martes, 10 de abril de 2012

ERE en Titsa

Titsa propone el despido de 117 trabajadores o un ERE temporal

La empresa pública de transportes Titsa, dependiente del Cabildo de Tenerife, presentó en la mañana de ayer en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a un total de 117 trabajadores, de los 1.600 con los que cuenta en total la plantilla de esta compañía.
Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el portavoz de la empresa, Manuel Francos, quien además indicó que ahora, a lo largo de este mes, la entidad tendrá que negociar con los representantes de los trabajadores los otros escenarios posibles y alcanzar, así, un acuerdo. El objetivo de la compañía es reducir los gastos en torno a unos cuatro millones de euros al año hasta 2016 y acabar con el déficit que ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años.
Francos insistió en que desde ayer y durante 30 días se abre de forma oficial la negociación entre Titsa y sus empleados con el fin de acordar las medidas que finalmente se aplicarán, en lo referente a las condiciones de la plantilla. Estas acciones, como ya había anunciado a este medio el coordinador de Movilidad del Cabildo tinerfeño, Manuel Ortega, vendrán acompañadas por un reajuste en las líneas y recorridos -ya que se pretende reducir en torno a unos 1.400 kilómetros al año-, al igual que de las tarifas y bonificaciones actuales del transporte público de la Isla.
Alternativa
A pesar de la presentación de este ERE, la empresa propuso ayer a los representantes sindicales durante un encuentro entre ambas partes la posibilidad de efectuar un ERE temporal para la totalidad de la plantilla de Titsa. De aprobarse esta medida, supondría que los trabajadores estarían durante 15 días al año en situación de desempleo, cobrando por tanto su prestación en este periodo y no de la empresa. Asimismo, se organizarían periodos para que todos los meses una parte de la plantilla quedara durante dos semanas en el paro.
A lo largo de este mes tanto los sindicatos como la empresa intentarán llegar a un acuerdo con el objetivo de minimizar los efectos en los empleados, por lo que Francos no descarta que los datos de los posibles despidos se puedan modificar.
En caso de que se acepte llevar a cabo un ERE temporal, la empresa prevé implantar, también, otras medidas como son la supresión de una paga extra al año (que puede estar en torno a unos 900 euros), congelar el plus de antigüedad e implantar la movilidad, explicó José Francisco González, representante de UGT en Titsa. Del mismo modo, añadió que los miembros de su sindicato se reúnen hoy miércoles para analizar las propuestas, pero no descartó “que se puedan emprender medidas de protesta contra la empresa”.
Hasta 2016
El representante de los empleados insistió en que en un primer momento las medidas previstas para ahorrar gastos se prolongarían durante un periodo menor, pero ahora la idea es implantarlas hasta el año 2016, con el objetivo de ahorrar en torno a unos cuatro millones de euros cada año. Del mismo modo, cuestionó el buen funcionamiento del servicio si finalmente se llevan a cabo los recortes de plantilla, ya que, según indicó, la empresa destina ahora mismo 600.000 euros al año a pagar horas extras con la cifra actual, y al existir un recorte los recorridos se verían afectados.
Por último, González recordó que en la propuesta de la empresa presentada a los empleados en el mes de noviembre, donde se planteaban tres escenarios, había la posibilidad de que no hubieran despidos, escenario que según la reunión de ayer con la compañía, en estos momentos ya no se oferta.
Los datos de la compañía del Cabildo
Plantilla. La plantilla de Titsa está compuesta por 1.600 trabajadores que desarrollan sus labores a lo largo de todo el territorio insular y que se distribuyen entre los diferentes departamentos. Así, hay 1.300 conductores y personal de tráfico, 200 mecánicos encargados del mantenimiento y reparaciones de las guaguas y 100 empleados en la administración de la empresa.
Despidos. Independientemente de los acuerdos que se tomen, los trabajadores afrontarán en el próximo mes una serie de despidos. O se suprime el contrato a más de un centenar de empleados, o la totalidad de los trabajadores van al paro durante 15 días al año.
Otros recortes. Además del expediente de regulación de empleo que se apruebe, se implantarán otros recortes como son la supresión de una paga extra al año y la congelación de plus de antigüedad. Además, los empleados han tenido congelados el sueldo en los últimos años.
Supresión de líneas. La compañía, que es propiedad del Cabildo de Tenerife, prevé, además, reajustar las tarifas y bonificaciones del transporte público, y las líneas de guagua. Así, en una primera propuesta, se pretende reducir once líneas, repartidas en toda la Isla y suprimir servicios en otra serie de recorridos. El objetivo de estas medidas es reducir al año y hasta 2016 cuatro millones de euros en gastos.

