Por Pedro Negrin
Supongo, aunque no lo sé y no hay certeza alguna como viene
demostrando la sucesión de hechos relacionados con la crisis, que la
sustancia del hachazo era inevitable. Si se gasta demasiado, se vive de
prestado y tienes a los morosos a la puerta del castillo para cobrar la
deuda, lo aconsejable es racionar las provisiones. Pero incluso dando
por bueno este argumento es muy discutible que Rajoy haya acertado en el
fondo y en la forma.
Sobre las formas, Rajoy tiene razones para reír pese a que sus
gobernados están sumidos en un valle de lágrimas. Se ha reído de nada
menos que de 10.830.693 personas que votaron en noviembre de 2011 un
programa electoral que el PP incumple sistemáticamente. Para ser más
precisos, no es que no haga lo que prometió (por desgracia suele ocurrir
con frecuencia), sino que hace exactamente lo que negó que haría en el
caso de gobernar. El engaño es redondo. Es un fraude; así de claro.
Pero el fraude directo a sus votantes repercute en todo el censo
("¡que se jodan!", que diría la diputada Fabra). No sabemos si Rajoy
tendría esta mayoría absoluta en el caso de que no hubiera escondido sus
verdaderas intenciones. Aún más, los efectos de los decretos ley con
mayoría absoluta constituyen un método infalible para su aplicación
inmediata se ajusten o no a la ley, invadan o no competencias y estén o
no respaldados por la ciudadanía a la que se le ha hurtado el derecho a
expresar su opinión sobre estas medidas.
Visto desde Euskadi, la bancarrota española es un desastre añadido
por varios motivos. El primero, porque el Gobierno alumbrado con el
pacto PSE-PP ha dilapidado buena parte de la comparación positiva que
manteníamos en relación con las cuentas del Estado. El segundo, porque
lejos de emprender un camino diferenciado, López se ha dedicado a
diluirnos en una realidad española de la que convenía huir como gato
escaldado. En vez de desengancharnos del tren español, ha tratado de
convertirnos en un vagón más.
Un último aspecto sobre las formas. Sabemos que las medidas vienen
"recomendadas" desde los organismos de la Unión Europea que sólo prestan
dinero si hay garantías de cumplimiento de los límites de déficit. Pero
eso no es óbice para que, siquiera en el estrecho margen que queda en
una economía intervenida de facto, el Gobierno de Rajoy hubiera buscado
algún consenso previo mediante la negociación. Repito, si no hubiera
engañado previamente a la población, posiblemente hubiera estado
obligado a pactar.
Del contenido, si partimos de que es necesario ahorrar, lo discutible
es a quién afectan más estos recortes. En palabras del propio Rajoy en
septiembre del año pasado, "la subida de impuestos es profundamente
insolidaria con las clases medias y trabajadoras". Tiene razón, sobre
todo cuando los impuestos que aumenta no son progresivos, como el IVA,
recorta las prestaciones a quienes no encuentran empleo o reduce la
asistencia a las personas dependientes. Lo de los empleados públicos es
un capítulo aparte. Parece que el hecho de que tengan un puesto de
trabajo asegurado (¿seguro?) permite adoptar cualquier medida en su
contra. Si me pongo en su piel, me cuesta entender qué celo van a poner
en su trabajo si lo que reciben a cambio es, por este orden: campaña de
desprestigio, recorte salarial, aumento de horas de trabajo y supresión
de la paga extraordinaria.
Los cálculos que baraja Rajoy son eso, cálculos. Por lo tanto,
sujetos a no traducirse necesariamente en hechos contables. No tanto en
cuanto al recorte en el gasto, porque eso depende de una decisión
ejecutiva que compete a las administraciones, sino en el capítulo de
ingresos. Volviendo a citar al Rajoy de hace dos años: "La subida del
IVA retraerá el consumo y no implicará un aumento de ingresos".
Sólo hay una medida que aplaudo abiertamente: la subida del impuesto
aplicado al tabaco. Es lo que me faltaba para dejar de fumar.
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