el resto en la de Santa Cruz de Tenerife.
Génova defiende que ya han comenzado a pagar estas subvenciones, con lo cual esperan resolver el problema en los próximos días. Sin embargo, el responsable de Formación de Comisiones Obreras, Francisco Javier Hernández, replica que hasta el viernes no tenía constancia de que los alumnos hubiesen estado percibiendo ese dinero como afirma el responsable de Empleo

CCOO denuncia que el Gobierno canario impide las asambleas de los funcionarios

CCOO denuncia que el Gobierno canario impide las asambleas de los funcionarios

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, denunció hoy la actitud del Gobierno canario de impedir que se celebren asambleas informativas de funcionarios ante la huelga general del próximo miércoles 29 de septiembre.
En un comunicado se asegura que según una resolución de la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad canaria, los funcionarios no podrán disfrutar del derecho a celebrar una asamblea informativa, lo que, a juicio de Pedro Moreno, "contrasta con la predisposición a la negociación que muestra hoy el director de la Función Pública en un medio de comunicación".
Según el sindicato, "la actitud de inflexibilidad del Gobierno canario en la interpretación de la ley contrasta, asimismo, con la flexibilidad con la que interpreta las leyes cuando éstas favorecen a los empresarios".
Para Comisiones Obreras, esta resolución demuestra que la intención del Gobierno canario es llevar a cabo una estrategia para dificultar todo lo posible la realización de la huelga general, "lo que está en consonancia con la actitud de complicidad que Coalición Canaria ha venido mostrando con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la reforma del mercado laboral".
Pedro Moreno indicó que "no obstante todos los obstáculos que quieran poner, el Gobierno canario no va a impedir con estas tretas que los trabajadores ejerzan el derecho fundamental a la huelga".

Los sindicatos canarios advierten que sólo contemplan servicios mínimos en atención a urgencias

Huelga general.- Los sindicatos canarios advierten que sólo contemplan servicios mínimos en atención a urgencias

Advierten que todos los trabajadores están amparados en la constitución para parar el próximo 29 de septiembre y aseguran que no caben servicios mínimos salvo en aquellos servicios de urgencia
Arteaga (CCOO) Fonte (UGT)
Los sindicatos UGT y CCOO en Canarias han advertido este lunes en rueda de prensa que para la huelga general del 29 de septiembre sólo contemplan servicios mínimos en aquellos relacionados con urgencias, y esperan que el Gobierno canario lo asuma para que no haya "más conflictos de los necesarios".
En concreto, el secretario general de UGT Canarias, Juan Francisco Fontes, dijo que "amparados por el derecho constitucional de ir a una huelga general" sólo habrá "servicios mínimos en urgencias y no se contempla ningún tipo de servicio mínimo como si fuera de un centro de trabajo".
El secretario general de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga, por su parte, dijo esperar que al Gobierno canario "no se le va vaya la mano" con la fijación de servicios mínimos. "Y no tengamos más conflictos de los necesarios", confió.
Los secretarios generales de CCOO Canarias y UGT Canarias, Juan Jesús Arteaga y Francisco Fonte, recuerdan al Gobierno de las islas que una huelga general, como la prevista a nivel nacional para el 29 de septiembre, "sólo tiene servicios mínimos de urgencias". Fonte especificó que "en hospitales, por ejemplo", pero que una convocatoria como esta "no contempla los servicios mínimos de otra".
Fonte y Arteaga han hecho estas declaraciones tras darle registro de entrada a la convocatoria de huelga general en el registro de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, para que la curse a todos los departamentos y estos establezcan los servicios mínimos. El documento lo han presentado con copia dirigida al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero; el consejero de Empleo, Jorge Rodríguez y el de Presidencia, José Miguel Ruano.
Los sindicalistas explicaron que la huelga convocada es en protesta por la política económica y social del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijeron que "se está equivocando una vez más", y "debería contemplar la revisión de todas las políticas de ajuste". De hecho, esperan que después del 29 de septiembre, "se vuelva a la senda del diálogo social", señaló Arteaga.
Fonte insistió en que la reforma laboral aprobada la semana pasada "no insertará a ningún trabajador, y terminará con los contratos indefinidos existentes". Por ello advirtió que "lo que viene es mucho más duro", porque "nos quieren llevar a empezar de cero, acabar con todos los derechos laborales y posponer la jubilación a los 67 años". Así que, afirmó, "esta huelga es en defensa propia".

