lunes, 5 de marzo de 2012

Canarias quiere eludir los recortes de Rajoy

Ortiz cifra en 800 millones de euros anuales lo que dejará de percibir el archipiélago de la financiación estatal. 
EL GOBIERNO QUIERE QUE EL RECORTE SEA ''CERO PARA LAS ISLAS''

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Ejecutivo canario, Javier González Ortiz, ha anunciado hoy que el Gobierno de Canarias reclamará que el recorte anunciado por el Estado para las comunidades autónomas "sea cero para las islas” y ha anunciado que así lo expondrá mañana en el transcurso de la celebración en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
González Ortiz insistió en que Canarias pedirá "un cambio en el actual sistema de financiación autónoma que supone una grave penalización de 600 millones de euros anuales". "No pretendemos que nos beneficien", ha dicho, "exigimos que Canarias se sitúe como mínimo en la media de financiación del conjunto de las comunidades autónomas”, reiteró.
El titular económico del Gobierno señaló que "a este déficit se unen los aproximadamente 200 millones de euros que el Estado deja de invertir en las Islas incumpliendo lo establecido en la ley estatal del REF, lo que supone que el Gobierno de España deja de financiar a Canarias por un importe de 800 millones de euros cada año, y éso pone en situación límite esta comunidad autónoma”.
González Ortiz denunciará mañana ante el CPFF "la incoherencia que resulta la pretensión del Estado de cargar el peso del recorte en las comunidades autónomas" porque "no es lógico que nos obliguen a más ajustes cuando son las autonomías las que prestan los servicios públicos esenciales a los ciudadanos”.
“Traspasar el grueso del recorte a las autonomías es poner en una situación límite a Canarias, donde hemos realizado un gran esfuerzo para suplir el descenso de los fondos del Estado. Para sustituir esta carencia, nos hemos visto obligados a restar recursos de otras políticas. No se nos puede exigir más”, concluyó el consejero
“Si recibiéramos lo que nos corresponde, unido al rigor y al control presupuestario que estamos demostrando, estaríamos en una situación bien distinta donde, además, tendríamos un mayor margen para aplicar mayores políticas de reactivación económica”, insistió.
El consejero recordó que Canarias es la tercera comunidad autónoma que mejor se ha comportado en el objetivo de déficit y es la menos endeudada por habitante de España. "Mientras, el Estado sigue minorando los ingresos poniendo en peligro el actual delicado equilibrio de nuestras cuentas públicas y el sostenimiento de los servicios públicos esenciales”, agregó.
González Ortiz confía en que el Gobierno de Mariano Rajoy "utilice los mecanismos de los que dispone para que no aplique los recortes de forma igualitaria a todas las comunidades autónomas y diferencie a aquellas que, como Canarias, se han comportado responsablemente”. El consejero cifró en 2.300 millones de euros el ahorro de las Islas desde que se inició la crisis como consecuencia de la aplicación de medidas de austeridad.

¿Huelga general el 29 de Marzo?

 Por Agustín Moreno (*)

