107 centros públicos educativos de Canarias continúan sin tener cubiertas vacantes

El STEC-IC denuncia que la consejería de Educación no está cubriendo vacantes ni bajas de larga duración en los centros públicos de Canarias 

Delegados del STEC-IC en una protesta anterior
ante la consejería de Educacion.EDDC.NET



Desde comienzos del presente curso escolar, el STEC-IC ha seguido manteniendo a través de nuestra web, una aplicación informática para que los centros educativos de Canarias denuncien las vacantes que todavía están pendientes de cubrir por la Consejería de Educación, así como las bajas de larga duración, con el objetivo de seguir demostrando y denunciando los graves recortes que se están produciendo en educación por parte del Gobierno de Canarias y las consecuencias que los mismos están teniendo en el alumnado y en las condiciones laborales del profesorado.

De las 191 denuncias recibidas de los centros, sólo el 30% de ellas han sido cubiertas por la Consejería de Educación. Esto significa que 107 centros públicos -que podrían ser más- se encuentran en la actualidad con 38 vacantes a curso completo y 95 bajas de larga duración que no están siendo cubiertas con profesorado.

El STEC-IC denuncia que esta situación está teniendo una repercusión alarmante, ya que se está conculcando el derecho a la educación del alumnado, no garantizándole el recibir la totalidad de las horas establecidas legalmente y los días exigidos por la propia Consejería de Educación para cada curso escolar, con el consiguiente déficit de atención educativa al alumnado afectado. Esta inaceptable situación, también está generando en nuestros centros educativos una serie de problemas en la organización y funcionamiento general y una sobrecarga laboral del profesorado, que deben atender al alumnado afectado además del que les corresponde.

Desde el STEC-IC consideramos que esta desvergonzada actuación de la Consejería de educación sigue poniendo de manifiesto que los profundos recortes introducidos por el Gobierno de Canarias en el sistema educativo canario –recordemos que la partida presupuestaria para sustituciones se redujo este año en un 78%, que el curso pasado se realizaron 2.200 sustituciones menos que el anterior y que la plantilla para el presente se ha reducido a 700 docentes habiendo aumentado la matrícula en un 0.7%- están suponiendo un claro ataque a la calidad educativa de nuestra escuela pública y que responde a los planes de este Gobierno de Canarias para seguir adelante con el desmantelamiento de la misma, a través de un inaceptable modelo de política educativa economicista.

El STEC-IC, una vez más, en nuestro compromiso por la escuela pública canaria, hace un llamamiento a las Comunidades Educativas para que sigan denunciando todas estas agresiones que se están produciendo en la educación pública canaria.

Publicado en http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia38533.php

Alcaide reconoce que fue "un error" el comentario sobre los uniformes a los funcionarios

El Diputado del Común en funciones, Manuel Alcaide, ha pedido “disculpas en general a todas las personas que se han visto afectadas” por lo que calificó de “un error” y un “comentario desafortunado” cuando propuso uniformar a los funcionarios.

Como se recordará, cuando Alcaide compareció en la comisión parlamentaria del pasado 15 de septiembre, sugirió que los funcionarios “tengan un uniforme”, con el fin de que los ciudadanos sepan "si salen a la calle o no, o si están tomando café".

Esta aseveración fue muy criticada por las organizaciones sociales y sirvió para que el PSC forzara, sin éxito, la sustitución de Alcaide al frente de la Institución, pues lleva cuatro años en funciones.

Este jueves, durante la presentación de su informe referido a 2009 ante el pleno del Parlamento, Alcaide quiso “aclarar y reiterar que no hay ninguna propuesta desde esta institución” para uniformar a los empleados públicos.

El Diputado del Común ha recordado ante los diputados que “la tercera parte de las quejas vienen relacionadas con el desamparo de menores cuando, el día después, cumplen la mayoría de edad, el funcionamiento irregular de guarderías y el absentismo escolar”.

Asimismo, Alcaide destacó la inadecuada aplicación en las Islas de la Ley de Dependencia, pues “la Consejería de Bienestar ha empleado 25 meses de media en la tramitación del diagnóstico y las ayudas cuando debería haberse hecho en seis meses”.

