jueves, 21 de febrero de 2013

MANIFESTACIÓN DIA 23

MAREA CIUDADANA UNIDA CONTRA LOS RECORTES Y POR LA DEMOCRACIA
 
La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por el propio sistema financiero especulativo y las brutales políticas de ajuste dirigidas contra la mayoría de la sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.
El creciente desempleo, el ataque a la Sanidad y la Educación públicas, a los derechos laborales y sociales, al medio ambiente, nos ha hecho confluir en las calles, en
las mareas ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, roja, amarilla, negra, azul, violeta…defendiendo nuestros derechos.
En Canarias padecemos el mayor índice de pobreza, los sueldos más bajos con mayor número de horas de trabajo de todo el territorio español.
Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social por encima de los intereses de las elites financieras. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consulta alguna a la ciudadanía,
supedita todos los recursos del Estado al pago de esta deuda ilegítima a costa de recortar todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta reforma supuso un “golpe de estado financiero”, primando el pago de los intereses frente a las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho.
En 1981, tras el golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a toda la ciudadanía, a todas las mareas, asambleas, organizaciones y colectivos a confluir en una jornada de movilización el próximo 23 de febrero.






El SABADO día 23 de febrero de 2013, en todo el territorio nacional.

En Santa Cruz de Tenerife a las 16 horas CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE ESPAÑA.
 SALIDA A LAS 18:00 HORAS HACIA EL PARLAMENTO.


EN GRAN CANARIA: DESDE LA PLAZA DE LA FERIA A LAS 12:00 HORAS


ASISTE, DEFIENDE TUS DERECHOS




Los empleados públicos se suman a la marea ciudadana contra los recortes

Empleados públicos del Gobierno de Canarias se han concentrado este jueves en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife contra la "injusta" reducción de jornada y sueldo del 20 % y han anunciado su participación en la marea ciudadana convocada contra los recortes el próximo sábado.

Una portavoz del sindicato Cobas Canarias, Concepción Monzón, ha informado del apoyo a la jornada de protesta en defensa de los servicios públicos que se pretenden "desmantelar", durante la concentración que más de medio centenar de trabajadores ha protagonizado ante la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
Monzón ha subrayado que una prueba más de la intención de este Gobierno ha sido su decisión de pedir que se unifique en un procedimiento de conflicto colectivo las demandas presentadas por el recorte del 20 % de jornada y sueldo.
Este conflicto colectivo afecta al personal laboral temporal indefinido que ha presentado demandas individuales contra los recortes, ha señalado Monzón, quien además ha dicho que su admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha provocado la suspensión de los juicios previstos celebrar este jueves.
Sobre esta cuestión, ha dicho que los sindicatos están estudiando jurídicamente sus consecuencias y cómo responder a esta "nueva agresión" contra los trabajadores con la que se persigue también "desmantelar el sector público", pues se recortan las posibilidades de recurso y de defensa.
Monzón ha querido subrayar que "no es verdad" el sobredimensionamiento de empleados que se quiere hacer creer que existe en la administración pública canaria, porque cuando se recortan las plantillas se externalizan servicios que asume la empresa privada.
Además, ha recordado que desde 2008 no ha habido una oferta de empleo público en la Comunidad Autónoma.

Los motivos para salir a la calle el 23-F contra el "golpe de Estado financiero"

Portavoces las mareas convocantes de la manifestación del próximo sábado, secundada por más de 200 organizaciones, llaman a la ciudadanía a participar de forma "pacífica, democrática e inclusiva"