Gran éxito de la primera movilización contra la reforma laboral del gobierno del PP: las calles se llenaron de manifestantes el 19 de febrero de 2012. Los sindicatos cifraron la asistencia en 500.000 personas en Madrid, en 450.000 en Barcelona, y muchos más en otras cincuenta ciudades españolas. Lo cierto es que las direcciones de los sindicatos se mostraron sorprendidas por la respuesta, afirmación que ponía de manifiesto un alejamiento de la gente y la dificultad que tienen para valorar la inquietud que había provocado la reforma laboral aprobada. Ya había encuestas que decían que el 51% estaba a favor de la huelga general antes de conocerse la reforma laboral. Sólo había que ir a los centros de trabajo y a las plazas a explicarla para recabar la máxima adhesión social.
No es de extrañar la alarma social generada si se analiza la reforma laboral aprobada. Nunca ha habido una agresión tan profunda a los derechos laborales y sociales en el período democrático que estamos viviendo. Toca todos los palos. Se establece un nuevo contrato con despido totalmente libre y gratuito, es decir, sin causa y sin ninguna indemnización, durante un año y en empresas de hasta 50 trabajadores, que son el 95% del tejido empresarial español. Abarata el despido y lo descausaliza, pasando a ser la mayoría despidos objetivos con 20 días de indemnización por año de antigüedad; ello supone una reducción de hasta dos tercios de la indemnización. Se facilita hasta extremos brutales: con tres trimestres de caída de los ingresos en la empresa se pueden despedir las plantillas. Los despidos improcedentes (totalmente arbitrarios, porque le da la gana a la empresa), serán una minoría y se reduce su coste de 45 a 33 días y de 42 a 24 mensualidades. Puede haber despidos colectivos (EREs) sin autorización administrativa previa. Se hacen posibles los despidos en las empresas públicas y para el personal laboral de las administraciones públicas.
En cuanto al salario, se puede rebajar, e incumplir unilateralmente el convenio por el empresario, cuando se producen dos trimestres consecutivos de resultados negativos, además de generalizarse el descuelgue de las empresas. El objetivo es bajar en términos reales el salario de la población trabajadora de forma drástica, al no poder recurrirse a devaluaciones competitivas por nuestra pertenencia al euro.
Se lamina la negociación colectiva al liquidarse la fuerza vinculante de los convenios y cuando se desplaza el centro de gravedad a los convenios de empresa y se dejan sin poder a los convenios de sector, que son los que protegen a los trabajadores de las pymes. Y se ha recogido la vieja reivindicación patronal de acabar con la ultraactividad o aplicación de los convenios más allá de la vigencia temporal, si el empresario aguanta dos años sin sustituirlo por uno nuevo; es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidas por los trabajadores en décadas de negociación colectiva.
Otras medidas afectan a la flexibilidad a la carta para el empresario en el uso interno de la mano de obra; el endurecimiento de las sanciones por supuesto absentismo si se acumulan algunas bajas laborales por enfermedad, lo que puede hacer que un catarro mal curado lleve al despido; la discriminación de los parados de larga duración, ya que se dan incentivos a las empresas que contratan a parados que cobran prestaciones, que pasan a convertirse en ayudas fiscales la las empresas; el endurecimiento de la pérdida de la prestación de desempleo; el reforzamiento del papel de las empresas dedicadas al prestamismo laboral (ETTs); la recuperación del laudo de obligado cumplimiento de reminiscencias franquistas y claramente inconstitucional; etc.
Es una avalancha de recortes que prácticamente liquida el derecho del trabajo y su función de equilibrar las relaciones laborales, empobrece de forma generalizada a la población española y sitúa en una profunda inseguridad a las personas. No va a crear empleo y va a producir más despidos, más explotación laboral y más paro por la depresión del consumo y de la economía. El gobierno ha anunciado que no cambiará nada sustancial. Ante esta situación, la pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la huelga general? Porque no pueden olvidar tres cosas: la reforma se está aplicando ya y se nota en la calle; puede empeorar en el trámite parlamentario con el concurso interesado de otras fuerzas como CIU; si la agresión le sale gratis al PP habrá más ataques: ley de huelga, pensiones, desmantelamiento de lo público, etc.
Pero hace tiempo que las direcciones de los sindicatos vienen realizando un análisis erróneo de la situación de la crisis y de la revolución conservadora que se ha puesto en marcha. Y en consecuencia su estrategia contiene serias equivocaciones. Apostar por el diálogo social en exclusiva como se ha venido haciendo es ineficaz, y se convierte en una trampa. No vale la estrategia de limitar los daños. Los pactos firmados no han supuesto avances en los derechos sociales, ni han impedido los retrocesos ni han cambiado un modelo productivo fracasado
La crisis es muy profunda, y las perspectivas son peores, según todos los organismos. El drama es que los trabajadores ni hemos creado la crisis ni tenemos nada importante que aportar a su solución. Como nos recuerda Pedro Montes, España tiene unos pasivos brutos frente al exterior de 2,3 billones de euros y, por muchos que sean los sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, esa enorme deuda no puede pagarse. Por muchas reformas laborales, precariedad laboral, retrocesos de pensiones, recortes presupuestarios y privatizaciones que se apliquen, no se eliminan los compromisos de la deuda existente, ni la falta de solvencia, ni las dificultades para obtener liquidez en los mercados internacionales. La crisis, el golpe de estado financiero, está sirviendo como la gran coartada para acabar con nuestros derechos y con nuestros sueños. Desgraciadamente, estamos mucho más cerca de Grecia de lo que algunos piensan.
Para cambiar la situación es absolutamente necesario recuperar la relación con los trabajadores y el respeto y la confianza de éstos hacia los sindicatos. Serán vistos como algo de fiar en la medida en que hablen claro, sean firmes, escuchen a la gente, fomenten la participación y el protagonismo de sus bases y de los trabajadores. Recuperar credibilidad pasa por reconocer las equivocaciones y realizar una autocrítica de los graves errores recientes: la mala gestión de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, la firma del funesto acuerdo de pensiones y el reciente acuerdo con la patronal para reducir los salarios.
También tienen que ponerse serios de una vez con el gobierno y con la patronal. Una cuestión gravísima de la reforma laboral, desde el punto de vista formal, es que los sindicatos no sabían nada de ella. Acababan de firmar un durísimo acuerdo para los salarios, sin lograr impedir con ello que el gobierno legisle sobre el mercado de trabajo. Y ni siquiera se les informó previamente de su contenido, únicamente por los medios de comunicación y desde Bruselas se enteraron de que iba a ser muy agresiva. Lo nunca visto. Algo que se merecía una respuesta institucional muy dura mientras no se trate con respeto a las organizaciones sindicales.
Ante la ofensiva neoliberal es necesaria una potente movilización social. Con mucha calle y con la huelga general. También se precisa tener claro que nadie tiene la fuerza suficiente para hacer frente en solitario a este ataque con posibilidades de detenerlo. Y en un país camino de los seis millones de parados y con millones de precarios la movilización debe de ser además de laboral, también social y ciudadana. Impulsando los acuerdos unitarios con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos. Con todos los sindicatos, el movimiento del 15-M, asociaciones de todo tipo, fuerzas políticas, etc. sin descartar a nadie, pero dejando claros los objetivos y las reglas del juego. Por ejemplo, exigiendo al PSOE un compromiso solemne de derogación de la reforma laboral si volviera al poder, para acabar (o desenmascarar) ese turnismo a lo Cánovas y Sagasta que practica con el PP en materia de política económica.
Es difícil que con una movilización masiva, pacífica y decidida el PP resista más de una legislatura. Tendrá un gran desgaste con su política antisocial, la recesión económica, la nula creación de empleo y sus incumplimientos electorales antes de llevar cien días en el gobierno (subida de impuestos, recorte del despido…). No hay que olvidar que la mayoría absoluta del PP es engañosa: apenas representa el 30% del electorado, resultado adornado con una ley electoral que, además de injusta, supone un auténtico fraude.
Parece que se quiere convocar la huelga el 29 de marzo. De ser así no permitiría participar a la conocida como “marea verde”, al ser un día no realmente lectivo, en el que no hay clases y solo se entregan las notas a los alumnos que acuden media hora a los centros de secundaria. En comunidades como Madrid el profesorado ha protagonizado una poderosa lucha con diez días de huelga, varios meses de conflicto y con manifestaciones de hasta 100.000 personas. También ha habido importantes movilizaciones en la educación pública de otras comunidades autónomas. No ha habido un sector que se haya movilizado con tanta fuerza en los últimos años y no se le puede ignorar.
Además, todas las agresiones tienen coherencia: el modelo educativo, el tipo de mercado de trabajo y el modelo de sociedad que están configurando. Nos hablaban de que España apostaba por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i, por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos (G-20). La última reforma laboral del gobierno del PP apunta a un modelo propio de un país en vías de desarrollo, que basa su competitividad en bajos salarios, débil Estado de Bienestar, un derecho del trabajo ridículo y un sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Como vía para que las empresas ganen dinero sin modernizarse y sin apuestas de futuro.
Esto explica la ofensiva paralela hacia el servicio público educativo de calidad. En la lógica neoliberal, no interesa gastar en formación para empujar después a la juventud a que se vayan del país. Presentando la emigración como si fuera una fiesta, con una campaña descarada para expulsar del país a la generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia. Por ello, la lucha por una educación pública de calidad y por la derogación de la reforma laboral es la misma y la marea verde no puede faltar en la Huelga General.
(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid). Fue secretario de Acción Sindical de CCOO de 1977 a 1996.
Publicado en:http://www.cuartopoder.es/tribuna/huelga-general-el-29-de-marzo/2378

