miércoles, 21 de julio de 2010

MEDIANTE FACTURAS FALSAS DE SU GRUPO MUNICIPAL. El PP canario reconoce su financiación ilegal en Santa Cruz de Tenerife


El PP de Canarias ha admitido este miércoles, por medio de su secretario general, la financiación irregular del partido presidido por José Manuel Soria en Santa Cruz de Tenerife, a través del grupo municipal en la etapa en que su presidenta insular en Tenerife, Cristina Tavío, comandaba a los concejales capitalinos en el ayuntamiento capitalino (2003-2006).
Manuel Fernández justificó este miércoles en los micrófonos de Radio Club Tenerife, de la Cadena Ser, el modus operandi de su grupo municipal entre 2003 y 2006, llegando a exclamar al periodista que le entrevistaba: "Dilapidaron, dilapidaron".
El secretario general de los populares canarios justificó: "Se hacía el gasto, se pagaba, se daba una subvención [por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife] al partido, que el partido podía contratar, tranquilamente, y luego, ¿cómo se justificaba este dinero? Pues mira, como hubo una denuncia inoportuna, se dijo que cada uno tenía que aportar facturas, y cada uno se metió la mano en el bolsillo y las aportó para cubrir ese dinero".
Fernández aseguró a la Cadena Ser en Tenerife: ''Pero no es en realidad ese dinero, es totalmente absurdo, totalmente, porque tienen que firmar dos personas del grupo,que alguien coja ese dinero [del partido] para comprarse una ropa interior, eso es de una niñez y de una imbecilidad horrible y absoluta".
A juicio del secretario general, las facturas falsas detectadas en una auditoría interna por parte de la Intervención General del Consistorio presidido por Miguel Zerolo (CC), se deben a una suerte de agujero extraño que había que tapar como fuera, incluso del propio bolsillo de los concejales del PP.
Manuel Fernández aseguró este miércoles: "No entraron en el fondo de analizar las facturas porque eran un disparate, inenalizable [sic], no entraron en el expediente [de las razones de esas facturas falsas] porque nadie se pensaba que nadie que había participado o participaba de eso hiciese un uso indebido de esa información que sabía que no era real, evidentemente para hacer daño".
El número dos del PP de Canarias decía este miércoles al respecto de las facturas falsas para cubrir gastos del grupo municipal: "Claro, ¿qué son las facturas que más se tienen a mano, aunque sean temas...¡ah!...de alguna comida, por ejemplo, ¿no? O...¡ah!...yo tengo aquí cuando me fui de vacaciones a tal sitio, pues venga, pon tu factura. ¿Y tú tienes alguna factura en casa? Pues yo no sé, pon tu factura...", decía este miércoles el secretario general del Partido Popular en Canarias.
Publicado en http://www.canariasahora.com/noticia/143166/
Nuevas movilizaciones contra la Ley de Función Pública

Los sindicatos entienden que el anteproyecto de Ley que elabora el Gobierno de Canarias "degrada el sector público y favorece el clientelismo político"

EFE CCOO, UGT, SEPCA, IC, Cobas y Convergencia Intersindical Canaria han anunciado este miércoles movilizaciones en septiembre en contra del anteproyecto de Ley de Función Pública que elabora el Gobierno canario, por entender que "degrada" el sector público y favorece el "clientelismo político".
Representantes de estas fuerzas sindicales han informado además, en una rueda de prensa conjunta en la capital grancanaria, de que, una vez que el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Gobierno, lo elevarán al Consejo Consultivo de Canarias ante las "ilegalidades" que, a su juicio, contiene y que también denunciarán ante los tribunales.
Según el representante de CCOO Javier Godoy, la futura Ley plantea una evaluación del funcionario con criterios "arbitrarios" que posibilitaría premiar o castigar a los trabajadores según su "docilidad" con los dirigentes políticos a cargo de las administraciones.
Además, prima los criterios "economicistas" en las inspecciones médicas de las incapacidades laborales transitorias y supone un "expediente de regulación de empleo encubierto" y no respeta los acuerdos adoptados con los sindicatos para garantizar el empleo del personal laboral, ha indicado Godoy.
Así mismo, los sindicatos aseguran que el anteproyecto se ha elaborado sin tener en cuenta a la Federación Canaria de Islas y la Federación Canaria de Municipios, ni a las propias fuerzas sindicales, que han sido convocadas el próximo lunes en la mesa de la función pública, pero se temen que sólo como "paripé", ha señalado Godoy.
El representante de CCOO denunció también que el anteproyecto prevé la creación de la figura del directivo profesional, lo que supondrá la apertura del "clientelismo partidista", que es lo que, en su opinión, persigue la futura ley, en lugar de la gestión eficaz y el fortalecimiento de la administración pública.
Los miembros de los sindicatos coincidieron de forma contundente en que con la nueva regulación de función pública, que el Gobierno pretende que entre en vigor en enero de 2011, se consolide la privatización de servicios públicos y, por tanto, su "deterioro".
Los sindicatos han hecho un llamamiento al resto de las fuerzas sindicales presentes en las administraciones locales, sanitarios y docentes para que se unan contra el anteproyecto de ley y han convocado una manifestación el próximo día 16 de septiembre, ha indicado Manuel González, de SEPCA, quien también ha informado de que se celebrarán asambleas en todas las islas.
Los sindicatos rechazan la nueva Ley de Función Pública

