viernes, 7 de septiembre de 2012

La Policia convoca para noviembre una GRAN MANIFESTACIÓN

Convocada para noviembre la mayor manifestación de policías de la historia de España contra los recortes


El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha convocado una manifestación el 10 de noviembre en Madrid contra los recortes aplicados al Cuerpo Nacional de Policía. El secretario general del colectivo, José Manuel Sánchez Fornet, ha advertido del profundo malestar existente entre los funcionarios policiales por lo que vaticina la presencia de miles de agentes en la calle. "Va a ser la mayor movilización de la historia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha dicho.
Luis Cunqueiro. 31.08.12. Fornet ha explicado las razones de esta convocatoria con un ejemplo: "ahora mismo tenemos la centralita bloqueada de llamadas de compañeros porque hay 16.000 funcionarios que ya este mes han cobrado 60 euros menos por la retirada de la paga extra que se prorratea cada mes".
   Con la retirada de la paga extra de Navidad son ya tres las bajadas de salario que ha sufrido el Cuerpo Nacional de Policía junto a la reducción de un 5 por ciento para todos los funcionarios públicos efectuada por el Gobierno socialista así como el recorte que afecta a las retribuciones en periodos de baja.  
"CIENTOS DE MILES DE ENCHUFADOS"
   Además el SUP carga contra la falta de medios materiales para luchar contra el fraude fiscal. "No puede recaer todo sobre nosotros", ha denunciado, al tiempo que ha recordado que "hay cientos de miles de personas en la Administración que están enchufados, que no son funcionarios si no asesores o personas de confianza". "Están en las instituciones controladas por el PP, por el PSOE o por IU. Todos tienen amigos, primos, hermanos colocados mientras a los policías, los médicos y los profesores nos bajan el sueldo", denuncia.
   El SUP convoca esta manifestación en compañía del Sindicato Independiente de la Policía Española (SIPE), pero desde los convocantes abren la puerta a todos los sindicatos que quieran sumarse a la iniciativa. "No le cerramos las puertas a nadie, si se quieren sumar les aceptaremos", ha asegurado Fornet quien ha querido dejar claro que la protesta "es tanto contra Rajoy como contra Zapatero". "Han sido los dos Gobiernos los que han fallado a la Policía y no han hecho los deberes", ha explicado.
   Además, desde el SUP recuerdan que el 10 de noviembre al menos un tercio de la plantilla de la Policía estará trabajando y no podrán desplazarse hasta Madrid por lo que a esos agentes se les convoca a concentrarse frente a las Delegaciones de Gobierno de sus respectivos lugares.

Rajoy gastará 110.000 euros en traducir la web de La Moncloa

Sigue el despilfarro: Rajoy gastará 110.000 euros en traducir la web de La Moncloa
El Gobierno sigue funcionando como si nada pasara. La crisis afecta a los ciudadanos pero no a las administraciones públicas. En el enésimo gasto innecesario, el Gobierno se gastará 110.000 euros en traducir la web de La Moncloa a francés, alemán e inglés, lenguas por cierto que no son habladas por el presidente del Gobierno.
Lorena Toledo. 05.09.12. Según informa Sueldos Públicos traducir los contenidos más relevantes de la página web del Gobierno (www.lamoncloa.gob.es) durante 2013 costará hasta 110.000 euros a los españoles. El Ministerio de Presidencia acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación del contrato para el próximo año, en el que se exigirá la traducción de los documentos no sólo al inglés como hasta ahora, sino también al francés y al alemán.
La ampliación de los idiomas a los que se traducen los documentos del Ejecutivo supondrá un encarecimiento del contrato. Ahora el coste será de unos 301 euros diarios, mientras que el anterior representaba algo menos de 250 euros. No obstante, el antiguo adjudicatario, Eagle Language Service, sólo se encargaba de las traducciones al inglés.
Según los pliegos técnicos, la empresa que logre el contrato estará a disposición de las necesidades de la Secretaría de Estado de Comunicación de lunes a domingo durante las 24 horas del día. Adicionalmente, el Ejecutivo puede pedir también la traducción de algunos de los documentos a otros idiomas, como árabe, chino, portugués, italiano, japonés o ruso. Las empresas interesadas en el contrato pueden remitir sus ofertas a Presidencia hasta el próximo 24 de septiembre.
Actualmente, la web oficial del Gobierno español está disponible en los idiomas oficiales de España y en inglés, pero parece que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere ganarse la confianza de los inversores internacionales.
http://www.diarioelaguijon.com/noticia/4822/CORRUPTOMETRO/divSigue-el-despilfarro:-Rajoy-gastara-110.000-euros-en-traducir-la-web-de-La-Moncloa/div.html 

