Vídeo sobre el debate electoral en el que Alfredo Pérez
Rubalcaba denuncia las políticas que Rajoy ha puesto en marcha en el
Gobierno y negó en ese momento
lunes, 21 de mayo de 2012
EL 'TRUCO' PARA FICHAR EN RTVE O EFE
Hacienda duplica el sueldo con variables y complementos a los directivos de las empresas públicas (Desmantelamos el estado de Binestar para esto)
Primero les bajaron el sueldo hasta un 30%, como se
anunció a bombo y platillo por parte de la vicepresidencia del
Gobierno, pero el recorte tiene truco o, al menos, una salida para
retribuir mejor a los presidentes de las grandes empresas públicas, que
podrán ver doblado su sueldo gracias a un complemento de puesto y otro
variable. La medida afectará directamente al futuro presidente de la
Corporación RTVE y a otros directivos de empresas como EFE, Navantia o la SEPI.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció el pasado 17 de febrero el recorte
de entre un 25 y un 30% de las retribuciones de los presidentes de las
compañías públicas. La medida les afectaría en función del tipo de
empresa, el volumen de negocio o el número de trabajadores y se llevaría
a la práctica para hacer un “esfuerzo” acorde al que ya han sufrido en
sus nóminas los funcionarios. En total, el sueldo fijo de un ejecutivo
de una gran compañía del tamaño como la SEPI tendría un tope de 105.000 euros.
Eso
en lo que atañe a la parte fija de su retribución. Porque el real
decreto que regulaba ese ajuste dejaba en manos del Ministerio de
Hacienda la concreción del complemento de puesto y del complemento
variable que completan el sueldo y que están “absolutamente ligados al
cumplimiento de objetivos”, tal y como anunció la propia Sáenz de
Santamaría.
Pues bien, el departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro
ya ha definido la cuantía de esos complementos en el máximo de los
sigilos. De hecho, la orden ministerial del pasado 12 de abril que lo
regula fue “comunicada, pero no publicada” en el BOE, según explican
desde la propia Vicepresidencia del Gobierno.
Dicha orden contempla que los ejecutivos puedan tener un complemento en razón del “puesto” de responsabilidad que ocupan y que “representará como máximo el 60% de la retribución básica” del
salario, que varía en función del tamaño de la compañía. Así, el
Gobierno diferencia entre las empresas más grandes, cuyos directivos
tendrán una retribución máxima de 105.000 euros; las medianas, con un
límite de 80.000 euros, y las más reducidas, con un tope de 55.000 euros
al año. Ese “complemento de puesto” se asignará, según el texto de
Hacienda, a “quien ejerza el control o la supervisión financiera de la
entidad o a los accionistas”.
A
eso hay que sumar, además, otro complemento que se denomina “variable” y
que, según estipula Hacienda, “representará como máximo el 40% de la
retribución fijada”. Este complemento se justifica en función de “la
consecución de unos objetivos previamente establecidos conforme a
parámetros evaluables por quien ejerza el control o supervisión
financiera de la entidad o por los accionistas”.
Una barrera superada
Sumados
ambos, los ejecutivos podrán doblar el tope fijado en sus sueldos y
superar ampliamente la barrera de los 100.000 euros. Una barrera que,
por ejemplo, en el caso de algunos directivos como el de la Agencia EFE, José Antonio Vera, se había vuelto un freno a la hora de impulsar su fichaje procedente de La Razón, en donde tenía una retribución mucho mayor, como ya se contó en este diario. El mismo límite estaría creando problemas para encontrar a la persona adecuada para hacerse cargo de las riendas de RTVE, puesto para el que ha sonado con insistencia Luis Blasco, actual presidente de Telefónica Argentina.
Tal
y como anunció la vicepresidenta en febrero, el recorte de los sueldos
públicos acaba también con la “práctica habitual” de añadir otras
retribuciones en especie (vivienda, manutención, planes de pensiones…)
que superen el límite fijado. “El tope lo incluye todo. Las cantidades
no pueden rebasarse con ningún otro tipo de retribuciones”. Salvo, eso
sí, los complementos variables.
ESPAÑA: HACER POLÍTICA DESHUMANIZADA
Por Pedro Negrin Fernández

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En cualquier calle de Madrid |
Al lado de esto, el informe de Cruz Roja, tan crudo como el anterior
de Cáritas, que retrata una durísima realidad social, apenas tuvo eco.