Recortes = a privatizaciones


 "Los recortes son la antesala de la privatización"
 

El coordinador federal de IU considera que las autonomías deberían proponer en la reunión de mañana un Plan de lucha contra el fraude fiscal para lograr más ingresos y enfrentarse a que el Gobierno del PP “utilice como coartada la crisis y el déficit para seguir potenciando la privatización de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales”

 
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha instado hoy a los responsables económicos de las comunidades autónomas (CC.AA) a aprovechar la “oportunidad” que tienen mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para “plantarse ante los excesivos recortes” a los que les ha abocado el Gobierno de Mariano Rajoy y plantearle que se pueden conseguir más ingresos para reducir el déficit a través de un Plan de lucha contra el fraude fiscal, sobre todo el de las grandes empresas.

Durante la rueda de prensa celebrada en la sede federal, Lara avisó de que da la impresión que el Gobierno del PP pretende “utilizar como coartada la crisis y el déficit para seguir potenciando la privatización de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales”, algo a lo que IU se va a seguir oponiendo.

Aunque la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP, el máximo responsable de IU entiende que todas ellas “deben aprovechar” este Consejo de Política Fiscal y Financiera para recordar al Ejecutivo central que gastan la mayoría de sus presupuestos precisamente en Sanidad, Educación y servicios sociales, por lo que ejecutar los recortes marcados va en contra de la calidad y la prestación de estos servicios públicos y apunta “de forma inmediata, a la antesala de la privatización”. 

Cayo Lara recordó a los ‘barones’ autonómicos del PP que si no reaccionan para defender los derechos de los ciudadanos de sus territorios y “si persisten en avalar las políticas de Rajoy” les puede pasar lo mismo que a sus antecesores del PSOE, a los que les “pasó factura la política de recortes del Gobierno de Rodríguez Zapatero”.

Tachó de “injusto” que a las autonomías se les “señale ahora con el dedo como si fueran el chivo expiatorio” para responsabilizarles del déficit y “tengan que cargar con los recortes y el ‘ajuste duro’”. Además, explicó con un cuadro de datos la “desproporción” entre las deudas que éstas han generado y el techo de déficit que les marca el Estado frente a los que éste mismo tiene comprometidos, sobre todo si se tiene en cuenta que las comunidades son quienes gestionan los servicios básicos importantes. 

Así, detalló a través de un cuadro que el Estado gasta un 22% -sin incluir la Seguridad Social- y tiene un objetivo del déficit del 5,10%, mientras que las CC.AA. gastan un 37% al- y se les ha impuesto un techo del 1,5%.
A su juicio, el Gobierno “no tiene voluntad política de controlar el déficit” y comparó los cerca de 60.000 millones de euros que supone el 5,8% del PIB que se ha marcado como objetivo Rajoy para este año “con la cifra similar que supone el fraude fiscal que realizan las empresas españolas”, en especial el 3% de las mismas que agrupa a las mayores compañías que facturan más de 150 millones de euros, como señalan en sus informes los inspectores de Hacienda.

Señaló la importancia que para IU tienen todas estas previsiones y que, por ello, en la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles preguntará a Rajoy sobre “qué previsiones de ajuste de gasto tiene en los Presupuestos Generales del Estado de 2012”.

El coordinador federal de IU recordó también que su formación votará al día siguiente en el Congreso en contra de la convalidación del decreto-ley sobre la reforma laboral, además de señalar que ya está prepara la enmienda a la totalidad sobre el mismo para su debate posterior.

Lara señaló que esta reforma, además, “afecta de manera negativa al propósito que tiene el Gobierno de reducir el déficit” y la tachó de “innecesaria, injusta y profundamente agresiva” contra los trabajadores.
El responsable federal de IU aprovechó la circunstancia de que ese mismo jueves se celebra el Día Internacional de la Mujer para detenerse en el análisis de los efectos que tendrá para ellas la reforma laboral. “La pobreza tiene, tras esta reforma, más rostro de mujer”, dijo. 