Portavoces de las distintas mareas convocantes del 23-F

Frente a la entrada de la Bolsa de Madrid, rodeada por agentes de la UIP de la Policía Nacional, se han dado cita este miércoles un grupo heterogéneo de personas entre los que había profesores, médicos, trabajadores de la administración pública, periodistas, bomberos, jubilados, jóvenes parados... Cada uno representaba a uno de los sectores sociales que se han levantado contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y que, por primera vez, han decidido unirse para marchar juntos en una movilización unitaria: la Marea Ciudadana que recorrerá las calles de más de 50 ciudades españolas el próximo sábado 23 de febrero. En esa fecha se recuerda el aniversario del golpe de Estado que hace más de tres décadas puso contra las cuerdas a la recién nacida democracia española. Y, como ocurrió entonces, los convocantes de esta movilización están convencidos de que salir a la calle es la única forma de defender los derechos de la ciudadanía.
Los movimientos sociales como el 15-M, las distintas mareas sectoriales y las organizaciones sindicales llevan inundando las calles desde el comienzo de la crisis económica. Pero ahora lo harán de forma unitaria. "Vamos a impedir que sigan atacando nuestros derechos y libertades con el objetivo de canalizar recursos hacia los bancos", ha dicho uno de los portavoces de la Marea Ciudadana frente a las escaleras de Bolsa. Los convocantes han elegido precisamente ese lugar para dar la rueda de prensa porque, al igual que entonces fue el Ejército quien trató de acabar con la democracia, ahora es el sistema financiero el que trata de dar "un golpe de Estado".
En Madrid, donde los organizadores esperan que la movilización sea más multitudinaria, se han organizado cuatro marchas que confluirán en Neptuno, frente al Congreso de los Diputados. Las marchas saldrán desde Puente de Vallecas, Embajadores, Puerta del Sol y Colón y se unirán en el Paseo del Prado en torno a las 18.00 horas. Una vez estén todas las mareas unidas, a las 19.00, habrá un grito mudo, un minuto de silencio, y la Solfónica, la orquesta compuesta por músicos indignados, interpretará distintos temas, como Los Miserables, L'Estaca y el Canto a Libertad de Labordeta. A partir de las 20.00 se desconvocará la manifestación.
Algunas de las organizaciones convocantes, de las más de 200, comunicaron a Delegación de Gobierno el recorrido de las marchas y este martes se reunieron para "garantizar el derecho de manifestación y el desarrollo pacífico de la jornada", según han explicado los propios activistas que acudieron. Para impedir que haya incidentes, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones, se ha organizado un cordón de seguridad formado por cien bomberos y cien voluntarios del resto de colectivos que se colocará en Neptuno en paralelo al cordón de la Policía "para impedir cualquier provocación ajena a esta convocatoria". Porque, como han querido dejar claro, "esta manifestación es absolutamente pacífica, democrática e inclusiva".

Todas las mareas contra los recortes

Uno a uno, los portavoces de las distintas mareas han explicado los motivos por los que acudir este sábado la manifestación.
 
Marea Verde. Juan Carlos Yáñez: "La enseñanza pública lleva sufriendo grandes ataques en Madrid desde hace tiempo, como la reducción de profesores, de becas, de ayudas al comedor... Pero el ataque último de los mercados viene con el borrador de la LOMCE, que propone que la Educación sea un producto segregador y elitista".
 
Marea Blanca. Eduardo Fernández: "La sanidad es un derecho y no vamos a permitir que se negocie con ella, ni como ciudadanos ni como trabajadores. Vamos a resistir, como hemos hecho hasta ahora, y vamos a decir en las calles una vez más que nos oponemos a los planes de privatización que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid a través de Ignacio González y su consejero Fernández-Lasquetty".
 
Marea Violeta. Elena de León: "Las mujeres tenemos dos motivos fundamentales para salir a la calle este día. Uno es el desmantelamiento del Estado del Bienestar y otro es la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón. Quieren que las mujeres vivamos como en tiempos de la dictadura, cuando teníamos que irnos al extranjero para poder abortar, y sólo las que tenían dinero. Además, el desmantelamiento del Estado del Bienestar nos afecta de dos formas. Nos afecta como trabajadoras, porque la mayoría de mujeres trabaja en el sector público y los recortes nos están llevando al paro. Además, están desmantelando los servicios públicos de cuidados, como las guarderías y residencias. Y las mujeres tenemos que ir a nuestros hogares para cuidar a los ancianos y los hijos, de forma que nos apartan de la vida pública."
 
Marea Naranja. David Expósito: "Representamos a los sectores más vulnerables y que se encuentran en una situación de exclusión social, como drogodependientes, personas sin hogar, mujeres que sufren violencia de género. Todos estos programas se están recortando mientras nosotros denunciamos las precarias condiciones laborales que aguantamos los trabajadores de este sector, excesivamente externalizado y que carece de convenio sectorial. Nos quieren desprofesionalizar, cambiando trabajadores por voluntarios, lo que supone un retorno a la caridad y la beneficencia. Exigimos un sistema público de servicios sociales con una dotación presupuestaria acorde a las actuales necesidades sociales. Y con más motivo ahora, cuando surgen los pobres de los pobres".
 
Bomberos Quemados. Pedro Campos: "Siempre hemos sido un cuerpo combativo y hemos estado en todas las luchas por los derechos sociales y por la reconquista de la dignidad como trabajadores. No podemos permitir que nos sigan restando derechos y por ello el cuerpo de bomberos seguirá peleando. Nosotros estamos para defender a los ciudadanos y esto es una forma hacerlo, saliendo a la calle".
 
Marea Negra. Lara Cillán: "Incluye a funcionarios y mineros. Los empleados públicos estamos viendo cómo nuestros gestores, los que han de mandar sobre los recursos que todos los ciudadanos aportamos, lo están haciendo sin tener en cuenta los principios de transparencia, eficacia y eficiencia. Es algo muy importante, porque tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros recursos y sobre todo en que se les dé el mejor uso posible. Además, la entrada a los puestos públicos en muchos casos no se atiene a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Esto es una pérdida de garantía para los ciudadanos. Si son enchufados están al servicio del Gobierno y no tienen independencia en su trabajo."
 