Muy poca resonancia mediática. Ninguna resonancia política. A los pobres
se les hace el silencio, no sea que nos vayan a contagiar. Es
comprensible: al fin y al cabo, Europa nos ha convencido de que tenemos
dos problemas de los que depende nuestro futuro. Son las cuentas de las
autonomías y el estado del sistema financiero. De vez en cuando alguna
voz tímida se atreve a asomar: “y el paro”. ¡Ah, es verdad, el paro!,
respondemos, como si fuera un asunto secundario que puede esperar.
De esta forma, la aprobación de los planes autonómicos de ajuste se
contempla como gran noticia del siglo, el ministro Montoro adquiere
legitimidad de hombre feliz en su triunfo, y todos soñamos con que sea
la piedra filosofal que reinstaure la confianza perdida. Incluso los más
estatistas disfrutan con la imagen de unos gobernantes autonómicos
rendidos ante la amenaza de intervención del Estado y sometidos a
vigilancia mensual. Los recortes en salud y educación, incluso la subida
de impuestos, se presentan como benefactoras acciones que le permiten
decir al Gobierno que hace los deberes. Ya sólo falta que el señor Rajoy
reciba las bendiciones de Angela Merkel. Logrado eso, nos aproximamos
al paraíso, con la venia de los auditores del sistema bancario.
Hizo falta que una señora se acercase a Montoro a decirle: “como me
quiten el dinero, mato”. ¡Leñe, hay pueblo! El pueblo es el gran
ausente. No recibe explicaciones de la situación de Bankia hasta que se
teme la retirada masiva de depósitos. Hay una demanda casi enfermiza de
un discurso -un relato, se suele decir- que aclare el panorama, y se
resuelve con golpetazos urgentes y partidistas en sesiones de control. Y
es terrible que ya nadie se ocupe de lo que denuncian Cáritas y Cruz
Roja: cómo crece el número de personas que demandan asistencia, cómo
aumentan los ciudadanos situados en nivel de pobreza, cómo por primera
vez hay que pedir donaciones para socorrer a españoles… ¿Qué ocurre?
¿Nos hemos acostumbrado a esa situación? ¿Es un mal menor, al lado de
las exigencias de los mercados? Si es así, hemos entrado en la peor fase
de la crisis: la deshumanización de la política.
Uno de Siete
Por Pedro Negrín Fernández
De los siete juicios
por corrupción pendientes, ya hay uno visto para sentencia, quedan seis.
Y me preocupa el resultado de los mismos. Pienso que en algunos ya se
ha visto la mano que mece la cuna, el rey ya ha movido ficha, demostrado, para que su yernísimo y su hija queden lo mejor posible en sus corruptelas.
Dicen que con la capa de los gitanos se arropan los aldeanos. No sé si puede servir para (en)cubrirse la capiña-excusa de quienes son mucho más pobres que ellos, pero es buen subterfugio, chivo expiatorio perfecto. Aunque la economía y su descenso al averno financiero lo acapare casi todo, queda huequecito junto a la crisis y tal vez al socaire entrelazado a ella,
para poner en el candelero mediático los enjuiciamientos a
¿responsables políticos? y sus aledaños. Los trajes-Gurtel de Camps y
los tejemanejes de Matas dan para mucho, pero el más sonado es el del
yernísimo del Borbón, majestad serenísima en plena zozobra, aunque a
buen seguro haya encontrado el chivo expiatorio para el sacrificio
ritual redentor de toda la prole real. Aunque la excusa
real reporte siempre pingües beneficios, es probable que tras treinta
años de urdangarinear aquí y allá, los Borbones hayan encontrado la válvula para soltar lastre y tapar debilidades propias en la rapiña-capiña del advenedizo. Podrían cruzarse apuestas sobre la sentencia
final, pero es jugar con ventaja saber que ningún pelo real será
judicialmente desmadejado. Y si no, se indulta como al consejero del
Santander, Alfredo Saenz. Mientras, al ilustre Garzón, machacaetarras de
pro, lo quieren trincar por hurgar entre los Gurtel-boys, por dudosas
ayudas de estudios y sobre todo por intentar conocer dónde reposan en
paz los muertos-rojillos de la guerra (in)civil. Mientras atornillaba a vascos descarriados le aplaudían con las
orejas, pero meterse en el jardín florido-espinoso de algunos poderosos
es otra cosa… En jardín de espinas se mete el juez Ruz reactivando la causa contra Bush, sus generales y jefes de la CIA por las torturas-crímenes de Guantánamo. Aduce "vínculo de las víctimas con España" ante la falta de respuesta de EE.UU. Es demandar al sol por los cánceres de piel. Por lo visto, la majadería hispana ligada al ADN viene de lejos. Estando de acuerdo con el funcionario de la Generalitat Alfonso Puncel al querellarse contra la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, por "injurias y calumnias" tras decir que
"todos los funcionarios reciben regalos", esperaremos en vano Justicia,
porque mientras Barberá reparte porquería, los ciudadanos/as perdemos
dinero y tiempo empeñándonos en buscar Justicia en una institución que
machaca rápidamente a disidentes e hipotecados o busca litigio en
América o la luna, pero se la coge con papel de fumar ante banqueros, políticos y por supuesto la familia real.
