El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, al término del Consejo de Gobierno de ayer, negó que el gabinete autonómico de Coalición Canaria (CC) vaya a imponer "de facto" la suspensión de los acuerdos pactados en el convenio colectivo de los empleados públicos, contemplado en el plan de medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad de la gestión administrativa y en la gestión de los recursos humanos.
El portavoz afirmó que dicho plan fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre, junto al proyecto de ley de los presupuestos generales regionales para 2011, como un documento de "directrices", que impulsa un ahorro que "no es caprichoso" sino "necesario" para el mantenimiento de los servicios públicos y para la "estabilidad" del empleo público. Todo ello, puntualizó, sin que el próximo año se vayan a subir los impuestos.
Marrero recordó que "estamos en una situación en la que es necesario ajustarse el cinturón" y los sindicatos, continuó, "deben entender que no son una excepción".
El portavoz reiteró que el plan de medidas extraordinarias tiene el objetivo de que "si no produce ahorro" con este tipo de iniciativas no se podrían mantener los servicios dados por la administración autonómica a la poblaciòn de la islas.
Legalidad
MartínMarrero garantizó que el Ejecutivo regional "respetará" la legalidad vigente. Con el fin de lograr dicho objetivo, el Gobierno llamará a las centrales sindicales más representativas para analizar "si se conculca" el convenio colectivo pactado para los empleados públicos al promover la supresión de algunos derechos adquiridos por los trabajadores de las instituciones públicas regionales.
Una decisión que, en opinión de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias, puede ser motivo de impugnación en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ante el Tribunal Constitucional (TC), como ya ha ocurrido a nivel estatal con la decisión de la bajada del sueldo de sus trabajadores .
La vía del diálogo, según el portavoz gubernamental, va a estar "abierta" porque en opinión de Martín Marrero es "muy difícil" que este tipo de iniciativas se puedan llevar a la práctica "si no hay colaboración por ambas partes". Tanto el Ejecutivo canario como los empleados de la administración regional, continuó, tienen que tener la convicción de que es "necesario apretarse el cinturón".
Martín Marrero justificó este planteamiento con los fines diseñados por el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, a la hora de elaborar el proyecto de ley presupuestario para el próximo ejercicio económico, que ahora ha comenzado su tramitación parlamentaria.
El portavoz se refería a dos decisiones concretas como son el mantenimiento de la presión fiscal, a pesar de que UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) piden que se eleve, y el mantenimiento de la funcionalidad de los servicios sociales públicos. Todo ello teniendo en cuenta que las posibilidades de gasto del Ejecutivo en 2011 se ven mermadas en unos 900 millones de euros con respecto a este año.
Algunas de las medidas extraordinarias a poner en práctica deben ser negociadas antes del próximo 31 de diciembre mientras que otro paquete de iniciativas dependerán de la aprobación de los presupuestos de 2011 en el Parlamento antes de fin de año.
UGT y CC.OO. anuncian movilizaciones
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Juan Jesús Arteaga y Juan Francisco Fonte, respectivamente valoraron ayer el proyecto presupuestario de 2011 y el plan de medidas extraordinarias para el fomento del ahorro, según informó Europapress. Fonte criticó que "se pierden derechos"al tiempo que pidió al PSC que hagan "algo más" ante los recortes previstos porque "no sólo" van a ser educación y sanidad. Juan Jesús Arteaga afirmó que el pacto social y por el empleo, firmado por el Gobierno con patronales y sindicatos, "ha saltado por los aires". Para el secretario general de UGT hay que "movilizarse" para protestar porque Canarias "no va a aguantar". Con el objetivo de hacer frente a este escenario, los sindicatos han elaborado un calendario de actuaciones. Para el 15 de noviembre se darán a conocer propuestas en relación con los presupuestos. Además el 30 de noviembre, antes de la fecha límite para presentar enmiendas a los presupuestos, se celebrará una jornada de protesta con concentraciones ante las sedes del Gobierno canario.