“Expulsa de nuevo a las mujeres del mercado laboral hacia la casa, elimina los incentivos que facilitaban su incorporación al trabajo y quiebra el crecimiento de la independencia de la mujer”, señaló. 

Además, Cayo Lara explicó que también traerá como consecuencia que cuando las mujeres lleguen a la edad de jubilación tendrán más dependencia de la pensión del cónyuge, “si lo tienen, porque al no poder acceder al mercado de trabajo o sólo a trabajos más precarios, únicamente tendrán derecho a aspirar a la pensión de viudedad por lo cotizado por sus cónyuges”.

Los sindicatos y la izquierda ante el 23F laboral del PP

Antonio Mora Plaza-Economista 
 
La llamada reforma laboral de febrero (RD-L 3/2012) del Gobierno del PP supone dinamitar todo el derecho laboral acumulado a lo largo de dos siglos de lucha de los trabajadores, de los asalariados. Todo ha sido laminado: la negociación colectiva desaparece, la destrucción de derechos sobre salarios, condiciones de trabajo, lugar de trabajo, quedan al albur de los llamados empresarios, que se convertirán en meros capataces; los costes de despido de 45 días por año trabajado pasa en la práctica a 20 para los nuevos contratos y para los viejos una mezcla con hasta 12 meses de máximo –esto no se ha destacado lo suficiente-; los ERES sin autorización previa; los llamados cínicamente contratos indefinidos para emprendedores –no se dice qué es un emprendedor- con ¡un año de prueba sin derecho a indemnización! Nada han respetado estos golpistas de lo laboral del Gobierno del PP. Es muy posible que haya aspectos anticonstitucionales porque los golpistas no miran la Constitución para sus fechorías. Todo esto es lamentable, pero exige una reflexión sobre el próximo pasado de sindicatos y partidos de izquierda que representan –o debieran representar- la izquierda sociológica. Todo lo justifica el Gobierno del PP porque creen –la derecha siempre con la creencia en lugar de la ciencia- que se va a crear empleo. Y sin embargo nuestra historia y la de la mayor parte de los países dice que el empleo con derechos se crea cuando crece la economía. Al menos eso ocurre al 80% de la responsabilidad del crecimiento. Incluso cuando se pone el ejemplo de Alemania, se omite que hay casi 5 millones de empleos –los famosos minijobs- que lo son sin derechos laborales o con discriminación de derechos respecto al resto. Con la lógica neoliberal del PP y de la derecha europea no me cabe duda que si llegáramos a la esclavitud no habría paro. Pero para iniciar o detener al menos la espiral contractiva en la que nos internamos deberían cambiarse ideas y personas, economistas y políticos zoquetes que gobiernan las instituciones clave europeas, ya que no se pueden cambiar –eso sólo lo hacen los fascismos- a las clases populares conservadoras que votan a estos cenutrios empeñados en reducir el gasto público para que les cuadren las cuentas públicas. Si todos los países se olvidaran de sus déficits y se propusieran como primera meta para el año 2012 que la demanda agregada no fuera inferior a la del 2011, los llamados mercados no les quedaría más remedio que seguir apostando en Europa porque eso aumentaría la solvencia de sus deudores –los Estados-, aunque perdieran liquidez a corto. Están en medio del dilema del prisionero, son también prisioneros de su estulticia cuando se creen sus guardianes. Volviendo a la reforma-destrucción del derecho laboral de febrero del Gobierno del PP, la cosa queda de tal manera que debe obligar a una reflexión de más hondo calado a los sindicatos, tanto sobre su papel en el pasado como en el próximo futuro; también la izquierda política. Veamos algunos cambios y reflexiones obligadas ante el tsunami de destrucción masiva del PP.

1) Las medidas del PP obligan a pensar que durante demasiado tiempo el binomio, los dos railes de la negociación-presión de la que hablaba Marcelino Camacho, quedó sesgada hacia la negociación. Apenas unas semanas antes de la destrucción del derecho laboral español de febrero, los sindicatos y las patronales habían firmado un acuerdo de moderación salarial. Yo lo consideré un error porque, además de que la contraparte, es decir, la de las ganancias, no puede controlarse ni moderarse, ello suponía una disminución de la demanda agregada porque las rentas salariales son el componente más estable de esta demanda. Ahora ese acuerdo es papel mojado, un guijarro que se ha llevado la ola golpista laboral del PP. Que el PP se haya atrevido a tanto demuestra el poco miedo y respeto que tiene al mundo del trabajo, especialmente al asalariado. En mi opinión los dos sindicatos mayoritarios deben pensar y rectificar esa estrategia que pone en pie de igualdad, en equidistancia, la negociación y la presión sindical, de tal forma que ha de ocurrir en el futuro que
la causa de la negociación sea siempre la lucha por las mejoras de las condiciones laborales y de vida -¡también de vida!- de los asalariados. Negociación sin lucha previa es visitar el matadero. No debe importar que la derecha mediática, los órganos de expresión del PP como el ABC o El Mundo, algunas televisiones autonómicas, se vuelquen contra los sindicatos. Eso hay que darlo por descontado y por bienvenido. La derecha debe temer a los sindicatos, tanto si están en el momento de la negociación como en el de la lucha, pero esto ocurrirá si la primera es efecto de la segunda.