Dependientes sin apoyo público

Personas con discapacidad y mayores son los más afectados por el recorte social

Mayores, jóvenes, niños y personas con discapacidad, parados de difícil inserción. Todos ellos se verán afectados por la eliminación que el Gobierno central ha decidido en los Presupuestos Generales del Estado 2012 de la partida destinada a los servicios de la Ley de Dependencia. En Canarias ese recorte es de ocho millones de euros anuales. "Es una decisión que afecta a personas de todas las edades que estén amparadas por la Ley de Dependencia, incluidos menores con problemas de autonomía", señala Rita Estévez, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Agüimes.

El día a día de estas personas y de sus familiares se volverá más complicado al tener que superar sin ayuda obstáculos a los que no todos estamos acostumbrados. "Hay que pensar en cómo se enfrentan a la rutina las familias que tienen hijos que nacen con trastornos en el desarrollo y que presentan una discapacidad que puede ser tanto psíquica como física", apunta Estévez.

Para ayudarles, algunos ayuntamientos, como el de Agüimes, han puesto en marcha un Aula de Estimulación Temprana, una herramienta recogida en el Libro Blanco de la Ley de Dependencia y cuya continuidad puede peligrar. "El gasto de este recurso se está cubriendo entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pero si aun así peligra una de las tres partes no sé qué puede pasar. Además, si al niño le llega esta ayuda tarde, de nada sirve", explica la concejala de Asuntos Sociales de Agüimes.

Incertidumbre

La gran pregunta que se hacen ahora los responsables locales de las políticas sociales es cómo van a mantener en marcha los servicios de los que los usuarios se están beneficiando actualmente. "Muchas veces es necesaria la colaboración de psicólogos que trabajan con las familias que tienen algún miembro dependiente para enseñarles pautas de conducta. Esos psicólogos son costeados por los ayuntamientos pero si se reduce el presupuesto no podremos contar con ellos", señala Rita Estévez.

Esta situación genera incertidumbre entre trabajadores y usuarios. "No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con los mayores que están siendo atendidos en las residencias, en sus casas, en los centros de día... y es algo que genera una preocupación muy grande", afirma con contundencia Elena Luis, alcaldesa de La Guancha y presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

La imposibilidad de que la Comunidad haga frente a la contribución procedente del Estado para sostener las ayudas a la Dependencia mantiene en vilo a todos los que de ellas se benefician. "Queremos conocer los datos definitivos de cómo quedan todas las partidas y a qué asuntos van a afectar para saber qué hacer", señala Luis.

Para ello, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha convocado una reunión para mañana con la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam. "Lo que está claro es que las corporaciones locales vamos a tener que afrontar una situación dramática por los recortes en Dependencia y serán las familias que menos tienen las que sufran las peores consecuencias", señala Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía y miembro de la Comisión.

Parados sin salida

La reducción de la partida de las ayudas a la Dependencia no solo coloca en el limbo a los casi 43.000 usuarios que en las Islas han visto mejorar su calidad de vida gracias a ellas. También peligra el empleo de todos aquellos que trabajan ayudando a los dependientes y, en general, prestando algún tipo de servicio social. La red de servicios sociales de Canarias mantiene 2.000 puestos de trabajo y atiende a 300.000 en los 88 ayuntamientos de todo el Archipiélago.

"En los recortes entramos también en el terreno de las políticas activas de empleo que tienen un marcado carácter social y que para las que en Canarias se han destinado 40 millones de euros, es decir, prácticamente nada", apunta Elena Luis. Los talleres de empleo, las escuelas taller y los convenios para la integración laboral son algunos de los ámbitos más afectados por las partidas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado 2012.

