martes, 22 de febrero de 2011

Cosas de Lifeblood que Bañolas no debe olvidar

POR MUCHO QUE QUIERA VOLVER A ADJUDICAR SIN CAMBIAR NADA

Dicen las crónicas de palacio que Bañolas ha creado una comisión de expertos para que sean éstos, los expertos, los que den brillo y esplendor a la inminente adjudicación del multimillonario concurso de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín y Molina Orosa. Nada que objetar a tan grandilocuente propuesta si no fuera porque los tales expertos habrán de evaluar unas ofertas, tres en concreto, presentadas a partir de unos pliegos de condiciones administrativas y técnicas que fueron prostituidas en origen y que, de haberse hecho como recomendaban los técnicos del Servicio Canario de Salud, hubieran impedido que concursaran elementos sospechosos como la empresa Lifeblood. Porque, en rigor, si se aplican los mismos criterios con los que la denostada doctora Palop adjudicó esos 124,7 millones a Lifeblood, los muy honorables expertos del nuevo comité habrán de hacer lo mismo, lo que nos conduce directamente a la sospecha de que todo el montaje de informes jurídicos, suspensión de la adjudicación, dale para adelante y dale para atrás, no es más que un disimulo para decirle al mundo que, una vez analizada la cuestión por ojos y manos inocentes, debemos concluir y concluimos que Lifeblood es la mejor. Pero todo eso es un engaño. Veamos por qué
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14061/

Los trucos de la solvencia, la experiencia y el local

POR NO MENCIONAR LA PRESENCIA DE JAVIER ARTILES POR LOS ALREDEDORES

Porque ese comité de expertos, llegados del más allá para asombro y sentimiento de transparencia de los más torpes del lugar, se habrá de limitar, gracias a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, a aplicar la baremación original a las tres ofertas presentadas. Es decir, que se aplicarán los criterios manipulados por el PP, en concreto por la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada, que modificó las bases para que Lifeblood se pudiera presentar y ganar. De entrada, suprimiendo las exigencias de experiencia y solvencia económica, lo que constituye una auténtica ruptura con todos los concursos de servicios asistenciales en España. Pero, además, se evaluarán las ofertas con unos criterios objetivos que sólo puntúan con diez sobre cien la propuesta económica y que, en el lado de los subjetivos, dará a Lifeblood la máxima puntuación por haber propuesto un local cercano al Doctor Negrín en una suerte de mejora que fue ocultada con descaro al resto de concursantes. Por no recordar a todos ustedes, y especialmente al señor Bañolas y a sus expertos, la decisiva intervención del abogado y empresario Javier Artiles en muchas decisiones de la Consejería de Sanidad. Un Javier Artiles del que nada (ni bueno ni malo) se ha vuelto a saber.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14063/

Aguedita, cogida por 92,82 euros

PERO, ¿TODAVÍA NO LA HAN HECHO DIMITIR?

Hemos vuelto a preguntar en Presidencia del Cabildo, en los bares de los alrededores, en las peluquerías y en las tiendas da zapatos y la respuesta sigue siendo la misma: Águeda Montelongo no ha dimitido ni ha hecho que su gerente en el Patronato de Turismo haga lo propio para salir del atolladero. Es normal: tampoco dimitió Cristinita Tavío cuando la cogieron, en compañía de todo el grupo municipal de Santa Cruz, falsificando facturas de bragas, gayumbos y sostenes para pasarle el dinero público al partido. O vaya usted a saber a quien. Pero lo de Aguedita es peor, porque en el Cabildo de Fuerteventura se han falsificado varios documentos para ahorrarle al PP exactamente 92,82 euros, el coste de un coche de alquiler que pagó el Patronato de Turismo para que el secretario general del partido, Manolo Fernández, se diera una vuelta por la isla en noviembre de 2009. Hemos seguido indagando y lo que hemos sabido es que el viaje del periodista al que quisieron endosar el coche de Fernández no se produjo jamás, o al menos en las fechas señaladas, porque la Oficina Española de Turismo de Copenhague no programó nada para entonces. Por lo tanto, además de llamar a Cicar, alguien tiene que pedir un favorcete a la OET de la capital danesa, donde les dirán que allí son muy serios, que hacen un expediente cada vez que se producen hechos así. Y que los que falsifican son unos gamberros.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14062/