2) Los sindicatos y los sindicalistas deben ser ejemplares en su comportamiento. No me refiero al privado, mejor dicho, al familiar, sino al sindical. Un punto problemático ha sido el de los liberados. Aquí se han cometido errores que la derecha mediática, que tanto añora el franquismo, lo ha aprovechado. Los sindicalistas no debieran formar parte de Consejos de Administración de ningún tipo y menos cobrar por ello. Cuando hubiera aquí –como ocurre en Alemania- cogestión en la empresa, sí sería aceptable e, incluso, necesaria, pero con sueldos o dietas modestas y justificadas por su dedicación. En todo caso los líderes sindicales deberían estar fuera de todo esto y si se viera la conveniencia porque la ley lo permitiera de la presencia sindical en la gestión –no sólo en los “consejos”- de empresa privadas y públicas, debería darse a técnicos dependientes de los sindicatos, con conciencia de que su labor ha de ser sesgada hacia lo social y con la obligación de dar cuenta a los sindicatos que les han nombrado. La mujer del Cesar, además de ser fiel, ha de parecerlo. No importa –al contrario- que los golpistas laborales del PP y sus corifeos mediáticos ataquen a los sindicatos con mentiras, siempre que sean mentiras en su totalidad.

3) Un punto descuidado absolutamente –es mi impresión- es la sociología electoral de la derecha. Una parte del voto del PP es un voto obrero, de asalariados, es decir, es un voto pleno de estulticia, como ahora se ha podido comprobar. Los asalariados que han votado al PP se han pegado un tiro en los pies –por no decir en los huevos, dado que es una expresión machista-, es un voto
contra sus intereses. Los sindicatos deben poner en evidencia esa estupidez, sobre todo ahora que ya se ha demostrado que lo es. Creo que hay que ir más allá y precisar cuál es el sujeto sociológico que sustenta a los sindicatos. Dice el refrán que quien mucho abarca poco aprieta. Los sindicatos deben contar con quien demuestra que quieren cobijarse bajo el amparo de su acción sindical, incluso aunque no compartan sus ideas y postulados en su totalidad. Es decir, lo contrario de lo que pareciera dictar el sentido común. Los sindicatos debieran buscar en las organizaciones de autónomos, pensionistas, parados, jóvenes que aún no han tenido su primer empleo debiera, sus aliados, pero desde la autonomía de las partes, sin intentar engullirlos, porque los intereses de todos ellos –incluidos los de los asalariados- no son exactamente los mismos; tratar de buscar lo que les une para la acción común. No se trata de volver a un mero obrerismo, sino de reconocer que ideas e intereses de todos ellos no son conjuntos disjuntos, pero tampoco son coincidentes al 100%, no son el mismo conjunto. Más vale unas buenas alianzas que una unidad insulsa. Aunque no lo crean muchos sindicalistas, son casi mayoría de autónomos, pensionistas y parte de los asalariados que les gustaría ver desaparecer a los sindicatos, y aquellos no son la burguesía precisamente.

4) Más difícil lo tiene el partido que representa la izquierda sociológica mayoritaria del país, es decir, el PSOE. Las medidas de mayor del 2010 y posteriores le han hecho perder varios millones de votos, aunque no sean todos los 4.300.000 votos perdidos de las últimas elecciones generales. El PSOE de Zapatero ha dado importantes avances de los derechos llamados civiles como la ley del aborto según plazos, el matrimonio homosexual, o que afectan al Estado de Bienestar como la ley Dependencia, pero se quedó ahí. Además, cuando sobrevino la crisis, la Merkel y los mercados, no supo enfrentarse a ellos y lo que hizo fue dejarse llevar por esa corriente. Las medidas de mayo del 2010 y posteriores fueron la puntilla, aunque tuviera el aliento de los llamados
mercados en el cogote. Ni siquiera fue capaz de escenificar su discrepancia, suponiendo que la tuviera. Pero la cosa tiene más calado. En España están muchas cosas por hacer. En primer lugar España está a casi 10 puntos de media de participación del gasto público de la media comunitaria y a más si hablamos de gasto social, y sin dinero no se puede avanzar ni cambiar nada; en segundo lugar, España tiene un problema con la memoria histórica, con los herederos de los franquistas y falangistas que asesinaron a unos 200.000 españoles ¡con la guerra acabada! y durante más de un decenio. Lo del juez Garzón es un reflejo del poder de los herederos del franquismo en las instituciones. El PP es en sí mismo un gigantesco rescoldo del franquismo que, no sólo no se apaga, sino que gana elecciones. La izquierda en general debe tomar el toro por los cuernos de las reparaciones históricas, de la condena de los franquistas, de sus herederos y de sus justificadores, de la anulación de los juicios durante la in-civil guerra y durante los 40 años que gobernó el genocida gallego. No se hizo con el carlismo y aún tuvo su Montejurra con Fraga como ministro después de más de siglo y medio desde su nacimiento. El tercer problema: conversión del PSOE de un partido socioliberal o meramente neoliberal en lo económico a un partido socialdemócrata -¡qué menos!-. Ello supone un compromiso en y con la defensa del Estado de Bienestar desde lo público, sin concesiones a lo privado, sin privatizaciones, ni siquiera de la gestión, es decir, una verdadera alternativa a lo que están haciendo el Más en Cataluña, la Espe en Madrid o la Cospe en Castilla-La Mancha con la sanidad pública (hasta ahora) y la educación. Debe hacer creíble el PSOE que es una alternativa. Y lo tiene difícil porque el nuevo líder oficial del socialismo español debe hacer en algunos casos lo contrario de lo que hicieron los gobiernos en los que participó. Cuarto problema milenario: la influencia de la iglesia católica en los ámbitos civiles y públicos. La izquierda -y específicamente el PSOE- deben tomar el miura de la enseñanza concertada de curas y monjas y pasarla a la pública, para que haya sólo dos tipos de enseñanza: la privada –hasta cierto punto inevitable- y la pública, al igual que en el resto del mundo. Los curas a las iglesias y a los púlpitos y sólo a ellos. El que quiera religión que vaya a las iglesias o centros de culto y que se la pague. Ahora ya no podrán ser colaboradores necesarios de los golpistas del 36 donde, si tienen razón con lo del Infierno, ahí estarán quemándose eternamente. Un quinto problema: colocar la ciencia y la cultura españolas hasta el máximo de sus posibilidades. Es también un fracaso secular. El PSOE ha dado muchos avances –casi todos- pero falta presupuesto y ahora el PP lo ha recortado y más que lo va a hacer. La ciencia es el mejor antídoto de la creencia, el conocimiento y la cultura frente a las religiones, sus interpretes y supporters ; aún son más en España los que rezan que los que piensan. Un sexto problema es el de hacer compatible el Estado de las Autonomías con una sanidad pública y una educación pública universal, gratuita y no discriminatoria según territorios. No tenemos ya un Sanidad Pública de estas características, sino 17 sistemas de salud públicos, con la particularidad de que algunos están en tránsito hacia lo privado. Es hora de repensar lo de las competencias entre la Administración Central del Estado y las Autonomías.
Hay más problemas, pero con estos ya tienen tajo sindicatos y partidos de izquierda para el próximo quinquenio.

