Más que una comisión parlamentaria de investigación, bastaría con que el actual consejero de Sanidad ordenara una investigación interna que depure las responsabilidades que el personal y los responsables políticos del Servicio Canario de Salud hayan podido tener en la trama de la hemodiálisis. Casi sería suficiente saber por qué se modificó el borrador original de las bases que había sido redactado por los técnicos del departamento, de modo que se acabara facilitando el acceso al concurso de la mercantil que resultó adjudicataria. Porque no es lo mismo que esa decisión fuera tomada en la soledad de su despacho por la secretaria general, atendiendo a criterios puramente técnicos, que si esas modificaciones respondieron a instrucciones de la superioridad o al asesoramiento de algún jurista de reconocido prestigio. Porque con las bases modificadas en favor de la adjudicataria se cerraría el círculo político y administrativo, a falta de que se despejen las dudas que pudiera haber en cuanto a los beneficiaros de la operación, tanto políticos como empresariales. Pero eso no lo descubriría jamás una investigación parlamentaria sino una de carácter puramente judicial mediante la apertura de una causa en la que depongan todos los agentes administrativos, políticos, familiares y empresariales que han tenido que ver con el caso. Pero para eso, queridísimos, hace falta que alguien interponga una denuncia, que la fiscalía tampoco ahora va a actuar de oficio.
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