En defensa de los Servicios Publicos y el Estado del Bienestar

Los tres años más duros de un Gobierno

Paulino Rivero suele presumir de haber anticipado la crisis que José Luis Rodríguez Zapatero tanto tardó en aceptar y aún más en tratar de amortiguar sus efectos. Pero ha sido en este último año, el tercero de sus legislatura como presidente, cuando las consecuencias prácticas de la crisis se han sentido con mayor virulencia. Que viene el lobo, que viene el lobo¡ A Canarias le ha llegado la crisis económica anunciada con antelación suficiente por el propio presidente del Gobierno, Paulino Rivero. Pero ello no ha servido para atajar sus efectos de manera palpable pese a las medidas anticrisis que el jefe del Ejecutivo ha venido anunciando e intentando aplicar y que constituyen no mucho más de una gota de agua en un océano de parón económico y crecimiento del desempleo.

Ha sido durante este tercer año de la legislatura cuando la depresión económica ha mostrado toda su crudeza en las cuentas públicas.

recortes. El severo recorte del déficit público al que se ha comprometido España ante sus socios de la Unión Europea ha derivado en recortes paralelos exigidos por el Estado a las Comunidades Autónomas. Un primer recorte, el ordenado por el Plan de Reequilibrio Económico y Financiero, se llevó de la ley presupuestaria en torno a 126 millones de euros que afectaron al conjunto de los departamentos del Gobierno.

Un segundo recorte ya en proceso ha supuesto, en consonancia con la normativa estatal, la bajada del sueldo de los funcionarios y cargos públicos en un 5%, aunque presidente (15%), el vicepresidente (12%), los consejeros (10%) y los viceconsejeros, directores generales y asimilados tendrán una rebaja superior de sus sueldos.

Un tercer recorte todavía en fase de estudio afecta a la propia estructura administrativa, muy especialmente a las empresas públicas y sus altos dirigentes. Y el tercer y gran recorte se tendrá que producir en la elaboración de los próximos presupuestos, donde los ingresos procedentes del Estado van a bajar de forma drástica. Se calcula que el tijeretazo alcanzará los 1.100 millones de euros.

crisis institucional. Como fichas de dominó, todas las instituciones se han visto arrastradas a las penurias económicas. Cabildos y ayuntamientos no podían ser menos y sus demandas de ingresos procedentes del REF por un importe nunca inferior a lo que recibieron en 1993 ha originado una crisis institucional de trasfondo jurídico por importe de 79 millones de euros que ha llegado a los tribunales.

En este contexto, el Gobierno ha conseguido al menos parar algunas de las millonarias indemnizaciones que pendían como espada de Damocles sobre las arcas públicas. La más importante, por 103 millones de euros, era para el empresario Rafael Bittini y fue parada en el último minuto gracias a las incongruencias en el aval detectadas por los Servicios Jurídicos del Gobierno.

Es el mismo y difícil contexto en el que el Ejecutivo sustentado por el pacto CC-PP tiene que elaborar sus últimos presupuestos, que deben garantizar la prestación de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la asistencia social.
Publicado en http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=175424