APOYO MOVILIZACION ENSEÑANZA PUBLICA
Ante la convocatoria de
movilización general en la enseñanza pública de toda España del próximo día 22,
en contra los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende introducir en
el sistema educativo la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Públuca quiere comunicar
1.- Que compartimos el
sentimiento de indignación de la comunidad educativa y de las organizaciones
representativas de los padres y madres de alumnos por unos recortes que van a
suponer una disminución del derecho a la educación en condiciones de igualdad
para todos los ciudadanos.
2.- Que denunciamos que esta
política es similar a la que se pretende aplicar al sistema sanitario público al
que se quiere desmantelar para favorecer el desarrollo del sistema sanitario
privado
3.- Que estas políticas van a
hacer pagar el coste de la crisis a dos sectores que no han tenido nada que ver
con el incremento de la deuda ni con la crisis financiera. Deteriorar y
desmantelar la enseñanza y la sanidad pública tendrá enormes costes para el
futuro de este pais que tendrá menos oportunidades para su desarrollo y cuya
población verá empeorara sustancialmente los magníficos indicadores de salud que
ahora disfrutamos.
Por todo ello la FADSP apoya la
movilización de la enseñanza en la defensa del sistema educativo público
universal, gratuito y equitativo, que de las mismas oportunidades a todos los
ciudadanos independientemente de su clase social
21 de mayo de
2012.
Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública
RTVC despedirá a 20 trabajadores y rebajará su presupuesto en 8,3 millones
La empresa que gestiona los informativos, Videoreport Canarias, verá reducido su presupuesto en un 20%, lo que supondrá más despidos.
LA RADIO PÚBLICA PODRÁ COMERCIALIZAR PUBLICIDAD
Radiotelevisión Pública de Canarias (RTVC) despedirá antes del próximo mes de julio a una veintena de trabajadores en aplicación del plan de ajuste dado a conocer este lunes a los sindicatos, al comité de dirección y al consejo de administración del ente público dependiente del Gobierno de Canarias. Once de los despidos serán en la radio pública, Canarias Radio la Autonómica, rebautizada estos días con el nombre de "la Radio Nacional de Canarias".
Los nueve despidos restantes se efectuarán en la televisión y serán mayoritariamente contratos que no se renovarán como consecuencia del cierre del segundo canal de TVC, anunciado hace ya algunas semanas.
El recorte en los presupuestos de RTVC va a suponer para 2013 una reducción de 8,3 millones de euros, lo que supondrá pasar de los 36 actuales a 27,7, que se distribuirán en 26 millones para la televisión y 1,7 para la radio. La era de Guillermo García, director general de RTVC, se inició con un presupuesto anual de 66 millones de euros en 2007.
El recorte alcanzará de manera importante al contrato de suministro de servicios informativos, que presta por concurso la empresa Videoreport Canarias. Su asignación anual de 18 millones de euros se verá reducida en un 20%, lo que supone una merma de 3,6 millones de euros.
Esta reducción llevará aparejada una renegociación del contrato de suministros de informativos con una reducción sustancial de las exigencias del pliego y la correspondiente reducción de plantilla, que pudiera afectar a varias decenas de personas.
Como novedad destacable de este plan de ajuste se encuentra la posibilidad de que la radio pública pueda contratar publicidad, lo que supondrá una más que probable rebelión de las emisoras comerciales privadas, que verán de ese modo mermado su acceso a la cada vez más exigua tarta publicitaria.
Publicado en: http://www.canariasahora.com/noticia/219689/
Los nueve despidos restantes se efectuarán en la televisión y serán mayoritariamente contratos que no se renovarán como consecuencia del cierre del segundo canal de TVC, anunciado hace ya algunas semanas.