La Memoria anual de 2009 afirma que “parece significativo señalar el aumento progresivo de las reclamaciones instadas ante este Comisionado Parlamentario en lo relativo al área de Educación”, que han pasado de las 44 de 2007 a las 66 de 2008 y, por último, a los 291 nuevos expedientes de 2009.

Además, afirma que la Consejería que dirige Milagros Luis Brito ha sido una de las instituciones que no ha colaborado con el Diputado del Común.

“En cuanto a las resoluciones dictadas por este Comisionado Parlamentario, se informa que se han emitido dos recomendaciones y un recordatorio de deberes legales a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que, hasta la fecha de cierre del presente informe, se desconoce si se han aceptado o no”, se asegura en el texto.

Sobre la “falta de respuesta de la Administración educativa a las solicitudes de los administrados”, el Diputado del Común es taxativo a la hora de afirmar que la misma “denota un desinterés en el cumplimiento de la Ley reguladora del procedimiento administrativo que no puede justificarse ni ante la ciudadanía canaria ni ante este Comisionado en la falta de medios”.

“La Administración se debe de dotar de los recursos necesarios para hacer efectivos los principios de eficacia y legalidad”, concluye.

Aunque las quejas presentadas durante 2009 han sido 1.609, la institución que depende del Parlamento de Canarias ha tramitado el pasado año un total de “2.802 expedientes”, contando con los que se culminaros pese a que fueron iniciados en ejercicios anteriores.

Tras Educación las áreas de las que más se quejan los canarios son Justicia (143, el 9%), Vivienda (116, el 9%) y Trabajo y Función Pública (103, el 7%), mientras que son las distintas administraciones insulares, con el 36% de las denuncias, las instituciones objeto de más críticas por parte de los ciudadanos, seguidas por los ayuntamientos (26%), el Estado (19%) y, por último, el Gobierno regional, con el 15% de las mismas.

Aunque la Institución, que el pasado año fue muy dura en sus apreciaciones sobre la Consejería de Sanidad, reconoce que “se ha producido, durante el ejercicio 2009, una considerable mejora del cumplimiento de la obligación de colaborar con el Diputado del Común por parte de la Consejería de Sanidad y, en general, de todos los órganos que componen el sistema público de salud”, la Memoria hace especial hincapié en las listas de espera.

Así, recomienda al departamento que dirige Mercedes Roldós que “los pacientes no se sientan números de una lista, sino personas con problemas de salud a las que el sistema sanitario da una respuesta en un plazo razonable, incluso en los casos en los que la poca gravedad de la patología permitiera demorar la intervención en el tiempo, sin riesgo de empeoramiento, desde el punto de vista clínico”.

Además, y con respecto a la decisión de un paciente de no ser derivado a la sanidad privada, el Diputado del Común sugiere a la Consejería que “en determinados procesos médicos, en los que bien por su cronicidad, bien por su intensidad, exista una relación continuada entre médico y paciente, se deben introducir criterios correctores de forma que no se penalice, en cuanto a tiempo de espera, a ese paciente que no quiere cambiar de profesional sanitario después de un extenso período de tratamiento por parte de aquel”.

Por último, la Memoria resalta que los grancanarios, con 782 quejas, han sido los que más se han dirigido al Diputado del Común, seguidos por los tinerfeños (409 quejas), los conejeros (118 quejas), palmeros (118 quejas), majoreros (92 quejas), herreños (28 quejas) y gomeros, con solo 13 quejas.

También se han recibido 21 quejas de residentes en el resto del Estado, el propio Diputado del Común ha iniciado 15 quejas de oficio y hubo una de un ciudadano extranjero.

Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=226944

El recorte a los funcionarios podría no ser constitucional

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia en la que hace constar sus "dudas sobre la constitucionalidad" de la redacción dada al artículo del decreto de medidas antidéficit referido al recorte salarial a los funcionarios.

La Audiencia entiende que éste "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical" en relación con el derecho a la negciación colectiva.

El Alto Tribunal ha emitido esta providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de un conflicto colectivo planteado a instancias de los sindicatos en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT).

En el texto, fechado el 4 de octubre, la Audiencia, de manera unánime, ha decidido conceder un plazo de diez días "improrrogables" a las partes para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=227119