Los sindicatos UGT, CC OO, Intesindical Canaria, Co.bas, Convergencia Sindical Canaria y SEPCA expresaron hoy su rechazo al nuevo proyecto de Ley de la Función Pública que está elaborando el Gobierno de Canarias y que ya cuenta con un borrador.
Según las organizaciones sindicales, este texto, que se aprobará en enero de 2011, tiene como pretensión "fomentar el clientelismo y privatizar la Función Pública", denunció el portavoz de CC OO, Javier Godoy. Los sindicatos subrayaron que las intenciones del Ejecutivo regional es conseguir "secuestrar y amordazar expedientando o incluso despidiendo a los funcinarios que no se plieguen a las órdenes de los políticos, aunque sean ilegales", según afirmó Ángela Hernández, portavoz de Convergencia Sindical Canaria.
Los sindicatos han organizado un calendario de movilizaciones contra esta ley que comenzará en septiembre y si, aún así, sale adelante, llevarán el texto legislativo ante la Justicia.
Movilizaciones contra la Ley de Función Pública

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Co.bas) han anunciado este miércoles movilizaciones contra el anteproyecto de Ley de Función Pública que está elaborando el Gobierno canario y que "supone una importante merma a los derechos laborales y un riesgo para el mantenimiento del Estado de bienestar".

Las centrales sindicales han explicado este miércoles en rueda de prensa que las medidas de presión cobrarán cuerpo el próximo 16 de septiembre, jornada en la que tienen previsto "salir a la calle" en protesta por un proyecto de Ley que el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar antes de fin de año.
Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=214073
Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la Ley de Función Pública que prentende aprobar el Gobierno de Canarias



Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre


Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) han anunciado hoy movilizaciones contra el anteproyecto de Ley de Función Pública que está elaborando el Gobierno canario y que "supone una importante merma a los derechos laborales y un riesgo para el mantenimiento del Estado de bienestar".

Las centrales sindicales han explicado hoy en rueda de prensa que las medidas de presión cobrarán cuerpo el próximo 16 de septiembre, jornada en la que tienen previsto "salir a la calle" en protesta por un proyecto de Ley que el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar antes de fin de año. Antes, el jueves 29 de julio están convocadas todas las centrales sindicales con representación en la Administración canaria a una reunión que se celebrará en la capital grancanaria, para definir el resto de actividades y el ideario de las movilizaciones.

En resumen, los portavoces explicaron que la modificación de la Ley de la Función Pública que pretende el Ejecutivo regional no persigue “modernizar” sino que “fomentará el clientelismo partidista en la Administración”, y “secuestrará la independencia” de los funcionarios públicos. Con la nueva Ley, según Ángela Hernández de Convergencia Sindical Canaria, “no se sabe en qué manos caerá la Función Pública”, porque pretenden restar capacidad al empleado público para que cumpla con su función principal que es “la de dar fe de que se cumpla con la normativa vigente”. A partir de ahora, afirmó Hernández, podrán “sancionarlo o trasladarlo, si consideran que no cumple con su obligación”.

