La plataforma considera que la medida es "discriminatoria e ilegal", ya que "no se ajusta a la normativa comunitaria vigente".
POR LA REDUCCIÓN SALARIAL DEL 20%
La Plataforma de Empleados Públicos afectados por
el recorte salarial y de jornada del 20% que pretende llevar a cabo el
Gobierno de Canarias ha amenazado con emprender medidas judiciales
contra una medida que califica de "discriminatoria e ilegal" y por
considerar que los grupos que apoyan al Ejecutivo (CC y PSOE) podrían
estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación.
En una nota de prensa, la Plataforma ha explicado que esta propuesta
fue presentada vía enmienda por ambos grupos el pasado lunes para su
inclusión en el Proyecto de Presupuestos para 2013, argumentando razones
de estabilidad presupuestaria.
Esta propuesta, añade, supone una "auténtica desvergüenza política",
ya que al Ejecutivo "ni se le ha pasado por la cabeza proponer como
mínimo un porcentaje similar de recorte sobre los salarios de
consejeros, altos cargos y asesores, sobre los cuales solo se les haría
recaer un 6,7% de reducción".
La Plataforma, que engloba a los 3.300 empleados públicos afectados
por el recorte salarial y de jornada, ha censurado también que el
Gobierno de Canarias no haya reducido ni dietas ni el dinero previsto
para estudios y proyectos con empresas externas que, remarca, "podrían
llevar a cabo los propios trabajadores públicos".
Además, ha aclarado que si se aplicase una reducción del 1% sobre el
salario de todo el colectivo de trabajadores públicos, se obtendría
igual cantidad que la que se pretende obtener de los 3.300 empleados
afectados.
Aplicar esta medida solo al personal laboral temporal, indefinido por
sentencia o resolución administrativa y a los funcionarios interinos,
en opinión de la Plataforma, es una "flagrante discriminación", ya que
"no se ajusta a la normativa comunitaria vigente, según recoge una
directiva europea relativa al trabajo de duración determinada".
Así, el principio de no discriminación en las condiciones de trabajo,
recogido en la cláusula 4, detalla que "no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de
tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un
trato diferente por razones objetivas".
La plataforma ha apuntado, además, que son varias las sentencias del
Tribunal Europeo que avalan el hecho de que el tipo de contrato "no es
una razón objetiva que justifique la aplicación de la discriminación",
por lo que la medida que va a llevar a cabo el Gobierno de Canarias es
"doblemente discriminatoria" porque "no se aplica en todas las
Consejerías".
