miércoles, 16 de mayo de 2012

Abogados, jueces y fiscales progresistas se reúnen el viernes en Madrid en defensa del derecho a la asistencia gratuita

Abogados, jueces y fiscales se reunirán el próximo viernes en Madrid para participar en una jornada sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y en defensa de los servicios públicos y denunciar los "ataques" que, a su juicio, los Gobiernos central y de Madrid están llevando a cabo con su política de ajuste.
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) Abogados, jueces y fiscales se reunirán el próximo viernes en Madrid para participar en una jornada sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y en defensa de los servicios públicos y denunciar los "ataques" que, a su juicio, los Gobiernos central y de Madrid están llevando a cabo con su política de ajuste. El encuentro, organizado por la Asociación Libre de Abogados (ALA), la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno, tiene el objetivo de defender "derechos constitucionales tan esenciales como la educación, la sanidad o la justicia gratuita", según denuncian los organizadores. La jornada, que estará dividida en dos sesiones, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y contará con la presencia de representantes de asociaciones de jueces, fiscales, sindicatos, movimientos sociales y asociaciones que están trabajando en defensa de estos derechos. Entre los ponentes de la jornada estarán Ramiro García de Díez, coordinador de Jueces para la Democracia (JpD); Carlos García Berro, representante de la Unión de Fiscales Progresistas; Giulia Tamayo, consultora de Amnistía Internacional; y Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública; así como representantes de asociaciones de abogados del turno de oficio.

Las "ausencias justificadas" serán motivo de despido

SERÁN LA MUTUAS PRIVADAS LAS QUE EXPEDIRÁN LAS BAJAS POR ENFERMEDAD


"Hasta siete facultativos  pueden intervenir para dar de alta a un trabajador". "Los expertos piden mayor protagonismo de las mutuas en las altas y las bajas". "La ministra de Empleo ha legislado para acabar con el fraude del absentismo laboral". Con tan terminantes y sesgados juicios ha comenzado a presentar la prensa del establishment la última contrarreforma implementada  por el Ejecutivo Rajoy en el mercado de trabajo español.

     El objetivo de la misma no es original. Se trata, una vez más, de aumentar los beneficios de las grandes empresas   rebajando  los "costes laborales". En este caso, sin embargo, el ahorro se efectuará negando de facto el derecho a mantener un puesto de trabajo cuando se sufra una enfermedad de relativa duración. Aprobando, en definitiva, el "despido por enfermedad".

     El Ejecutivo Rajoy también rebajará el tiempo que las empresas deben  hacerse cargo del coste de la bajas laborales y aumentará el papel de las mutuas privadas en las gestión de las mismas. Medidas todas ellas que habían sido insistentemente reclamadas por la patronal CEOE y Cepyme.


BAÑEZ APRUEBA QUE SE PUEDA DESPEDIR "AUNQUE LA AUSENCIA SEA JUSTIFICADA"
    
       Con el aplauso unánime de estos lobbys empresariales el Ministerio de Empleo encabezado por Fátima Báñez, en efecto, ha legislado. Pero no para "acabar con el fraude" de quienes pudieran fingir enfermedades para no acudir a sus puestos de trabajo, sino para que sea posible echar sin ningún tipo de freno a un trabajador con bajas justificadas. A partir de ahora, será procedente despedir a quienes no acudan a su puesto de trabajo un 20%  de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos en un periodo de doce meses, "aunque la ausencia haya sido justificada".  Es decir, aunque la más grave enfermedad diagnosticada por un médico especialista sea la causa de estas ausencias.



MAYOR NEGOCIO PARA LAS MUTUAS PRIVADAS. EL PP PROFUNDIZA EN EL CAMINO ABIERTO POR FELIPE GONZÁLEZ
   
       La contrarreforma del Gobierno del PP  no solo abre las puertas para que los empresarios se puedan deshacer, sin ningún problema, del trabajador que haya cometido el terrible pecado de enfermar. También  establece nueva rebajas a la aportación que las empresas realizan para cubrir las bajas aprobadas, para lo cual se disminuirá el tiempo que  tienen que hacerse cargo del coste de las mismas. Actualmente se ocupan económicamente de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, mientras que después se hace cargo la Seguridad Social. 

    Pero el proyecto del Ejecutivo Rajoy va mucho más allá. En diciembre de 1995, el Ejecutivo de Felipe González  aprobaba el Real Decreto 1993/1995 que abría el camino para que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales comenzaran a gestionar la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes. Desde entonces, estas empresas  han pugnado para conquistar nuevas cuotas de mercado ocupando el lugar de los profesionales médicos del Servicio Nacional de Salud.

     Las mutuas, como las clínicas y los centros de salud concertados, reciben fondos públicos, pero son compañías privadas integradas en la patronal. Sus clientes son las propias empresas interesadas en que sus trabajadores no reciban bajas, por justificadas que éstas puedan estar médicamente, que puedan alterar mínimamente sus cuentas de resultados.