Los sindicatos critican la tramitación de este proyecto, porque “no se ha informado ni a las centrales sindicales, ni a la Fecai y Fecam”, señaló el portavoz de SCPA, Manolo González. Asimismo, protestan por el contenido. En concreto se oponen a seis puntos relacionados con “la evaluación de desempeño” para “medir las funciones”; el establecimiento de criterios externos de evaluación “que castigarán al funcionario”; en las Incapacidades Laborales Transitorias “primarán los criterios economicistas frente a los médicos” y se pretende “un ERE encubierto”, denunció Javier Godoy, de CCOO. Según este “se piensa plantear un recorte de personal laboral” con la excusa de la necesidad de recortar el gasto público, con lo que “no se garantizan los puestos de trabajo de hoy”. Para ello “se rompen todos los acuerdos establecidos para garantizar el empleo”, insistió.
Los portavoces sindicales recordaron que el Estado de Bienestar “descansa” en el trabajo de los funcionarios públicos, y sin embargo, este es el apartado que “menos ha crecido en los últimos años”. Lo contrario que el número de “amigos de los políticos a colocar” a través de “chiringuitos, fundaciones y empresas externas subcontratadas por la Administración”, afirmó González. Por esto, rechazan las críticas sobre “el engorde de la Función Pública”, ya que “no se puede adelgazar cuando existen más de un centenar de cargos públicos asistidos por casi 200 asesores privados, que hacen el trabajo de los funcionarios”.
EL ASESOR DE INÉS ROJAS LO RECOMENDÓ, QUIZÁS ANTE EL DESCARO.Detrajeron gastos de hoteles y manutención


Dice literalmente la carta del director de KPGM, que "a petición de don Ignacio Calatayud aceptamos detraer de nuestra factura original la cantidad de 3.388,56 euros", lo que el firmante de la misiva considera "un gesto de buena voluntad" que sin embargo no sirve para que el Cabildo les pague cuanto antes. Por lo que hemos podido averiguar, estos 3.400 euros vienen a ser el importe de los gastos de hoteles y manutención de los auditores de KPGM desplazados a Lanzarote, otra anomalía más de este contrato de la que debió percatarse el asesor de Inés Rojas en el Cabildo, Ignacio Calatayud, un polifacético abogado al que se relaciona familiar y profesionalmente con otro ecléctico letrado conejero, Felipe Fernández Camero, experto en la defensa de corruptos e infractores urbanísticos. Calatayud gozó de contratos a dedo de Inés Rojas desde septiembre de 2005 hasta la primavera de 2007, muchos de ellos por "consultoría y asistencia técnica" y por fuertes cantidades de dinero que oscilaban entre los 11.000 y los 30.000 euros.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12481/

LO QUE FALTABA, EL ASESOR DE INÉS ROJAS Y YERNO DE FERNÁNDEZ CAMERO. ''A petición de don Ignacio Calatayud''

El Cabildo de Lanzarote asegura en un acta de la Mesa de Contratación que KPGM Consultores no ha cobrado ni un euro por aquella auditoría adjudicada de manera ilegal. No lo ponemos en duda porque sería tanto como acusar a los actuales responsables políticos y a algunos técnicos de falsedad en documento público. Lo que sí tenemos contrastado es que esa firma consultora no había cobrado el 24 de octubre de 2007, fecha en que su director, Adrian Leared, remite una atenta carta a la presidenta del Cabildo, a la sazón Inés Rojas, actual consejera de Bienestar Social, en la que le muestra su disgusto por no haber cobrado a aquellas alturas su factura de 4 de junio de 2007 por importe de 47.500 euros, incluido IGIC. Esa factura tenía como concepto, siempre según esta carta, "los honorarios y gastos incurridos durante el trabajo de revisión de los centros de Arte, Cultura y Turismo (...), según el contrato suscrito el 24 de octubre de 2006". Pero en el siguiente párrafo es donde hemos encontrado una perlita: "A petición de don Ignacio Calatayud..." ¿Quién es Ignacio Calatayud y qué pintaba allí?

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12480/
PARA EL PAGO DE 3.000 POR LA CORRESPONDENCIA DE UN MES. Una fotocopia de un billete de 10 euros

Hay otras rarezas de extraordinaria factura. Porque extraordinaria parece, a los ojos del interventor municipal, la factura que, por importe de 3.000 euros, dice el PP haber pagado en noviembre de 2003 con un concepto verdaderamente voluptuoso: "Correspondencia de noviembre de 2003". ¿Pudo gastarse el grupo municipal del PP 3.000 euros de legal circulación en correspondencia tan sólo en un mes? Y, en tal caso, ¿para que utilizó a la empresa Meydis Servicios, S.A., de Madrid, dedicada al marketing directo? Pero lo mejor de este apunte contable vuelve a ser la anotación al margen que hace el auditor municipal: "[La] factura se abona el 05 de febrero de 2004 y tiene fecha de 27 de noviembre de 2003. Copia de billete de 10 euros no justifica el pago". Es literal, lo juramos. "Copia de billete de 10 euros..." ¿Alguien del PP santacrucero aportó, a falta de una fotocopia de talón o pagaré, una de un billete de curso legal? ¿Pagaba en metálico cantidades así un grupo político cuyos recursos se nutren de dineros públicos? ¿A qué nos suena esto?
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12476/
SE LO PAGÓ EL PP A BC PUBLICIDAD, SEGÚN LA AUDITORÍA. 11.350 euros para un informe de audiencias