El recorte en los presupuestos de RTVC va a suponer para 2013 una reducción de 8,3 millones de euros, lo que supondrá pasar de los 36 actuales a 27,7, que se distribuirán en 26 millones para la televisión y 1,7 para la radio. La era de Guillermo García, director general de RTVC, se inició con un presupuesto anual de 66 millones de euros en 2007.
El recorte alcanzará de manera importante al contrato de suministro de servicios informativos, que presta por concurso la empresa Videoreport Canarias. Su asignación anual de 18 millones de euros se verá reducida en un 20%, lo que supone una merma de 3,6 millones de euros.
Esta reducción llevará aparejada una renegociación del contrato de suministros de informativos con una reducción sustancial de las exigencias del pliego y la correspondiente reducción de plantilla, que pudiera afectar a varias decenas de personas.
Como novedad destacable de este plan de ajuste se encuentra la posibilidad de que la radio pública pueda contratar publicidad, lo que supondrá una más que probable rebelión de las emisoras comerciales privadas, que verán de ese modo mermado su acceso a la cada vez más exigua tarta publicitaria.
Los sindicatos de la función pública proponen eliminar 1.000 cargos de confianza
Rafael Rodríguez (IC): "Si sumáramos la administración local y la del Estado", los cargos prescindibles "serían muchos más".
Los sindicatos presentes en la Administración Pública canaria han exigido este lunes al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que elimine del organigrama autonómico a un millar de cargos de confianza, asesores y directores generales antes de poner en marcha las medidas anunciadas para los funionarios de la Comunidad, entre ellas el recorte de los sueldos y el aumento de jornadas.
Los representantes de los trabajadores, en una rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, explicaron que este cálculo de 1.000 personas sobrantes es aproximado, y sólo se corresponde a la Administración Pública canaria. "Si sumáramos la local y la del Estado, serían muchos más", señaló Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria.
Defienden que las funciones que desempeñan los directores generales pueden ser realizadas por personal funcionario "que son, en definitiva, los que hacen las gestiones previas de toda la documentación". Con el nombramiento de estos cargos "y hasta de los viceconsejeros" se está produciendo, dijeron, un "solapamiento" en el desarrollo de las tareas en el seno de la Administración, que encarece el sistema.
Rodríguez se mostró especialmente crítico con la gestión del Gobierno de Canarias, ya que "no se puede permitir una ola de privatizaciones, que es lo que están haciendo". Explicó que los funcionarios públicos "somos los garantes" de "lo público y el Estado de Bienestar", y defendió que los ataques a los funcionarios realmente "son contra toda la sociedad".
Y recordó que "los políticos no aflojan un punto", manteniendo "sus privilegios como el cobro de una productividad de hasta 35.000 euros al año".
Los portavoces sindicales de Intersindical Canaria (IC), Comisiones de Base (Cobas), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Unión General de Trabajadores Canarias (UG), Convergencia Sindical Canaria (CSC-Ocesp), Comisiones Obreras Canarias (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato Independiente Canario (SIC) y Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) han hecho un llamamiento a los funcionarios y a toda la sociedad para que se unan a las manifestaciones convocadas para el próximo miércoles en todas las capitales canarias en defensa del mantenimiento de los servicios públicos y del empleo.
Publicado en: http://www.canariasahora.com/noticia/219603/
Los sindicatos presentes en la Administración Pública canaria han exigido este lunes al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que elimine del organigrama autonómico a un millar de cargos de confianza, asesores y directores generales antes de poner en marcha las medidas anunciadas para los funionarios de la Comunidad, entre ellas el recorte de los sueldos y el aumento de jornadas.
Los representantes de los trabajadores, en una rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, explicaron que este cálculo de 1.000 personas sobrantes es aproximado, y sólo se corresponde a la Administración Pública canaria. "Si sumáramos la local y la del Estado, serían muchos más", señaló Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria.
Defienden que las funciones que desempeñan los directores generales pueden ser realizadas por personal funcionario "que son, en definitiva, los que hacen las gestiones previas de toda la documentación". Con el nombramiento de estos cargos "y hasta de los viceconsejeros" se está produciendo, dijeron, un "solapamiento" en el desarrollo de las tareas en el seno de la Administración, que encarece el sistema.