Sobre el caso Inalsa

El juez deniega que una póliza de seguro cubra a los anteriores gestores de Inalsa

El juez de lo Mercantil ha denegado sustituir la caución con cargo a una póliza de Inalsa, en lugar del embargo preventivo de los bienes de los miembros de los consejos de administración presididos por Inés Rojas y Manuela Armas. Los embargos por importe de 11,2 millones de euros serán inminentes.

El auto, dado a conocer a las partes el pasado 31 de junio, rechaza la petición de los abogados de los anteriores miembros de los consejos de administración de la empresa pública de aguas (Manuel Fajardo Palarea, Carlos Espino Angulo, Enrique Pérez Parrilla,  Juan Félix Eugenio  José Juan Cruz Saavedra, Manuela Armas Rodríguez, Inés Rojas de León, Sergio Machín de León, Mario Pérez Hernández, Plácida Guerra Cabrera, Jesús Iván Rodríguez, José Dimas Martín, Feliciano R. Díaz Hernández, Liberato Barambio delgado, Mariano Torres Stinga, Rafael Martín Martín y Aquilino Romero Duarte), que pidieron sustituir la medida cautelar de embargo de sus sueldos, bienes y propiedades, por una caución con cargo a una póliza de seguro por importe de 3 millones de euros, que la empresa suscribió para cubrir posibles responsabilidades civiles de sus gestores.
11,2 millones de embargo. El auto del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López Villarubia, (que instruye el concurso de acreedores de Inalsa para cubrir una deuda de 40 millones de euros), rechaza dicha petición de sustituir dicha póliza como aval, al sostener, como alegaron los propios administradores concursales durante el juicio del pasado 26 de enero, que la Ley Concursal sólo permite sustituir los embargos preventivos por aval de entidad de crédito o banco.

Además el auto judicial recoge que la supuesta póliza que se pretendía aportar como aval no incorpora documento alguno de la aseguradora en el que se manifieste que esta se hará cargo del siniestro o que la póliza en cuestión cubra el embargo preventivo.

Además la administración concursal aportó en el juicio documento acreditativo en el que la aseguradora garantizaba su negativa a cubrir el embargo.
 
Por todo ello el juez rechaza sustituir dicha póliza en lugar de los embargos preventivos ordenados por el mismo Juzgado en autos de uno de julio de 2011, (que ordenaba embargar bienes por importe de 1,9 millones a los miembros de los consejos de Administración de Inés Rojas y Manuela Armas) y auto posterior que ordena embargos por 9,3 millones a los miembros del consejo de administración de Manuela Armas, en total 11,2 millones.

¿ Cuales seran las medidas de emergencias y excepcionales ?

Rivero anuncia “medidas de emergencia y excepcionales” en Canarias para paliar los recortes del Estado  
 
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado en el Parlamento que su gabinete se verá obligado a “adoptar medidas de emergencia y excepcionales para garantizar la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos” tras los recortes en inversión que hay en los Presupuestos del Estado.
Rivero, que tuvo que contestar a tres preguntas sobre las Cuentas del Estado como ‘aperitivo’ al gran debate sobre los Presupuestos que protagonizará el debate mañana miércoles, no quiso desmenuzar las medidas que adoptará para hacer frente a los recortes estatales, pese a que así se lo demandó el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez.

“Llegó la fecha de caducidad de los Presupuestos de Canarias”, aseguró Rodríguez, pues los recortes estatales no permitirán el “autogobierno” de la Comunidad Autónoma.

“Los Presupuestos del Gobierno del PP nos condenan a todos a vivir peor”, insistió el presidente, pues las Cuentas estatales “castigan a los trabajadores, a los parados, a las clases medias y benefician a quienes han hecho trampa y a la gran banca”.

SOCIEDAD CIVIL

Por ello, la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, pidió a Rivero a que “se arrope en la sociedad civil, infórmela, porque con un Gobierno más progresista hay que conseguir que el Gobierno de los señores Rajoy y Soria rectifique”.

Del engaño masivo del Plan Canarias que decían los portavoces del PP hemos pasado a una estafa a los canarios que menos tienen. Los 10.000 millones de recorte en Sanidad y Eeducación, significaría que habría que rebajar la mitad del Presupuesto de Sanidad en Canarias para conseguir lo que quiere Rajoy”, dijo Padrón.

