El Gobierno pide a los sindicatos paz social a cambio de liberados

El Ejecutivo regional ha puesto precio a la paz social al menos hasta las elecciones autonómicas y locales del mes de mayo. Si los sindicatos callan, el Gobierno no obligará al 50% de los liberados sindicales a incorporarse a su puesto de trabajo. Además, también se compromete a no realizar despidos en este año a cambio de otras concesiones.

El Gobierno permitirá mantener a los
sindicatos  el 50% de los liberados y se
comprometen a no realizar despidos a cambio
de la paz social. / Foto: Fernando Ojeda

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma obligan a todos los liberados sindicales a incorporarse a sus puestos de trabajo. Sin embargo, aún no lo han hecho debido a un pacto firmado el pasado 23 de diciembre por CCOO y UGT, y rechazado taxativamente por Intersindical Canaria y SEPCA, que pospone esa decisión hasta el próximo 4 de febrero. En ese tiempo, las fuerzas sindicales deberán contestar a las propuestas presentadas por la directora general de Función Pública, Ana María Roldán, el pasado viernes, y que pretenden resolver conflictos sindicales históricos en apenas cuatro reuniones.

La directora general de Función Pública, Ana María Roldán, también exigió a los sindicatos que aceptaran los términos de la evaluación de desempeño o modificación del convenio colectivo laboral homegeneizando las condiciones de laborales y funcionarios a la baja,a cambio de no realizar despidos en el sector público en caso de que la crisis económica lo exigiese.

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Los sindicatos denuncian la Ley de Presupuestos por inconstitucional

IC, SEPCA y CSIF instarán al Defensor del Pueblo a que presente un recurso en el Constitucional y piden al TSJC que anule la suspensión de los convenios laborales

Los sindicatos han llamado a filas y preparan su particular guerra contra el Gobierno de Canarias. El motivo, la recién aprobada Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2011, marcada por un brutal recorte económico y social. Eso es, al menos, lo que denuncian las principales organizaciones sindicales de las Islas, que están dispuestas a llegar hasta el final en sus reivindicaciones.

En concreto, según explicaron ayer desde Intersindical Canaria (IC), se está elaborando un recurso de anticonstitucionalidad que se presentará este mes al Defensor del Pueblo. Además, se ha presentado ya una demanda en los juzgados de lo contencioso contra la resolución de la secretaría general técnica de Presidencia, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias del 4 de noviembre pasado.

Dicha resolución, explicó Carlos Barrios, responsable de Acción Sindical de Administraciones Públicas de IC, "supone una clara vulneración de derechos fundamentales, ya que las disposiciones adicionales de la ley de presupuestos suspenden artículos y acuerdos suscritos".

No en vano, en juego está el futuro de varios centenares de liberados sindicales, que de no mediar un acuerdo, deberían incorporarse a sus puestos de trabajo. Ello, por ende, significaría además el despido de personal laboral, que ahora ocupa los puestos de estos liberados.

Para el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Fernando Escrich, el Gobierno ha realizado "una serie de recortes sin negociar; ha puesto en marcha un paquete de medidas sin llegar a ningún acuerdo, y además algunas no se ajustan a la ley", como son la supresión del artículo 54 del convenio colectivo, el acuerdo sobre la Mesa General de Empleados Públicos, los acuerdos de concertación y los referidos al crédito de horario sindical. Ello, por ejemplo, dejará a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sin seis liberados de la administración pública y más de una veintena de personas de áreas como Educación o Sanidad. "Todo se va tener que judicializar", afirmó Javier Galván, quien deja claro que "no nos vamos a convertir en corresponsables de unos recortes que nos vienen impuestos".

En la misma línea se manifestó Carlos Barrios (IC), cuyo sindicato perdería dos liberados por los pactos de derechos sindicales; dos más que establece el convenio colectivo; y cerca de una treintena entre los derivados de las mesas sectoriales y aquellos que perderán las horas que establecen los acuerdos de crédito horario sindical. "Las propuestas que está haciendo el Gobierno de Canarias carecen de cuantificación", aseveró Barrios, quien considera que "la negociación colectiva es un derecho".

Más comedido que sus compañeros de IC, SEPCA y CSIF se mostró el secretario general en Canarias de Comisiones Obreras (CC.OO), Juan Jesús Arteaga, quien confía en que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Con ese objetivo se volverá a reunir este viernes la comisión técnica que explora las opciones de "atenuar el impacto de la ley de presupuestos".

Pérdida de derechos

Para Arteaga, "dependerá de la voluntad del Ejecutivo regional que se puedan alcanzar otros acuerdos, como establece la propia ley aprobada el pasado mes de diciembre. En cualquier caso, el máximo responsable de CC.OO. en el Archipiélago reconoció que su organización está estudiando jurídicamente el tema. "Hay que profundizar en la pérdida de derechos de los empleados públicos y garantizar los empleos", manifestó Arteaga, cuyo sindicato perdería 20 liberados por los acuerdos de concertación y un centenar de las distintas federaciones.