Eslóganes que delatan

ESE ''PUEDES CONFIAR'' DEL PP TRATA DE SOLVENTAR UNA GRAVE CARENCIA DEL PARTIDO DE RAJOY

Ya están a la vuelta de la esquina las elecciones y empiezan los partidos políticos a enseñar por dónde van a ir sus estrategias de campaña, en la que se van a volver a gastar más de lo que deberían, lo que les presten o lo que ya han venido amasando como hormiguitas estos cuatro años. Las principales instituciones del Archipiélago están en un pañuelo; así lo reflejan las encuestas para el Parlamento canario, el Cabildo grancanario o el Ayuntamiento de Las Palmas; y algo similar puede darse en Santa Cruz o en el Cabildo de Tenerife. Por lo tanto, la campaña será decisiva, lo que convertirá a los asesores de marketing en piezas muy codiciadas. Algunos de ellos ya se han dejado caer mostrando eslóganes de pre campaña con los que empezar a atraer a los ciudadanos a sus actos públicos y sus apariciones mediáticas. Coalición Canaria ha elegido para la ocasión una frase que encierra una tibia ambición: "Soluciones para nuevos tiempos", que trata de justificar el intento de repetir otros cuatro años porque hay un nuevo escenario ante el cual no cabe hacer reproches a la eterna salsa de todos los platos. El PP, por contra, ha elegido "Puedes confiar", y aquí hay tela.
Publicado en http://www.canariasahora.es/topsecret/ampliar/14058/

¿CÓMO PUEDE ALGUIEN CONFIAR EN SORIA?


Si lo dice Feijóo
"Puedes confiar". Con esta propuesta se presenta el PP en toda España para acometer estos meses previos a la campaña electoral. El eslogan es un arma de doble filo, porque con la intención de atraer a los que no creen las promesas de los políticos, rechazan la política en sí o sencillamente se han alejado del PP en las últimas contiendas, en realidad se muestra es una tremenda inseguridad del partido ante la certeza de que los electores mayoritariamente no se fían de Rajoy. Por eso insisten en que "puedes confiar", aunque se desconozca el programa económico, social o deportivo, aunque el líder se oculte en los momentos decisivos o no tome decisiones que lo identifiquen como un presidenciable con iniciativa. Pero trasladado a Canarias, ese "Puedes confiar" lo describió a la perfección este fin de semana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que insistió muchísimo en la honradez de Soria y en la certeza que él tiene (y no sabemos cómo la adquirió) de que el candidato popular a la presidencia de Canarias es "de fiar" porque, de gobernar "no se va a llevar nada". Sinceramente, no entendemos a qué viene tanta insistencia en la honradez de Soria, si nadie la ha puesto jamás en entredicho. O casi nunca, a ver.

CORRUPCION EN LANZAROTE

La política tiene precio en Lanzarote

Los últimos casos de corrupción suman más de 100 imputados, con representantes de todos los partidos. Entre ellos se cuentan 11 alcaldes y ex alcaldes de la isla y familias enteras
Dimas Martín se dirige a sus simpatizantes
ante de entrar en la cárcel, en 2005.- EFE

