El islote del Francés y sus 100 metros

CORTEZO PARECE QUERER INSISTIR EN QUE SON 20 LOS QUE FIJARÁN LO QUE LE QUEDE PARA ESPECULAR

Islote del Francés

Se ha abierto desde el viernes una nueva fase en el futuro del islote del Francés, la pieza de suelo más codiciada de la isla de Lanzarote si descontamos las que ocupan los hoteles ilegales que algunos quieren salvar por la puerta de atrás aprovechando las tragaderas cada vez más estrechas del personal. La desafección del litoral de la ciudad por parte de Puertos del Estado ha dejado al islote en manos de Costas, es decir, en manos de la delimitación de dominio público, una figura legal que está perfectamente definida por la Ley de Costas de 1988. Y repetimos el año, 1988, es decir, anterior a 1993, año en el que se produjo una sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 19 de octubre, que declaraba el islote urbano con consecuencias indemnizatorias. Por ahí va a ir la estrategia de salvación del propietario del islote, Jaime Cortezo, que quiere sacar la mayor tajada de una pieza para la que llegaron a prometer en una idílica cena con Dimas Martín en Costa Teguise, hasta nueve plantas de edificabilidad. La sentencia del 93 está sujeta a la aplicación del dominio público, y más concretamente a la servidumbre de protección, que según los más avezados expertos en la materia, afectaría a todas las limitaciones a la propiedad privada.

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Aprender de Hoya Pozuelo

A SABIENDAS DE QUE AQUELLO NO SE PODÍA HACER, CORTEZO LO HIZO

En aplicación de la Ley de Costas, el islote del Francés automáticamente ha pasado a estar sujeto a esa delimitación de la servidumbre de protección, es decir, a cien metros a partir de la ribera del mar, lo que en el mejor de los casos reduciría a 12.000 metros cuadrados la superficie interior, frente a los 47.000 que resultarían de aplicar un retranqueo de 20 metros, que es lo que contempla la tan mentada ley para aquellos planeamientos en vigor con planes parciales o proyectos de urbanización anteriores a 1988. Pero es que, de confirmarse la afección a toda la isla de las restricciones a la propiedad privada, quedarán descartados los usos residenciales. Además, la disposición adicional tercera de la Ley de Costas contempla la expropiación de la zona de servidumbre de protección (para algunos estudiosos, todo el islote), a lo que habría que añadir el derecho de tanteo y retracto sobre transmisiones onerosas intervivos de todas las servidumbres de protección ejercido los últimos años por la Administración General del Estado. Nadie pretende arrebatar nada al legítimo propietario del islote, que en el peor escenario para sus pretensiones cobraría el valor legal de la expropiación. Pero Arrecife se ahorraría una operación especulativa en su frente marítimo y la repetición de una Hoya Pozuelo con durísimas consecuencias económicas, ambientales y sociales para una ciudad que no se merece más desgracias.

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Rita Martín, a batirse el cobre

QUIERE SER ALCALDESA DE TEGUISE

Nunca olvidaremos el paso de Rita Martín por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Su aparición estelar en la primera línea de la política regional puso de manifiesto dos dramáticas realidades de esta ultraperificidad: cualquiera puede llegar a sentarse en el Consejo de Gobierno de Canarias y José Manuel Soria siempre se rodea de mediocres para poder brillar con luz propia. Y ustedes perdonen si el orden no es el más preciso. Pero Rita Martín está segura de sus posibilidades, segura de poder ejercer como servidora pública allí donde los ciudadanos y su partido, el PP, lo decidan. Va a repetir en las listas al ayuntamiento de Teguise, lo mismo que hizo en 2007, pero ahora conocedora de muchas más claves de la alta política, ahora experta en gastarse decenas de millones de euros en campañas promocionales inútiles; ahora como experta en restaurantes de lujo, como el Cipriani de Londres, donde se gastó 2.100 euros de dinero público en una cena, o como consumada intermediaria en la compra de medios de comunicación, como hizo con la revista Época (de Intereconomía, claro), a la que aflojó 182.000 euros de todos los canarios para que publicara una pendejada ordenada por su jefe. Rita Martín quiere ser alcaldesa de Teguise y sus conciudadanos son muy libres de poner a una indocumentada al frente de su Ayuntamiento.

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Soria manda a un tal Velarde a difamar

PERIODISTA DIGITAL PUBLICA QUE JOSÉ MIGUEL PÉREZ ENCHUFÓ A SU HIJO EN UNA EMPRESA PÚBLICA, GLOBAL

Están de los nervios en la derechona y utilizan cualquier cosa para desacreditar a sus adversarios. Un periodista de medio pelo, que nadie quiere en ninguna redacción porque además de flojo y facha es esquirol, anda publicando por Internet una sarta de mentiras e insensateces contra todo bicho ajeno al PP, no vaya a ser que el electorado vaya a cometer el tremendo error de no votar a quien a él le paga, José Manuel Soria. Porque sí, amadísimos lectores, a Periodista Digital, que es donde escribe este insulto al periodismo, le ha venido pagando Soria a través de los diversos contratos y convenios que ha podido celebrar mientras tocó teta pública con el objetivo de que Alfonso Rojo, el director de esa caverna, le colocara en Canarias a un indocumentado que largara todas las burradas del mundo. Incluso aquellas que ni el mismísimo Soria se atrevería a largar. Su última aportación al infundio ha sido decir que José Miguel Pérez enchufó hace tres años a uno de sus hijos en "una empresa pública dependiente del Cabildo". El indocumentado periodista asegura que esa es la condición de Global, la empresa de economía social propiedad de sus ochocientos trabajadores, que presta el servicio público de transportes en Gran Canaria desde 1973. Cuando le hicieron saber el tamaño de su metedura de pata, el tal Velarde, que es como se apellida este mamporrero de Soria, dijo que vale, que sí, pero que al fin y al cabo el Cabildo tiene con Global un contrato-programa. Pues sí, pedazo de zoquete, un contrato-programa fruto del artículo 8 del REF por el que el Estado, a través de los Cabildos, cubre las líneas deficitarias de servicio público. Pero les da lo mismo con tal de difamar a sus adversarios o a los desafectos al sorianismo.
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Soria justifica el uso del helicóptero por parte de Rivero