Mas tasas para pagar el coste de los abogados de oficio (y no iban a subir los impuestos)

Gallardón pretende sacar con más tasas judiciales el coste de los abogados de oficio

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este lunes en el Senado que su departamento tiene casi a punto la revisión de las tasas judiciales vigentes, de modo que la recaudación de los depósitos se destine a la justicia gratuita.

Según Ruiz-Gallardón, que hizo estas manifestaciones durante su comparecencia en el Senado, la propia doctrina del Tribunal Constitucional establece que las tasas judiciales "no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva", por lo que la aprobación de un nuevo sistema en este sentido no presenta problema alguno.

A lo largo de su intervención,
el titular de Justicia puso fecha a algunas de las reformas que ya anunció hace unas semanas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, y fijó en el próximo otoño la mayoría de los anteproyectos.

Así, señaló una reforma de la Ley Orgánica d
el Poder Judicial que contemplará, entre otras, la reforma para que los 12 miembros del Consejo Judicial del Poder Judicial (LOPJ) sean elegidos por los propios jueces, cuyo Anteproyecto estará listo en octubre de este año, para su aplicación en la próxima renovación, que debe producirse en 2013.

También se ha comprometido a tener redactado el Estatuto de la Víctima y de la Ley del Menor para el próximo mes de junio; así como un nuevo texto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para "la vuelta del verano". También para el otoño fijó el proyecto de nuevo Código Mercantil y de los primeros borradores de la Ley de Demarcación y Planta, La Ley de Jurisdicción Voluntaria y Ley del Aborto.

Las provocaciones del PP

Mojo con morera 
 
Las provocaciones del Partido Popular siguen en aumento a medida que pasan los días desde que Mariano Rajoy entró en La Moncloa. De forma pareja los periodistas y la prensa de derecha también se dedican a fomentar la tensión. Como contrapartida, si un periodista critico al PP adopta una posición de firmeza y de dureza, es un irresponsable y un antisistema. Y para colmo de males, la poca prensa progresista que existe en España malvive y malpaga a sus periodistas, o como en el caso de “Público”, tiene que cerrar su edición impresa, y vamos a ver que pasa con la digital.
Periodistas de extrema derecha insultan a diestro y siniestro, amenazan a siniestra, y no hay un juez que les tosa. Periodistas críticos sin embargo se ven normalmente querellados y denunciados, incluso como en el caso de Carlos Sosa con una petición de cárcel por parte de José Manuel Soria, que afortunadamente perdió en este caso el político y ganó el periodista. Pero las provocaciones del Partido Popular y su cohorte mediática no tienen fin. No les voy a recordar las perlas terroríficas de Federico Jiménez Losantos (he dicho terroríficas, no terroristas para que no se me querelle) porque son de sobras conocidas. Les voy a contar brevemente los exabruptos de otros colegas de Jiménez Losantos, como por ejemplo una perla de César Vidal, locutor de una televisión y un periódico digital que recientemente dijo sin anestesia que “hay profesores de Valencia que ofrecen aprobados a los alumnos que en lugar de ir a clase se dedican a manifestarse contra el Gobierno del PP”.
Otra andanada de Pablo Molina, colega de Vidal, refiriéndose a los estudiantes de Valencia, es todo un ejemplo de moderación al afirmar que “a menos que se cree la asignatura en perroflautismo, las arrocerías de la costa valenciana van a tener exceso de mano de obra en los próximos veranos”, refiriéndose, claro, a los estudiantes valencianos, que protestan por los recortes y ajustes, incluido el gasoil para las calefacciones de los colegios e institutos, en donde los chicos tienen que ir a clase con mantas. El mismo Pablo Molina largo otro cañonazo a los estudiantes afirmando que “las universidades públicas parecen un campamento de Sendero Luminoso”, en una defensa clara de la privatización de los estudios universitarios, y ya llegará también a los institutos y colegios.
Como comprenderán, no les voy a relatar todas las barbaridades expresadas por mis colegas de extrema derecha porque seguro que ustedes amables lectores pasarían de llegar al final del artículo, añadir brevemente los calificativos de “enemigos” a los estudiantes del instituto Lluis Vives, de Valencia, por parte del Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, que me hizo recordar para tomármelo a broma al chiste de Gila, “oigan, es el enemigo, a ver si ustedes tienen la amabilidad de atacar por la tarde, si es después del partido de fútbol, mejor, muchas gracias”. De las barbaridades iniciales, sin llegar a los 100 días de gobierno por parte de políticos del Partido Popular, les recordaré la reforma laboral, que todavía no ha terminado y puede que termine como el rosario de la aurora, y otras perlas conservadoras como la revocación de la asignatura de Educación Ciudadana, por parte del ministro de Educación, Juan Ignacio Wert, así como las acusaciones al Partido Socialista que está detrás de las algaradas de los incontrolados que asisten a las manifestaciones públicas, y que son por desgracia inevitables tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, como en Paris, Atenas y Londres, recuerden al barrio de Tottenham hace sólo unos meses, o a la incendiada capital griega hace una semanas. Sin embargo del ministro de Educación, que lo es también de Cultura y Deportes, no dijo una palabra en el Congreso de los Diputados en defensa de los estudiantes apaleados. No creo que las declaraciones de dirigentes del PP, como también por ejemplo las de Esperanza Aguirre, pongan serenidad a la situación difícil en la cual Mariano Rajoy ha colocado a España, y lo que viene según todos los expertos después de las elecciones de Andalucía y Asturias del 25 de marzo.

