El proceso se convirtió en un embrollo político que hacía difícil ver quién tenía razón
Rivero decidió tomar las riendas del caso y apartó a Soria
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| Montaña de Tindaya y, tras ella, la de Tebeto. / la opinión |
Ninguno de los partidos con representación en el Parlamento canario ha salido indemne del caso Tebeto. El viernes, el Tribunal Supremo eximía al Gobierno de Canarias del pago de 103 millones de euros para compensar un trabajo que no se ha hecho en una cantera sin valor. La sentencia es, según el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, el punto y final a un embrollo que ha ocupado buena parte de la legislatura con cruces de acusaciones de uno y otro lado. Acusaciones a la oposición pero también al Ejecutivo.
De hecho, Tebeto no es uno más de los asuntos que en estos dos últimos años de legislatura ha ido abriendo la grieta de los desacuerdos entre los socios del pacto. La sentencia de la Sala de Contencioso del TSJC de julio de 2008 -actuaba como ponente Francisco Gómez Cáceres- que ordenaba pagar a Canteras Cabo Verde, propiedad de Rafael Bittini, era, según palabras del propio presidente, "un atraco a las arcas públicas".
Pero un atraco al que, en principio el vicepresidente, consejero de Economía y Hacienda y líder del PP, José Manuel Soria, se mostró dispuesto a hacer efectivo, en claro alejamiento con sus socios de CC, radicalmente en contra. Tal es así que es el propio Rivero, en pleno acoso judicial para que la condena se pagara -bien al contado, bien a plazos- decide tomar él mismo las riendas del asunto. No se fía de su aliado José Manuel Soria. A partir de julio de 2009 las decisiones que salen de su mano se suceden: ordena una prospección de Tebeto y pone al frente al consejero de Ordenación Territorial, Domingo Berriel, majorero convencido de que "hasta un niño de chupete sabe que Tebeto no vale 100 millones de euros"; prescinde de la directora general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma que tantos reveses había acumulado y revoca las competencias de Hacienda e Industria para el caso, de forma que las asumiera colegiadamente todo el Gobierno. Rivero insiste en mirar hacia el Supremo en busca de la solución.
¿Cuál fue el origen del embrollo? Si hay un figura central esa es la de Luis Soria, hermano del vicepresidente y consejero de Industria en la anterior legislatura.
Fue él quien en noviembre de 2004 otorga la concesión minera a la empresa de Bittini. Sin embargo, legalmente era imposible explotarla. Desde 1991, cuando fue aprobado el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Fuerteventura, pesaba sobre la zona la prohibición de cualquier actividad extractiva en 3 kilómetros alrededor de la montaña ´sagrada´ de Tindaya. El objetivo era proteger el proyecto que el escultor Eduardo Chillida ideó para la zona, pero también convertía en papel mojado la licencia firmada por Luis Soria.
Hasta diez consejeros -socialistas, nacionalistas de uno y otro signo y desde luego populares- ocuparon el sillón de Industria desde que la Comunidad Autónoma inaugurara su contencioso con Bittini y Canteras Cabo Verde. La pregunta es: ¿por qué Luis Soria decidió dar un paso adelante?
La tesis a la que se agarran como clavo ardiendo en las filas del PP es que Industria no tenía otra salida y por lo tanto no cabe que el dedo acusador apunte a ellos.
Para entender el caso hay que retrotraerse a 1982, año en el que Rafael Bittini obtiene un permiso de investigación que le habilita para hacer prospecciones en varias cuadrículas mineras de la montaña majorera. Se buscaba el tesoro de la traquita -piedra ornamental de gran valor-. Seis años después lo que Cabo Verde pide es la concesión directa de explotación. Para concedérsela la empresa tenía que presentar ante Industria un plan de restauración del suelo natural que es incapaz de presentar correctamente. Tres veces obtuvo informes desfavorables, la última en 1990, año en el que también entran en vigor las normas subsidiarias del municipio de La Oliva, donde están ubicadas las montañas de Tebeto y Tindaya, y que limitan cualquier actividad minera a cielo abierto. Esto da de lleno contra las pretensiones de Bittini.
Tres años después, con el gobierno socialistas de Jerónimo Saavedra, las cosas se complican. El consejero Andrés Calvo, ya fallecido, declara caducado el permiso de investigación, pero comete un error: 20 días antes otorga a otra empresa, Canterías de Arucas, permiso en otro área de Tebeto. Era entonces secretaria general técnica de Industria la actual diputada Francisca Luengo.
Una coincidencia que bastó para que quien se había erigido en azote de los populares en el Parlamento a cuenta del caso se convirtiera a la postre en protagonista del mismo. Luengo apuntó como culpables del atraco a las arcas al "clan Soria" -en referencia a los dos hermanos-, y eso le costó una querella criminal, que quedó archivada, y que desde entonces para el PP el ´caso Tebeto´ se convirtiera en ´caso Luengo´.
Sonado fue, en este sentido, el ripio que desde la tribuna le dedicó el diputado Miguel Cabrera Pérez-Camacho en marzo del año pasado. En ellos el diputado la acusaba de haber aprovechado su paso por Industria para financiar al PSOE con dinero público, además de mentir y engañar. Y acababa: "Ay, Paquita Luengo Orol, /me despido en re bemol. /Sin rencor te ofrezco un higo. /Mi afecto te llega al moño. /Si lo aceptas, tan amigos. /Y si no, te vas pa´l..."
Y es que lo populares mantuvieron las acusaciones contra Luengo aún después de que se demostrara que en Industria no existe "ninguna orden, resolución o informe" que diera lugar al posterior embrollo judicial.
Los socialistas sostienen que por todos los movimientos de Bittini, el empresario sabía desde el primer momento que la cantera carece de valor y que, por lo tanto, sólo ha perseguido el rendimiento patrimonial que pudiera consolidar en los tribunales.
De ahí que, once años después de obtener el permiso original y con él ya caducado, el empresario vuelva a reclamar a Industria que reavive su expediente y anule el de Canterías Arucas. Aunque la Justicia le da la razón, el Gobierno se niega, al menos hasta la llegada de Luis Soria a Industria.
Y el Supremo viene a ratificar que, en contra de quienes aseguraban que no había más remedio que conceder la licencia -vulnerando la Ley de Minas y el PIO de Fuerteventura-, no existieron nunca derechos consolidados sobre la mina y que nunca llegó a existir en Tebeto.
