martes, 7 de agosto de 2012

¡Váyase a casa, Sr. Rajoy, ajuste sus gastos médicos a 710,4 euros año y luego hable!

Hace unos días, le preguntaron los periodistas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acerca de si iba a prorrogar o no la indemnización de 420 euros a los parados sin cobertura alguna. La respuesta fue la habitual en él. Consistió en salirse por la tangente, mirar hacia otro lado y decir que no había aún tomado ninguna decisión al respecto.

Ayer, sin embargo, sí supimos que el Ministerio de Sanidad pretende cobrar 710´4 euros al año a los inmigrantes sin papeles o, dicho de otra forma, sin permiso de residencia en España, para que sean tratados por la sanidad española.
Medidas antisociales
Recordemos, por lo demás, que el Ejecutivo que preside Rajoy ya retiró el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en la red pública. Sucede que las medidas antisociales se multiplican en manos del Gobierno popular. Rajoy vapulea a los débiles y protege a los más ricos.
Cuanto más viejos, más tendrán que pagar
A los inmigrantes sin papeles mayores de 65 años, el Ministerio de Sanidad tiene previsto obligarles a pagar 1.864 euros. Cuanto más viejos sean, más tendrán que pagar. ¡Viva la caridad cristiana! Mientras tanto, la máxima responsable de Sanidad, la ministra Ana Mato, todaa no ha abierto la boca sobre este nuevo hachazo a los inmigrantes oficialmente clandestinos.
El jaguar de Sepúlveda
Ella tiende en todo caso a callarse, porque hablando su torpeza provoca -con demasiada facilidad- vergüenza ajena. Por cierto, tampoco se pronunció Mato cuando a su entonces marido, el dirigente popular Jesús Sepúlveda, el caudillo de la Gürtel, Francisco Correa, le regaló un Jaguar.
Pelillos a la mar
Casualidades de la vida, pelillos a la mar; al fin y al cabo, era un coche de segunda mano. Le costó en 1999 a Correa 8´6 millones de las antiguas pesetas. No hay para tanto. Si quiere un inmigrante comprarse un Jaguar, que ahorre, que ahorre y que no despilfarre. Y si no, que se joda.
Castigo pecuniario
Se lo dijimos recientemente a Rajoy, desde ELPLURAL.COM y a raíz de los 420 euros mes de los parados sin cobertura. Hoy se lo repetimos de otro modo, a cuenta del castigo pecuniario a los inmigrantes sin papeles: ¡Váyase a su casa, Sr. Rajoy, ajuste sus gastos médicos a 710 euros año y luego hable!
Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

Criticaron a ZP por retrasar la jubilación a 67 años, y mira ahora

Rajoy, Montoro, Cospedal, Arenas... en un vídeo se escucha a todos 'poner a caldo' a ZP por retrasarla de 65 a 67 años. Claro, que entonces eran 'la oposición constructiva´
¿El PP a favor de modificar la jubilación? Dijeron que nunca. Ahora dicen… que sí

En el siguiente vídeo, un recopilatorio preparado por el equipo del programa “Al Rojo Vivo” de laSexta, los principales dirigentes del PP rechazan la decisión del Gobierno socialista de retrasar la jubilación. Se puede ver una intervención de Rajoy en el Congreso; también al entonces candidato a la Presidencia de Andalucía, Javier Arenas, que considera la decisión de Zapatero “un atentado contra los derechos de los trabajadores”; a Esteban González Pons, Montoro y hasta la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochó al PSOE en una intervención parlamentaria su “medida antisocial”.


 