Pero hay muchos más pagos relacionados con servicios que, a primera vista, no se corresponden con la actividad de un grupo municipal, o que, en todo caso, se presentan muy inflados y con algunas elipsis contables. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, el pago de 11.350 euros a la agencia BC Publicidad en el muy electoral año de 2003 a cambio de un "informe de audiencia de medios". BC Publicidad no se dedica a los sondeos sobre audiencias, sino que para ejercer su actividad, se vale de las auditorías que le envían las firmas especializadas y certificadas en la materia: EGM, Sofres (hoy Kantar Media) y OJD. Si el grupo municipal popular pagó 11.000 euros por unas fotocopias de las auditorías de que disponen todas las agencias de publicidad de Tenerife tiene un problema de difícil explicación. Salvo que estemos ante a) el pago de otro tipo de servicio electoral no computable; b) la invención de un pago para justificar otro gasto injustificable. El interventor hace constar junto a las anotaciones de este apunte que "no se acredita el pago (no hay copia cheque). Pone en factura abono por transferencia". A ver si no es para pensar cualquier cosa, y ninguna bonita.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12475/
MÁS SOBRE LAS CUENTAS DEL PP DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pagaron a una televisión inexistente

Nadie, que sepamos, ha salido a la palestra a dar una explicación más o menos razonable de los gastos del grupo municipal del PP de Santa Cruz de Tenerife en el mandato 2003-2006, con Cristina Tavío, Maribel Oñate y Guillermo Díaz a la cabeza. Suponemos que darán por buenas las estimaciones hechas por la Intervención General del Ayuntamiento o, de no ser así, prefieren correr un tupido velo y hablar de otra cosa, mariposa, que esta tormenta pasará y nadie se acordará de nosotros cuando estemos tiesos. Pero es necesario insistir en la materia porque la materia da para mucho trajín. Habíamos dejado fuera de nuestros comentarios algunos gastos anotados por los concejales del PP a falta de cierta comprobación, y realizada ésta, estamos en condiciones de afirmar que alguien en ese grupo municipal se inventó pagos y proveedores para dar salida al dinero público asignado. Así, aparece fechado en julio de 2003 un pago de 4.000 euros a Mírame Televisión que es del todo ficticio porque esa cadena, propiedad de Manolo Artiles, se creó en 2005. No olviden que 2003 fue año electoral, y probablemente habría algunos pagos de difícil justificación que había que encajar en el momento en que la Intervención amenazaba con auditar, en 2007.

Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/12474/

Los Sindicatos reaccionan unidos a la Agresión del Gobierno Autónomo

Sindicatos denuncian que la Ley de Función Pública del Gobierno canario "amordaza" a empleados y favorece "los enchufes"

Reclaman la creación de un Observatorio en defensa del sector público
Convocan una movilización y no descartan ir a los tribunales

Los sindicatos CCOO, UGT, Sepca, Intersindical Canaria, Cobas, Convergencia Sindical Canaria y Sindicato Independiente Canario, denunciaron hoy "ilegalidades" en el contenido y la tramitación del borrador del anteproyecto de Ley de Función Pública que elabora el Gobierno regional, texto que alertan de que "amordaza" a los empleados públicos y favorece "los enchufes" y "el clientelismo partidista".
Así lo manifestaron hoy representantes sindicales en rueda de prensa en la capital grancanaria, donde anunciaron una movilización para el próximo 16 de septiembre contra la ley que el Ejecutivo regional (CC y PP) pretende elevar al Parlamento en septiembre para su debate y aprobarla a finales de año, a fin de que entre en vigor en enero. Asimismo, no descartan ir a los tribunales.
El portavoz de CCOO, Javier Godoy, citó como supuestas ilegalidades la "evaluación del desempeño del empleado público", de forma que si el trabajador no acata una orden puede ser sancionado o despedido, aunque ésta sea ilegal. "Tememos que mediante criterios externos de evaluación a la Administración Pública se pretenda castigar al empleado público que no acate la norma aunque vaya contra la ley", aseveró.

