Los partidos de la oposición, por su parte, solicitan una comisión de investigación en el Congreso
Tres ministros y varios cargos destacados del PP han pedido hoy que se respete la presunción de inocencia de los imputados por la Audiencia Nacional por el caso Bankia, entre ellos su compañero de partido y extitular de Economía Rodrigo Rato.
Mientras tanto los grupos de la oposición, algunos de ellos también con miembros imputados -como PSOE e IU, aunque en ambos casos se ha pedido la suspensión temporal de afiliación- han redoblado la presión para establecer una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera.
Dicha posibilidad parece improbable, ya que el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha opinado que aunque "empieza a llegar el momento de conocer" en la Cámara Baja lo que ha ocurrido con el sistema financiero español, no deberá ser a través de una comisión de investigación.
Es una de las reacciones políticas destacadas un día después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a 31 exconsejeros más del grupo y su matriz, BFA, entre ellos representantes de varios partidos políticos y sindicatos.
La acción judicial se produce al admitirse una querella de UPyD por las presuntas irregularidades en la citada entidad financiera.
Desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recordado que el partido querellante "tiene muchos intereses en este tema".
Además, como jurista, el ministro ha dicho tener "algunas reservas" sobre la oportunidad de llevar a cabo una "citación indiscriminada".
Ha asegurado que al citar como imputados "sólo en base a querellas que muchas veces tienen una base meramente periodística" se hace un "juicio anticipado" que luego puede derivar "en poca cosa".
"Pero el perjuicio a las personas es espectacular -ha añadido- sobre todo en esta querella, donde hay muchísimas personas que yo conozco que son absolutamente honorables", palabras que le han valido la recriminación del diputado socialista Jesús Caldera, para quien el ministro "debería ser prudente" en sus declaraciones.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado estar "entristecido" por la situación de Rato, pero ha subrayado que le alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos.
"Desde un punto de vista ciudadano, me alegra vivir en un país en el que la ley es igual para todos, en el que la Justicia se imparte por jueces independientes y en un procedimiento imparcial, y en un Estado en el que la presunción de inocencia es la ley hasta que haya una condena".
El
ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha considerado que el juez ha
imputado a todos los exconsejeros de Bankia y su sociedad matriz porque
intenta deslindar responsabilidades.
Wert ha explicado que con la información facilitada por UPyD, el juez no tiene elementos para discernir entre distintos grados de responsabilidad entre los miembros del consejo de BFA y de Bankia.
De ahí que haya decidido imputar a todos los exconsejeros para que se les tome declaración "con asistencia letrada".
En su opinión, esto es el resultado de una "sobreinterpretación" del significado material de la imputación, aunque ha incidido en que eso "no es para nada incompatible con la presunción de inocencia de que deben seguir gozando".
Ésta ha sido también la impresión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien ha afirmado que imputar "no es una condena" sino asegurar la defensa de los acusados.
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha confiado por su parte en que la imputación, "que no procesamiento", no se convierta en un "juicio político", mientras que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia.
En nombre del PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, ha afirmado que su grupo parlamentario exigirá de nuevo que se abra una comisión de investigación en el Congreso.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha expresado hoy su apoyo a la decisión de la Audiencia Nacional y ha pedido que "quien la haga, que la pague".
Izquierda Unida, junto a varias asociaciones y sindicatos ha presentado un manifiesto en el que defienden la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras.
CCOO ha señalado que asumirá las responsabilidades que le correspondan al haber propuesto el nombramiento
de dos miembros del consejo de administración del Banco Financiero de
Ahorros (BFA) ahora imputados, aunque ha subrayado su confianza en su labor, como cree que confirmará el procedimiento iniciado.