La diputada socialista insistió en que los Presupuestos confirmaban “nuestros más oscuros temores: son unas Cuentas fabricadas ex profeso para socavar los derechos de la ciudadanía y el Estado del Bienestar”.

“Con estos Presupuestos, el Estado del Bienestar está siendo atacado por la derecha españolista más rancia y, con la excusa de la crisis, proponen subir la luz, el gas, los impuestos, recortar en educación, en dependencia, en investigación, en inversiones sociales y en partidas para crear empleo”, afirmó.

DEUDA ENVENENADA

Evidentemente, este análisis no fue compartido por la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, para quien las Cuentas del Estado son “la respuesta a una deuda envenenada que no es responsabilidad del Gobierno del PP” y que convierte a España en “un país con riesgo de ser intervenido.

“Usted no se entera de nada, señor presidente, todos vamos a pagar con nuestro dinero lo que el anterior Gobierno socialista se gastó de forma irresponsable con su apoyo y el de CC”, insistió Navarro.

No obstante, “en este dramático momento”, Navarro apeló “al diálogo y al consenso”, por lo que preguntó a Rivero si “va a seguir apelando a la confrontación y a la estupidez del soberanismo o a sumarse a las políticas de ajuste”.

El presidente insistió en que “no pienso hincar la rodilla ante los atropellos del Gobierno del PP”, motivo por el que su gabinete a iniciado los trámites jurídicos para “paralizar los Presupuestos”.

“Diálogo, si. Pero antes está la defensa del interés general de todos los canarios”, concluyó Rivero.

Empiezan los ERES en la CAC

PREVÉ 64 DESPIDOS Y 46 SUSPENSIONES DE UN AÑO

Gesplan anuncia un ERE que afectará a 110 trabajadores

La gerencia cuantifica el ahorro en personal en 1,9 millones de euros. El coste de las indemnizaciones ascendería a 1,2 millones.
 
Rafael Castellano, gerente de la
empresa, junto a Paulino Rivero y
Domingo Beriel
 

Gesplan ya ha descubierto sus cartas. La empresa pública presentó a última hora de este lunes a los representantes de los trabajadores el plan de viabilidad para acometer la reducción del 15% en los gastos estructurales que exige el Gobierno de Canarias a todas sus sociedades mercantiles.
La propuesta de la gerencia contempla la extinción de 64 puestos de trabajo y la suspensión temporal de contratos a 46 empleados durante un año. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) afectaría, por lo tanto, a 110 de los 173 trabajadores de la plantilla. Al resto del personal se le reducirá un 15% la jornada laboral.
La dirección de Gesplan plantea un recorte mucho más agresivo que el esbozado en la primera reunión que mantuvo con el Comité de Empresa, cuando propuso el despido de 25 trabajadores y la interrupción temporal del contrato para otros cinco, además de un recorte de jornada y salario de entre el 20 y el 40% que hubiera afectado a entre 46 y 64 empleados.
Con este plan de contención, la empresa pública pretende ahorrar 1,9 millones de euros. El despido de los 64 trabajadores supondría una reducción de 1,7 millones en el gasto de la empresa para el ejercicio 2012; las suspensiones de contrato, algo más de un millón, y el recorte salarial, 216.000 euros. El ahorro por Seguridad Social sería de cerca de 130.000 euros. Por su parte, el coste de las indemnizaciones previstas por Gesplan asciende a 1,2 millones de euros.
De las 64 extinciones de contrato, 38 se efectuarían en la provincia de Las Palmas (35 en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y una en Lanzarote) y 26 en Santa Cruz de Tenerife (22 en Tenerife, 3 en La Gomera y una en La Palma). En cuanto a las suspensiones de un año, se verían afectados 27 trabajadores de Gran Canaria y 19 de Tenerife.
Según la memoria explicativa del Expediente de Regulación de Empleo presentado por la gerencia de Gesplan, los ingresos previstos para el año 2012 ascienden a 15 millones de euros y el gasto de personal de la estructura interna, a 7,7 millones tras el recorte.
El Comité de Empresa de Gesplan en la provincia de Las Palmas ya anunció movilizaciones la pasada semana ante la "falta de transparencia" del gerente Rafael Castellano a la hora de presentar los números de la sociedad para plantear alternativas a los despidos