UN ERE "ENCUBIERTO"
Además, aludió a la Incapacidad Laboral Transitoria, puesto que "primarán los criterios economicistas frente a los criterios médicos para que un empleado público pueda cobrar el 100 por cien de sus retribuciones a partir del cuarto mes".
Otra protesta es que se hace un corte en la funcionarización del empleado público, algo que "va a ser impuesto y todo el mundo tendrá que ser funcionario sí o sí".
Denunció que se persigue un Expediente de Regulación de Empleo "encubierto porque, con el argumento del déficit público, se va a recortar personal laboral". A ello sumó la ruptura de todos los acuerdos con los sindicatos para garantizar el empleo.
"CLIENTELISMO PARTIDISTA"
Godoy hizo un llamamiento a la unidad sindical en una reunión el próximo 29 de julio en la capital grancanaria para emprender medidas contra dicha ley. Avisó de "un otoño caliente".
Criticó el "discurso envenenado y traicionero" del Gobierno canario, que, en su opinión, "está buscando la apertura de la puerta trasera para que entren a la administración el clientelismo partidista". De hecho, aludió a la creación de la figura del directivo profesional de foirma que va a prevalecer sobre la eficacia de los empleados públicos el que tengan un carné de un partido político.
"El Gobierno de Canarias plantea malvender la administración pública para justificar los favores políticos que tiene que hacer en este mandato", aseveró.
Por su parte, Manuel González, de Sepca, alertó de que el borrador "da carta blanca para un ERE encubierto, y se da la posibilidad de mandar a la calle a aquellos funcionarios interinos que no superen una evaluación de desempeño".
"Supone también que hay funcionarios interinos, laborales temporales e indefinidos de larga duración pendientes de un proceso de conciliación, pero algunos se verán abocados a que no participar en este proceso e irán al paro", alertó el sindicalista.
En su opinión, con estas medidas "sólo se solucionarán los propios bolsillos de los políticos y hacer más grande a la clase política". Recordó a PP y CC que "hay 100.000 empleados públicos que votarán en las próximas elecciones".
CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN
Igualmente, Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, criticó la "ambigüedad" de la Ley y el "discurso hipócrita del Ejecutivo regional al hablar de una administración engordada y de exceso de personal, cuando el número de empleados públicos se ha mantenido constante y sólo ha engordado la administración para colocar a amigos y compromisos políticos derivados de elecciones".
Así, planteó la necesidad "de dar más fuerza a los servicios públicos en detrimento de los chiringuitos creados por el Gobierno como empresas públicas y fundaciones, que han vaciado de contenido a la administración".
"No pueden hablar de adelgazar la administración, cuando hay más de 100 cargos públicos, asistidos por casi 200 asesores, más de 20 empresas públicas y cerca de 30 fundaciones externas con casi 5.000 empleados. Ponen en peligro la independencia de los servicios públicos en las islas", subrayó, al tiempo que denunció la externalización de los servicios
"CONTINUO ATAQUE A LO PÚBLICO"
El portavoz de UGT, Luis Fernando Rodríguez, consideró que el Gobierno regional pretende con la ley "degradar nuevamente a los empleados públicos". "Hace muchos años que la administración regional emprendió una carrera por el deterioro y ataque a lo público y a favor de las contrataciones de empresas de trabajo temporal", señaló.
A su entender, "no se puede permitir que se utilice una ley para enchufar y meter personas dependiendo del carné o del color político". "Asistimos a un continuo y permanente ataque a los empleados públicos", reiteró.
Igualmente, propuso al Ejecutivo regional la creación de un Observatorio en defensa del sector público, lo que interpretó como "una buena declaración de intenciones por parte del actual gobierno".
El representante de Comisiones de Base (Cobas) y Convergencia Sindical Canaria, Manuel Monzón, acusó al Gobierno "de desprestigiar a los funcionarios que son garantes de que se cumpla la legalidad" y recordó que el Ejecutivo autonómico culpó a funcionarios de indemnizaciones millonarias relacionadas con sentencias sobre Tindaya, Montaña Rayada y Tebeto.
Indicó que "en España la administración pública tiene el 22 por ciento de acoso laboral de los trabajadores y en Canarias, según datos de 2004, existe un 17 por ciento". "Hay jefes de servicio destituidos y empleados apartados de funciones por no querer incumplir la ley", avisó.
"SECUESTRO DE LA INDEPENDENCIA DEL TRABAJADOR"
La portavoz de Convergencia Sindical Canaria, Ángela Hernández, aseguró tajante que el borrador de la Ley de Función Pública "pretende amordazar a los trabajadores". "Esto es un secuestro a la independencia de los empleados públicos de Canarias", remarcó.
Además de la movilización convocada para el próximo 16 de septiembre en las islas, se prevén asambleas de delegados de todas las administraciones públicas. Asimismo, los sindicatos elevarán la solicitud de informes al Consejo Consultivo de Canarias por entender "la ilegalidad por la tramitación y el contenido" del documento y enviarán cartas a otras instituciones para advertirles de "lo erróneo que sería aprobarlo".
"Ni la Federación Canaria de Islas (Fecai) ni la Federación Canaria de Municipios (Fecam) no tienen ni idea de lo que se está tramitando", manifestó Javier Godoy, que dijo que las organizaciones sindicales han sido convocadas el próximo lunes a una reunión de la Comisión Técnica de la Mesa General de Función Pública en Tenerife, "un paripé de negociación que será rechazado por los sindicatos", avanzó.

Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre


Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la Ley de Función Pública que prentende aprobar el Gobierno de Canarias


miércoles, 21 de julio de 2010

Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre


miércoles, 21 de julio de 2010
Las centrales sindicales convocan una manifestación para el próximo 16 de septiembre
Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Unión General de Trabajadores (UGT), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical Canaria (IC) y el Sindicato de Comisiones de Base (Cobas) han anunciado hoy movilizaciones contra el anteproyecto de Ley de Función Pública que está elaborando el Gobierno canario y que "supone una importante merma a los derechos laborales y un riesgo para el mantenimiento del Estado de bienestar".
Las centrales sindicales han explicado hoy en rueda de prensa que las medidas de presión cobrarán cuerpo el próximo 16 de septiembre, jornada en la que tienen previsto "salir a la calle" en protesta por un proyecto de Ley que el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar antes de fin de año. Antes, el jueves 29 de julio están convocadas todas las centrales sindicales con representación en la Administración canaria a una reunión que se celebrará en la capital grancanaria, para definir el resto de actividades y el ideario de las movilizaciones.

En resumen, los portavoces explicaron que la modificación de la Ley de la Función Pública que pretende el Ejecutivo regional no persigue “modernizar” sino que “fomentará el clientelismo partidista en la Administración”, y “secuestrará la independencia” de los funcionarios públicos. Con la nueva Ley, según Ángela Hernández de Convergencia Sindical Canaria, “no se sabe en qué manos caerá la Función Pública”, porque pretenden restar capacidad al empleado público para que cumpla con su función principal que es “la de dar fe de que se cumpla con la normativa vigente”. A partir de ahora, afirmó Hernández, podrán “sancionarlo o trasladarlo, si consideran que no cumple con su obligación”.

Los sindicatos critican la tramitación de este proyecto, porque “no se ha informado ni a las centrales sindicales, ni a la Fecai y Fecam”, señaló el portavoz de SCPA, Manolo González. Asimismo, protestan por el contenido. En concreto se oponen a seis puntos relacionados con “la evaluación de desempeño” para “medir las funciones”; el establecimiento de criterios externos de evaluación “que castigarán al funcionario”; en las Incapacidades Laborales Transitorias “primarán los criterios economicistas frente a los médicos” y se pretende “un ERE encubierto”, denunció Javier Godoy, de CCOO. Según este “se piensa plantear un recorte de personal laboral” con la excusa de la necesidad de recortar el gasto público, con lo que “no se garantizan los puestos de trabajo de hoy”. Para ello “se rompen todos los acuerdos establecidos para garantizar el empleo”, insistió.

Los portavoces sindicales recordaron que el Estado de Bienestar “descansa” en el trabajo de los funcionarios públicos, y sin embargo, este es el apartado que “menos ha crecido en los últimos años”. Lo contrario que el número de “amigos de los políticos a colocar” a través de “chiringuitos, fundaciones y empresas externas subcontratadas por la Administración”, afirmó González. Por esto, rechazan las críticas sobre “el engorde de la Función Pública”, ya que “no se puede adelgazar cuando existen más de un centenar de cargos públicos asistidos por casi 200 asesores privados, que hacen el trabajo de los funcionarios”.
Imprimir E-Mail