De otras barrabasadas (con perdón) dichas por políticos del PP, resalta la de Ana Botella, que ha insultados a los sindicatos por poner una jornada de reflexión/acción el 11 de marzo, que no está bien según la Botella por coincidir con la fecha del atentado del 11-M, manda trillos, que cuando estaban en la oposición utilizaban la fecha aciaga del terrorismo islamista para insultar a Rodríguez Zapatero. La penúltima de la prensa mediática de extrema derecha es la gamberrada de La Razón en criticar a la “dictadura de los mercados” por el acoso que le está haciendo al Gobierno de Mariano Rajoy. Antes la culpa de todo era de Zapatero, ahora es de la crisis económica mundial. Bueno, me tendré que moderar para no decir alguna burrada.
Publicado en:http://www.canariasahora.es/opinion/7821/

Del Guindos se cayo y hablo con sus coleguitas

El documento privado que De Guindos muestra a sus colegas europeos reconoce que el fin último es abaratar el despido
El Gobierno reconoce que su objetivo es extender los ERE con 20 días de indemnización
Está escrito solo en inglés. Tiene 31 páginas. Está fechado el 14 de febrero de 2012 y es el documento base que lleva bajo el brazo el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando explica a sus colegas europeos y a los analistas extranjeros los objetivos de las reformas emprendidas por el nuevo Gobierno. Uno de ellos, no disimulado, es acabar con los despidos caros, que según este papel son el principal problema del mercado laboral español.

El ministro de Economía, Luis de Guindos tras 
la reunión del Consejo de Ministros. EFE
De puertas para adentro, aquí en España, el Gobierno mantiene que los sindicatos no entienden que la reforma está hecha para crear empleo. Pero, ¿qué vende De Guindos fuera de nuestras fronteras? El primer objetivo de la reforma laboral es, según dice textualmente el documento que va repartiendo entre analistas y ministros es “Improve efficiency and reduce labor market duality by decreasing dismissal costs”. En castellano esto significa aumentar la eficiencia y reducir la dualidad del mercado laboral mediante una rebaja en el coste del despido.
Todos procedentes
Reconocido que el abaratamiento de los despidos es el medio para lograr el fin de la reforma laboral, el documento es mucho más contundente una página después cuando analiza cuáles serán los efectos de la reforma. Tras exponer que la dualidad del mercado laboral se arregla por esa vía, el papel del ministro de Economía termina con una línea mas que significativa. El objetivo último es, en inglés, “fair dismissal to be the main channel to end the contract as oppose to now”. O lo que es lo mismo, hacer del despido procedente lo normal para rescindir contraltos, lo contrario que ahora.
Menor protección judicial
La cosa empeora en la página siguiente, en la que el documento habla ya sin ambages de lo bueno que es despedir más barato. El título de la hoja, la número 23, dedicada a la segunda parte de la reducción de los costes del despido para reconducir la dualidad del mercado laboral español, se dedica a la “reforma de los despidos colectivos y objetivos para reducir la incertidumbre legal y sus altos costes”. Aquí ya está clara la intención. Se trata de dejar a los trabajadores con menor protección judicial y a los empresarios con menos costes por despedir a parte de sus plantillas.
Otra vez el despido barato
Las soluciones son eliminar la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE), la reforma de la revisión judicial de los despidos objetivos y que este tipo de rupturas de contrato sean posibles también para el personal contratado por las administraciones públicas. El objetivo que se persigue, y está por escrito, es “increased and widespread use of collective fair dismissal (compensation of 20 days per year worked)”. Traducido, “incrementar y extender el uso del despido colectivo procedente (con 20 días por año trabajado de indemnización).
Y después, solo descripciones
En las páginas siguientes del documento se describen las nuevas formas de contratación para las pequeñas y medianas empresas, las bonificaciones a los contratos fijos y los planes para modificar la formación, pero en ninguna de ellas se fijan objetivos concretos. El único que figura pues de forma explícita es el del abaratamiento del despido, que es una de las cinco cosas que le han pedido los organismos internacionales al Gobierno para la reforma laboral, pero que ha quedado convertida en el eje principal de la aprobada por el Consejo de Ministros y que esta semana inicia su andadura parlamentaria con su convalidación por el Congreso.