Recortes y miseria

Por Augusto Klappenbach
Filósofo
La miseria del título se refiere tanto a la miseria económica como a la miseria moral. Porque negar asistencia médica a personas que la necesitan, sean o no inmigrantes y tengan o no sus papeles en regla, constituye un recorte que merece el calificativo de miserable. Y ello, en dos sentidos. En primer lugar desde el punto de vista ético: discriminar el acceso a uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud por razones administrativas constituye un recorte moralmente intolerable. Pero además es miserable desde el punto de vista económico. ¿A cuánto ascenderá el ahorro resultante de este recorte? ¿Será siquiera comparable al que resultaría de eliminar organismos burocráticos inútiles, gastos de representación, coches oficiales y un largo etcétera? El coste del sistema sanitario depende de las instalaciones, el personal y los insumos. Pero el ahorro que se consiga seleccionando a algunos pacientes a los que se niegue la atención resulta irrelevante. Sobre todo teniendo en cuenta que la población inmigrante, mayoritariamente joven, no es la que más tratamientos médicos requiere. La excepción que se hace con los menores y las mujeres embarazadas reduce todavía más el supuesto ahorro que implicaría la medida.
No se trata, por supuesto, de justificar el turismo sanitario que practican algunos ciudadanos de naciones de nuestro entorno, que buscan en España una atención médica mejor que la que ofrecen sus propios países. Parece razonable, como indicó el gobierno, que en esos casos se remita la factura a sus países de origen, se consiga o no su reembolso. Pero estos casos poco tienen que ver con inmigrantes irregulares cuyas naciones de origen se desentienden de ellos y que no tienen otra opción que acudir al sistema sanitario español en caso de enfermedad. Negarles esa atención o pedirles que paguen un seguro médico que a muchos les resultaría imposible condenaría a muchos de ellos a un deterioro considerable de su salud, sobre todo en casos de enfermedades crónicas que requieren un tratamiento continuado.
Si no existen razones económicas significativas ¿cuál es la razón de este recorte? Creo que se trata de enviar a los inmigrantes un mensaje de este tenor: “como la crisis ha hecho innecesario vuestro trabajo (gracias al cual muchos empresarios disfrutaron durante los tiempos de prosperidad de mano de obra barata y sumisa) ahora debéis entender que vuestra presencia en este país ya no es tolerada. Debéis marcharos y disuadir a vuestros compatriotas de emigrar a nuestro país”.
Puede entenderse que en el sistema económico actual un país ponga condiciones a la inmigración. Como sabemos, la globalización financiera y comercial excluye la fuerza de trabajo, para la cual se establecen crecientes medidas nacionales de control, incluyendo vallas que provocarían la envidia del muro de Berlín. Pero tratándose de personas que residen ya en nuestro país, aunque su entrada haya sido administrativamente irregular, sus derechos fundamentales deben ser respetados. Y la obligación de asegurar el ejercicio de esos derechos –como el derecho al cuidado de la salud o la educación- corresponde a quien puede hacerlo, en este caso al Estado. Aun cuando no falten ejemplos en Europa en sentido contrario. Por citar un ejemplo, la Directiva del Retorno, aprobada por el Parlamento Europeo (casualmente cuando los inmigrantes comenzaron a ser innecesarios) que concede a los “sin papeles” un dudoso privilegio jurídico: son los únicos ciudadanos que pueden ser encarcelados durante un año y medio sin que se les acuse de ningún delito. (Quien dude de esto puede consultar los artículos 15 y 16 de dicha Directiva,ver PDF)
Los derechos fundamentales no pueden depender de las contingencias políticas, económicas o administrativas. La posesión o no de un documento que legalice la permanencia en un país determinado no puede convertirse en un pretexto para negar el ejercicio de derechos reconocidos por los acuerdos internacionales con carácter universal. Y así como deben reconocerse derechos jurídicos a todos los inmigrantes (como el derecho al habeas corpus o la defensa en juicio) también deben respetarse los derechos sociales básicos que el Estado esté en condiciones de proporcionar. Y el derecho a la atención médica es uno de ellos. Nuestro país ha optado por un modelo mixto de sanidad y educación, asegurando el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos gratuitos (o casi). Otros sistemas, como el modelo mayoritariamente privado de los Estados Unidos, han tenido tiempo de demostrar su ineficiencia: no solo dejan a una parte importante de la población sin atención médica de calidad sino que resultan más costosos. Aprovechar la crisis para erosionar nuestra sanidad pública, introduciendo excepciones que abren el camino a posteriores recortes y modelos distintos, constituye una medida irresponsable.
Mientras tanto, un considerable número de médicos de la sanidad pública han propuesto el ejercicio de la objeción de conciencia ante esta medida. En casos como este, en que entran en conflicto las leyes con la deontología profesional, la desobediencia civil es el único camino que les queda. Inmigrantes o no, merecen el apoyo de todos. Y nuestra defensa ante posibles sanciones.