A tenor de los últimos acontecimientos podría pensarse que la política en Lanzarote es un polvorín, pero las apariencias engañan. Es algo más complejo. La ideología es variable como muestra lo sucedido en la última semana: se ha creado un nuevo partido, Opción Por Lanzarote (OPN), compuesto de socialistas descontentos, cuya primera decisión ha sido coaligarse con el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL). Al mismo tiempo, el comité local del PNL en Yaiza ha decidido pasarse a Coalición Canaria (CC). Para cerrar el círculo, un concejal de Haría, de Coalición Canaria, ha decidido nutrir las filas del PNL. Estas escaramuzas no son nuevas en la isla, donde 30 cargos públicos (el 21% de un total de 138) han abandonado sus puestos en la presente legislatura. Claro está, la mayoría no lo ha hecho voluntariamente. Los dos últimos casos de corrupción suman ya más de 100 imputados. En la nómina no faltan integrantes de todos los partidos políticos; entre ellos, 11 alcaldes y exalcaldes. Para una isla con siete municipios, el dato no es irrelevante.
El alcalde de Yaiza está imputado: también su mujer y tres de sus cuatro hijos. El cuarto es menor de edad.
Dimas Martín, ex presidente del Cabildo, ha sido condenado por malversación de fondos públicos, cohecho y fraude
Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro. Es habitual que haya varios alcaldes en un mismo municipio a lo largo de una legislatura. Mociones de censura, transfuguismo, compra de votos. Y no es de extrañar que los sumarios judiciales inunden de imputados algunas sagas familiares. Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. Para aclararse en el confuso mapa político de Lanzarote se hace necesario algo más que un árbol genealógico. Hace falta una brújula: los cambios de afiliación política (caso de lo sucedido esta semana) forman parte del ecosistema local.
La corrupción urbanística es el argumento del deterioro político. Nada que no haya sucedido en otros puntos de España. Sin embargo, ha alcanzado niveles casi insostenibles en una isla que se había caracterizado por su defensa de la naturaleza. Los movimientos ciudadanos, apoyados en algún caso por el artista César Manrique, habían conseguido en los años ochenta que la isla fuera pionera en la normativa de ordenación del territorio. Fueron años en los que Lanzarote irradiaba una imagen de turismo sostenible, hasta el punto de ser declarada reserva de la biosfera por la Unesco. Sin embargo, esas conquistas medioambientales fueron perdiendo fuerza bajo la presión del urbanismo: las 50.000 plazas hoteleras en 2001 se convirtieron en 72.000 en 2006. Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.
Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. La isla paradisíaca es un hervidero en los juzgados, con más de 30 contenciosos que han dado lugar a sentencias que declaran ilegales la mitad de las camas hoteleras, realizadas con fondos europeos que han de devolverse. Y para remate, una responsable de la Unesco afirma en Financial Times que Lanzarote corre el riesgo de perder su título de reserva de la biosfera.
Durante los noventa y los primeros años del nuevo siglo, Lanzarote había asistido a algunos escándalos (Operación Yate, entre ellos) que hacían presagiar cómo la vida política en la isla estaba contaminada por la corrupción, pero la gran eclosión tuvo lugar días antes del 5 de junio de 2008. Carlos Espino, consejero del Cabildo por el PSOE, se había mostrado muy combativo con respecto a la concesión de una única licencia para un proyecto con más de 1.000 viviendas denominado Costa Roja. De hecho, había llevado el caso a los tribunales. Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino. Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.
Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro. Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión.
Fernando acude confiado y desde el primer momento explica a Espino qué es lo que debe hacer para desbloquear el asunto de Costa Roja. "Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.
-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.
Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.
-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.
Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.
-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio. Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?
A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.
-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo. Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.
La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones. Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder.
Pero la Operación Unión es solo el principio. La madeja sigue dando hilo y nace la Operación Jable. Además de asuntos urbanísticos, hay otras cuestiones que facilitan el tránsito del dinero de unos bolsillos a otros. La contrata de basuras, por ejemplo, donde aparece una empresa, Urbaser, cuya sede central está en Madrid y cuyo gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, facilita una prueba de gran valor al juez: un diario.
No lo hace voluntariamente, claro. Días antes de ser detenido, alguien le avisa de que puede haber registros. El hombre toma sus precauciones y retira documentación de su casa y su oficina. La mete en el coche y la esconde en un edificio en obras, sin caer en la cuenta de que sus pasos están siendo vigilados. Cuando los agentes entran en su casa días después, se muestra muy tranquilo. Incluso se permite hacer un corte de mangas a los fotógrafos que esperan en la calle cuando es introducido en un coche: pensaba que le conducirían a prestar declaración. Su cara de sorpresa es mayúscula cuando se da cuenta de que el vehículo policial se dirige hacia la casa en obras, en donde recopilan 27 cajas con documentación.
Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz. Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario. La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías.
La suma de ambas operaciones, cuyos sumarios todavía conservan gran parte bajo secreto, describe con precisión el mapa de la corrupción en la isla y, sobre todo, cómo no se libra del contagio ningún partido político. En un informe, la Guardia Civil califica al PIL como una organización destinada a extorsionar a los empresarios y el juez imputa a sus dirigentes por asociación ilícita. Que su líder, Dimas Martín, estuviera en la cárcel no fue un obstáculo para el partido político.
Dimas Martín merece capítulo aparte. A pesar de su extensa biografía penal, no ha dejado de ser el hombre más carismático de Lanzarote. Dimas suma cuatro condenas, que juntadas todas ellas agrupan 12 años de cárcel y más de 20 de inhabilitación. Ha sido condenado tres veces por cohecho, una por desobediencia a la autoridad, otras por malversación de fondos públicos, fraude a la Hacienda Pública y un delito contra la Seguridad Social. Está pendiente de juicio por delito contra el patrimonio, y ahora la Operación Unión suma en su expediente nuevas imputaciones. Su llegada a la política en 1983 no pudo ser más significativa: accedió a la alcaldía de Teguise gracias al voto de un tránsfuga del PSOE. Años después (año 2000), la tercera de sus condenas fue ratificada por el Supremo: quedó probado que había comprado el voto de un concejal del PP por 12 millones de pesetas por abstenerse en la votación que convirtió en alcaldesa a una compañera de partido.
A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos. Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.
Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. También había solicitado que se le adjudicara otro juez para descargarle de trabajo, petición que fue denegada. La prórroga acabó en septiembre y solicitó una nueva. El caso ha estado parado desde entonces a la espera de respuesta porque daba la impresión de que el Consejo del Poder Judicial era reticente a concederla a pesar del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. La respuesta llegó esta misma semana: se le conceden tres meses más y no parece que vaya a permitirse una nueva prórroga. Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones.
Publicado en http://www.elpais.com/articulo/reportajes/politica/tiene/precio/Lanzarote/elpepusocdmg/20110213elpdmgrep_4/Tes