15.000 Millones de recortes y dos piedras

Rajoy se muestra inflexible con el recorte autonómico de 15.000 millones

España es un Estado, el jefe del Ejecutivo es el responsable último de todo, y el todo que importa ahora son las cuentas de las Administraciones públicas, comunidades y Ayuntamientos.  Mariano Rajoy se ha dirigido hoy a los Gobiernos autónomos después de su reunión con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, para mostrarse inflexible con los recortes y con su objetivo de déficit.

Las comunidades tendrán que hacer "un esfuerzo importante", ha asegurado el presidente en  vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana y en el que, por ejemplo, Cataluña y Andalucía, exigirán relajar el déficit. El recorte de 15.600 millones de euros que tendrán que asumir no variará, y no habrá por tanto flexibilización del déficit, ya que el Gobierno ya revisó esa cifra, ampliándola del 1,3% al 1,5%.

Rajoy ha repasado el calendario de cumplimientos del Ejecutivo ante la Unión Europea y los mercados y ha defendido como una decisión "de sentido común" el anuncio que hizo el viernes al situar en el 5,8% el objetivo para 2012.

La nueva previsión está muy por encima del 4,4% que se barajaba inicialmente, aunque Rajoy ha asegurado que no había asumido al respecto ningún compromiso con Bruselas. "No tengo por qué pactar", ha afirmado antes de agregar: "Hacemos lo que nos parece lógico y razonable y seremos evaluados en abril. Ahí hablaremos con la Comisión y haremos cosas sensatas y razonables".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy a este propósito que a ninguna comunidad autónoma "le conviene"  pedir una flexibilización del déficit, lo cual supone, a su juicio, "un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores", informa Efe.

El titular de Hacienda se ha mostrado "seguro" de que en esa reunión ninguna autonomía va a pedir que se relaje el objetivo de déficit "porque ni le conviene a esa comunidad, ni al conjunto de España". Montoro responde así a José 
Antonio Griñán y Artur Mas, que aseguraron que mantendrán esa exigencia, y a algunos barones del Partido Popular que también ha empezado a piden. Estos últimos lo hacen de forma discreta, la mayoría de las veces en privado y a la espera de las elecciones del 25-M, aunque no por eso dejan de plantear sus reivindicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy. Esto es, sugerir una flexibilización del objetivo de déficit y pedir una contrapartida política por los recortes exigidos.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien la semana pasada ya apuntó a una revisión del Estado de las autonomías, ha asegurado hoy en la cadena SER que "todo lo que se sea flexibilizar es discutible y puede ser bueno", antes de pedir "corresponsabilidad" de las autonomías que, "en una situación similar a Cantabria, han sido causantes del déficit del Estado". A Cantabria, en concreto, le corresponde hacer una reducción del 2,5% este año.
Diego, que ha afirmado que el objetivo de todas las comunidades debe ser no "gastar más de lo que teníamos autorizado" y por ello hacer un ejercicio de "reducción de gastos", comparece esta tarde, a petición propia, en el  el Parlamento autónomo para explicar su plan de ajuste ante la celebración, mañana, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

"El riesgo de colapso es tan real como la vida misma", ha señalado el presidente cántabro antes de poner un ejemplo: "Una familia que gasta una cuarta parte de su sueldo de más durante cuatro años seguidos, ¿a dónde va a parar? a la ruina, y ésa es la situación de Cantabria".
Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, ha mostrado una postura muy parecida a la de Diego a su salida de la reunión mantenida esta mañana con Rajoy. La dirigente popular ha insistido en la idea de la corresponsabilidad de las comunidades en las cuentas del Estado y ha asegurado que Aragón cumplirá con el déficit para este año 2012, pese al que su Gobierno tuvo que gestionar, ha asegurado, un gasto de "facturas en los cajones" que representa el 9% del presupuesto.

En cualquier caso, Rudi ha prometido que cumplirá a no ser que ocurra una "hecatombe" en los ingresos y ha señalado que hay que ser "muy conscientes" de que todos los que gestionan administraciones públicas son responsables del déficit.

En la reunión de mañana, el primero que se celebra después de que Rajoy anunciara el objetivo de déficit para 2012, el Gobierno planteará a las comunidades autónomas un objetivo global del 1,5% del PIB para poder cumplir con los nuevos planes de consolidación fiscal, que marcan ahora un  5,8%, casi un punto y medio más que lo pactado inicialmente con Bruselas.

Esto no evita que algunos de los barones más influyentes del PP, como Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre o Ramón Luis Valcárcel, plantean al Ejecutivo cambiar algunas leyes para, por ejemplo, permitir cobrar el coste total de algunos servicios a partir de una cierta renta. El argumento de los barones es simple: no se puede exigir recortes y mantener leyes, en ocasiones de los años ochenta, que les obligan a gastos fijos enormes.
Cataluña y Andalucía, las dos principales autonomías por presupuesto y población, exigirán al Gobierno que abra la mano y flexibilice el ajuste que pretende imponer a las comunidades: El Gobierno andaluz pone el acento en que las comunidades son las que soportan el mayor gasto social (educación, sanidad) y que debe haber un acuerdo nacional para decidir en qué se recorta de los 37.500 millones de euros cifrados por el ministro de Economía, Luis de Guindos central para contener el déficit en el 5,8%.

La Generalitat ha recordado que Cataluña lleva justo llevando a cabo ajustes para adaptarse a las exigencias europeas y ha alertado de que la flexibilización del déficit no puede quedar solo a nivel del Estado, sino que hay que hacer partícipes también a las autonomías