Salvemos Telemadrid. Ángel García: "Estamos aquí porque creemos en el derecho constitucional a la información y llevamos muchos años peleando por que este derecho se cumpla en una televisión pública, plural, democrática e independiente de gobiernos y poderes económicos. Estamos aquí para romper el silencio cómplice de los grandes medios de este país con el desmantelamiento de la sanidad, de la educación y todo lo público. Nosotros creemos firmemente en lo público y creemos indispensable que en democracia haya medios que sólo rindan cuentas ante los ciudadanos".
 
Marea Azul. Marisa Delgado: "Somos la marea contra la privatización del agua en Madrid. El Canal de Isabel II es un ente que da beneficios, con absoluta falta de transparencia y aunque parezca que de momento no quieren venderlo han privatizado la gestión y han subido las tarifas en un enorme porcentaje. Lo hacen de cara a que una empresa que se haga con él pueda obtener beneficios. El agua además es un derecho de los ciudadanos, es un derecho humano, según establece la ONU".
 
Yayoflautas: Pilar González: "No estamos dispuestos a que nos vuelvan a engañar. A la gente joven los tienen de rodillas, sin poder hablar en las empresas porque tienen miedo a que los echen. Mientras, rescatamos a los bancos como si fuera una cosa normal. Nosotros vamos a seguir luchando porque no nos pueden despedir. Vamos a estar en la lucha, con garrota o sin ella, con toda la alegría que tenemos dentro todavía". 
A la rueda de prensa también han acudido representantes de otras organizaciones convocantes, como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Juventud Sin Futuro, la Coordinadora 25-S, Equo e Izquierda Anticapitalista. Y, más allá de las razones de cada uno de los movimientos, todos los convocantes de esta Marea Ciudadana exigen, "en el marco actual de corrupción obscena y desbocada", que "los culpables paguen pos sus delitos, así como una drástica profundización de nuestro sistema democrático".

La Plataforma de Afectados por los Recortes Salariales califica de obstruccionista y errático el comportamiento del gobierno de Canarias

Que los mismos autores de la injusta medida aleguen indefension jurídica parece una burla a los afectados y demuestra que la reducción salarial no cuenta con informes jurídicos que la avalen
 
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (PEPAR) ha calificado de obstruccionista y errático el comportamiento del Gobierno de Canarias, además de negligente y falto de rigor. A juicio de la PEPAR “con sus triquiñuelas jurídicas el Ejecutivo demuestra que la medida de reducción de jornada y sueldo a tres mil trabajadores públicos nunca contó con informes jurídicos que avalaran su adecuación a Derecho”. 

Así lo ha manifestado tras tener conocimiento de que el Ejecutivo ha pedido la unificación de las más de mil causas judiciales individuales abiertas en distintos juzgados de lo social de las islas, abriendo la vía a la interposición a un conflicto colectivo, y paralizando de este modo las demandas individuales interpuestas.

La Plataforma critica la negligencia y falta de rigor del Gobierno y del Parlamento en la tramitación de la discriminatoria medida, y en este sentido ha recordado que previamente a su aprobación parlamentaria  solicitaron de forma expresa al Gobierno de Canarias los informes jurídicos que avalaban teóricamente la propuesta, así como los informes de adecuación a Derecho que deberían de existir por parte de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias, pero éstos nunca se les fueron facilitados ni se tuvo conocimiento de su existencia. Además, recuerdan que por parte del Gobierno nunca se ha intentado una interlocución con ellos.

Considera este colectivo de trabajadores afectados que el comportamiento errático y la improvisación del Gobierno a la hora de afrontar su gestión en materia de personal y de resolver los conflictos laborales les perjudica gravemente, pareciendo ya más una persecución y maltrato que un comportamiento objetivo y racional. Parece además una burla a los afectados que los mismos autores de la medida sean ahora los que esgriman el argumento de la “indefensión jurídica por no tener tiempo suficiente para preparar su estrategia de defensa ante los tribunales”, cuando por el contrario con esta decisión del Ejecutivo se les genera todavía una mayor indefensión a los tres mil empleados públicos afectados por los recortes salariales, que ven retrasarse nuevamente el proceso, y extenderse en el tiempo los graves perjuicios económicos que vienen soportando.

Además, no deja de ser sorprendente que el Gobierno no tenga claros y bien preparados los argumentos para defender una reducción salarial que “bordea la legalidad”, según las propias palabras del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola. Parece más bien, a juicio de la Plataforma, que el Gobierno persigue con esta triquiñuela legal torpedear y apropiarse del único espacio de defensa que le queda a unos trabajadores que han visto atropellados sus derechos laborales en el fondo y en la forma.

Concentraciones. Por otro lado, la Plataforma anima además a los empleados públicos a asistir de forma masiva a las concentraciones convocadas por los sindicatos mañana jueves 21 de febrero entre las 13-15 horas ante Presidencia del Gobierno en ambas islas capitalinas, y en las Oficinas del Servicio Canario de Empleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para exigir al Gobierno de Canarias la retirada de la medida.