Denuncian a Rajoy y a todos sus ministros en la fiscalía por prevaricación

La Liga Anticorrupción ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y su gabinete por la falta de abstención a la hora de tomar decisiones que entren en conflicto con sus propios intereses.
María Batalla 06.09.12 La Liga Anticorrupción presentaba esta mañana una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía General del Estado, según ha sabido Diario El Aguijón en exclusiva. Esta organización, presidida por uno de los sobrinos del que fuera Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, había enviado con anterioridad, el 5 de julio de este año, un escrito al Congreso que no obtuvo ningún tipo de respuesta tratando este mismo asunto. Esta denuncia se fundamenta en el incumplimiento por el Gobierno en pleno de la Ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado que estipula la obligación de abstenerse en la toma de decisiones que afecten a sectores en los que se tengan intereses privados, tal y como ocurre en la totalidad de miembros del Gobierno.
No se ha producido ningún tipo de abstención por parte de ningún miembro del Gobierno, a pesar de que, según las informaciones publicadas por los compañeros de El Confidencial, muchos tienen intereses que entran en conflicto con las últimas decisiones tomadas. A continuación detallamos los datos más relevantes.
El presidente Mariano Rajoy tiene una importante cantidad de dinero invertido en Bolsa que el año pasado le reportó 7.779 euros en dividendos. Un interesante rendimiento del 5,4% sobre los 143.181 euros que posee en acciones, según su declaración de bienes, que no especifica los valores en los que ha depositado su confianza.
Nuestro presidente del Gobierno cuenta con 59.909 euros en cuentas corrientes, que el año pasado le reportaron 1.959 euros de intereses, y, finalmente, tiene 80.572 euros depositados en seguros de ahorro. En “rendimientos de operaciones de capitalización”, sin más concreción, declara 5.528,26, en números redondos, 600.000 euros. 
La cosa no se queda ahí, los ministros también tienen su historial inversor, por ejemplo,  Miguel Arias Cañete, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  tiene 4.209 acciones del Banco de Santander y 16.640 del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), entre otras entidades, por valor de 72.041 euros. En Petrolifa Ducar S.L tiene invertidos 165.120 euros en participaciones, y 160.979 euros más en Petrologis Canarias S.A.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, no se queda atrás, con una inversión de 326.884 euros en bonos del Tesoro y 78.523 participaciones en la empresa familiar Grupo Báñez S.L., sin valorar.
José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, tiene invertidos 270.000 euros, más otros 50.598 euros en acciones del BBVA y 76.680 euros más en participaciones en la sociedad Tarundanta.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene tres fondos de pensiones que suman 119.429 euros. 
Jorge Fernández, el ministro del Interior, es de los ministros que menos inversiones ha hecho, sólo tiene 4 títulos de una sociedad valorados en 18,16 euros, y 338 de otra por 5.100 euros, además de obligaciones de Caixabank (2.288 euros). 
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tiene dos fondos de inversión, que suman en total 99.817 euros. Por su parte, Ana María Pastor, ministra de Fomento, que tiene dos cuentas corrientes con 65.507 euros, pero ninguna inversión conocida. Los que menor cantidad de dinero declaran, son el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que declara solo 26.443 euros en una cuenta corriente en el Banco de Santander y Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que declara 5.019 euros en bolsa y 2.222 euros en acciones y fondos de inversión.
Los ministros Luis de Guindos (Economía y Competitividad), Pedro Morenés (Defensa), José Ignacio Wert (Educación, Cultura y Deporte) y José Manuel García Margallo (Asuntos Exteriores y Competitividad) no han presentado declaración de bienes en el Congreso porque no están obligados al no ser diputados.