     Leire Txakartegi, responsable de Salud Laboral en la Ejecutiva del sindicato ELA - denuncia esta supeditación de lo público a lo privado, alertando de que "en el fondo están acercando la opción de la privatización del sistema de la Sanidad, lo que es malo no solo en general para la sociedad, sino para los trabajadores en particular, porque se utiliza la salud con criterios económicos".

     Adolfo Muñoz, secretario general de este sindicato, se muestra igualmente contundente a este respecto. "Las mutuas  -concluye Muñoz-  se ponen al servicio de los empresarios en contra de la salud de los trabajadores. Solo quieren el negocio".

Hagamos una colecta para que no se muera de hambre

Luis Blasco considera insuficientes casi 17 millones de pesetas anuales

EL ELEGIDO DE RAJOY PARA PRESIDIR RTVE PIDE UN AUMENTO DE SUELDO

El Ejecutivo de Mariano Rajoy última en estos días la renovación de los cargos directivos de RTVE para garantizarse el absoluto control ideológico del Ente Público. Varios son los nombres que se barajan como posibles presidentes de la entidad pública. Entre ellos, han sonado con fuerza el Francisco Campos, ex director general de Televisión de Galicia y el periodista Manuel Campo Vidal.

El preferido de Mariano Rajoy para ocupar este puesto de confianza, sin embargo, es el actual presidente de Telefónica en Argentina Luis Blasco. Por su parte, Blasco se ha mostrado dispuesto a aceptar la designación. Solamente hay un pequeño detalle que el directivo espera que le "arreglen" ante de aceptar: el salario. Blasco  -quien reconoció tener ganas de volver a España tras dos años en Argentina - no se conforma con los 100.000 euros anuales - más de 16 millones y medios de pesetas - con los que le corresponderían como presidente de RTVE.

       Todo parece indicar, sin embargo, que ya se estaría buscando la fórmula para que el hombre de Rajoy no tenga dificultades a la hora de llegar a final de mes. Según fuentes próximas al propio Blasco el "arreglo" podría consistir en proporcionar al directivo cuando salga de Telefónica una multimillonaria  jubilación anticipada que le garantice el sostenimiento de su actual nivel de vida.  Así las cosas, el anterior presidente de RTVE, Oliart, podría tener los días contados ante el inminente fichaje del "gestor financiero"  



EL HISTORIAL DEL FUTURO PRESIDENTE



Luis Blasco fue viceconsejero de Industria de la Diputación General de Aragón entre los años 1978 y 1979 y posteriormente adjunto al presidente de Editorial Católica, hasta 1984. En esas fechas presidió Radio 80 para pasar más tarde, en 1989 a ser vicepresidente de Grupo 16 Publicaciones. Entre 1990 y 2000 fue además consejero delegado de Radio España.

Entre 1994 y 1995,  Blasco fue tesorero del Real Madrid. En el año 2002 fue presidente de Antena 3 TV. Posteriormente, vocal del consejo de Admistración de Sogecable, consejero de la constructora OHL hasta el 2003, vocal en el consejo de administración en Caja Madrid a propuesta del PP y con Rato ya en la presidencia de la Caja y, actualmente compagina su cargo en Telefónica Argentina con la junta directiva del Real Madrid, de la que es vocal

Ejemplo de Austeridad. Igualito, Igualito que el Gobierno de Canarias, y Diputados Regionales

El alcalde de Garafía cobrará el salario mínimo

Yeray Rodríguez percibirá el 50% de su sueldo.- Dos concejales van al paro pero "seguirán trabajando".