El Gobierno planea restringir el acceso a la jubilación parcial

El Gobierno restringirá el acceso a la jubilación parcial para que el coste de esta medida no recaiga en su totalidad sobre la Seguridad Social y suponga mayor coste para las empresas, según consta en el plan presupuestario para 2013 y 2014 remitido a la Comisión Europea.
También modificará los requisitos para acceder a la jubilación anticipada para elevar la edad efectiva de jubilación y que se aproxime lo más posible a la edad legal.
En este sentido, el Gobierno actuará, según lo acuerde en el Pacto de Toledo, sobre los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros factores.
El Ejecutivo quiere modificar el acceso a la jubilación parcial con el fin de evitar un uso inadecuado de la misma porque considera que en muchos casos sustituye a la jubilación anticipada y su coste recae totalmente sobre la Seguridad Social.
Esta modificación también se articula a través de lo acordado en el Pacto de Toledo bien modificando la edad de acceso a la jubilación, el porcentaje mínimo de la jornada laboral o los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación a la pensión parcial reconocida.
El coste de las medidas en materia de Seguridad Social que recoge el plan supondrá una caída de ingresos de 3.591 millones de euros (1.040 millones en 2013 y 2.551 millones en 2014), debido al impacto que sobre las cuentas del sistema tendrá la rebaja de las cotizaciones sociales en un punto en 2013 y en otro adicional en 2014.
Para compensar la caída de ingresos, el Gobierno incrementará las sanciones por impago de las cuotas a la Seguridad Social y las unificará en un sólo tipo de recargo del 20 %.
Actualmente hay cuatro tipos de recargo (3 %, 5 %, 10 % y 20 %) en función de si el retraso en el abono de las cuotas es de uno, dos, tres o más meses.
Respecto a los autónomos, se incrementará en un punto la base mínima de su cotización.
Asimismo, para aumentar los ingresos y aproximar el aumento de las bases máximas de cotización a la evolución del IPC y que se aproximen más los salarios y las bases de cotización, se incrementarán estas bases máximas en 5 puntos.
En cuanto al factor de sostenibilidad introducido en el sistema de la Seguridad Social por el anterior Gobierno, se revisarán los parámetros fundamentales en función de la evolución de la esperanza de vida.
Según la legislación actual, el factor de sostenibilidad empeza a estar vigente en 2027 e implica, básicamente, que cada vez que se modifique la esperanza de vida, se hará una revisión del sistema para mantener su equilibrio.
La Comisión Europea ha pedido al Gobierno que se adelante su aplicación, cuestión que se analizará también en el ámbito del Pacto de Toledo, para revisar parámetros "fundamentales" en línea con los países del entorno, como la edad de jubilación, la cuantía inicial de la pensión o las condiciones de revalorización de la misma, entre otras.

¡Derribemos a este Gobierno!

Hace unos días decíamos que las comunidades se parecían al ejército de Pancho Villa. Hoy hablamos más claro y decimos que el Gobierno central y las comunidades autónomas son el ejército de Pancho Villa.

Nos quejábamos del Gobierno de Rodríguez Zapatero porque estaba repleto de incompetentes, manirrotos, mediocres y sectarios, pero resulta que el nuevo Gobierno de Rajoy está instalado en la mentira, en la desorientación, en el caos y en la pérdida de soberaa. Mientras Rajoy está desaparecido, su Gobierno y sus medidas siguen haciendo daño a la ciudadaa. Lo mismo da que se mire a la sanidad, la educación, el paro, el profesorado, la Administración pública,… Si a ello unimos las últimas medidas adoptadas, entonces estamos ante el maltrato al trabajador, el atentado al funcionariado, el desprecio al contribuyente y el desconocimiento de lo que debe ser el sentido común ante los problemas.
Esas últimas medidas van a congelar el consumo, incrementar el paro, encender la crispación. A cambio Mariano Rajoy va a perder el poder y la ciudadaa tiene que conseguir que se adelanten las elecciones. No podemos seguir con un Gobierno despreciable, cutre y atormentador. No vamos a admitir que sigan por ese camino; sabiendo que la minería no es rentable en este país y que se están dando ayudas innecesarias a muy alto coste para la minería y el paro, han conseguido que la ciudadaa acabe apoyándolo, con tal de ir contra las medidas del Gobierno.
En vez de crear las infraestructuras necesarias para generar empleo, eliminar el 85% de las ayudas a los sindicatos, suprimir las ayudas al cine,… están dando palos a los ciudadanos donde más duele. Por eso el empeño de los contribuyentes debe ser derrocar este Gobierno, ‘incendiar’ la calle si es necesario, continuar con la campaña de acoso y derribo a los políticos y utilizar cualquier medio legal para decir a los gobernantes que sobran muchos de ellos, que no creemos en ellos y que no aguantamos más; es decir, que vamos a por ellos.
El retroceso, el desprecio, el ninguneo y el escarnio público al que nos está sometiendo este Gobierno –antes lo hicieron el Gobierno socialista y UGT y CC.OO. durante años– hace que poco a poco invada el terreno de lo personal. Ahí están los brutales recortes educativos y sanitarios. Ahí están los recortes de nóminas de funcionarios y demás empleados públicos. Y sin embargo se mantiene el PER en Andalucía y Extremadura; es decir, uno de los mayores fraudes sociales, económicos y políticos de la Historia de España.
Con tanta barbaridad han conseguido que las CC.AA. vayan a velocidades diferentes, en algunos casos muy retardadas, excepto para la corrupción. En eso se adelantan unas a otras. Cada comunidad aplica las medidas como Dios le da a entender. Hace unos días decíamos que las comunidades se parecían al ejército de Pancho Villa. Hoy hablamos más claro y decimos que el Gobierno central y las comunidades autónomas son el ejército de Pancho Villa.
Cada a hay más sectores rebelados contra las medidas y recortes atentatorios hacia los más débiles y contra la clase media. Mientras el PSOE desmanteló el Estado de bienestar con la creación de cuatro millones de parados, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha puesto a la cabeza de los gobiernos que atentan contra la salud social y política de los trabajadores, parados y jubilados. ¿Ejemplos? Uno pocos en relación con la educación: fuerte recorte de retribuciones en situaciones de baja `por incapacidad temporal; eliminación de complementos retributivos consolidados; propuesta de eliminación de sexenios; eliminación de la paga extra de Navidad (después llegará también la supresión de la de julio); nueva rebaja de un 3% de las retribuciones básicas y complementarias; supresión de cuantas medidas supongan un aumento de nómina; propuesta de eliminación de los trienios a partir de enero de 2013; aumento de horario lectivo,… 