FIRMÓ CUATRO CONTRATOS DESDE EL AÑO 2007 A 2010

El SCE gastó 505.000 euros en asesores externos de políticas de empleo
El director general de Empleo, Alberto Génova Galván, niega al PSC que esta legislatura haya firmado ningún contrato mercantil.
El director general del Servicio Canario
de Empleo, Alberto Génova Galván
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El director general del Servicio Canario de Empleo, Alberto Génova Galván, negó a finales del pasado año que en la presente legislatura se haya contratado en ese Servicio a alguien con contrato mercantil, pero lo cierto es que al menos se contrataron cuatro asesores externos, a quienes se les ha abonado 504.942,85 euros.
Génova respondió por escrito a la diputada socialista Gloria Gutiérrez que el SCE no había suscrito contrato mercantil alguno desde 2007 hasta la actualidad. Sin embargo, en la propia pagina web del Gobierno de Canarias, en los anuncios de adjudicaciones definitivas, figura el contrato por servicios, mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, con un técnico a quien en 2008 se le abonaron 57.271,52 euros, excluido IGIC, para la realización de labores de apoyo y asesoramiento en actuaciones del III Plan Integral de Empleo de Canarias.
Este técnico, llamado Juan Andrés Hernández López, firmó otros dos contratos más con el Servicio Canario de Empleo los dos años siguientes por 57.369,14 euros y 54.850 euros. En total, cobró 169.490,66 euros. Su cometido era la orientación laboral, una actividad que según fuentes sindicales podían haber llevado a cabo técnicos del propio servicio, sin necesidad de gastos extras.
En estos importes se incluían 7.000 euros, “que se reservan a posibles gastos por desplazamientos que el contratista tenga que abonar”, lo que choca con los contratos mercantiles por servicios, ya que los trabajadores autónomos corren con los gastos que conlleva su actividad profesional.
También en 2008 y 2010, el SCE contrató como autónoma a María del Mar Pérez González para que llevara a cabo los mismos cometidos que el técnico anterior: labores se asesoramiento. La fórmula empleada fue idéntica, contrato por servicios mediante el procedimiento de negociado sin publicidad. El coste de los servicios de Pérez fueron 55.476,19 euros en 2008 y 53.376 en 2010, sin IGIC.
De igual manera se contrataron otros dos técnicos para labores que podrían haber sido asumidas por personal laboral, como Virginia Manrique de Lara, que cobró 60.000 euros en 2010 por supervisar obras en las distintas dependencias del Servicio Canario de Empleo, y David Granados Guevara, que también en 2010 suscribió un contrato por una cantidad similar, 59.700 euros, por asesorar en esas obras, que han sido menores.
Publicado en http://www.canariasahora.es/noticia/170735/

2011-02-22 Informa INTERSINDICAL CANARIA


Resumen de la reunión de la Subcomisión Técnica de Administración General que emana del Acuerdo de 23 de diciembre de 2010 adoptado en el ámbito de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos celebrada el 21 de febrero de 2011
En la reunión celebrada el 21 de febrero de 2011 de la Subcomisión Técnica de Adm. General se nos ha presentado su Propuesta de acuerdo en materia de personal que contribuya a la sostenibilidad de los servicios públicos y a una mejor ordenación en el empleo público.
En primer lugar señalar que esta organización sindical informó a la Administración acerca de su imposibilidad de posicionarnos definitivamente acerca del acuerdo hasta la celebración de las correspondientes asambleas de delegados y de trabajadores y que, en modo alguno, suscribiremos ningún acuerdo hasta la aprobación del mismo en dichas asambleas. En el mismo sentido la Administración nos comunicó que trasladará nuestras apreciaciones al borrador de acuerdo para ir perfilando una propuesta lo más consensuada posible.
La propuesta de acuerdo, como ya se ha informado, incluye los siguientes puntos:
1.- Medidas organizativas.- Entre las que se incluyen medidas ordinarias de carácter forzoso de provisión de puestos o atribución de funciones, redistribución de efectivos y reordenación de las estructuras administrativas, incluyendo la movilidad funcional.
A la alegación presentada por IC acerca de la necesidad de eliminar este carácter forzoso, la necesidad de dar cumplimiento al ordenamiento jurídico respecto de la motivación y justificación de las medidas y de incluir el principio de voluntariedad se nos contesta que se tratará de dar una nueva redacción para “suavizar” este carácter forzoso de las medidas pero que se considera en principio indispensable que quede reflejado para evitar confusiones.
2.- Medidas de consolidación del empleo temporal.-