Rodríguez se mostró especialmente crítico con la gestión del Gobierno de Canarias, ya que "no se puede permitir una ola de privatizaciones, que es lo que están haciendo". Explicó que los funcionarios públicos "somos los garantes" de "lo público y el Estado de Bienestar", y defendió que los ataques a los funcionarios realmente "son contra toda la sociedad".
Y recordó que "los políticos no aflojan un punto", manteniendo "sus privilegios como el cobro de una productividad de hasta 35.000 euros al año".
Los portavoces sindicales de Intersindical Canaria (IC), Comisiones de Base (Cobas), Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Unión General de Trabajadores Canarias (UG), Convergencia Sindical Canaria (CSC-Ocesp), Comisiones Obreras Canarias (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato Independiente Canario (SIC) y Frente Sindical Obrero de Canarias (FSOC) han hecho un llamamiento a los funcionarios y a toda la sociedad para que se unan a las manifestaciones convocadas para el próximo miércoles en todas las capitales canarias en defensa del mantenimiento de los servicios públicos y del empleo.
Publicado en: http://www.canariasahora.com/noticia/219603/
La ONU alerta del desmantelamiento de los niveles de protección social en España
La organización internacional recuerda al Gobierno que las reformas no pueden socavar derechos adquiridos
Un Comité de la ONU expresó hoy su preocupación por la reducción de los
niveles de protección de los derechos económicos, sociales y culturales
en España, a raíz de la adopción de medidas de austeridad para hacer
frente a la crisis. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC) publicó sus observaciones finales sobre la situación
en España en el periodo 2004-2009, aunque el documento recoge
recomendaciones e inquietudes relacionadas con las recientes políticas
anticrisis.
El DESC recomienda al Gobierno español revisar las reformas adoptadas
para garantizar que la austeridad no socave derechos consolidados y que
sea una política temporal, y expresa su preocupación por el
“desproporcionado” impacto que tiene sobre los individuos y los
colectivos desfavorecidos y marginados. Estos individuos y colectivos
son, para este comité de la ONU, “los pobres, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados,
las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes, y los solicitantes
de asilo”.
El 21,8% por debajo del umbral de la pobreza
El DESC cifró en un 21,8 % el porcentaje de la población española que vive por debajo del umbral de la pobreza, y advirtió de que “en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza”. Las observaciones finales hacen alusión asimismo al desahucio en España de miles de personas por impago de sus hipotecas a otro fenómeno producto de la crisis económica que comenzó en 2008. Recomienda en este sentido al Estado español impulsar una reforma legislativa que “faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias”.
El DESC cifró en un 21,8 % el porcentaje de la población española que vive por debajo del umbral de la pobreza, y advirtió de que “en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza”. Las observaciones finales hacen alusión asimismo al desahucio en España de miles de personas por impago de sus hipotecas a otro fenómeno producto de la crisis económica que comenzó en 2008. Recomienda en este sentido al Estado español impulsar una reforma legislativa que “faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias”.
“Desalojos forzosos sin las debidas garantías legales”
Para el Comité es preocupante “que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación”. Sobre las pensiones, el DESC constata que en muchos casos son inferiores al nivel mínimo de subsistencia, sobre todo en el caso de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas. Preocupación muestra igualmente por las dificultades de las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la ley, y por “los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas”.
Para el Comité es preocupante “que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación”. Sobre las pensiones, el DESC constata que en muchos casos son inferiores al nivel mínimo de subsistencia, sobre todo en el caso de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas. Preocupación muestra igualmente por las dificultades de las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la ley, y por “los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas”.
Inquietan recortes regionales en la lucha contra la violencia de género
En lo referente a los derechos de las mujeres, el DESC expresa también su inquietud por “la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado para prevenirla”. Inquietan especialmente a este Comité “los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades autónomas”.
Por último, el DESC denuncia “la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes” hacia inmigrantes y gitanos -”inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública”- y lamenta las modificaciones de la Ley de Extranjería que “recortan los derechos” a la sanidad pública de los inmigrantes en situación.
En lo referente a los derechos de las mujeres, el DESC expresa también su inquietud por “la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado para prevenirla”. Inquietan especialmente a este Comité “los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades autónomas”.
Por último, el DESC denuncia “la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes” hacia inmigrantes y gitanos -”inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública”- y lamenta las modificaciones de la Ley de Extranjería que “recortan los derechos” a la sanidad pública de los inmigrantes en situación.
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