Se suele decir que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Las grandes movilizaciones las iniciaron los sanitarios (“bloque blanco”) y los docentes (marea verde). Ahora están en ello los funcionarios de la Administración (“los viernes de negro”), como lo están los mineros (“marcha negra”).
Solo con los colectivos mencionados se puede derrocar un Gobierno, correrlo a jarrazos y ponerlo mirando a Cuenca. ¡Pongámonos a ello sin más demora! Si alguien piensa que es incitación a la violencia, es su problema. Sin duda, este Gobierno no merece el pan que come porque no se lo gana.

Canarias se opone "frontalmente" a la política de "destruir" empleo público

La consejera canaria de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, ha dicho este martes que esta comunidad autónoma "se opone frontalmente a la política estatal de destruir empleo público" y ve "errónea" la idea del Ejecutivo central de "adelgazar la administración".
Así lo ha manifestado en un comunicado la consejera después de que el Gobierno haya dejado abierta la posibilidad de aplicar despidos colectivos del personal laboral en las administraciones públicas por causas económicas cuando tengan problemas de financiación o insuficiencia presupuestaria.
Al respecto, Ramos ha reprochado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que asegure que su principal preocupación es el desempleo y, al mismo tiempo, "prepare una reforma para lanzar cientos de miles de trabajadores públicos a la calle".
A juicio de la consejera socialista, la política que desarrolla el Gobierno central se basa "en adoptar medidas que sólo incrementan la tasa de desempleo, lo cual es, a todas luces, erróneo".
Margarita Ramos ha estimado que la pretensión del Gobierno "es desmesurada" y se desarrolla sobre criterios "que no tienen en cuenta la realidad de los servicios públicos de calidad, que no siempre han de contar con beneficios".
La consejera canaria de Empleo ha subrayado que, desde que se aprobó la reforma laboral, "se ha iniciado un continuo y constante incremento de los despidos en el sector privado que también ha salpicado a organismos, administraciones y entes públicos".
Así, Ramos ha insistido en que estudios de distintas organizaciones "avalan la necesidad de garantizar la pervivencia de la administración como garante de la protección y el estado social" y ha advertido de que, frente a ello, muchas de las medidas que promueve el Gobierno central "son desmesuradas y tendrán consecuencias inmediatas, pero también a largo plazo".

Rajoy planea el despido en masa de personal laboral fijo

El borrador del Real Decreto afecta a la administración central, autonomías, municipios y a entes instrumentales

El plan presupuestario del Gobierno central aprobado el viernes pasado -para cercenar en 102.000 millones el gasto público en dos años- incluye un recorte de cerca de 10.000 millones en el capítulo de "función pública" para los años 2013 y 2014. El Ejecutivo no ha especificado de qué capítulos procederá ese recorte, pero el Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que permitirá un ahorro sustancial mediante el despido masivo de personal laboral fijo en todas las administraciones públicas del Estado. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de real decreto que permitirá el despido de personal laboral fijo en la administración central, autonómica, local y en los entes instrumentales.
La Opinión de Tenerife ha tenido acceso a la documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales bajo el asunto "proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada". Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir despidos colectivos, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
Aviso por carta
Las centrales recibieron por carta el borrador el 27 de julio, y ayer finalizó el plazo de consultas para realizar "observaciones" sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.
"Se remite una nueva versión del proyecto de real decreto €de despidos colectivos€", indicó en su misiva Javier Thibault. "Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III" €continúa€ "que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador" del 23 de mayo de este año, dice textualmente. "Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque a los derechos de los trabajadores", ataca una fuente sindical de CSIF.
¿Para quién es?
Los despidos masivos se ejecutarán por "causas económicas, técnicas, organizativas o de producción", y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al "10% del número de trabajadores" de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos también podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Causas de despido
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. "A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas", dice el texto, "se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes". El déficit presupuestario €que se produce cuando el gasto supera a los ingresos€ afecta a prácticamente todas las administraciones públicas. Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar ERE colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior. También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una "memoria explicativa de las causas económicas", así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos €no funcionarios de carrera€ que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el expediente de regulación de empleo. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.