En la misma situación se encuentra UGT, cuyo proceso interno de renovación ha provocado que sus nuevos dirigentes no se manifiesten al respecto, a pesar de que también será uno de los sindicatos más afectados por la eliminación de los liberados y la supresión de los convenios laborales.

Publicado en http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/3928/

Con pulsera, sin pistolas y sin bigote

SUÁREZ GIL ABANDONA LA CÁRCEL TRAS DOCE DÍAS DE PREVENTIVO

Aunque no lo parezca es él.

Nunca quiso el Ministerio Fiscal que José Miguel Suárez Gil, expresidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, ingresara como preso preventivo en El Salto del Negro, pero el juez de guardia en el juzgado de Violencia de Género consideró que no había mejor decisión ante la gravedad de los hechos de los que le había acusado su esposa, Josefina Navarrete: "Se colocó en posición de disparo, con las piernas separadas, me apuntó con la pistola y me preguntó dónde quería el primer tiro, si en la cabeza o en el corazón". Cuando entró la policía en la estancia donde se encontraba el matrimonio, el tenaz coordinador empresarial tenía en su mano una pistola cargada, sin seguro y con una bala en la recámara. La juez debe haber pensado que ya ha disminuido convenientemente la alarma social y este miércoles acordó su puesta en libertad limitando bastante su movilidad mediante una pulsera que lo delataría en el caso de acercarse a su esposa, sin pasaporte y con la prohibición de salir de la isla, portar armas o intentar agenciarse alguna. A su salida de la cárcel, Suárez Gil aparentaba estar más delgado, más debilitado y distinto, seguramente por haber hecho desaparecer de su rostro ese bigote moreno que tanto llamaba la atención cerca de su caballera plateada.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13791/

Últimos movimientos mercantiles

SUÁREZ GIL SE QUEDÓ SÓLO CON PE7 MACARONESICA, S.L.

Sin ánimo de ponernos muy rosas, en honor a la verdad debemos decir que a muchas personas les llamó la atención aquella boda del Zorro Plateado con la abogada Josefina Navarrete, un enlace que fue celebrado en 2008 por todo lo alto en la presencia de las más dignas y relevantes autoridades civiles, militares, empresariales y periodísticas. Pronto, muy pronto, Suárez Gil, por indicaciones de su tercera esposa, empezó a migrar sus negocios y a desaparecer de la primera línea de fuego, de manera que sus posibles responsabilidades mercantiles se disiparan en gran medida. A esa decisión debe haber respondido que el 29 octubre de 2009 se detectara el primer movimiento registral protagonizado por el matrimonio: el Zorro dejaba a nombre de su esposa El Fondillo S.L., con declaración de unipersonalidad, y que a su vez él se quedara en exclusiva al frente de la sociedad PE7 Canarias Macaronésica, S.L. (saneamientos y sanitarios), de la que dimitía la letrada. Pero la empresa de cabecera de Suárez Gil, Uniata Unión Atlántica Hortofrutícola, dedicada a la importación de fruta, pasaba a estar en manos del matrimonio por el cese, en octubre de 2010, de sus anteriores administradores mancomunados, Andre Martin Heinrich y Juan Rodríguez Hernández, que fueron sustituidos por los administradores solidarios Navarrete y Suárez Gil. También se cambiaba el domicilio social de la empresa, que se residenciaba a partir de entonces en el chalet que ambos compartían en Tafira Baja.

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13792/

Luego están las empresas fantasmas

LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA ANULA LA CANDIDATURA DE UNA DE LAS EMPRESAS PLATEADAS

Esas que les relatamos son las empresas activas, las que ha mantenido vivas José Miguel Suárez Gil alrededor de su frenética actividad como coordinador de asociaciones empresariales. Luego está esa amplísima constelación de sociedades que fue creando o propiciando a lo largo de décadas para lograr convertirse en un aglutinador de subvenciones y de votos para los procesos electorales de las organizaciones empresariales. Por casualidades del destino, este mismo miércoles, al tiempo que el Zorro abandonaba la prisión provincial, caía en nuestras manos una resolución de la consejera de Industria y Comercio, María del Mar Julios, en la que se anulaba la candidatura que hace unos meses presentó a las elecciones de la Cámara de Comercio de Gran Canaria la plataforma que lideraban Suárez Gil, Jaime Cortezo y Luis Hernández. Efectivamente, la resolución gubernamental da por probado lo que en su día les adelantábamos aquí, que la empresa Etdinfo, S.L., cuyo administrador único es el muy plateado Juan Socorro, concurrió a esos comicios sin tener actividad alguna desde hacía nueve años y habiéndose dado de baja en el censo de actividades desde abril de 2009