Publicado en http://www.sanborondon.info/content/view/27402/1/

CCOO denuncia que los empleados públicos canarios son los más perjudicados por el 'decretazo'

CCOO denuncia que los empleados públicos canarios son los más perjudicados por el 'decretazo'

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias denunció este lunes la falta de criterios y de gestión de las empresas públicas cuya titularidad corresponde al Gobierno de Canarias. En reunión celebrada por los representantes sindicales de las empresas públicas y la FSC-CCOO Canarias se puso en evidencia la falta de gestión y coordinación entre los gestores de las empresas públicas, ya que el Gobierno de Canarias mediante la Ley 7/2010, de 15 de julio, que modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, pretende aplicar a las empresas públicas recortes que van más allá del 5% de los salarios previstos por el Real Decreto 8/2010 del Gobierno de Zapatero.
Así se constata que los trabajadores de las empresas públicas del Gobierno de Canarias, en aplicación de preceptos básicos de una ley estatal, y, de aplicación en todo el territorio español, son los que saldrán peor parados de todo el Estado en el esfuerzo de contención del gasto público. Así, de llevarse a cabo la aplicación de la Ley Canaria, tal y como la definió el Gobierno de Paulino Rivero y de José Manuel Soria, habrán empleados de las empresas públicas que sufrirían recortes muy superiores al 5% previsto en el Decreto del Gobierno del Estado, estableciéndose un agravio comparativo entre los trabajadores de Canarias, ya de por sí, con los salarios más bajos de todo el Estado.
Como quiera que además, los recortes previstos para las empresas públicas solamente podrán llevarse a cabo mediante acuerdo en la negociación colectiva, la aplicación de la propia Ley se convierte en todo un ejercicio de inventiva para su aplicación, con amenazas de despidos, ERES, aplicaciones inmediatas, etc.
Por ello, la FSC-CCOO Canarias denuncia "este burdo chantaje por parte de los gestores de las empresas públicas y que viene a demostrar la manifiesta incapacidad de los gerentes de esas empresas para llegar a acuerdos para gestionar en un contexto de crisis el déficit existente, debido, en muchas de esas empresas públicas a los excesivos costes salariales de los directivos y no, precisamente, de sus trabajadores".
A tal fin, y con el ánimo de no enturbiar aún más las precarias relaciones laborales en esas empresas, la FSC-CCOO Canarias solicitará una reunión urgente con la viceconsejera de Hacienda del Gobierno de Canarias para poner fin a la incertidumbre a la que se encuentran sometidos los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, en el marco de la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011.

Soria no tiene Verguenza


Soria lanza un órdago a Rivero y critica a las televisiones autonómicas
El líder del PP admite que la crisis ''no era'' el momento más adecuado para arrancar la Policía Canaria
El presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, aseguró este lunes que las televisiones autonómicas "no se justifican ni en España ni en ninguna comunidad autónoma" y apostó por que pasen a ser gestionadas como cooperativas por los propios trabajadores de cada medio.

"No se justifican ni en España ni en ninguna comunidad autónoma, empezando por las del PP. Ni en valencia, ni en Murcia, ni en La Rioja, ni en Madrid, ni en Galicia. No se justifican las televisiones autonómicas y eso lo digo aquí y en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, como lo he dicho", sentenció en una entrevista recogida por Europa Press a el programa 'El Drago', de la Cadena Ser en Canarias.
   En todo caso, Soria explicó que como "han pasado muchos años desde que las televisiones autonómicas están en marcha, hay una realidad laboral y social" con los trabajadores y sus familias que hay que resolver.
   Por ello, apostó por una modificación de "la Ley del tercer canal para pasar a ser gestionadas directamente por cooperativas de todos los trabajadores". "Son ellos los que conocen el medio, son ellos los que tienen el capital humano, son ellos los que lo pueden hacer. Los gobierno autónomos ganarían una barbaridad, dejarían de tener que financiarla y además estos trabajadores tendrían una herramienta que sería suya propia", aseveró.
  
Para Soria, ésa sería una solución "válida" para toda España y, por tanto, "lo que es valido para toda España también lo es para Canarias", aunque eso sí "contando con la opinión de los trabajadores, ya que no es lo mismo un problema con 100 trabajadores que con 260 familias".


NO COMPARTE LA POLICÍA CANARIA EN LA CRISIS

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en las islas, José Manuel Soria, ha reconocido este lunes que la actual situación de crisis económica no hacía "el momento más adecuado" para poner en marcha la Policía Autonómica Canaria.
   "Este Gobierno actúa en todas sus decisiones como un sólo Gobierno. Es la decisión de un solo Gobierno. Pero si hubiera dependido sólo de mi, ¿éste era el momento? No. Pero insisto, es una decisión de todo el Ejecutivo, y cuando uno no tiene mayoría en un Gobierno, no puede imponer su criterio", explicó.
   El presidente del PP canario indicó que cuando negoció con CC el pacto de Gobierno "ésto [la Policía Canaria] no era uno de los objetivos" de su programa electoral "pero uno tiene que negociar y acordar".
     
"Si hubiese dependido únicamente de la decisión de mi partido en estos momentos, lógicamente, no habría sido el más adecuado", matizó.