La propuesta de acuerdo incluye una previsión respecto a la realización de las convocatorias de consolidación de empleo a plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos Cuerpos, Escalas o categorías, que estén dotadas presupuestariamente y se encuentren desempeñadas interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005, en la que se entiende incluido aquel personal laboral que judicialmente haya obtenido declaración de indefinido y se le haya reconocido en la correspondiente sentencia una relación anterior a 1 de enero de 2005, salvo el personal laboral indefinido sujeto a financiación externa en su totalidad o en parte, que continuará en su relación laboral hasta que finalice la subvención correspondiente.
Y es esta exclusión de personal laboral indefinido sujeto a financiación externa la que hace que IC se posicione en contra a la vista de que podría dejar fuera de la consolidación al personal indefinido del SCE, por ejemplo, por lo que solicitamos una aclaración respecto a esta previsión y a la situación en concreto en que quedaría el personal del SCE. Aclaración que la Administración se comprometió a traer a la próxima reunión.
4.- Medidas relativas al proceso de funcionarización.-
La administración se posiciona, con total rotundidad, a favor de llevar a cabo el proceso de funcionarización tal y como se establece en su propuesta, con pequeñas matizaciones, pero sin entrar en cuestiones de fondo tales como las planteadas por IC como que la funcionarización debe ser voluntaria y a la plaza en lugar de a la categoría. Por parte de la Administración se plantea como una cuestión innegociable del acuerdo lo que nos obliga a tener que plantearnos el hecho de que suscribir el acuerdo supone tener que abandonar nuestras reivindicaciones en este punto.  
5.- Medidas de homogeneización de condiciones laborales.-
Ante nuestra discrepancia acerca de que “mientras se produzca esta negociación no se apoyarán las demandas sobre los temas en negociación, hasta intentar llegar a una interpretación conjunta de su procedencia, conforme al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia”, la Administración contesta que entiende la postura y que elevará la propuesta de supresión de esta previsión.
6.- Relaciones sindicales:
Todas las Organizaciones Sindicales presentes entendimos que es deseable que sean los mismos los designados por las organizaciones sindicales en las distintas mesas de negociación, no obstante le planteamos la imposibilidad de garantizar esta designación en términos absolutos.
IC dejó claro a la Administración que, en modo alguno, suscribirá un compromiso de no conflictividad en cuanto a las medidas que no se han negociado hasta ahora o de cuantas otras considere que vulneran derechos de los empleados públicos.
Además, ante la situación actual de vulneración de los derechos de los Empleados Públicos por las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos para este año 2011,  IC exigió la inclusión de un nuevo punto de negociación consistente en que, con carácter previo, se negocie la recuperación de los derechos suspendidos o afectados por dicha Ley de Presupuestos que la Administración estudiará para contestarnos en la próxima reunión a celebrar el próximo miércoles día 23 de febrero de 2011.
Respecto al posicionamiento del resto de organizaciones sindicales sólo señalar que se posicionaron todas ellas en contra, en mayor o menor medida, con el contenido de los puntos rechazados por IC.
En definitiva consideramos que, de momento, no podemos pronunciarnos a favor o en contra de suscribir el acuerdo por más que contenga la ansiada consolidación del personal laboral temporal e indefinido a la vista:
1º Del modelo obligatorio de funcionarización que contiene.
2º De la exclusión de la consolidación del personal sujeto a financiación externa.
3º De la “paz social” que se nos impone a pesar de la anterior vulneración de derechos y
4º De la falta de pronunciamiento de la Administración acerca de la necesidad de incluir en el proceso de negociación la recuperación de los derechos suspendidos o afectados por el Acuerdo de Gobierno y la Ley de Presupuestos.