Publicado en http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/13793/

Media docena en cuarenta metros cuadrados

A VER SI NOS VAMOS A OLVIDAR DE AQUELLAS PLATADAS HAZAÑAS

Abempatri, Fomento Canario Inmobiliario, Soporte Tecnológico de la Información, Canarias Medio Ambiente y Calidad o Judaci fueron otras de las empresas del Silver Team que fueron denunciadas en el último proceso electoral de la Cámara de Comercio por comprobarse lo que todo el mundo sabía: que no tenían actividad y que, a mayor descaro y abundamiento, compartían incluso las mismas sedes, algunas de no más de cuarenta metros cuadrado de superficie útil. En aquella ocasión electoral, primavera de 2010, reaparecía tras una breve retirada a Miami el inigualable Zorro Plateado, que ofrecía una gloriosa rueda de prensa en el hotel Fataga acompañado por sus linces en peligro de extinción: Luis Hernández, Graciliano Afonso, Paco Rodríguez Batllori y, cómo no, Juan Socorro. Por aquellas fechas tuvimos la ocasión de visitar una de esas sedes empresariales fantasmas, situada en la muy señera calle de la Pelota. El aspecto era de que por allí no había pisado un ser humano (y menos un ser humano con un escobillón y un mocho en la mano) desde hacía al menos una década. En Pelota 15, dicho sea sin segundas, estaba radicada esa empresa -Etdinfo- que el Gobierno acaba de declarar fuera de órbita.

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Intersindical afirma que el Gobierno niega la toma de posesión a 297 funcionarios

El sindicato pone de relieve "el carácter dictatorial y de tinte fascistoide" de las políticas del Gobierno

El sindicato Intersindical Canaria afirma que mañana, viernes 21 de enero, se publicará en el BOE la resolución de adjudicación de destinos a 297 nuevos funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia en el ámbito territorial de Canarias, quienes dispondrán de 20 días naturales para tomar posesión de sus cargos contados a partir del siguiente a dicha publicación.

Sin embargo, pese a ello, la central sindical asegura en un comunicado que "la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha comunicado que negará su toma de posesión a aquellos funcionarios que decidan verificarla el sábado 22 del corriente, aludiendo como motivo que el sábado no se trabaja".

"Esta disparatada decisión, aparte de hacer alarde de un absoluto desconocimiento de las condiciones laborales de los Funcionarios de Justicia y del marco legal de aplicación, pues existe un acuerdo que les permite trabajar voluntariamente los sábados por la mañana y además dichos días son hábiles a efectos administrativos, es una muestra más de la reiterada actitud de hostigamiento y agresión con que el Gobierno de Canarias trata a los funcionarios de Justicia", afirma el comunicado.

Según Intersindical, esta "obsesión" ya "ni siquiera tiene en cuenta la debida sujeción al principio de legalidad por el que deben estar condicionadas decisiones de esta envergadura que, produciéndose en el marco de un Estado democrático, sólo consiguen que salga una vez más a la luz el carácter dictatorial y de tinte fascistoide con que se desenvuelven las políticas del Gobierno de Canarias en las cuestiones que atañen a los empleados públicos".

"Los perjuicios que esta indignante decisión acarreará a los afectados serán de una gravedad extrema: después de llevar desde el año 2008 para acceder a un puesto de trabajo que han conseguido tras superar una durísima oposición, se les prohíbe cobrar el salario al que desde el primer día tienen derecho; pero son más graves aún las hondas repercusiones que esta repudiable decisión gubernamental tendrá en el desarrollo de su carrera profesional ante la posibilidad de que puedan acceder a un Cuerpo de superior categoría por el sistema de promoción interna, pues a la hora de que se les aplique el requisito de cumplimiento de plazos existente al respecto, quedarán gratuitamente por detrás de los funcionarios de su misma promoción de Euskadi o Valencia", insiste el comunicado.

Todo ello, según el sindicato, pese a que "el mismo Gobierno que ahora adopta esta decisión, permitió que otra remesa de funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo de Auxilio Judicial tomaran posesión de su cargo en nuestro ámbito autonómico".

"Estos que gobiernan desde la inmensa minoría son como los escorpiones, que mueren matando, y quizá porque saben que aunque gesten fechorías resolutivas como ésta, nunca van a responder personalmente, porque son prebendas que les otorga el vigente ordenamiento jurídico", concluye el comunicado

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Pagar los atrasos de la Ley de Dependencia

El Supremo confirma que la Generalitat deberá pagar los atrasos de la Ley Dependencia

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Generalitat a una sentencia anterior del TSJC que obligaba a la administración catalana a pagar a un beneficiario de la Ley de Dependencia los atrasos de casi cinco meses transcurridos desde su entrada en vigor, en enero de 2007, hasta que en mayo la desarrolló.