"LAS MEDIDAS ADOPTADAS HASTA EL MOMENTO SON SÓLO EL INICIO"

Montoro advierte: se avecinan nuevos ajustes "muy dolorosos"

"Ajustes sobre los ajustes". Así ha definido Cristóbal Montoro en una entrevista el plan del Gobierno para alcanzar los objetivos de reducción del déficit impuesto desde la Unión Europea El ministro de Hacienda asegura que habrá nuevos recortes del gasto en 2013, y que estos "serán muy dolorosos". El Gobierno del Partido Popular sigue tensando la cuerda amparado en el rodillo de su mayoría absoluta, y advierte de que las medidas ya aprobadas son "sólo el principio".

 ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para "cumplir con el objetivo de déficit fiscal y con los compromisos adoptados con la UE"? Montoro asegura que "por muy difícil que sea la coyuntura y muy grande que sea la magnitud del esfuerzo", el Ejecutivo cumplirá con con ellos.

Una vez más, en las declaraciones del Ministro se elude cualquier referencia a los compromisos adquiridos por los españoles y que figuraban en su programa electoral, como la creación de empleo. Tampoco sobre medidas que puedan suponer invertir el rumbo de la economía española y volver a una senda de crecimiento.

Así pues, el mismo día en que se ha sabido que más de 400.000 empresa cerraron el año pasado en nuestro país como consecuencia de la crisis, o que el Gobierno ha abierto la puerta a la destrucción de miles de empleos en la administración pública, el ministro de Hacienda insiste en que "lo que está claro es que no podemos dejar de cumplir el objetivo de déficit", y, preguntado sobre si habrá nuevos ajustes de gasto en 2012 y 2013, responde: "Sí, y serán muy dolorosos, ya que tenemos que hacer ajustes sobre ajustes". Según explica, hasta el momento "se ha seleccionado dónde hacer los ajustes y dónde recaudar más", o sea en el bolsillo de los trabajadores, vía IRPF o incremento del IVA y de mulitud de tasas, aunque Montoro asegura que se ha hecho "con el fin de dañar lo menos posible el crecimiento". Sorpresivamente, el ministro ha segurado también que "en gran medida, el sector privado ya ha hecho sus deberes" y que, sin embargo, "aún queda pendiente la reforma de la función pública". Todo un aviso de que el siguiente objetivo es la reducción de empleos en la Administración.


EL GOBIERNO SACA PECHO CON SU MAYORÍA

Para llevar a cabo esta tarea, Montoro confía en la mayoría absoluta del Ejecutivo, obtenida sobre unas promesas que el Partido Popular, con su catarata de decretos desde que se inbstaló en La Moncloa, ya ha dejado claro que no eran más que papel mojado con fines puramente electoralistas. Lo importante no es cómo se obtuvo la mayoría absoluta que el partido en el Gobierno considera una carta blanca para hacer lo que le venga en gana, sino el uso que con ella puede hacerse. Así, indica que cuenta con "mayoría suficiente para llevar adelante un plan de ajuste y, por si fuera poco, un mandato constitucional para alcanzar el equilibrio gradualmente".

Por ello, Montoro recuerda que "somos el país de Europa con la mayor estabilidad política" entendiendo como tal la mayoría parlamentaria,e ignorando el enorme malestar ciudadano que se traduce en cientos de movilizaciones cada semana a lo largo y ancho del país, pero que el Gobierno, al parecer, no considera "política". El gobierno de Mariano Rajoy, recuerda Montoro, "está comprometido con los objetivos de estabilidad y las reformas que mantiene un Gobierno estable, que controla los dos tercios de las regiones y gran parte de las grandes ciudades", apostilla, para que quede claro que no no tiene intención de escuchar a las voces que clamanpor un cambio de rumbo en las acciones del Ejecutivo.

No obstante, Montoro niega la mayor cuando, preguntado por si es demasiado intransigente a la hora de aplicar ajustes o si lo hace por razones ideológicas, señala: "A estas alturas de mi vida no tengo ningún dogma, ni tan siquiera he convertido el equilibrio presupuestario en un dogma, porque depende de cómo se alcance", y en un alarde del cinimo que ya caracteriza al ministro de Haciendo, llega a afirmar que "no es lo mismo lograrlo racionalizando el gasto que subiendo la presión fiscal como hicieron los gobiernos socialistas".

Así que, avisados quedamos, que como dice el ministro, esto no ha hecho mñás que empezar y "lo mejor" está por venir. El otoño promete alta temperatura social este año.