El alcalde del municipio de Garafía, en La Palma, ha decidido dar ejemplo de austeridad y ha reducido su sueldo hasta dejarlo en el salario mínimo interprofesional. Yeray Rodríguez, representante del PSOE, comenzará a percibir 641,40 euros mensuales a partir de la nómina de este mes. La rebaja equivale al 50% de su sueldo anterior, unos 1.224 euros, según ha indicado en declaraciones al programa Tiempos Modernos de CANARIAS AHORA RADIO.
No es el único recorte en uno de los ayuntamientos que se ha visto más afectado por la crisis en las islas. Dos de los cuatro concejales (cinco, si se suma al primer edil) han sido despedidos. Ambos se irán "al paro", pero, según ha confirmado Rodríguez, "han decidido seguir trabajando el tiempo que ellos puedan". Los otros dos ediles, cuya nómina asciende a los 1.000 euros mensuales, también propusieron reducir su salario, ya que no consideran lógico cobrar más que el presidente de la corporación. El alcalde rechazó la iniciativa.
"Simplemente saqué mis cuentas", ha confesado el primer edil palmero. Los cálculos de Rodríguez se limitaron al dinero que le daba "para vivir al mes". "Soy soltero, no tengo hijos ni cargas familiares", explica, "no tengo hipoteca, no tengo letras del coche. No tengo siquiera coche, utilizo uno prestado".
Según Rodríguez, hacer coincidir su nueva nómina con el salario mínimo interprofesional "no fue intencionado". Los algo más de 600 euros que pasará a cobrar a partir de ahora le son suficientes para pagar un alquiler de 300 euros de un piso en el que vive solo en el municipio. Tampoco gasta demasiado en hacer la compra: "Aquí, en Garafía, todo el mundo tiene una huertita con la que ir tirando poco a poco", dice, en su caso, los terrenos de la familia le proveen de los necesario.
La decisión, pese al ejemplo de austeridad que pudiera parecer, no ha caído bien entre los representantes de la oposición. Si las críticas se dirigieron en un principio al tamaño de la administración municipal, con cinco representantes electos para una población de 1.700 habitantes, lo último a lo que ha tenido que contestar Rodríguez es a la acusación de quedarse con "un sueldo que no es digno para un alcalde".
"Lo que he hecho es adaptarme a las necesidades de mi Ayuntamiento", afirma. Además, se ha reducido el personal del Consistorio, que ya el pasado mes de agosto tuvo que hacer frente a un retraso de 15 días en el pago de la nómina de julio. Este año, de momento, el municipio no ha logrado cerrar el presupuesto, que, previsiblemente, rondará los dos millones de euros y contempla una deuda de entre 800.000 y 900.000 euros derivados de créditos a largo plazo contraídos en ejercicios anteriores. El alcalde calcula que serán necesarios al menos ocho años para liquidar la deuda.
"Las previsiones para este año no son buenas en ningún municipio", se queja, "se nos ha recortado muchísimo a las corporaciones locales". Pese a todo, el alcalde de Garafía se posiciona en contra de fusionar municipios: "No se puede ahorrar mucho cuando se habla de unir municipios como este con los municipios vecinos". El principal problema es la dispersión geográfica y poblacional. Desde el núcleo principal de Garafía resta hasta una hora en coche a la capital de otros municipios.
El Consistorio también ha eludido apuntarse al plan de pago a proveedores propuesto por el Gobierno central, que permite el acceso a préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) bajo la obligación de asumir un plan de ajuste aprobado por el Estado. "Son 300.000 euros lo que debemos", reconoce Rodríguez, "no nos convenía a acogernos a ese plan".
PUblicado en: http://www.canariasahora.com/noticia/218962/

Para esto si hay dinero

No hay dinero para pagar la PCI, tampoco para la DEPENDENCIA y el Gobierno de Canarias se gasta 2.258.714€ en el Plan de Publicidad anual del Gobierno 

MANIFESTACIÓN 23 DE MAYO


LO PÚBLICO ES GARANTÍA.
SERVICIOS PÚBLICOS PARA TÍ Y PARA TODOS.

MANIFESTACIÓN 23 DE MAYO A LAS 19 HORAS EN TODAS LAS ISLAS.



EN DEFENSA DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS, DEL EMPLEO PÚBLICO Y DEL MANTENIMIENTO DE LOS SALARIOS


ES UNA CONVOCATORIA CONJUNTA, RESULTADO DE LAS ASAMBLEAS REALIZADAS, DE TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA QUE PARTICIPARÁN TODOS LOS SECTORES PÚBLICOS DE CANARIAS: EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, DOCENTES, SANITARIOS, TRABAJADORES DE JUSTICIA Y PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES. ES UNA CONVOCATORIA EN LA QUE TAMBIÉN SE LLAMA A LA PARTICPACIÓN A LA CIUDADANÍA, QUE A FIN DE CUENTAS ES LA QUE RECIBE LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS.

Las Palmas de Gran Canaria - 19:00 horas - Plaza del Obelisco, Paseo Tomás Morales, Juan XXIII, León y Castillo y Plaza Doctor Rafael O'Shanahan.
Puerto del Rosario (Fuerteventura) - 19:00 horas - Primero de Mayo, León y Castillo, Rotonda, León y Castillo, Antigua Universidad Popular y Delegación de Gobierno.

Arrecife (Lanzarote)
- 19:00 horas - Cabildo viejo, La Marina y Parque Islas Canarias.

Santa Cruz de Tenerife
- 19:00 horas - Plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, San Francisco y Plaza de la Candelaria.

San Sebastián de La Gomera
- 19:00 horas - Plaza del ayuntamiento, Ruiz de Padrón, Av. de Colón, Profesor Armas Fernández y Plaza del Cabildo.

Santa Cruz de La Palma
- 19:00 horas - Plaza de España, O´Dally, vuelta a la rotonda de la Constitución y Cabildo Insular.

Propuesta de Recortes de los Empleados Publicos para Firmar

Los empleados públicos de Canarias quieren expresar su total desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias. Así se lo ha hecho saber, después de hablar un grupo de compañeros en representación del colectivo de empleados público concentrados ante la presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y a su vez, de todos los trabajadores de Canarias, con la Ilma. Sra. Dña. Ángeles Bogas Gálvez, Secretaria General del Gobierno de Canarias, y ante la posibilidad de buscar soluciones, exponen:

Este documento es para firmar en la ultima HOJA, por favor descarguen el documento y firmenlo para su presentación, UNA VEZ FIRMADO ENTREGAR A LOS REPRESENTANTES SINDICALES . ESTE DOCUMENTO TIENE QUE ESTAR FIRMADO ANTES DE LA ENTRADA EN EL PARLAMENTO, QUE SE PREVEE EL 23 DE MAYO