CUANDO LO HA USADO HA SIDO ''PORQUE LO NECESITABA''

Según el líder del PP de Canarias, el coste de cada desplazamiento está "en el entorno de los 900 euros".

El presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ha justificado el uso que del helicóptero realiza el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, considerando que cuando lo ha utilizado ha sido porque "lo necesitaba".

"El coste de cada desplazamiento puede estar en el entorno de los 900 euros. Eso es el coste, lo cual no quiere decir que el presidente del Gobierno no pueda utilizar en sus desplazamientos ese helicóptero siempre y cuando lo necesite", dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, matizó que si hay líneas aéreas y frecuencias "lo normal es que se utilicen" pero aseguró tener la "impresión de que cuando se ha utilizado, se ha utilizado porque lo necesitaba".

De todos modos, Soria dijo que "no conoce nada que tenga coste cero", en referencia a la respuesta de Rivero sobre el empleo del helicóptero.

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Acusan a Rojas de "enredarlo todo" para justificar la pérdida de 600.000 euros

La diputada socialista Francisca Luengo acusa a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, de “enredar y manipular para ocultar” que en 2010 Canarias perdió 602.000 euros “por no trabajar desarrollando ciertos aspectos de la Ley de Dependencia”.

Luengo lamenta en un comunicado que Rojas haya admitido que ha perdido 600.000 euros para los dependientes canarios “al reconocer que no ha cobrado ni un céntimo de la cantidad que le hubiera correspondido si hubiera hecho su trabajo el año pasado”.

La diputada socialista recuerda en un comunicado que Rojas fue a Madrid en julio de 2010 y se vino “con tarea debajo del brazo”, una tarea vinculada a un fondo dotado de 30 millones, de euros, denominado de cumplimento de Acuerdos. “Es decir, si trabajaba desarrollando los aspectos de la ley de la dependencia, cobraría el dinero, de lo contrario no, que es lo que finalmente sucedió”, agrega.

Luengo acusa a Rojas de “boicotear la ley y perjudicar a los canarios dependientes”, que son los que podrían haberse beneficiado de esa partida económica, y le recrimina que para tapar que no ha hecho nada “se dedica a inventarse recortes que no son ciertos”, y le aclara que los recursos que aporta el Estado “son claros y transparentes, los que sí son oscuros son los que debería aportar la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Además agrega que la Consejera, “lo enreda y lo confunde todo”, citando disposiciones autonómicas y sentencias “que nada tienen que ver con el trabajo que tenía que hacer y no ha hecho”.

El primer enredo de Rojas, explica Luengo, es que la Orden de 10 de febrero de 2010 se limita a dar carácter definitivo a otra de 2008 referida a la intensidad de las prestaciones económicas sin que se corresponda su contenido, con ninguno de los acuerdos que debían trasponerse a la normativa canaria.

“Tampoco el Decreto 54/2008 de 28 de marzo traspone a la legislación canaria ninguno de los acuerdos, a cuyo cumplimiento se vincula el cobro de los 600.000 euros, que por cierto, Rojas ha incumplido permanentemente desde que lo dictó, dejando a los dependientes esperando más de 24 meses en lugar de los seis a los que obliga el citado decreto”, continúa.

Luengo añade que el “colmo” es que la Consejera cite la Resolución de febrero de 2011 de la Viceconsejería de Bienestar Social referida a la formación de cuidadores informales –desarrollada por otra posterior del 16 de marzo- sabiendo que para que venga el dinero en la anualidad de 2010, “el trabajo hay que hacerlo también en el mismo año, de lo contrario se pierde, como así ha ocurrido”.

“En definitiva la Consejera cita tres normas que nada tienen que ver con las que tenía que haber dictado, pero enreda y lo lía todo adrede, para esconder que sigue boicoteando la ley y castigando a los dependientes que son, en definitiva, los perjudicados.”, manifiesta Luego.

Además le recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional que cita, no entra en el contenido de los acuerdos del Consejo Interterritorial. “Sólo se pronuncia sobre un aspecto formal: el de exigir que las decisiones del Consejo se realicen mediante Real Decreto y no por Resolución, sin entrar al fondo de nada”. Lo que ocurre que la Consejera se agarra “como un clavo ardiendo a dicha sentencia para no reconocer derechos ni a los dependientes ni a las personas con discapacidad.

Por último, Luengo exige a la Consejera a que cese de manipular, aplique de una vez la Ley de Dependencia y que cumpla los acuerdos en tiempo y forma como lo hacen las otras comunidades autónomas, “porque su mala gestión la están pagando muy cara las personas dependientes y sus familias, que llevan cuatro años sufriendo y sin saber adónde acudir porque el Gobierno de Canarias les da la espalda”.Publicado en http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=262751