En el auto del Tribunal Supremo (TS),  la sala de lo social de este alto tribunal declara la inadmisión del recurso de casación de la administración catalana, con lo que convierte en firme la sentencia del TSJC, sin posibilidad de nuevos recursos.

La sentencia del TSJC estimaba el recurso que presentó el padre de un niño discapacitado contra el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y el Departamento de Acción Social de la Generalitat por denegarle los atrasos derivados de la fecha de entrada en vigor de la Ley de Dependencia.

Así, el TSJC reconoció el derecho del niño a cobrar 487 euros mensuales por la prestación de cuidador no profesional, con efectos desde 1 de enero de 2007, con lo que podía cobrar los atrasos correspondientes, 2.435 euros.

Para el tribunal, los efectos económicos derivados de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno debían fijarse a 1 de enero de 2007, pues "el calendario que en aquélla se contempla resulta directamente aplicable y exigible" desde la entrada en vigor de la normativa, sin necesidad de su ulterior desarrollo reglamentario.

La sentencia concluía que el Instituto Catalán de Asistencia vulneró la norma al fijar a fecha 30 de mayo de 2007 los efectos económicos de la prestación objeto de litigio.

El TS desestima ahora los argumentos alegados por el citado Instituto catalán, como una anterior sentencia del Supremo que no atendió una demanda sobre la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada parcial del personal estatutario y el hecho de que la Ley de Dependencia lleve menos de cinco años en vigor y sobre la misma no existe jurisprudencia.

El recurso fue presentado por Antonio Moreno, presidente de la asociación de padres de discapacitados Papás de ·lex, inicialmente ante la Generalitat y después ante un juzgado de lo social de Barcelona, que desestimó su demanda.

Por ese motivo, Moreno presentó recurso al TSJC, que le dio la razón en una sentencia que ahora el TS declara firme.

En declaraciones a Efe, Antonio Moreno ha opinado hoy que esta sentencia abre la puerta a que todos los grandes dependientes que solicitaron la prestación en mayo de 2007 puedan cobrar los atrasos correspondientes, presentando recursos de revisión ante el Departamento de Bienestar Social y Familia, denominación actual de la conselleria.

El colectivo alegó en sus recursos ante los tribunales que se estaba vulnerando el principio de igualdad respecto a otras comunidades autónomas: en Navarra, por ejemplo, se empezaron a otorgar programas de individualización a grandes dependientes en marzo de 2009, casi dos meses antes que en Cataluña

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UGT pide que se revierta la reforma laboral porque el empleo va "a peor"

UGT pidió hoy revertir la reforma laboral porque ha hecho que el empleo vaya "a peor" y aseguró que desde que entró en vigor hace seis meses no ha creado empleo y ha abaratado los contratos.

Después de que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, destacara hoy que entre julio y noviembre de 2010 los despidos improcedentes se hayan reducido un 10 % hasta los 250.727, UGT pidió que se revierta la reforma laboral, que "sigue disparando la temporalidad".

Según un comunicado del sindicato, los contratos de fomento del empleo indefinido, que conllevan indemnizaciones de 33 días por año trabajado, ascendieron a 316.038 en el segundo semestre de 2010, 1.441 menos que en el primer semestre, cuando todavía no había entrado en vigor la reforma laboral.

Además, la conversión de contratos temporales en este tipo de contratación indefinida aumentaron sólo 17.456 entre julio y diciembre respecto a enero y junio, por lo que sumaron un total de 253.447 en el segundo semestre.

UGT asegura que, "más allá de la lectura provisional del Gobierno, la realidad constata que sigue sin crearse empleo y no sólo no aumentan los contratos indefinidos, sino que se abaratan y continúa creciendo la temporalidad del empleo".

En este sentido, el informe que remite este sindicato indica que en el segundo semestre del año pasado se hicieron un total de 604.483 contratos indefinidos frente a los 623.731 realizados en el primer semestre.

Asimismo, los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo ascendieron entre julio y diciembre a 371.973, 33.320 menos que entre enero y junio y 24.462 menos que en el mismo período de 2009.

El total de contratos indefinidos en 2010 ascendió a 1,22 millones, mientras que en 2009 hubo 1,31 millones, lo que supuso un descenso de 84.200 contratos indefinidos menos el año pasado.

También, los contratos de fomento del empleo fueron inferiores en el segundo semestre de 2010 que en el segundo semestre de 2009, con una diferencia de 16.951 menos.

Según este sindicato, el balance de la reforma laboral es "un gran motivo de preocupación", por lo que exhorta al Gobierno a "cambiar el rumbo" de su política económica.
Publicado en http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=198063